Por Claudia Marrero y Armando Chaguaceda Noriega (Gobierno y Análisis Político A.C.)*
El quiebre entre realidad y retórica de la épica revolucionaria ha quedado exhibido a partir del 11J, desmontado en la emergencia de una narrativa contestataria antitotalitaria de carácter plural y transversal que puede verse reflejada en los términos de la “infrapolítica” articulada en el discurso de redes sociales. Marchas, manifestaciones, reclamos, iniciativas activistas y artivistas expresan un deseo más profundo en la reivincdicación de derechos, que traza el mapa de la construcción de un civismo de carácter horizontal con brújula propia.
Introducción
Si bien desde 2014 la relación Estado-sociedad civil en Cuba pareció acoger cierta amplificación y diversificación de espacios culturales y emprendimientos privados, con estrategias despolitizadas para un sector más empoderado —sobre todo en lo económico— de la ciudadanía, la gestualidad aperturista estuvo marcada por un clima contradictorio donde se combinaban patrones de permisividad, represión y aparente neutralidad. El rediseño parcial del nexo Estado-sociedad venía contenido en las reformas raulistas, donde las estructuras económicas y migratorias recibieron una actualización inaplazable para la élite político-económica, pero insuficiente para las necesidades y demandas de las mayorías populares. Pues aquellas reformas beneficiaban, sobre todo, al grupo de mayor acceso/ingreso (Mesa-Lago, 2018; Rodríguez, 2019) a la economía dolarizada, la movilidad migratoria (trasnacional) y social (doméstica); así como a ciertas pequeñas élites del mundo cultural. Posteriormente, la transferencia política generacional al nuevo presidente Miguel Díaz-Canel (2018) no significó un cambio en esta situación.
El nuevo gobierno cubano, que asumió una postura inmovilista y de “continuidad”, no solamente se estancó en los planos de la gestión y reforma con respecto al período anterior, sino que abrió la puerta a una etapa de empobrecimiento y crisis económica —interpretada por muchos como un nuevo Período Especial—, acompañada por un refuerzo de los mecanismos de control social. Además, la visualización de dinámicas económicas expoliadoras —como la acelerada militarización de la economía, orientada a la captación de divisas (Thiemann y González, 2020)— ha diluido muchas concepciones del antiguo pacto social, donde el Estado fungía como proveedor. Demostrando la disfuncionalidad del modelo económico actual, así como la inercia y el recelo políticos en condiciones que sobrepasan las capacidades del Estado para ofrecer soluciones o garantizar un consenso real, ante reclamos cívicos cada vez más extendidos y activos.
Ante la creciente percepción de fallos y el descontento popular que ha descongelado de a poco los vínculos políticos tradicionales, el sistema se ha caracterizado, en su mayor parte, por el giro hacia un mandato postotalitario. Sustituyendo rasgos carismáticos por actos populistas, lógicas igualitaristas por gestiones empresariales, narrativas utópicas por disciplinas militaristas, así como por una mayor vigilancia y violencia penalista por parte del dilatado aparato burocrático y de seguridad. Estas condiciones han tenido, como trasfondo mayor, la réplica en Cuba de la crisis múltiple (económica, pandémica, política) que enfrenta América Latina en el último año, con impacto combinado en la crisis de la institucionalidad y la expansión del disenso ciudadano[2].
Descongelamiento social: antecedentes inmediatos
Con la transferencia del mando político de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, la reforma monetaria, el recorte de subsidios y el impacto directo de la crisis sanitaria COVID-19 incrementaron la presión social. Mientras, las formas autoritarias de negociar las autonomías ciudadanas, herederas del período anterior, se han mantenido, generando mayor costo político. Tras la declaración de un período “coyuntural” (Mesa Lago et al., 2020) la reducción drástica de acceso a divisas, la insolvencia del Gobierno para proveer de manera equitativa los productos básicos y la mala gestión de la pandemia internacional impactaron al Estado, dándole menores posibilidades de improvisación.
