La segunda entrega referida a la serie “migración y democracia” estudia las relaciones complejas y mutidimensionales que atraviesan el vínculo entre el migrante y su país de origen, que involucran entre otros ejes el beneficio económico del que se nutre este último.
Todo proceso migratorio tiene su origen. Esto refiere no solo al territorio físico desde el que se produce la migración sino a las causas que la originan, y a la responsabilidad de los respectivos gobiernos hacia sus migrantes. El origen es una construcción objetiva e imaginaria que ubica al migrante en una postura comparativa respecto a su realidad contextual y a la posibilidad de mejora en el destino final. Pero esa relación es mucho más compleja. Su realidad no solo determina el pensamiento y la realidad del individuo que planifica el proceso, sino también la temporalidad para efectuar cualquier transformación del mismo (Zemelman, 2010).
En la actualidad y con la globalización acelerada, los países ya no pueden clasificarse exclusivamente entre emisores y receptores de la migración. Pero por el volumen de migrantes con los que se los relacionan pueden identificarse como países de origen o expulsores, países de tránsito y países de destino final o receptores (Bobes y Pardo, 2016). Además, se ha debatido poco respecto a la migración de determinados grupos desde países desarrollados hacia otros con menor grado de desarrollo, pero con mejores condiciones de vida para esos grupos. Pongo como ejemplo el caso de ciudadanos estadounidenses de la tercera edad que migran hacia naciones como México y Ecuador (INEGI, 2015 y BBC, 2012) debido a que con sus pensiones pueden cubrir los gastos de atención médica y calidad de vida con mucha mayor eficacia que en sus lugares de origen. No obstante, el interés de este artículo radica en la migración condicionada que tiene como una de sus causas principales la relación del ciudadano con su sistema político y gubernamental. Lo que esto implica es que en la jerarquía de condiciones es el Estado el encargado de proteger y velar por el desarrollo social y ciudadano de las personas bajo su jurisdicción. Una mala política gubernamental provocará un descontento y una búsqueda de soluciones en aquellas personas afectadas. Lo mismo ocurre cuando se restringen los derechos ciudadanos. Una de las soluciones que encuentran los afectados es precisamente migrar.
Siguiendo lo anterior, es necesario realizar el análisis desde las situaciones objetivas en el origen para entender la diversidad de causas y relaciones que condicionan la migración de esos nacionales hacia otros territorios. Estas situaciones se convierten en causas cuando están relacionadas con insatisfacciones del posible migrante frente a las normativas vigentes, al discurso político nacional y con el tipo de régimen específico. En este sentido se describe con la evidencia empírica que un tipo de sistema político puede ser causa fundamental (Correa y Nuñez, 2012) para grandes flujos migratorios de sus nacionales y existe una relación entre sus políticas públicas en determinadas dimensiones y el crecimiento de su migración. Esto se traduce en que las condiciones descriptas como tradicionales (hambre, conflictos armados, crimen organizado, desplazamientos internos, condiciones de vida deficientes) no son las únicas que influyen en esa migración. Un caso típico de migración atendiendo a estas condiciones es el cubano, que puede servir como referencia para estudiar o comparar otras migraciones de grupos nacionales que se han incrementado por las mismas causas, como la venezolana (Ávila, 2018). Frente al discurso político de estas naciones de que la migración es un fenómeno condicionado desde el exterior como un recurso para destruir el sistema nacional, sus ciudadanos continúan migrando. Aquí nos surge la pregunta que da comienzo a esta serie: ¿por qué migran los ciudadanos de estos países si el sistema gubernamental mantiene su discurso público del bienestar humano?
Caso Cuba
La tradición migratoria cubana tiene un parteaguas en 1959. Cuba había sido país expulsor desde el siglo XIX durante sus luchas independentistas y se había convertido en uno de destino durante la primera mitad del XX. A partir de 1959 la migración de cubanos, sobre todo hacia Estados Unidos, tuvo como factor común la posición ideológica y política frente al nuevo gobierno. Desde entonces, esa migración estuvo marcada por la relación distendida entre Estados Unidos y Cuba donde los migrantes fueron utilizados y estigmatizados con la figura de la traición a la patria (Brismat, 2011).
