Asediada por crisis de diversa naturaleza, entre las que la epidemiológica es solo una emergente, la democracia aparece hoy bajo la amenaza de una velada desaparición que se insinúa en lógicas iliberales que ganan terreno desde dentro. El lugar de las formas participativas como parte de una cultura democrática arraigada en las prácticas cotidianas del ciudadano se presenta como una posibilidad de afianzar este sistema de vida en la promoción de derechos y obligaciones, centrados en la libertad.
Introducción
“Parece que la democracia es buena cosa, pero parece, también, que no está muy claro por qué” (Ovejero Lucas, 1996).
El pensamiento político contemporáneo tiene como uno de sus componentes clave la democracia. En la actualidad, pese al consenso generalizado sobre su importancia y legitimidad como la mejor manera de organizar políticamente a una sociedad, es indudable que nos encontramos inmersos en una época de severos cuestionamientos respecto a sus limitaciones. Además de la insatisfacción que ha generado la expectativa de que su implementación resolvería los problemas de desigualdad y desarrollo que aquejan a la sociedad.
Definir la palabra democracia no es tan fácil como parece. Si bien desde la antigua Grecia ya se constituía con ese nombre a las formas de gobierno de entonces, conforme han pasado los años ha tomado distintas concepciones. De acuerdo con su raíz etimológica, democracia significa “gobierno del pueblo” y a partir de esto, académicos y personajes históricos han tratado por igual de capturar su esencia en acepciones breves. Por ejemplo, Rodríguez & Francés (2010) destacaban por un lado aquella frase acuñada por Abraham Lincoln en su discurso del 19 de noviembre de 1863: “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, para a continuación señalar dentro de la misma, la ausencia de claridad respecto a conceptos centrales, como sería lo que entendemos por “pueblo”, así como aquellos que surgen de manera colateral -por ejemplo lo que significa “mayoría”-, la definición correspondiente al momento en que sería posible decir que el poder reside en el sujeto y cómo se mide su legitimidad y calidad. Afirman también, que muchas maneras de gobierno incompatibles entre sí se han autodenominado como democracias, lo cual sin duda incrementa la confusión.
Profundizando en lo anterior, es pertinente diferenciar a la democracia representativa, de la directa y la participativa, siendo esta última la conceptualización más reciente en la materia, y surge como una respuesta intermedia a los extremos anteriormente mencionados, tratando de crear un sistema de organización política que permita a los ciudadanos intervenir e influir de manera más directa en las decisiones del gobierno elegido representativamente, mediante mecanismos claros y predefinidos en sus alcances y reglamentos.
En las siguientes líneas abordaremos un enfoque dirigido hacia la democracia participativa, a través de visitar lo ya dicho por académicos y autores que han dedicado sus esfuerzos a profundizar sobre la democracia como modelo político, y cómo la democracia ha sufrido cambios y transformaciones tanto en su entendimiento como en su práctica. Posteriormente nos enfocaremos en su evolución en México y el estado que guarda actualmente la implementación de los mecanismos de democracia participativa dentro de la actual organización del Estado mexicano.
Antecedentes.
El legado de la democracia de los antiguos griegos y romanos permitió definir las bases de una estructura que, a pesar de sus debilidades y las críticas que provocan, está identificada con la naturaleza de un sistema de autogobierno de los ciudadanos. Mientras que para los atenienses su implementación reflejaba la búsqueda de un ideal, para los romanos fue la forma más práctica de organizar sus territorios sin necesitar de los nobles locales, siempre dispuestos a iniciar conspiraciones independentistas.
Fue a finales de la Edad Media, y durante el Renacimiento, que se empezaron a gestar transformaciones que volverían a hacer de la participación política un importante tema de reflexión y una demanda popular, encontrándose en la creación de los gremios, las primeras expresiones rudimentarias de esa época en términos de ciudadanos organizándose en la defensa de sus intereses, los cuales transitaron de ser inicialmente de carácter económico, a buscar incidir en la esfera política, con la búsqueda de representación y mayores derechos, lo cual fue dando pie al surgimiento de las denominadas demandas liberales.