Como consecuencia, en el curso de los tres últimos años hemos visto un aumento de demandas sociales que proponen intervenir y modificar diferentes pilares narrativos del orden y proceso políticos; invirtiendo la práctica de establecer políticas y cubrir reclamos desde el activismo estatal/oficial (Chaguaceda y González, 2019). En un período inicial (2018-2019) tuvieron lugar expresiones de descontento espontáneas vecinales, grupales y gremiales. Entre las de mayor peso destacan aquellas por la escasez de agua potable y la precariedad de las viviendas; de consumidores por el desabastecimiento; de usuarios contra los servicios y precios de la telefonía celular bajo el monopolio de la compañía de telecomunicaciones ETECSA; de transportistas privados contra los elevados impuestos al combustible y el tope de precios, entre otras. Expresiones de mayor organización y movilización social fueron las manifestaciones convocadas por promotores de la protección animal (Cubanos en Defensa de los Animales, CEDA; la Asociación Cubana para la Protección de Animales y Plantas, ANIPLANT; Protección Animales de la Ciudad, PAC) con el fin de presionar por la aprobación de una ley que penalizara el maltrato animal. También fue llamativa la recogida de firmas ante casos de socavamiento de la libertad académica en defensa de profesores universitarios expulsados de las instituciones educativas cubanas[3]. Otros sectores con demandas específicas se organizaron a través de las redes (digitales y de confianza) para hacer valer sus derechos, como fueron los casos de activistas LGTBIQ+ en favor de reformas al Código de Familia, así como el de jóvenes aficionados que crearon e intentaron preservar una red digital privada (SNET).
El año 2018 fue también escenario de fuertes reclamaciones desde el sector artístico. Un grupo amplio de críticos y artistas plásticos se organizaron y exigieron diálogo con las instituciones culturales del país rechazando el Decreto-Ley 349[4]. Esta contravención actualizaba el Decreto 226 de 1997, que regulaba la política cultural, específicamente la “prestación de servicios artísticos”. Al legislar dentro de normativas similares a las relacionadas con el cuentapropismo, los espacios públicos no estatales que habían venido extendiéndose como escenarios de cultura alternativa (galerías y sedes de teatro en espacios privados, restaurantes con programación cultural) recibieron condicionantes para operar bajo los criterios de la política cultural oficial, sujeta a la supervisión de un inspector estatal. Además, el decreto establecía la afiliación obligatoria del artista mediante el “carnet de creador”, así como el propio contenido de la creación artística al condenar conceptos “lesivos a los valores éticos y culturales”. Como respuesta, numerosos artistas cubanos dentro y fuera de la Isla firmaron cartas abiertas de protesta, organizaron campañas en redes sociales (Facebook, Instagram), realizaron performances y obras de teatro críticas y satíricas, y, por último, un grupo amplio de artistas, curadores e investigadores se apersonaron en las instancias culturales y sostuvieron un ciclo de diálogos con los comisarios oficiales sin alcanzar garantías o consenso.
El año 2019 fue escenario de un debate similar, esta vez enfocado en el cine. El Decreto-Ley 373[5] se posicionó como una extensión o enmienda del código rector del cine cubano —con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) como entidad decisora de la actividad audiovisual y cinematográfica nacional— y sobre la producción, distribución, exhibición, promoción, comercialización y conservación del cine. La ley también regulaba la entrada al Registro del Creador según las afinidades discursivas y estéticas que pudieran tener los creadores con los criterios de las instituciones oficiales. Como resultado, cineastas y asociados al gremio cuestionaron la normativa —diferente a la esperada Ley de Cine— y generaron una discusión sobre las categorías independientes, según financiamiento y contenido artístico. El descontento continuó hasta una ruptura importante, mediada por el retiro de productores y directores de sus obras en la Muestra Joven 2020, auspiciada por el ICAIC, como respuesta a la censura del documental Sueños al pairo (José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela, 2020).