Al contemplar las causas objetivas y subjetivas que dan lugar al proceso migratorio destaco el aspecto económico y el político (Dilla, 2012), sobre todo a partir de la década de 1990. Ambos acompañan la historia migratoria de esa nación. Según datos del Banco Mundial, Cuba tiene un total de 1.654.684 emigrantes, lo que supone un 14,59% de su población total (Datosmacro, 2020). Pero unido a esa cifra, en los últimos años se ha descrito una diversidad de destinos. Sobre esta realidad se puede hipotetizar que lo que le interesa al migrante cubano no es tanto el destino final sino la salida en sí misma y el establecimiento en cualquier territorio distinto al de origen. Esto pudiera explicar cómo se han diversificado los países de destino en los últimos cinco años. Además, la mayoría de esos procesos de salida están marcados por las múltiples dificultades que deben enfrentar durante todo el trayecto, ejemplificado en los altos costos de la salida y del asentamiento.
En el análisis contemporáneo del fenómeno migratorio en Cuba, creemos pertinente señalar que los cubanos no migran por un desamor a la nación, sino por la incapacidad del gobierno en el origen para administrar y desarrollar eficientemente la calidad de vida de su sociedad. Además, porque el discurso de sacrificio social promovido históricamente por el gobierno no se corresponde con la realidad en la que viven los propios voceros. El migrante comienza a disentir, deslegitimar y a proponer alternativas al discurso público oficial y describe como acto de libertad el solo proceso de migrar. Es importante cómo una vez en el destino, los migrantes aumentan las manifestaciones en sus redes sociales reclamando derechos y cuestionando al sistema en el origen (El País, 2020). Además, para el gobierno en el origen, el migrante comienza a ser excluido de la nación debido a que sus objetivos ya no se identifican con las propuestas del sacrificio personal en función de un proyecto que no logra consolidarse. Aunque continúa siendo necesario por su capacidad para transferir capitales económicos. Por tanto, las causas objetivas responden a un descenso en la calidad del nivel de vida, la obstaculización de los derechos individuales y el aumento del disenso hacia las políticas gubernamentales. A partir de estas causas objetivas existe también el desarrollo de un imaginario social colectivo frente a las ventajas del proceso migratorio. En primer lugar, es necesario señalar la amplia población migrante cubana asentada en el exterior.
En el ámbito subjetivo, el migrante en el origen concibe un imaginario particular de todo lo que significa migrar. Ese imaginario se construye a partir de la contrastación entre su experiencia de vida local y sus proyecciones en la migración. En la construcción de ese imaginario influyen las denominadas remesas sociales. Las remesas sociales (Levitt, 1998) constituyen una relación en la que las formas de vida del migrante transnacional se imbrican entre los dos lugares que están involucrados. En tal sentido, juegan un papel importante los contactos existentes, pues el migrante comienza a influir en los sentidos de vida de las comunidades de origen, al establecer patrones de vida, gustos, ideas, comportamientos y lenguaje que no son originales del lugar de origen, sino que constituyen un resultado de las relaciones entre el origen y los que se encuentran en el destino. Configuran un lazo simbólico que comienza a comparar estilos de vida y experiencias de los migrantes por parte de las personas en los lugares de origen.
Sin embargo, para los migrantes cubanos los costos del flujo migratorio son demasiado altos (Clot y Martínez, 2018) aunado a la desprotección al proceso migratorio por parte del gobierno de origen. Una vez que el migrante sale del territorio nacional el estado de origen se desentiende de toda responsabilidad. Esto provoca un proceso de vulnerabilidades constantes, sobre todo en aquellos que deben transitar por varias naciones hasta llegar a su destino final. Las redes sociales establecidas para el proceso a menudo resultan insuficientes para articular una migración segura y ordenada. Unido a esta situación, el estado de origen mantiene una política de solo intervenir en caso de una deportación o regreso voluntario por parte de esos migrantes ante situaciones de irregularidad en aquellas naciones donde se encuentran. Por tal motivo, es muy frecuente que apelen a la mayor cantidad de instituciones de protección posible hasta alcanzar su objetivo final. Pero este es solo un paso previo hasta la completa inserción en el territorio de destino.
