La calidad democrática depende en gran medida del cumplimiento de la letra escrita. Para muchas personas LGBTIQ en Colombia los derechos políticos distan mucho de realizarse según la legislación de vanguardia con que el país cuenta.
Por Brian Alvarado Pino*
Desde que en Colombia se despenalizó la homosexualidad a principios de los años 80 y los desarrollos legales posteriores en la década de los 90, precipitados por la nueva Constitución de 1991, el movimiento LGBTI ha ido ganando protagonismo y espacios que antes estaban vedados.
Su acción política se ha visto fortalecida también gracias a los avances que ha habido en algunos países de América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá, que han servido como referentes y, de alguna u otra forma, como presión social para los cambios, puesto que Colombia se lee como un país democrático que respeta los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Hoy el país cuenta con una legislación a la vanguardia, por lo menos en el papel, cuando se trata de derechos de personas LGBTIQ: matrimonio igualitario, adopción, reconocimiento de la identidad de género para personas trans en los documentos; sólo por mencionar los más destacables.
Sin embargo, la realidad para muchas personas LGBTIQ en algunas zonas del país está lejos de ser ideal. Sobre todo, si hablamos de derechos políticos, como el voto o presentar candidaturas a cargos de elección popular. Colombia no sólo es un país con una cultura machista sino también en conflicto desde hace más de 50 años. Una situación muy particular en todo el continente que hace que su democracia tenga unos retos distintos.
Por ejemplo, y hablando del derecho al voto que ha sido históricamente vulnerado para muchas poblaciones, el pasado 8 de febrero la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia publicó el documento “Mapas y factores de riesgo electoral – Elecciones nacionales 2022”. En él se indica que “hay 131 municipios del país presentan algún nivel de riesgo tanto por factores indicativos de fraude electoral como por hechos de violencia. Estando 49 de ellos en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 17 en riesgo medio”. Además, “al hablar de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, tan solo en el periodo preelectoral, del 13 de marzo de 2021 al 13 de enero de 2022, se presentaron 307 víctimas de amenaza, 2 de secuestro, 4 de desaparición, 56 de atentado y 81 de asesinato”.
Dicha situación no escapa de ser mucho más grave para personas LGBTIQ en esas zonas de alta conflictividad y violencia política. Aunque no hay cifras unificadas en todo el país de las distintas violencias que viven, sí hay registros hechos por varias organizaciones sobre las vulneraciones que han sufrido, por ejemplo, en el marco del conflicto armado.
La organización Colombia Diversa publicó en 2019 el informe Vivir bajo sospecha en el cual relata los vejámenes que los actores armados hicieron vivir a las personas LGBTIQ. Se cuentan oficialmente alrededor de 1818 víctimas en razón de su orientación sexual o identidad de género.
Por su parte, la organización Caribe Afirmativo (miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia – Redlad) también en 2019 publicó el informe ¡Nosotras Resistimos! en el que indica que “en contextos sociales en los que impera un sistema heteronormativo y binario, existen estereotipos y estigmas sociales frente a las personas con orientación sexual, identidad de género o expresión de género diversa. Como lo evidencian los relatos de las víctimas, las comunidades compartieron estereotipos que les permitieron caracterizar a las personas LGBT como enfermas, vendedoras y consumidoras de drogas, no serias, chismosas, hipersexuales, criminales, perversoras de menores, entre otros atributos que fueron negativamente valorados. Ellas cargaban, y aún cargan, con el peso del estigma social que desvaloraba a las personas LGBT como desviadas, respecto a las personas heterosexuales y cisgénero –las personas normales–”.
Todo lo anterior matiza los avances legales, en el papel, que hay en Colombia para las personas LGBTIQ. Todavía hay muchos obstáculos por superar para que el goce de los derechos sea pleno.
Es por eso que desde la sociedad civil colombiana y en compañía de algunas organizaciones internacionales se vienen haciendo esfuerzos en defender e impulsar los derechos y las libertades fundamentales, sobre todo en procesos políticos y electorales. Entendiendo que la participación en ellos es vital para la transformación del sistema democrático en pro de su pluralidad y apertura.
El pasado miércoles 9 de febrero tuvo lugar el lanzamiento de una nueva edición de la campaña Voto por la Igualdad, que desde 2015 viene visibilizando las candidaturas LGBTI en todo el país en distintos cargos de elección popular como: Congreso de la República, concejos municipales y distritales, asambleas departamentales, alcaldías y gobernaciones.
Voto por la Igualdad promueve el voto libre, transparente e informado de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex y, en general, de todas aquellas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas de Colombia. La campaña es liderada por Caribe Afirmativo y Victory Institute, en el marco del Observatorio de Participación Política de las Personas LGBTI en Colombia, con el apoyo de la Friedrich Ebert Stiftung (FESCOL), el Instituto Nacional Demócrata (NDI), el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), Redlad) y el EXTITUTO.
Los propósito centrales de Voto por la Igualdad para este 2022 son:
- Visibilización de las candidaturas abiertamente LGBTI para el Senado y la Cámara de Representantes.
- Presentación de las iniciativas a favor de la igualdad y no discriminación de lxs candidatxs al Congreso y Presidencia de la República.
- Revisión periódica de la prensa nacional en aras de hacer seguimiento a las noticias relacionadas con las candidaturas y sus agendas LGBTI para el país y los departamentos que representarán.
- Socialización del “Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de discriminación”.
Este es un esfuerzo conjunto que se hace desde la sociedad civil para el fortalecimiento de la democracia y demuestra que su defensa exige acciones concretas para materializar las leyes y normativas electorales.
*Brian Alvarado. Coordinador de comunicaciones de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia – Redlad. Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana, dedicado a conectar y generar alianzas entre activistas y diferentes grupos de interés alrededor de causas comunes en el marco de la defensa de los derechos humanos, los principios democráticos, la diversidad y la lucha contra la corrupción.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
