Por Camila Rodríguez*
Memoria y olvido son mecanismos complementarios de construcción de la identidad en una cultura en donde se decide qué información es valiosa y documenta su historia y cuál no. El trabajo que llevan a cabo la Comisión, Archivo Cuba y las Damas de Blanco busca restituir a la memoria cultural el registro de la información de las víctimas de la violencia del Estado cubano con datos, informes, imágenes, material documental, que dan cuenta del lado que la versión romantizada de la revolución pretendió ocultar relegando al olvido.
“La discusión sobre la memoria raras veces puede ser hecha desde afuera, sin comprometer a quien lo hace, sin incorporar la subjetividad del/a investigador/a, su propia experiencia, sus creencias y emociones. Incorpora también sus compromisos políticos y cívicos” (Elizabeth Jelin, 2002:3).
El fin de las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980 en el Cono Sur impulsó la emergencia de una serie de iniciativas ciudadanas que pretendían, a partir de distintos mecanismos y resortes, poner en evidencia y responder a las profundas huellas que tales dictaduras habían dejado en las sociedades que las habían visto emerger. Entendidas como emprendimientos de memoria, estas iniciativas, que abarcan manifestaciones, marchas, conmemoraciones, rituales, construcción de monumentos y museos, son analizadas por la socióloga argentina Elizabeth Jelin, en su emblemático texto Los trabajos de la memoria como prácticas encaminadas a lograr el reconocimiento social y la legitimidad política de una versión narrativa del pasado, con intención de «influir y cambiar el sentido y el contenido de la “historia oficial” o dominante sobre un período[,] con el fin de eliminar distorsiones históricas o hacer públicos y legítimos los relatos que habían estado en las “catacumbas”, ocultos, censurados y silenciados» (2002:50).
Entre dichos emprendimientos, los archivos ocupan un rol preferencial: son herramientas que vehiculizan, a la vez, la reconstrucción y la puesta en escena de la memoria, al posibilitar no solo el acercamiento intelectual y emocional al pasado, sino también la creación de otros emprendimientos, como investigaciones, trabajos académicos, películas, y el propio estudio para la organización de eventos de carácter performático o ritual. Aquellos gestionados por instancias privadas o comunitarias han sido muy significativos; en particular, los de organizaciones y movimientos de derechos humanos han dado lugar al surgimiento de una nueva tipología: los archivos de derechos humanos (cfr. Giraldo, 2019). Una distinción que parte de la visión renovada de nociones como “documentos”, “archivos” y “archivistas”, que cuestiona sus supuestas objetividad y neutralidad, y da lugar a la práctica del activismo archivístico (Flinn, 2011); este último resalta el poder de los archivos como agentes activos al servicio de la justicia y del acompañamiento de las demandas de quienes han vivido situaciones de vulneración de derechos humanos, directa e indirectamente. Se trata, en muchos casos, de archivos de gran impacto que, a partir del trabajo colaborativo entre archivistas, juristas y defensores de derechos humanos, y según la naturaleza y el contenido de los acervos, han podido ser activados (Ketelaar, 2001) en virtud de su carácter probatorio y testimonial, en contextos de aplicación de mecanismos de justicia transicional desde abajo (Gómez, 2013) y de restablecimiento de derechos de las víctimas, a partir de la interdependencia entre justicia, verdad y archivos (Giraldo, 2019). Algunos de estos archivos y sus impactos pueden ser consultados a través del catálogo de Memoria Abierta —en el caso de los archivos argentinos[2]— y a la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños[3].
Si bien los archivos de derechos humanos han sido cabalmente preservados, consultados y activados durante la transición democrática en países como Chile y Argentina, un elemento fundamental en torno a muchos de estos emprendimientos de memoria es que han surgido justamente en pleno fervor de las dictaduras —o de los conflictos armados en casos como los de Colombia y Guatemala—. Sin embargo, a partir de la selección de la transición democrática como eje articulador de los discursos en torno a estos archivos como condición de posibilidad para la activación —o de la paz, así sea solo en papeles—, la mayor parte de las reflexiones publicadas sobre ellos se ha centrado más en sus usos potenciales que en el propio ejercicio de la construcción contextualizada de la memoria (Giraldo, 2019). Son escasas las visiones retrospectivas que, sin rozar lo anecdótico, prestan atención a las implicaciones (simbólicas y epistémicas) que transfiere a la práctica de registro y documentación el propio contexto represivo en que se desarrolla la actividad.