El desarrollo histórico de los parlamentos en el Reino Unido, Francia y España refleja el surgimiento y evolución de lo que eventualmente resultaría en el Poder Legislativo que forma parte de la actual tendencia de división de poderes de la mayoría de los estados modernos. Sin dejar de lado a Estados Unidos, por ser el país donde surge el presidencialismo y el modelo bicameral de la Cámara de Representantes y el Senado. Durante esta época algunos autores veían a la democracia como un sistema de toma de decisiones que permitía traducir muchas voluntades en una, siendo una de las características más distintivas la existencia de una estructura institucional y administrativa pública: el Estado.
Democracia y liberalismo.
La democracia moderna aparece dentro de los estados modernos y su proceso de evolución, construyéndose a partir de los presupuestos teóricos del liberalismo.
Desde el siglo XIX, el concepto de democracia se define como una forma de gobierno en que el poder político del Estado, la soberanía, pertenece por derecho a todo el pueblo. Durante ese periodo, se configuran dos ideas paralelas: la idea de que un poder legítimo no puede fundarse ni operar sin incorporar la voluntad popular; y la idea de que el poder legítimo en ningún caso es absoluto: tiene como límite los derechos de los ciudadanos (Rodríguez & Francés, 2010).
Cabe dejar en claro que, si bien democracia y liberalismo están relacionados, no son lo mismo. Teniendo como primer escenario una sociedad liberal no democrática, la cual estaría sujeta a apoyar las libertades del individuo sin permitirle ejercer una soberanía, como las cortes monarquías absolutas que podían adoptar las medidas liberales hacia sus súbditos (derechos de propiedad). Y en contraparte una sociedad democrática no liberal, en la cual, si bien la soberanía recaía en el pueblo, las ideas respecto al progreso de la nación eran conservadoras, prevaleciendo una alta regulación estatal.
Definiciones de democracia participativa.
La evolución histórica descripta líneas arriba es de suma importancia para comprender la naturaleza y concepción de lo que hoy definimos como democracia, la cual contempla derechos individuales, separación de poderes, libertades negativas, por lo que, se vincula de mejor forma con el modelo liberal de Estado que con la democracia antigua. El hombre tiene capacidad para actuar sin restricciones por parte de otros, por lo que se es libre en la medida en que no hay limitaciones (Puerta R, 2010).
La democracia, como hoy día se la conoce, no tiene relación alguna con el modelo identificado como tal en la antigüedad. Inclusive, hoy podemos entender que los griegos o romanos no se asumían como demócratas. Gracias a la filosofía política sabemos que las palabras pueden cambiar su significado a lo largo del tiempo. La democracia es un modelo de conducción política que traduce una metodología de vida, un sistema social de organización del poder que se manifiesta en un modelo de conducta. Está construida sobre la base de unos principios fundamentales como lo son: el reconocimiento de libertades individuales y colectivas; el ejercicio popular de la soberanía; la elección para cargos públicos; la separación de poderes y la participación (Puerta R, 2010).
En la democracia directa, el conjunto de los ciudadanos participa directa y continuamente en la toma de decisiones acerca de los asuntos de la comunidad (Prud’homme, 2019).
La democracia representativa es la más extendida en la actualidad, y se caracteriza por que la soberanía popular está delegada en las instituciones gubernamentales que ejercen la autoridad en nombre del pueblo. Supone que la titularidad y el ejercicio del poder político, de la soberanía, son distintos: la titularidad es del pueblo (en caso contrario no sería una democracia) pero la ejercen sus representantes electos (Rodríguez & Francés, 2010).
Por su parte, la democracia participativa es un concepto que emerge como tal en los años ochenta del siglo pasado y se erige, en el campo de la filosofía política, como un modelo ideal de democracia en el que existe un debate público de ideas, normas, principios e intereses; además, hay una búsqueda constante de mecanismos de decisión correlativos – abiertos a la intervención de todos los ciudadanos- con fundamento en las leyes, instituciones y prácticas políticas de un régimen democrático (Olvera, 2008).