Es importante recalcar que ambas normativas fueron medidas ad hoc en respuesta a ejercicios autónomos de ambos gremios: la primera ante la Bienal#00 (2018) organizada por el entonces fundado Movimiento San Isidro (MSI), la segunda para instrumentar la censura de creaciones que ya se habían venido atajando como la pieza teatral El rey se muere (Juan Carlos Cremata, 2015), Santa y Andrés (Carlos Lechuga, 2016) y Quiero hacer una película (Yimit Ramírez, 2018).
En el año 2020, la locación de estos descontentos se desplazó de la escena artística —habitualmente cerrada y con postulados específicos— a la popular —con un cuerpo cívico más ampliado—. Expresiones de agenda más extensas y transgremiales tuvieron lugar, por ejemplo, en el llamado a una manifestación pacífica contra la violencia policial tras el asesinato de Hansel Hernández en un barrio habanero a manos de agentes locales[6]. Tras la repetida condena por los medios nacionales de la muerte de George Floyd en Estados Unidos, la campaña que exponía la muerte del joven capitalino fue desmentida por medios oficiales como fake news, con un discurso con visos racistas y clasistas[7]. Como consecuencia de la convocatoria a una marcha pacífica por parte de artistas, activistas y periodistas independientes ocurrieron arrestos masivos y retenciones domiciliarias en todo el país. Además, organizaciones y observatorios independientes informaron cortes de Internet en provincias como Camagüey, Santiago de Cuba, La Habana, Guantánamo, Matanzas y Villa Clara[8]. En resumen, la postura del Gobierno ante este suceso siguió dos vías principales: una campaña de promoción de imagen con la etiqueta #HéroesDeAzul en favor de la Policía Nacional Revolucionaria y los Órganos de la Seguridad del Estado, y la asfixia tácita de expresiones de descontento mediante detenciones y violación de las libertades de movimiento e información, evadiendo las acusaciones y criminalizando las críticas.
Un segundo suceso, en noviembre de 2020, reprodujo lo que activistas han alertado como un discurso clasista y discriminatorio. Se trata del encarcelamiento del rapero Denis Solís, perteneciente al MSI, unido al posterior cerco y detención de activistas en la sede del movimiento en una barriada pobre de la Habana. El operativo policial y el fuerte control del perímetro en el barrio popular de San Isidro marcó una concientización de la represión policial no solamente en los activistas involucrados, sino en vecinos y en una amplia franja poblacional que siguió los sucesos por las redes sociales y se vio identificada con el movimiento y con sus integrantes. Lo que generó una respuesta, hasta entonces inédita.
El 27 de noviembre, un día después de que se desalojara violentamente la sede del MSI, un grupo más diversificado de artistas y periodistas, entre otros profesionales, con diferentes posturas políticas, se apersonaron en protesta frente al Ministerio de Cultura. Esto representó un hecho inaudito al concentrar más de 300 personas —hasta 500, según otras fuentes—, incluyendo figuras reconocidas y Premios Nacionales de la Cultura que, por más de doce horas, se mantuvieron en el lugar y calles aledañas reclamando un diálogo con los comisarios culturales para demandar la liberación de los artistas detenidos, entre otras garantías a libertades individuales. Ante las evasiones, excusas y condiciones oficiales, en los días, semanas y meses subsiguientes, los articulados en aquella concentración continuaron exigiendo un diálogo en lo que se conocería como la coalición ciudadana 27N, dando a conocer un manifiesto con sus exposiciones sobre una sociedad más justa e inclusiva en Cuba[9].