Es precisamente a partir de esa perspectiva de análisis que sería posible actualizar los ángulos desde los cuales entender la gestión de una tipología de archivo cada día más presente en regímenes totalitarios como el de Cuba —el más extenso de la región—, y donde el llamado activismo archivístico —en relación con los hechos del pasado— da paso a nuevas proyecciones de resonancia directa en el futuro, con implicaciones políticas marcadas. Tal intersección se hace ostensible al analizar, al menos, tres prácticas archivísticas: el archivo de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el proyecto Verdad y Memoria —desarrollado por la plataforma Archivo Cuba— y el archivo informal de la organización Damas de Blanco[4].
Sin dudas, una labor de documentación y archivo que ha sido escuela e inspiración de posteriores emprendimientos de memoria en Cuba ha sido la desarrollada por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), fundada en octubre de 1987 “por un grupo de exprisioneros políticos y disidentes, algunos de los cuales participaron en el proceso fundacional del movimiento de derechos humanos”[5], bajo la guía del profesor universitario y activista Elizardo Sánchez Santacruz.
Radicada en el municipio Playa, en la capital del país, la CCDHRN pudo crear y recopilar, entre 1987 y 2018, significativa cantidad de información sobre represión a periodistas y defensores de los derechos humanos en la Isla que, o bien documentaban una realidad alejada del discurso oficial, como parte de una labor y un compromiso social, o bien realizaban actos de denuncia e incidencia sobre las acciones del Estado. Los documentos de archivo de la Comisión son de gran variedad en cuanto a tipos documentales y a soportes físicos; una parte de ellos puede ser consultada online en el portal web de la organización, activo desde 2016 —aunque preserva información desde octubre de 2010—, en distintas secciones como «Archivo», «Informes» y «Noticias».
Uno de los aportes significativos de la Comisión desde momentos iniciáticos para el activismo archivístico, no solo en Cuba, sino también en el resto de Latinoamérica, fue la elaboración de informes semestrales y anuales sobre presos políticos a nivel nacional, bajo altos estándares de verificación que permitieron que estas relaciones constituyeran la referencia fundamental —sobre Cuba— para el trabajo de organizaciones internacionales de defienda de derechos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU. La constancia y la rigurosidad de los informes le valieron a la Comisión —también dedicada a la asesoría legal y ayuda humanitaria— el Premio por la Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (1990), el Premio Internacional de Humans Rights Watch (1991) y el Premio de Derechos Humanos de la República Francesa (1996).
En su último informe sobre presos políticos publicado en junio de 2018, la Comisión contaba 120 personas detenidas por motivos políticos[6], a partir de los reportes verificados que activistas de las distintas provincias del país hacían llegar desde distintas vías. Asimismo, los últimos informes mensuales públicos sobre represión dieron cuenta de que, solamente en el primer trimestre de 2019, sucedieron en Cuba 639 arrestos.
Otro emprendimiento fundamental de memoria lo constituye Archivo Cuba, una plataforma para la “recuperación de la verdad, un vehículo de investigación, recopilación de material, diseminación de información y capacitación en la temática de memoria, verdad y justicia”[7], contemplada como iniciativa de Free Society Project —organización sin fines de lucro incorporada en Washington D. C. en 2001— y fundada por la investigadora y activista cubana María C. Werlau y el economista cubano Eduardo Lago.
Archivo Cuba desarrolla su trabajo en tres proyectos en paralelo: Cuba salud, dedicado a combatir «el tráfico de personal de salud por parte del Estado cubano» y defender «el derecho a la salud del pueblo»; Intervenciones de Cuba, que se centra en las «intervenciones internacionales de Cuba —particularmente en Venezuela— y sus implicaciones globales»; y el proyecto Verdad y Memoria, que intenta esclarecer “la esencia violenta y criminal del régimen castrista” a partir de la exposición del costo en vidas del llamado proceso revolucionario —que implica también el régimen de Fulgencio Batista entre 1952 y 1958.