De entre todas ellas, la democracia representativa ocupa actualmente el primer plano dentro de la organización política de la mayoría de los estados modernos que dicen regirse democráticamente, debido principalmente a la complejidad de absorber condiciones como: las grandes poblaciones, las áreas geográficas distantes y las posibilidades de comunicación masiva e interactiva. Por ello, su práctica es más viable que la democracia directa.
Sin embargo, la necesidad de legitimar la toma de decisiones del Estado, junto con el incremento en la capacidad de participación política de la ciudadanía sin intermediarios -conforme se fueron superando las complejidades citadas-, han puesto sobre la mesa de discusión la necesidad de evolucionar a la denominada democracia participativa, que se presenta como un modelo que amplía la participación de los ciudadanos ordinarios en la toma de decisiones públicas. Por lo tanto, podemos decir que la democracia participativa consiste en que sean los propios ciudadanos los que adopten las decisiones, sin abarcar necesariamente la totalidad de los procesos de decisión, pero en todo caso una proporción importante de ellas (Silva Jiménez, 1997). Para que exista una democracia en nuestros días, es necesario el involucramiento de la gente, pero mediante una participación que no limite su papel dentro del sistema democrático al ejercicio del sufragio. Es necesario que el ciudadano asuma un rol protagónico, activo y propositivo dentro de la política ya que existen múltiples formas de participar en los asuntos públicos.
Mecanismos de participación democrática.
En una democracia participativa, el ciudadano cuenta con diversos mecanismos prácticos de participación, entre los más conocidos están la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la revocación del mandato, la consulta directa y el presupuesto participativo (Olvera Rivera, 2018). Estos mecanismos no se orientan a organizar una democracia directa, sino a promover al grado más alto y amplio posible la participación en un buen conexo con el entorno institucional, operan dentro de sistemas predominantemente representativos y funcionan más como complementos y/o correctivos que como pilares de la vida democrática moderna.
Los mecanismos de democracia participativa, generalmente en su concepción, fluyen del Estado hacia la ciudadanía en respuesta a demandas de esta última. Esto debido a un mayor peso en la toma de decisiones y un rechazo a la pasividad que tradicionalmente se les asignaba a tales mecanismos entre periodos electorales en las primeras etapas de los Estados modernos. Y si bien ya existe una base de ciudadanos activos, informados y organizados -que en ocasiones fueron quienes dieron origen a la demanda de estos mecanismos- la democracia participativa requiere ampliar esta fracción hasta abarcar un porcentaje mayoritario de la población, para que, el colectivo ciudadano sea capaz de conducir la toma de decisiones de política pública de modo efectivo y auténticamente rector.
Algunos de los argumentos que apoyan el uso de mecanismos de participación ciudadana (Prud’homme, 2019):
-Estos mecanismos permiten discutir cualquier tipo de problema político más allá de las limitaciones impuestas por las rivalidades partidistas.
-Favorecen un tipo de gobierno más cercano a la ciudadanía.
-Su aplicación conlleva a una apertura de los métodos de decisión pública, lo que se traduce, en caso de aprobación, en una mayor legitimidad de las políticas públicas implementadas.
-Generalmente obligan a tomar decisiones necesarias en situaciones donde los legisladores no quieren asumir el riesgo de inclinarse a favor de una opción determinada.
A continuación, enumeramos un conjunto de contraargumentos para la misma (Prud’homme, 2019):
-Debilitan el gobierno representativo y conducen a una visión de la democracia sin responsabilidad gubernamental.
-Sus mecanismos pueden llegar a ser controlados por grupos de intereses poderosos, que encuentran en ellos una manera de soslayar los procedimientos legislativos normales.
-El principio de mayoría en que se apoyan estos instrumentos pone en peligro los derechos de las minorías.
-El ciudadano ordinario no está preparado para tomar decisiones complejas e importantes.