11J: un antes y un después en el proceso cubano
En la Cuba actual, la percepción poblacional sobre las garantías de los derechos constitucionales ya no está determinada únicamente por estos patrones narrativos tradicionales. Adquieren relevancia las agravadas circunstancias sociales y económicas que dominan muchas de las dinámicas en la actualidad: el desabastecimiento, la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, la acumulación de decisiones administrativas ad hoc que han fallado o eludido el anterior compromiso del Gobierno con la política social, unidas a diferentes expresiones de reclamo ciudadano, demuestran que tanto el —parcialmente— nuevo organigrama y grupo detentador del poder como sus mecanismos de legitimación y comunicación políticas no resultan suficientemente efectivos.
Los resultados de esta ruptura muestran una situación en sintonía con la geopolítica regional y con similares expresiones populares ante gobiernos aliados a la Habana, como el de Daniel Ortega y el de Nicolás Maduro. Vemos expandirse la disonancia entre el ideario abstracto revolucionario y la aplicación de sus políticas concretas, terminando por rebasar la postura receptora de derechos sociales previamente delineados por lo instituyente. Al interior del imaginario social aumenta la percepción de retroceso del otrora Estado protector, ante el aumento de la desigualdad y el reposicionamiento de antiguas apelaciones de justicia social en un terreno honorífico y simbólico del mensaje oficial. Sobre todo, se constata la separación de constructos socialistas clásicos como la igualdad y la justicia social en favor de un principio de rentabilidad, todo lo cual ha fortalecido la identificación en la población de un Estado postsocialista, empresarial y capitalista (Thiemann, 2019:3-4).
Si a esta fractura le agregamos un deshielo propiciado por el aumento de los flujos migratorios, la difusión de NTIC o canales de información y comunicación autónomos y horizontales, una mayor exposición informativa y creativa a través de la producción y reproducción de lenguajes en la infrapolítica cotidiana (memes, stickers, posts y demandas en Facebook y Twitter, etc.) podemos comenzar a visualizar grandes dicotomías en lo que antes se dogmatizaba como el cuerpo monolítico del proceso. Es importante agregar que esta ciudadanía forma parte de un sector que se ubica a resguardo del discurso oficial —nuevamente aparece, aquí, lo analizado por James Scott— y que tampoco se articula con una oposición organizada y abierta. Aún así, cada vez acepta como más atractivo un repertorio de protesta popular reivindicativo y de exigencias de bienes y servicios e identidad activista (LGTBIQ+, animalistas, MSI, etc.). Población que se apropia y amplifica mensajes y símbolos como los contenidos en la canción Patria y Vida. Y que comienza a interactuar, como receptora de ayuda, con aquellos grupos que han establecido redes trasnacionales de solidaridad y apoyo en el contexto del tornado (2019) con donativos y en el de la pandemia (2021) con la etiqueta #SOSCuba para la recepción y distribución de medicamentos y productos básicos.
En parte como desenlace de lo planteado, el 11 de julio se vivió en Cuba lo que podría considerarse la fractura más grande pos-1959 entre el cuerpo social y la institución. Numerosas y multitudinarias manifestaciones, en su mayoría espontáneas, tomaron lugar a la vez a lo largo del país y continuaron repitiéndose los dos días siguientes. El estallido social puso automáticamente en duda la capacidad de asimilación ciudadana y secuestro estatal de la acción política que había garantizado antes el proceso. Se trató de una movilización que reunió un conjunto de rasgos notables: participación masiva —alrededor de 180 000 manifestantes según Observatorio Cubano de Conflictos—, distribución territorial amplia —62 ciudades del país—, diversidad de composición —con incidencia popular, racial y femenina—, amplia exposición de demandas (vacunas, alimento, libertades) y proyección de un rico repertorio cívico (manifestaciones mayormente pacíficas, espontáneas, autoconvocadas, horizontales).