Otro de los aspectos esenciales para comprender las características de la migración contemporánea es la relación con el tipo de régimen político. Las políticas públicas del gobierno impactan directamente sobre la vida de sus ciudadanos. Cuando los modelos de bienestar y calidad de vida comienzan a disminuir producto de tendencias hacia la monopolización de los derechos por parte de un solo actor, es probable que los flujos se intensifiquen. Los mecanismos para desarrollar estos procesos de migración casi siempre pasan por el desplazamiento condicionado. Esto significa que incapaces de promover un estado de bienestar, los regímenes híbridos y aquellos autoritarios establecen mecanismos para expulsar a una gran cantidad de sus ciudadanos hacia cualquier destino. Al mismo tiempo, comienza un proceso de relación utilitarista puesto que una vez desentendidos de las necesidades de esos migrantes se produce una relación a distancia a partir del vínculo de esos migrantes con las personas que quedan en el origen. Así, el Estado desarrolla mecanismos de concentración de las remesas familiares, de los recursos y capitales que esos migrantes transfieren al origen. El Estado en esta situación favorece todo ingreso de remesas, pero imposibilita la participación en cualquier otra dimensión que ponga en riesgo su estabilidad política. Esto señala que el interés fundamental del gobierno hacia sus migrantes es el de reconocer el potencial económico que estos poseen para apuntalar las debilidades infraestructurales del sistema. Al señalar esta realidad Guarnizo (2019) describe que en estas naciones los migrantes son utilizados para resolver las mismas deficiencias que causaron su salida del país.
Además, el migrante cubano solo puede entrar a Cuba con su pasaporte cubano aun cuando posea la nacionalidad del país de residencia. Esto significa un costo económico significativo y una debilidad del migrante frente al sistema jurídico y político cubano. Además, ese pasaporte solo tiene vigencia por 6 años y debe ser prorrogado cada dos años. Cada prórroga tiene un costo significativo (aproximadamente 200 dólares estadounidenses), y en términos prácticos es innecesaria. Estas prórrogas solo funcionan como un mecanismo de control y recepción de recursos económicos por parte del estado cubano. El migrante en esta situación no puede apelar a sus derechos como ciudadano de otra nación una vez que ingresa a territorio cubano. Por lo tanto, en cualquier situación refleja su vulnerabilidad. Además, existe un temor de los migrantes respecto a su situación frente al Estado cubano ejemplificado en la categoría de ciudadanos regulados.
Hasta el año 2019, el Estado aplicaba esta medida contra ciudadanos cubanos residentes en territorio nacional que quisieran viajar por diversas causas hacia el exterior. Estos ciudadanos fueron etiquetados en la categoría de regulados por lo que se impedía su salida del país hasta que las autoridades lo consideraran. Sin embargo, este año se aplicó la misma medida a un migrante cubano residente en Uruguay sin que existiera algún procedimiento legal en su contra. Casualmente, este mismo cubano semanas antes a su ingreso a la Isla, había participado en una manifestación pacífica en la embajada cubana en Uruguay (ADN Cuba, 2020). Cuba justifica la existencia de esta figura normativa bajo el pretexto de la soberanía, seguridad y protección nacional. Pero en la práctica funciona como una medida coercitiva que ha sido criticada por organizaciones internacionales de Derechos Humanos pues amenaza el derecho del libre tránsito y el respeto a las garantías individuales. Con esta medida, el Estado evidencia la vulnerabilidad que poseen los migrantes en el exterior y al mismo tiempo, la capacidad para detener cualquier manifestación o posicionamiento político en su contra, tanto al interior como al exterior del país.
No obstante, en los últimos años se han observado algunos intentos de flexibilidad de las políticas nacionales respecto a la migración. Sin dudas, el cambio más importante fue la modificación de la Ley de Migración en el año 2013. Hasta ese momento el Estado tenía la decisión final respecto a permitir la salida del país a cualquier ciudadano mediante el denominado “Permiso de salida” o comúnmente “Carta Blanca”. También se modificaron los requisitos respecto al tiempo que un cubano podía permanecer en el exterior sin la pérdida de su condición de residente nacional. Antes de la reforma a la Ley, los cubanos en el exterior debían pagar entre 40 y 150 dólares (según el país donde estuviera) por cada mes posterior al primero, que permanecieran fuera de Cuba (Dilla, 2012). Así, los cubanos pueden permanecer en el extranjero hasta dos años sin perder esa condición. Sin embargo, estas medidas no garantizan un reconocimiento pleno al derecho a migrar ni a mantener la relación con el país en sus diversas dimensiones y manifestaciones.