Cabe resaltar que cuando no se dan las condiciones necesarias para una adecuada participación, la gente se ve orillada a manifestarse de la manera que encuentre oportuna, aunque eso involucre acciones violentas. Por ello, es muy importante que el Estado genere dichas condiciones, las cuales son: 1) El respeto de los derechos humanos; 2) Los canales institucionales y marcos jurídicos; 3) La información y; 4) La confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas (Serrano Rodríguez, 2015).
Tanaka (1999) clasifica la democracia participativa dividiéndola en esquemas de primera y segunda generación:
La primera generación tiene como planteamiento central la necesidad y bondad de la participación en condiciones de igualdad por parte de todos los miembros de la comunidad política, de manera responsable y eficaz para la toma de decisiones públicas. Esto se daba gracias a los efectos socializadores de la misma participación, lo cual daba lugar a ciudadanos responsables. Sin embargo, esta primera generación no es capaz de responder satisfactoriamente al señalamiento de la nueva sociedad compleja y creciente, la participación aparece como relevante sólo para algunos ámbitos: aquellos donde la naturaleza colectiva y social es lo más importante. Para los otros, la participación deja de tener sentido e incluso resulta contraproducente.
La segunda generación de la democracia participativa es, según el autor, un campo temático en pleno desarrollo, pero que asume la idea de la complejidad en nombre del rescate de las diferencias y de la especificación de los espacios concretos al interior de los cuales la propuesta participativa seguiría vigente. Sin embargo, en muchas sociedades latinoamericanas el combate a la pobreza, los niveles mínimos de justicia distributiva y la necesidad de incidir sobre las políticas públicas desde la acción política resulta lo prioritario.
La democracia participativa en México
El modelo actual de participación política en México -que se reduce prácticamente al hecho electoral- acompañado de unos partidos políticos y unas instituciones públicas que se encuentran cada vez con mayores problemas para la atención de las demandas ciudadanas, está provocando -sobre todo en términos de legitimidad- el debilitamiento del modelo democrático representativo. Los partidos políticos ya no cumplen con las expectativas que sus simpatizantes reclaman, generando con ello desconfianza e inconformidad. La ciudadanía no se ve representada por las instituciones políticas existentes, lo cual augura malos tiempos para la democracia, a menos que se implementen nuevos instrumentos que permitan ejercer efectiva y plenamente los derechos políticos.
En este sentido, se ha logrado que mediante la reforma al artículo 35 de la constitución mexicana -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2012- se reconozcan los derechos de los ciudadanos para iniciar leyes y votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, conforme a las leyes federales y locales en el ámbito de su competencia respectiva, pero con las restricciones que en la misma Carta Magna se enmarcan. Sin embargo, la constitución carece de un precepto que reconozca los derechos políticos para el referéndum, la iniciativa popular, el plebiscito y la revocación del mandato; en cambio, las legislaciones locales han encontrado la ruta para fortalecer el reconocimiento de dichos derechos del ciudadano y ejercer estas formas de participación democrática.
En la siguiente tabla (Tabla 1) presentamos una comparación entre los mecanismos de participación de los estados mexicanos, conforme al trabajo realizado por el Doctor José Olivos Campos (Olivos Campos, 2010), que cubre las reformas implementadas hasta 2009, y actualizado a 2021 mediante consulta directa a las Constituciones vigentes de los Estados. Es posible observar notorios incrementos en la implementación de mecanismos de democracia participativa.
Tabla 1. Mecanismos de democracia participativa en los Estados. En morado los mecanismos que se implementaron entre 1992-2009, mencionando en cada uno el año en que se reformó la respectiva constitución, siendo que en algunos aparecen hasta tres fechas debido a que la fuente no especifica cual mecanismo se implementó en cada reforma. En verde los mecanismos que se implementaron del 2010 a la fecha actual. En blanco mecanismos no implementados.
Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada bajo el título Democracia participativa en México por el Dr. José René Olivos Campos, y de las Constituciones vigentes de cada uno de los estados de la república mexicana.