Por otro lado, la reacción oficial se decantó por una respuesta rápida de represión masiva, con más de 1 000 detenidos sujetos a coacción y tortura psicológica, por corte amplio de Internet —de más de 72 horas— por parte del monopolio estatal de telecomunicaciones (ETECSA), así como por la obstaculización selectiva de acceso a aplicaciones de mensajería. También por la rápida aprobación e implementación del Decreto-Ley 35 para detener a toda persona que, aún no participando de la demostración, hubiera documentado el suceso[10]. En los procesos judiciales llevados con excesiva severidad e inmediatez se violaron garantías constitucionales (derecho a manifestación, derecho a la información) y jurídicas (evidencia, acceso a abogados, desestimación de hábeas corpus). En paralelo, se realizó una intensa campaña de descrédito y propaganda por los medios nacionales y aliados foráneos, deslegitimando o limitando el impacto de las manifestaciones, vinculándolas con ejercicios de desestabilización remunerados por intereses extranjeros.
Si bien la jornada del 11J fue un parteaguas en lo que a expresión social se refiere, ha dejado expuestas las restricciones para el derecho a la manifestación en Cuba. La Ley 131 de 2019 en su artículo 263 expresa que: “El Consejo de Estado con carácter excepcional, mediante decretos-leyes puede modificar las leyes, excepto aquellas referidas a derechos, deberes y garantías constitucionales o a la integración y funcionamiento de los órganos superiores del Estado”[11]. Además, el artículo 56 de la Constitución (2019) reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos. Sin embargo, la norma complementaria que debe desarrollar este precepto constitucional ha estado dilatada en el cronograma legislativo, por lo que no cuenta con leyes complementarias que articulen y desplieguen su ejercicio más allá de la tipificación de lo que se entiende como delito dentro de esta. La subordinación misma de este derecho a la escritura de un Decreto-Ley por donde se regulen sus formalidades (licencias, recursos, derechos y deberes según la legalidad revolucionaria) transgrede la inviolabilidad de lo dispuesto por la Constitución. Estas lagunas permiten regular la manifestación en Cuba a libre arbitrio por los ejecutantes de la norma jurídica. Por ejemplo, si bien mediante la Ley 62 de 1987 modificada, art. 209[12] se establecen sanciones específicas para quien participe en manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones, tras los sucesos más recientes esta norma se ha aplicado con agravantes que han extendido ampliamente dichas condenas mediante arrestos domiciliarios “preventivos”, juicios sumarios y peticiones de hasta dieciocho años de privación de libertad.
La distancia entre la retórica socialista que estipula de iure ciertos derechos y la administración de facto de estos impacta la agencia ciudadana para cuestionar o promover acciones que respondan a sus intereses, tanto en materia de políticas públicas como en derechos cívicos. Esta dicotomía se fundamenta en que, si bien el Estado, de iure, debe reconocer y fomentar las organizaciones que agrupen intereses diversos y específicos en los diferentes grupos de la población, estos no pueden retar la ideología de la sociedad socialista, visto entonces como la obstaculización de su edificación, consolidación y defensa (capítulo 1, art. 13). De facto, el proceso de toma de decisiones estatal sujeto a este protocolo define qué recursos posee cuál individuo en dependencia de su inscripción en la cosmovisión oficial, siendo beneficiado aquel con una ciudadanía militante, orgánica e integrada. El ejercicio de un control personalizado y condicionado sobre quiénes, cómo y en qué puede ser autorizado un grupo ciudadano, coacta el protagonismo auténtico de la ciudadanía.
Es alarmante, sobre todo pos 11J el registro de un esfuerzo estatal por contener esta disociación, cada vez desde métodos represivos, en sintonía con los otros gobiernos autoritarios de la región y maquillado por la izquierda intelectual que invisibiliza y criminaliza estos reclamos ciudadanos autónomos. El Estado incide con mayor vigilancia, control y coacción, a partir de la escritura de contravenciones ad hoc, la descripción de nuevas figuras penales, la criminalización desde los medios de comunicación, así como mediante el accionar de un dilatado aparato de contrainteligencia y seguridad nacional. Sin embargo, la gente no se ha desmovilizado tout court. Como contraparte, se han amplificado los eventos de socialización cívica contenidas en manifestaciones, exigencias legales, iniciativas en favor de reformas, activismo digital, articulación gremial, ejercicios de artivismo, así como un contradiscurso cada vez más relevante desde fuentes periodísticas independientes.