Otra disposición que muestra un cierto avance en el reconocimiento de la migración como parte de la nación fue la apertura a que los migrantes pudieran participar mediante plataforma online en los debates del anteproyecto de constitución durante el 2018 y que fue aprobada en el 2019. En ese entonces, el gobierno habilitó la plataforma para conocer cuáles eran las propuestas de los cubanos en el exterior. No obstante, propuestas como el reconocimiento de la doble ciudadanía y el voto en el exterior no fueron consideradas ni incluidas en la Carta Magna. Pero tampoco se reconoce el derecho al voto en Cuba bajo la figura de la ciudadanía efectiva que ya se ha mencionado. Y el cubano que no haya perdido su residencia en Cuba tampoco puede votar en los procesos electorales cubanos debido a la obligatoriedad de permanencia en territorio nacional al menos 6 meses antes de cada votación. Además, tampoco puede ser candidato a ningún cargo público. A raíz de lo acontecido con la pandemia del Covid-19 el gobierno cubano ha dispuesto una serie de medidas que benefician directamente al migrante cubano como la extensión del periodo de entrada a Cuba sin la perdida de la residencia nacional y la realización de trámites como el pasaporte por medio de la vía digital. En abril de este año se había planificado la realización de la “IV Conferencia la Nación y la Migración”, lo que sentaría la base para un debate actualizado con organizaciones de migrantes que siempre han defendido las posturas de Cuba. No obstante, este tipo de evento también evidencia la relación utilitaria del gobierno con determinados migrantes, que sirven de portavoces en el exterior de las políticas gubernamentales.
Estas últimas medidas evidencian una flexibilización en la postura del gobierno cubano de mantenerse al margen de su migración en el exterior. En los últimos años se han dado pequeños pasos para acercar e integrar a los cubanos al debate nacional, pero sin reconocer derechos políticos y ciudadanos plenos. Tampoco se permite una posición crítica al gobierno nacional en el origen y se mantienen las distancias respecto al papel de protección, seguimiento y garantía a sus nacionales en el exterior mediante la labor de los distintos consulados.
De forma general, lo que encontramos en los gobiernos de origen con rasgos autoritarios es una despreocupación por el proceso migratorio y por los propios migrantes una vez que estos abandonan territorio nacional. Al mismo tiempo, esos tipos de gobiernos justifican las causas de la migración como elementos externos a su propia realidad. Por otra parte, los migrantes construyen un imaginario comparativo donde el primer paso es abandonar su realidad contextual y salir del país hacia cualquier destino que les sea posible. No obstante, el migrante no abandona completamente al país de origen aun cuando este solo lo considere a él como una fuente de recursos económicos. En la medida que estos migrantes mantienen ese interés hacia el origen es probable que se modifiquen los imaginarios en el origen. Por tal motivo, este tipo de gobierno limita y obstaculiza cualquier participación o actividad en la dimensión política.
Bibliografía
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Bobes, V.C. y Pardo, A. M. (2016). Política migratoria en México. Legislación, imaginarios y actores, Flacso México, Ciudad de México: México.
Brismat, N. M. (2011). “La política migratoria cubana. Génesis, evolución y efectos en el proceso migratorio insular”, en Beatriz Bernal (Coord.). Cuba hoy ¿perspectivas de cambio?, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México: Ciudad de México.
Clot, J. y Martínez, G. (2018). “La «odisea» de los migrantes cubanos en América: modalidades, rutas y etapas migratorias”, Revista Pueblos y fronteras digital, 13, pp. 1-27. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/rpfd/v13/1870-4115-rpfd-13-e345.pdf
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[author] [author_image timthumb=’on’][/author_image] [author_info]Leduan Ramírez
Licenciado en Letras y Diplomado en Formación del Pensamiento y la Identidad Nacional por la Universidad Central de Las Villas. Maestro y Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México. Ha investigado sobre el papel de la migración transnacional en contextos democráticos y autoritarios. Sus líneas principales se concentran en el estudio del transnacionalismo migratorio, el ejercicio de los derechos en todas sus dimensiones por parte de grupos vulnerables y la ciudadanía.[/author_info] [/author]
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