Esta plataforma aloja en su sitio web informes que abarcan temas como el sistema penitenciario cubano, sobre ciudadanos españoles o con doble ciudadanía y descendientes de primera generación asesinados o desaparecidos, sobre el uso de la psiquiatría en la Cuba revolucionaria como mecanismo para la desactivación de la oposición, informes sobre presos políticos. También, sobre subtemas específicos en relación con el presidio político, como el informe sobre presos políticos víctimas de huelgas de hambre por razones políticas (14, entre 1959 y septiembre de 2020), y crímenes de Estado de manera general (la masacre del remolcador 13 de Marzo y la masacre del río Canímar). Además, Archivo Cuba dispone de varias secciones con material multimedia que presentan testimonios de torturas, malos tratos, asesinatos, fusilamientos y desapariciones.
Quizás lo que más distingue a Archivo Cuba sea la gran base de datos que alberga su sitio web en relación con muertes y desapariciones por causas políticas o militares atribuidas a la Revolución cubana, lograda con informaciones obtenidas, según declaraciones de sus fundadores, a través de fuentes secundarias (“material bibliográfico contenido en libros, revistas, informes, noticias, listas, y otros”) y de fuentes primarias (testigos dentro y fuera de Cuba). En el caso de la recolección de datos a través de fuentes primarias es esencial el proceso colaborativo a través del cual, mediante el llenado de un formulario online, se incluyen sistemáticamente —o se verifican— nuevos nombres a la relación de víctimas del batistato y el castrismo. En un informe emitido el 31 de diciembre de 2020, como parte de un trabajo en progreso, fueron reconocidas 11.192 muertes y desapariciones atribuidas a la Revolución cubana; de ellas, 9.222 corresponden al período entre el 1 de enero de 1959 y la fecha de publicación del informe. Las más de 9.000 víctimas del castrismo, se desglosan en: ejecuciones por fusilamiento (3.051), ejecuciones extrajudiciales (1.238), civiles asesinados fuera de Cuba (20), desapariciones forzosas (52), desapariciones (no en combate, incluyendo intentos de salida, 1.138), muertes en salidas del país (ahogados, minas, etc., 203), muertos por causas médicas (principalmente presos, 475), muertos en huelga de hambre (24), suicidios (principalmente presos, 185), otras causas (negligencia criminal, accidentes, etc., 507), muertes y desapariciones en combate (858), para un subtotal atribuido al Estado de 7.751 víctimas. Solamente en el año 2020 fueron documentadas 32 muertes[8].
A pesar de lo monumental de la información recabada, el equipo de trabajo del proyecto Verdad y Memoria de Archivo Cuba declara en el sitio web que las cifras ofrecidas constituyen un subregistro, en tanto se presume que el costo total en vidas del proceso revolucionario cubano supera con creces los casos que se pueden documentar con esta iniciativa. Entre las faltas que se reconocen están “la mayoría de las muertes provocadas por las intervenciones internacionales de Cuba en acciones militares o en apoyo a la subversión violenta”[9].
Una particularidad dentro de la práctica archivística relacionada con la defensa de los derechos humanos la constituye el archivo informal y virtual —en el sentido de no real o tangible— que en estos momentos posee la organización opositora Damas de Blanco. Si bien entre sus motivaciones fundamentales no ha estado contemplada la generación o colección de documentos de archivo, lo cierto es que el ejercicio de defensa de derechos que desarrolla ha propiciado la generación de un acervo que —como el de los anteriores emprendimientos de memoria analizados— ha sido ya activado en función de intentar la garantía de derechos fundamentales.
Las Damas de Blanco es una organización integrada por mujeres, esposas e hijas de los presos políticos cubanos encarcelados en 2003, como parte de la Primavera Negra, como se la conoce a la ola represiva en la que 75 periodistas o activistas por los derechos humanos fueron sancionados con penas de hasta treinta años de privación de libertad. Desde entonces, han marchado pacíficamente, llevando sobre el regazo las fotografías de sus familiares injustamente detenidos, de modo tal que han sido comparadas con las reconocidas —y avalada por la izquierda latinomericana— Madres de la Plaza de Mayo; a pesar de que estas últimas han emitido criterios públicos a través de los cuales intentan desligar su imagen de la de las mujeres cubanas[10]. En 2005, fueron galardonadas con el prestigioso Premio Andréi Sájarov a la Libertad de Conciencia que el Parlamento Europeo concede cada año para reconocer a quienes luchan por la protección de los derechos humanos, la promoción de la democracia, la cooperación internacional y la defensa del Estado de derecho. En 2006, la organización Human Rights First les concedió su premio anual en reconocimiento a su labor.