Futuro inmediato dentro del contexto COVID-19
Además, a la apreciación de medidas económicas obsoletas, del ajuste de mercado incompleto y de la naturaleza explotativa del sistema de recaudación de divisas se unen otros factores como la visibilidad del deterioro de la infraestructura sanitaria, el elevado número de casos de COVID-19 tras la apertura de fronteras para el turismo, así como la identificación de decisiones arbitrarias como la apuesta total por vacunas nacionales mientras se rechazaban donativos del sistema COVAX.
Una parte importante de la infrapolítica cubana que se genera hoy en la Isla depende de las redes sociales para su articulación. Este último año muchas iniciativas tangenciales (recogida de medicamentos, alertas y gestiones para canalizar atención médica a necesitados, exigencias a agencias como ETECSA o Correos de Cuba, visualización y exposición de casos de violencia de género y alertas Ámbar) se han desarrollado a través de Facebook y Twitter. En este impulso también se han creado y expandido grupos en las redes para la discusión de la realidad sociopolítica cubana, así como para debatir los posibles futuros en caminos hacia la democracia.
Partiendo de esos marcos tecnológicos y sociales, en la plataforma ciudadana Archipiélago, más de 300 cubanos firmaron una declaración publicada en la que reafirman su derecho a manifestarse el próximo 15 de noviembre, solidarizándose con las personas que han sufrido violencias penales en los últimos sucesos. Ciudadanos en varias ciudades han notificado a sus respectivos gobiernos provinciales que se organizan para realizar la manifestación. Mientras, la respuesta gubernamental ha sido detener a algunos de los firmantes de la misiva, afirmar que no permitirán las marchas y sugerir la convocatoria a “contramarchas” oficiales, a tono con experiencias anteriores.
Conclusiones
El cambio de gobierno, la precarización económica y el aumento del autoritarismo regional —y de las resistencias ciudadanas a este— comienzan a tener distintas expresiones e impactos en la sociedad cubana, donde por décadas la identificación de cualquier ejercicio cívico como oposición política descalificaba inmediatamente su accionar. Las primeras reformas raulistas favorecieron un incremento limitado del emprendimiento, la desigualdad y la movilidad socioeconómicos, así como de la modernización digital. Aunque no auspiciaron modos de información, organización, educación y participación cívicos autónomos, esenciales para superar el modelo vigente.
No obstante, en la Cuba actual se aprecia cierta fractura de la visión popular tradicional, hacia una participación más autónoma y activa, allende los cánones de la movilización estatal. A través de Internet y de redes de confianza, avanzan propuestas para el diálogo nacional, se visibilizan argumentos críticos y se ensayan formas alternativas para la articulación ciudadana.
Bibliografía
Chaguaceda, Armando y Claudia González (2019). “Autonomofobia de Estado y socialización cívica en Cuba”, en Foro Cubano, vol. 2 (8).
González, Claudia (2019). “La factura de una revolución: una mirada comentada a la filosofía de Hannah Arendt y su aplicación en la realidad cubana”, en Sergio Ángel y Armando Chaguaceda (coords.). Cuba pos-Castro: ¿espejismo o realidad? Miradas diversas sobre una sociedad en transición. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda.
Mesa-Lago, Carmelo (2018). “La economía cubana: situación en 2017-2018 y perspectivas para 2019. Informe”, en Cuba Posible, 4 de diciembre.
Mesa-Lago, Carmelo et al. (2020). “La COVID-19 en Cuba y sus Consecuencias en la Etapa de Post-Pandemia”, en Revista Foro Cubano (RFC) vol. 1 (1).
