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¿Cómo las condiciones institucionales y los procesos electorales en la coyuntura actual impactan a la gobernabilidad democrática en México?

Dos efectos centrales e inmediatos que dejan las últimas elecciones de junio en México atañen al involucramiento e interés creciente de la sociedad en los asuntos públicos a través del incremento en la participación ciudadana en la elección y a la relevancia del papel que los organismos electorales adquieren en cuanto al fortalecimiento institucional de la vida democrática.

En palabras del investigador César Astudillo (2018), por proceso electoral puede entenderse el “conjunto de actos ordenados por la Constitución y la ley que se encuentran a cargo de las autoridades electorales, los partidos políticos, así como los ciudadanos orientados a posibilitar el ejercicio del sufragio para la elección de los representantes populares y la consecuente renovación periódica de las instituciones representativas del Estado en el ámbito federal, estatal y municipal”.

Dentro del régimen político rector en México, la celebración de procesos mediante los cuales las y los ciudadanos pueden nombrar a sus representantes en el Gobierno —en el que delegan el poder soberano que poseen para su adecuada representación y cuyas previsiones se encuentran contenidas en la normatividad en materia electoral— tiene la finalidad de garantizar el respeto de la voluntad de la ciudadanía en el ejercicio del voto.

Las elecciones intermedias de junio de 2021, representaron el proceso democrático más grande en México hasta el momento: 500 cargos federales y 19 915 cargos locales fueron electos en todo el país —en Veracruz se renovaron las 50 diputaciones por ambos principios del Congreso local y los cargos edilicios de los 212 Ayuntamientos—.

Este desarrollo del ejercicio democrático celebrado, se suscitó en un contexto político y social ríspido, que —para algunos— puso en entredicho a la gobernabilidad del país. Ello debido a las injerencias de la administración del partido político en el poder en el proceso, así como a su lucha contra los poderes fácticos y los partidos políticos que desean obtener un espacio en alguno de los tres niveles de Gobierno.

Sin embargo, para comprender el impacto de la coyuntura actual en la gobernabilidad mexicana, es menester dimensionar el término, circunscrito en el modelo democrático presente en México al tener como referencia su acepción literal: “calidad, estado o propiedad de ser gobernable”; es decir, “capaz de ser gobernado”.

También es preciso tener presente que el concepto de gobernabilidad ha sido analizado desde múltiples perspectivas y se lo ha extrapolado del contexto académico al argot político de nuestros días. No obstante, para Antonio Camou, la eficacia, legitimidad y estabilidad en el ejercicio del poder político, conforman los componentes básicos de la gobernabilidad. (Camou, 2016).

Es importante aclarar que la estabilidad en la gobernabilidad no debe ser entendida como un estado de inamovilidad, sino como aquella “capaz de cambiar adaptándose a los desafíos que provienen del ambiente” puesto que solo “una continua adaptación a la realidad siempre cambiante permite a un sistema sobrevivir” (Morlino, 1988, pp. 601-609).

En esta acepción confluyen las diversas tradiciones teóricas y valorativas que se han desarrollado en torno a la gobernabilidad, dentro de un contexto en el que se permite la existencia de diversos niveles y donde se deja fuera al purismo interpretativo. Dentro de la medición de la gobernabilidad considerada por Camou se encuentran, enunciadas de forma regresiva, la ideal, normal, crisis de gobernabilidad e ingobernabilidad. En este sentido, la gobernabilidad plantea la capacidad de desarrollar de manera adecuada la relación generada entre gobernantes —entendidos de forma integral como sistema político conformado por sus instituciones— y gobernados, de tal forma que impere cierto grado de eficacia, legitimidad y estabilidad.

Como se mencionó anteriormente, el contexto en el que se desarrolló el más reciente ejercicio democrático en México estuvo lleno de rispidez. Imperó un antagonismo entre dos grandes grupos, aquellos que detentan el poder y los que lo tienen, lo cual —en gran medida— puede atribuirse al discurso planteado en el terreno de la disputa. Por una parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador sembró un discurso “conspiranoico”, en el que previno del riesgo de fraude electoral y, por otra parte, se diseminó un discurso de concentración del poder.

Si bien en México se han dado ambos escenarios, para comprender y dimensionar la influencia que se generó y desenlace del mismo, es importante traer a colación el estado en el que se encontraban nuestras instituciones, entendidas estas como los “sistemas de reglas que establecen limitaciones e incentivos a los que responden los actores económicos, sociales y políticos”; es decir, las reglas del juego de la interacción social (Rivera, 2019). Lo anterior, ante la relevancia que dichas instituciones adquieren en el desarrollo de los procesos electorales. En este sentido, para Przeworski “una democracia es posible cuando las pertinentes fuerzas políticas pueden encontrar instituciones que den una garantía razonable de que sus intereses, los cuales no serán afectados de manera sumamente adversa en la competencia democrática” (Przeworski, 1986); esto es, cuando los intereses se someten a una incertidumbre institucionalizada.

Es por ello que, en primer lugar y al atender a la relevancia indudable de los congresos, parlamentos y legislaturas en las democracias —dada la legitimidad que otorgan a las decisiones que serán obligatorias en una sociedad determinada— la legislatura en México representó una figura clave y decisiva para el rumbo del país. Ello debido a que el partido en el poder contó con una sobre representación que le sirvió para dar paso a la “consolidación” de lo que denominaron la Cuarta Transformación (4T) y cuya conformación estuvo en juego en las elecciones del 6 de junio de 2021.