La visibilidad que las Damas han alcanzado ha movilizado a los aparatos represivos de la Seguridad del Estado y la policía política, amparados en la defensa de los “logros” de la llamada Revolución y las ha amenazado, vigilado, detenido e impuesto reclusión domiciliaria y restricción de movimiento. Según comenta Berta Soler, cordinadora nacional de la organización, en comunicación personal, fue precisamente a raíz de un allanamiento a la antigua sede de la organización que fueron despojadas de sus materiales de más larga data. Documentación más reciente, como listas, informes, cartas, documentos de audiencias, fotografías y videos, forman parte de una coleccción no institucionalizada y no pública de materiales, que “se hacen llegar” a personas u organizaciones que trabajan directamente con las Damas, o se publican en las plataformas de redes sociales —se activan— en momentos puntuales, como ante nuevos arrestos, detenciones, encarcelamientos y juicios.
Es precisamente esta criminalización a la defensa de derechos lo que ha ensanchado el espectro y el sentido de su actividad, y lo que ha hecho de las Damas de Blanco un movimiento que, en la medida en que aboga por los derechos de los familiares en detención hasta la fecha, reclama también el derecho a su propia existencia. Y, en correspondencia, en la medida en que visibiliza las violaciones de los derechos de los familiares en detención, registra también las violaciones a los derechos de cada una de las mujeres que integra esta agrupación.
Este repaso apresurado por tres de los emprendimientos de memoria cubanos y la manera en que han desarrollado su labor deja ver cómo son justamente las características del actual escenario político cubano las que condicionan algunos de sus usos, que vienen a ampliar las señaladas con anterioridad. En primera instancia, estas nuevas activaciones están en relación con la conformación de un discurso alternativo al que se construye desde el poder y que expone el rostro definitivo del Estado a partir del señalamiento de las violaciones de los derechos humanos. Los archivos cubanos mencionados generan y coleccionan materiales que, en algunos casos, ha dado lugar a la denuncia internacional de las arbitrariedades del régimen. Pensemos que, desde la década de 1980, Amnistía Internacional y Humans Rights Watch han nombrado sistemáticamente a prisioneros cubanos como presos de conciencia y, junto a otras organzaciones no gubernamentales de defensa de derechos del mundo, han emitido recomendaciones y observaciones al Estado en relación con los derechos. En lugar de generar “una versión narrativa del pasado”, tanto la Comisión, Archivo Cuba y las Damas de Blanco intentan desplazar la imagen idílica de la Revolución con datos, fotografías, informes. Por supuesto, estos usos son complementarios a los que sí están relacionados directamente con la restitución de derechos, en relación también con la conformación —futura— de tribunales de justicia transicional, como al menos queda expuesto en el sitio web de la Comisión y de Archivo Cuba.
Otro particular en relación a los archivos que se gestan dentro del país es el hecho de que el trabajo de la documentación sobre violaciones de derechos comprende el registro del propio acto de la defensa de derechos como práctica vulnerada, que viene de los intentos del Estado por mantener el monopolio sobre la información y el discurso, sobre todo, ante la opinión pública internacional. Un elemento fundamental utilizado para criminalizar la generación de información disidente es la alegalidad en que se han movido en territorio nacional, desde el triunfo de la Revolución, las organizaciones de defensa de derechos humanos (CCDHRN y Damas de Blanco). Elizardo Sánchez ha señalado en multiples escenarios y a través de distintos materiales que la Comisión solicitó registro legal al gobierno de Cuba desde el propio año en que se fundó la organización, sin que haya conseguido estatus legal en todos los años en que operó desde La Habana.