Rodríguez, J. (2019). “La política económica en Cuba: Valorando lo alcanzado y los retos a enfrentar (2011-2018)”, en International Journal of Cuban Studies, vol. 11 (1).
Scott, James C. (2004). Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos. Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Thiemann, Louis (2019). “Sistemáticas de la desigualdad en Cuba: una introducción desde la economía política”, en Foro Cubano (RFC), vol. 2 (7).
Thiemann, Louis y Claudia González (2020). “Economías múltiples y resistencia cotidiana en Cuba: Una transición desde abajo”, en http://www.foroeuropacuba.org/docs/work/24-07-20_11-07-49_working-paper-no.-15.-economiras-murltiples-y-resistencia-cotidiana-en-cuba.-una-transiciorn-desde-abajo.pdf.
[1] Este texto constituye un avance de un trabajo mayor, realizado por los autores en el marco de la colaboración académica entre Gobierno y Análisis Político A.C. (GAPAC) y el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR).
[2] Más información en https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Informe2020ES.pdf.
[3] Cfr. los informes sobre casos de persecución por razones político-ideológicas en las universidades cubanas realizado por el Observatorio de Libertad Académica (OLA), en https://independent.academia.edu/ObservatoriodeLibertadAcad%C3%A9mica.
[4] Decreto-Ley 349, “Del asesoramiento jurídico”, en https://www.gacetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2018-EX5.rar.
[5] Decreto-Ley 373, “Del creador audiovisual y cinematográfico independiente”, en https://www.gacetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2019-O43.pdf.
[6] “Hansel Hernández Galiano: el gobierno de Cuba reconoce que un joven negro murió por disparos de la policía” (BBC, 30 de junio de 2020); “La violencia policial en Cuba también es racista” (The Whashington Post, 29 de junio de 2020); “Cuba: la protesta abortada contra la muerte de un joven negro a manos de la policía” (DW, 1 de julio de 2020).
[7] “Prensa oficialista asume versión de youtuber anónimo sobre muerte de joven a manos de la policía en Cuba”, en https://www.cibercuba.com/noticias/2020-06-26-u1-e199894-s27061-prensa-estatal-da-oficial-version-youtuber-anonimo-muerte.
[8] “Organizaciones denuncian numerosas detenciones arbitrarias, restricciones y cortes del servicio de internet para evitar manifestaciones contra la violencia policial en Cuba”, en https://cubalex.org/ (01/07/2020).
[9] “Cuba require un cambio”, Manifiesto del 27N, en https://artishockrevista.com/2021/04/15/cuba-requiere-un-cambio-manifiesto-del-27n/. Cfr. Celia González: “27N, la rebelión contra la censura oficial en Cuba” en https://confabulario.eluniversal.com.mx/27n-rebelion-censura-cuba/.
[10] Análisis y testimonios al respecto pueden consultarse en diferentes organismos y medios de prensa independientes como Cubalex, Diario de Cuba, El Toque, entre otros.
[11] https://www.parlamentocubano.gob.cu/wp-content/uploads/GOC-2020-EX6.pdf.
[12] https://oig.cepal.org/sites/default/files/1987_codigopenal_cuba.pdf.
*Armando Chaguaceda. Politólogo e historiador, investigador del Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos A.C. Experto país (casos Cuba y Venezuela) del proyecto V-Dem, de la Universidad de Gothenburg y el Kellogg Institute en la Universidad de Notre Dame. Miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) y de Amnistía Internacional. Especializado en el estudio de los procesos de democratización/autocratización y de las relaciones entre gobierno y sociedad civil en Latinoamérica y Rusia.
*Claudia Marrero. Candidata doctoral en la Universidad Justus Liebig (Gießen, Alemania). Graduada del Programa Internacional “Literary and Cultural Studies” del Graduate Center for the Study of Culture.
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