Como balance general, podemos decir que a partir de los años noventa se observa el surgimiento de estos instrumentos en las legislaciones locales. Sin embargo, es preciso señalar que la presencia de estos cambios en el sistema político y las modificaciones que se hicieron en los estatutos constitucionales, no representan una garantía para incidir en un cambio en la forma de participar de las personas, siendo indispensable volverlos del conocimiento popular, en su existencia, funcionamiento y, sobre todo, utilidad.
En el 2012 la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), arrojó que ocho de cada diez ciudadanos perciben la política como un tema muy complicado o algo complicado, 65% de los ciudadanos entrevistados declararon tener poco interés en la política. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos ve a la democracia como la forma de gobierno que más prefieren (58%). Por otra parte, 50% de los entrevistados considera que la democracia mejorará en un futuro, mientras que el 28% dijo que empeorará. La mayoría de los entrevistados (51%) opinan estar poco o nada satisfechos con la democracia. Cuatro de cada diez ciudadanos consideran que en el futuro tendrán menos posibilidades de influir en las decisiones de gobierno.
Es importante destacar que el objetivo de esta encuesta es recopilar información que sirva para el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a promover y fomentar la cultura democrática y la participación ciudadana. Si bien observamos que existe un descontento y desconfianza con las instituciones de gobierno, al mismo tiempo la mayoría de los ciudadanos percibe la democracia como una buena forma de gobierno (aunque el porcentaje no es muy alentador). Esto deja en evidencia otro de los grandes obstáculos que aquejan a la población: la educación.
Es posible encontrar un esfuerzo similar, pero efectuado desde un organismo autónomo, a través del Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, desarrollado por el Instituto Nacional Electoral en el año 2014 (en septiembre de 2020 se iniciaron los trabajos para el siguiente Informe País). Entre sus resultados más destacados podemos encontrar que entre la primera y la última de sus implementaciones, la confianza en la democracia es del 53%, siendo que el resto no está convencido de ella. En ese mismo sentido el Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex), ha publicado recientemente su edición 2020 cuyo objetivo es evaluar el comportamiento de la democracia y el desarrollo democrático en cada una de las 32 entidades federativas del país (Gráfica 2). Se compone de 24 indicadores presentados en cuatro dimensiones que incluyen aspectos jurídicos, políticos, económicos y sociales, permitiendo conocer dónde nos encontramos y así reconocer nuestras fortalezas y debilidades para transitar el camino hacia el desarrollo democrático, pues alcanzar ese objetivo es un reto de los gobiernos, de los dirigentes y de toda la sociedad.
Gráfica 2. Resultados del IDD-Mex 2020
FUENTE. El Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex). https://idd-mex.org/rankings-2020/
En el ciudadano promedio existe la voluntad de participación para contribuir a resolver los problemas sociales, el compromiso de formar parte de un nuevo proyecto nacional, y el deseo de una cultura democrática fuerte y segura, pero poco se puede hacer en un entorno monopolizado por partidos políticos y los actores de la vida pública. Sumado a lo anterior, pese a la presencia de herramientas viables descritas líneas arriba, la participación ciudadana continúa siendo tratada por la clase política como un mero proceso de validación y no como un mecanismo cabal de captación directa de la voluntad ciudadana para la toma de decisiones importantes en la comunidad.
Sin embargo, aquí podemos plantear una pregunta muy interesante ¿Cuál es la base informativa de la opinión pública que será utilizada para la toma de dichas decisiones? Como ciudadanía, el sentido de pertenencia nos dice que tenemos derecho a participar en la determinación de condiciones de nuestra misma comunidad, pero lamentable, junto con la falta de atención, desinterés y despolitización del ciudadano promedio, la base informativa de la opinión pública puede no ajustarse al verdadero objetivo de la democracia. En este sentido, Puerta reconoce que el problema no es tanto la pertinencia de la democracia participativa, sino inclusive cómo lograr acceder a ella, pues se requiere en principio de una masa crítica mínima de ciudadanía que trascienda su naturaleza pasiva, además de que deja claro que, para lograr consolidar la democracia participativa, es indispensable la reducción de las desigualdades sociales y económicas, así como un sentimiento de comunidad mucho más fuerte (Puerta R, 2010). Por su parte, Olvera nos dice que debido a la complejidad del estado moderno no puede haber modificaciones a sus capacidades de comando burocráticas sin tener consecuencias desintegradoras, por lo que la democracia participativa genera más un ideal, que un proyecto político viable (Olvera Rivera, 2018).
