Calificada como “imperfecta”, la democracia argentina enfrenta una serie de falencias que las últimas elecciones no han hecho sino tornar cada vez más evidentes. El punteo de desafíos que muestra la insoslayable fragilidad institucional que requiere de cambios urgentes para el futuro inmediato.
Leandro Querido
Argentina ha atravesado un año súper electoral, con unas primarias nacionales intensas, con elecciones provinciales y con las legislativas del 14 de noviembre. Todo ello en medio de una pandemia. La implementación de un calendario electoral nos permite analizar el funcionamiento del sistema electoral, con sus actores políticos en movimiento en un contexto determinado. Por lo tanto, luego de la última elección podemos concluir con la siguiente frase: el sistema electoral argentino es robusto, pero no tanto como lo imaginamos. Repasemos los cinco aspectos más significativos:
- En cuanto al instrumento de votación hay un gran consenso acerca del límite de la boleta múltiple o partidaria y de la necesidad de reemplazarla por la boleta única. Las encuestas de opinión reflejan el mayoritario apoyo que tiene este posible cambio. La boleta partidaria es difícil de justificar desde el costo presupuestario y la perspectiva medioambiental,además de que habilita, coadyuva, al problema del robo de boletas, ocasiona inequidad en lo que respecta a la disposición de la oferta electoral y a la fiscalización partidaria de esta.
- El segundo aspecto es de carácter institucional. El control de la utilización de recursos públicos en la campaña electoral es altamente ineficiente y ha quedado reflejado en este festival de dádivas que estamos presenciando. Bonos, recitales, heladeras, camas, bolsones de comida, planes distribuidos de modo discrecional ante la mirada de una justicia electoral que actúa con indiferencia. Esto, además de ausencia de controles, da la clara impresión de que responde a una cultura política basada en el ventajismo electoral. En algunos distritos estas redes clientelares ponen en entredicho la competitividad electoral y dan lugar a la frase “padrón chico, infierno grande”. Elecciones como las de San Luís en 2017 confirman que las dádivas y las prebendas impactan en el resultado y por lo tanto las consecuencias se relacionan con la disminución de la confianza entre los actores que compiten. Es decir, mayor tensión y conflictividad. Argentina requiere urgentemente una reforma normativa para atender este problema tan presente en las provincias de baja integridad electoral de nuestro país que refleja el Mapa de Integridad Electoral de Argentina de Transparencia Electoral.
- Con relación a las autoridades electorales podemos mencionar un aspecto importante de resolución fácil: darle carácter autónomo y autárquico a la Dirección Nacional Electoral (DINE). Dicha dependencia actualmente depende del Ministerio del Interior. Las atribuciones de la DINE son limitadas, pero una de ellas se encarga de la realización del escrutinio provisorio. En circunstancias normales, su dependencia del Poder Ejecutivo no debería ser problemática. Sin embargo, cuando un partido de gobierno no tiene clara la diferencia entre su rol institucional y su rol partidario, la situación puede complicarse.
- El papel estratégico que desempeña el Correo Argentino es excesivo y escapa del radio de control de los partidos políticos y sociedad civil. El Código Electoral destaca la tarea de esta empresa estatal en la distribución y repliegue de los materiales y documentos electorales. También cumplen una función importante a la hora de enviar las notificaciones para las autoridades de mesa a instancias de la justicia electoral. Son todas funciones muy importantes en las que los controles son débiles o insignificantes. Por ejemplo, sabemos que en la práctica los representantes del Correo en los centros de votación reemplazan a las autoridades de mesa que se ausentan, o que terminan llenando ellos los documentos electorales cuando las autoridades son poco eficientes. Si bien la figura del delegado judicial por centro de votación recupera parte de las funciones asumidas por el representante del correo esta etapa debe ser revisada para obtener más controles, pero también para que las tareas de carácter electoral sean asumidas por las autoridades electorales y no por empleados de una empresa estatal que permanece fuera del radio de control.
- Argentina no está pasando un buen momento en términos de institucionalidad democrática. El Índice Mundial de Democracia de The Economist la clasifica como una democracia imperfecta. Llama la atención que nuestro país nunca haya recibido a una Misión Internacional de Observación Electoral como sí lo han hecho la abrumadora mayoría de países del hemisferio. Tampoco se permite la Observación Electoral Nacional, es decir, la que llevan a cabo los ciudadanos. Esta herramienta supone la apertura al control de todas las instancias del proceso electoral y permite evaluar los aspectos más débiles y más fuertes para concluir con una serie de recomendaciones. Nada de esto ocurre en nuestro país. Nuestro proceso electoral parece ubicarse más a finales del siglo XIX que a principios del XXI.
Estos son solo cinco puntos, pero hay muchos más que podríamos abordar, como, por ejemplo, el padrón de extranjeros, la exclusión política en los hechos a los argentinos que viven en el exterior, el rechazo a la tecnología electoral (no solo en cuanto al instrumento de votación o a la transmisión de actas sino además acerca de los controles al financiamiento o las altas a partidos o afiliaciones), la unificación de la información electoral que hoy se encuentra dispersa e inaccesible y un largo etc.
La gobernanza electoral de nuestro país se encuentra por debajo de su potencial y así lo ha reflejado este proceso electoral 2021. Las limitaciones están a la vista, ahora falta un plan de reformas que atiendan estos déficits. Una vez terminado el año electoral se torna fundamental impulsarlo.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