Como se ve, en el caso cubano, la construcción de la memoria de la violencia no escapa a la contingencia y al giro performativo: no recurre únicamente a eventos del pasado —reciente—, sino que se altera, modifica, crece, con los episodios del presente. El trabajo de la memoria de la represión en Cuba es un ininterrumpido work in progress. A su vez, constituye un trabajo políticamente generativo, que marca la transición democrática futura como un estadio para la superación de ese pasado/presente en el que los archivos surgen, se gestionan y se activan. Los archivos analizados han puesto al descubierto motivaciones políticas inherentes: en primera y en última instancia señalan la urgencia del fin del totalitarismo.
Luego, al pensar en la praxis archivística de Archivo Cuba, es muy importante volver sobre una herramienta fundamental de los procedimientos de recolección de data que han dado lugar a la conformación de la extensa base de datos sobre muertes y desapariciones por motivos políticos en Cuba: el formulario online. Más allá de la conveniencia de su instrumentación, esta planilla asienta el carácter colaborativo de la documentación colectiva de las arbitrariedades del Estado y constituye no solo un canal para la participación ciudadana en la construcción democrática del acervo documental nacional, sino también un gesto político en sí mismo, que refuerza el reconocimiento de la condición de las víctimas de la violencia estatal y que comprende el momento de la introducción voluntaria de datos como parte de un proceso que tiene como fin la exigencia de justicia y responsabilidad estatal y, luego, la necesidad del cambio en el orden político de las cosas, como garantía para la reparación; el proceso de llenado de la planilla implica tácitamente estar de acuerdo con la política y visión de la plataforma, que de modo expreso comunica que “busca sembrar una semilla de paz, justicia y reconciliación y promover una transición pacífica a una Cuba libre y democrática con un Estado de derecho en la que se puedan realizar investigaciones con debido alcance y garantías procesales”[11], y que de manera abierta declara que “la mejor manera de defender la libertad de los cubanos y de todos los pueblos de la región es que la dictadura comunista cubana salga del poder”[12].
Los emprendimientos de la memoria en Cuba, además de recordar a las víctimas de la represión y la masacre en nombre de la Revolución, señalan la importancia de crear y mantener archivos para proteger los derechos. En este sentido, es necesario reconocer su potencial no solo en favor de la justicia transicional, sino como base epistémica para construir la sociedad cubana del futuro, en sintonía con el rol que asignan a la memoria teóricos como Todorov, en textos como Los abusos de la memoria (2008).
Sakking (2018) ha expresado que la construcción de la memoria reciente debería comprender la documentación acopiada y producida tanto por movimientos sociales —en representación de la sociedad civil—, el Estado y las instituciones internacionales. Sin embargo, dada la falta de transparencia del Estado cubano en relación con las violaciones de derechos humanos —durante los años de la Revolución ha sido muy dificil acceder a documentos en relación con los derechos humanos procedentes de archivos públicos—, no es posible prever cuál será el fin de los archivos del Estado en un contexto futuro de transición democrática. Quienes desde la sociedad civil gestionan hoy emprendimientos de memoria en relación con el período entre 1959 y la actualidad tienen ante sí el reto de intentar burlar los cercos impuestos por las instancias del poder, con respecto a la búsqueda, consulta y tenencia de informaciones y documentos, con intención de acopiar materiales que posibiliten la coexistencia de distintas fuentes en acervos asegurados y que garanticen lecturas dialógicas que develen la naturaleza del régimen pos-1959.
Referencias bibliográficas:
Blanco-Rivera, Joel A. (2012). “Archives as Agents of Accountability and Justice: An Examination of the National Security Archive in the Context of Transitional Justice in Latin America”, en http://d-scholarship.pitt.edu/11827/1/dissertationBlancoRiveraOFICIAL.pdf.
Caswell, Michelle et al. (2018). “Imagining Transformative Spaces: The Personal–Political Sites of Community Archives”, en https://doi.org/10.1007/s10502-018-9286-7.
Flinn, A. (2011). “Archival activism: Independent and community-led archives, radical public hisrory and the heritage professions”, en http://escholarship.org/uc/item/9pt2490x.
Giraldo, M. L. (2019). “Archivos vivos: documentar los derechos humanos y la memoria en Colombia”. Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona.