Sin dejarse desanimar por las últimas dos opiniones citadas, se podría en tal caso afirmar que la clave para evitar los riesgos descriptos radica en determinar cuáles estrategias participativas corresponden a cada situación, delimitando cuidadosamente en qué áreas o esferas son viables en realidad. En adición, es importante realizar un análisis técnico y político que equilibre hasta qué punto el diseño e implementación de los mecanismos de participación (además de las estrategias habituales de intervención social y de promoción del desarrollo) funcionan para identificar la mejor manera de abordar la democracia participativa.
Conclusiones
Para llegar a una democracia participativa como una condición permanente, se requiere de un concepto de ciudadanía que trascienda su naturaleza pasiva, siendo además indispensable la reducción de las desigualdades sociales y económicas, así como un sentimiento de comunidad mucho más fuerte que incluya un incremento de la conciencia institucional del ciudadano promedio.
La existencia de canales institucionales y marcos jurídicos que regulen la participación es una de las condiciones básicas que permiten la existencia de la participación ciudadana. En México, las autoridades han hecho un esfuerzo por regular la influencia de la sociedad sobre el Estado; sin embargo, todavía tenemos problemas con el intercambio de información, con la violación de los derechos humanos y con la confianza que tienen los ciudadanos hacia las instituciones políticas.
En ese sentido, las instituciones políticas ya no juegan el rol principal y único en la política, como bien dice Piña Loredo “Su deterioro tiene que ver con el debilitamiento de las estructuras creadas por el Estado y el nuevo contexto que hoy presenciamos”, sin embargo, es muy importante que las personas que tomen las decisiones finales pasen cada demanda social por el filtro de ¿esto va a funcionar? Y no por querer complacer a todos se dirija al país hacia una renovada crisis democrática.
Los ciudadanos se abstienen de participar en las cuestiones que son del interés de todos, debido a la falta de confianza hacia las instituciones, la violación a los derechos humanos y la ausencia de información, transparencia y rendición de cuentas, lo que ha provocado que existan bajos índices de participación ciudadana (Serrano Rodríguez, 2015). Sin duda alguna la participación ciudadana se desincentiva ante la falta de una cultura de rendición de cuentas que obligue a las autoridades a cumplir con su responsabilidad en materia de justicia, pero igualmente en generar condiciones para el desarrollo de una ciudadanía informada.
Por otro lado, lo cierto es que la educación cívico-política de los ciudadanos es algo que ni al gobierno ni a la clase política le interesa, pero lo peor es que la ciudadanía tampoco la reclama lo suficiente (tenemos la democracia y los gobernantes que nos merecemos). Además, los ciudadanos se quieren sentir parte importante de las decisiones que dirigen el destino de un país, pero para hacerlo también es necesario que tomen conciencia de su participación, así como de la importancia de hacerlo de manera informada. Por ello tenemos un arduo trabajo por delante.
La representación es un instrumento, necesario y efectivo en ciertos ámbitos, pero no es la finalidad última de la democracia. Al decir de Carole Pateman: “Para que exista una política democrática es necesario que exista una sociedad participativa, es decir, una sociedad en que todo el sistema político haya sido democratizado y en el que la socialización pueda realizarse a través de la participación” (Silva Jiménez, 1997)
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Estudiante de la Licenciatura en derecho de El Colegio de Veracruz, Colegio de Ciencia Política y Administración Pública.[/author_info] [/author]
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Estudiante de la Licenciatura en derecho de El Colegio de Veracruz, Colegio de Ciencia Política y Administración Pública.[/author_info] [/author]
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