Gómez, G. (2013). “Justicia transicional ‘desde abajo’: Un marco teórico construccivista crítico para el análisis de la experiencia colombiana”, en Co-herencia, 10(19).
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI Editores, España/Argentina.
Ketelaar, E. (2012). “Truths, Memories and Histories in the Archives of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”, en http://dx.doi.org/10.1163/9789004221314_016.
Rodríguez, Camila y Salomé García (2021). “Presos políticos en Cuba: números y juicios en torno al 11J”, en http://hypermediamagazine.com/dossieres-hm/los-juicios-del-11j/presos-politicos-en-cuba-numeros-y-jucios-en-torno-al-11j/.
Todorov, T. (2000). Los abusos de la memoria. Paidós, Barcelona.
Yeo, G. (2012). “The conceptual funds and the physical colleccion”, en https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13384/14691.
[1] Este trabajo forma parte de una investigación en curso, como parte de un proceso de diplomatura.
[2] http://memoriaabierta.org.ar/wp/sobre-memoria-abierta.
[3] https://sitiosdememoria.org/es/.
[4] He de señalar que, al hablar de práctica archivística en este trabajo, en especial con respecto al caso cubano, me refiero a la labor de registro y documentación voluntarias, insertándome así dentro de la vertiente de la archivología contemporánea (Blanco-Rivera, 2012; Cook, 2013; Caswell et al., 2018), interesada en las intersecciones entre fondos y colecciones documentales (Yeo, 2012) que permitan una “mirada reflexiva sobre la naturaleza, los sentidos y los usos” (Giraldo, 2019:2) de los “artefactos” (Jelin, 2002) archivísticos, y que posibilite mejor analizar las relaciones entre archivos y sociedad.
[6] Cfr. Lista Parcial de Condenados o Procesados en Cuba por Razones Políticas, Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, La Habana, 11 de junio de 2018, en http://ccdhrn.org/lista-de-presospoliticos-cubanos/. La consideración de preso político de la Comisión abarca a prisioneros de conciencia, opositores o desafectos al régimen y personas acusadas por realizar o planificar alguna actividad de las consideradas contra la seguridad del Estado, pero deja de contar “a algunos —presumibles— cientos de cubanos que, aún sin ser partes de un movimiento político opositor —o sin haberse declarado como opositores—, viven en régimen de reclusión bajo sentencias de sesgo político, como lo pueden ser la peligrosidad social predelictiva, el incurrir en algunos delitos caracterizados como económicos, el desacato y la desobediencia” (Cfr. Rodríguez y García, 2021). Una más amplia manera de entender la caracterización de presos políticos en el entorno cubano la señala el Grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J, surgido a raíz de las recientes protestas antigubernamentales (ídem).
[7] https://cubaarchive.org/es/verdad-y-memoria/el-proyecto/
[8] https://cubaarchive.org/wp-content/uploads/2021/01/12.31.2020-SPAN-Update.pdf.
[9] https://cubaarchive.org/es/verdad-y-memoria/el-proyecto/
[10] «Las llamadas Damas de Blanco defienden el terrorismo de Estados Unidos y las Madres de la Plaza de Mayo simbolizamos el amor a nuestros hijos asesinados por tiranos impuestos por Estados Unidos» , Salim Lamrani, 28 de junio de 2005, blog Rebelión, disponible en: https://rebelion.org/las-llamadas-damas-de-blanco-defienden-el-terrorismo-de-estados-unidos-y-las-madres-de-la-plaza-de-mayo-simbolizamos-el-amor-a-nuestros-hijos-asesinados-por-tiranos-impuestos-por-estados-unidos/
[11] https://cubaarchive.org/es/verdad-y-memoria/el-proyecto/.
[12] Comunicado del 19 de julio de 2021. https://mailchi.mp/cubaarchive.org/soscuba-soslatinamerica.
*La Habana, 1991. Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de La Habana en 2014. Ha ejercido su profesión en instituciones cubanas como la Universidad de La Habana, la EICTV y la Casa de las Américas. Desde el 2018, se dedica a la investigación independiente sobre archivos fílmicos, patrimonio audiovisual y memoria cultural e histórica de los países de Centroamérica y el Caribe hispano.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