Para Khemvirg Puente, los últimos tres años del poder legislativo en México se han caracterizado por un retorno a la legislatura arena donde se debate mucho, pero se decide muy poco. Es la vuelta al Congreso sometido por el ejecutivo, controlado de forma externa y debilitado institucionalmente (Puente, 2021).

La representatividad, transparencia, profesionalismo, accesibilidad, responsabilidad y eficacia son algunas de las características que —según Puente— deben imperar en un parlamento democrático. No obstante, aunque en nuestra legislatura se avanzó en una representatividad con paridad de género, ha habido un estancamiento —e incluso retrocesos— en la implementación de prácticas de parlamento abierto y rendición de cuentas.

El escrutinio en la autorización y fiscalización del gasto público en pro de las políticas públicas y programas establecidos por la presidencia ha sido nulo; no ha funcionado como freno y contrapeso propio del modelo de división de poderes imperante en las democracias —si atendemos al postulado de división de poderes impulsado por Locke y Montesquieu, es necesario que exista un sistema de contrapesos y equilibrios para que los órganos del poder se autocontrolen entre sí y se evite la concentración de decisiones—.

Ahora bien, por cuanto hace a los órganos constitucionales autónomos, en materia electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) fue objeto de denostación por parte del Ejecutivo Federal que planteó —incluso— su posible integración a la estructura centralizada del Ejecutivo Federal. Pese a ello, la participación ciudadana en el presente proceso electoral —y al considerar que corresponde a una elección intermedia— fue considerable, lo cual reafirma la confianza de la sociedad en sí misma.

En materia de seguridad se pudo advertir la incapacidad de los Gobiernos para ofrecer seguridad a los diferentes candidatos contendientes, “registrándose el asesinato de 39 aspirantes o candidatos a un puesto de elección popular, además de 80 atentados graves contra candidatos” (Alcaldes, 2021) —el estado de Veracruz presentó el mayor número de aspirantes muertos con 8 registros—.

En este tenor, también es importante tener presente la transgresión a los principios rectores del proceso electoral por parte de los “gobernantes”. Tal es el caso de la neutralidad gubernamental (tutelada por los numerales 41 y 134 constitucionales), cuya transgresión derivó en múltiples pronunciamientos —tanto del INE como del Tribunal electoral en atención a las manifestaciones vertidas en las denominadas “conferencias mañaneras” por el presidente, cuya finalidad era la de favorecer o desprestigiar a los candidatos de la contienda—.

Ahora bien, hasta este punto y al considerar solo algunos de los acontecimientos recientes, resulta evidente la presencia de lo que Camou llama: “luces rojas” de la gobernabilidad. Entre estas se encuentran el incumplimiento mínimo de la legislación, la incapacidad del Gobierno para promover el bienestar, así como, la incapacidad del Gobierno de mantener o restaurar rápidamente un nivel mínimo de orden.

¿Qué lectura se obtiene del reciente proceso electoral? ¿Cuál es el grado de gobernabilidad en nuestro país? Ofrecer una respuesta concisa es complicado, debido a la diversidad de factores que imperan en la realidad actual, no obstante, podemos advertir algunas consecuencias derivadas de las condiciones de las instituciones y del proceso electoral.

Se contuvo la sobre representación existente en el Congreso federal del partido en el poder, lo que implica la necesidad de generar alianzas con los otros partidos, para llevar a cabo toda iniciativa de reforma a la Constitución Política. También hubo una mayor presencia del bloque opositor al partido en el Gobierno lo que generó la posibilidad de desarrollar ejercicios de deliberación en los que permeen los contrapesos.

El incremento de la participación de la ciudadanía en el proceso electoral reciente, en relación con anteriores elecciones intermedias, evidencia un mayor involucramiento e interés en el actuar de las autoridades. Ello generó un escenario de mayor escrutinio ante la sociedad, cuyo impacto influyó en el incremento o disminución de respaldo hacia los representantes de la sociedad.

Pese al discurso denostador contra el INE, que fungió como árbitro de la contienda electoral, se reafirmó la confianza de la sociedad en su actuar y se brindó un aire de respaldo hacia la institución que fortaleció su credibilidad. Lo anterior se propició al materializar el esfuerzo realizado a lo largo de los años por la sociedad, con la finalidad de llegar a un escenario más democrático y representativo.

A través del sufragio se materializó el castigo social ante la sobre oferta de organizaciones políticas contendientes. Tan solo en el estado de Veracruz se constituyeron 4 partidos políticos locales, lo que generó un total de 14 contendientes. De ellos más del 20 % han perdido su registro, incrementándose el porcentaje a nivel nacional. Ante este escenario, las organizaciones políticas deberán replantearse las estrategias desarrolladas y encauzar su actuar a un ejercicio democrático más auténtico y eficaz.

En México se deja entrever una crisis de gobernabilidad, ante la proliferación de anomalías, desequilibrios intolerables entre demandas sociales y respuestas gubernamentales (Camou, 2016); toda vez que, en diversas áreas, es evidente la incapacidad gubernamental que deja a deber una adecuada administración —principalmente en materia de seguridad, economía y rendición de cuentas, cuyo impacto permea en la vida de todos los mexicanos—.

En este sentido, es menester reconocer los avances logrados y materializados a través del ejercicio democrático de 2021 en México. No obstante, resulta imperante continuar trabajando en el fortalecimiento de los procesos democráticos venideros e incentivar la participación ciudadana para favorecer el acceso a la información y a mejores condiciones para el adecuado desarrollo de la sociedad.

Si bien es cierto que México no se encuentra en un escenario de apogeo de la gobernabilidad, también cierto es que se han logrado avances significativos, por lo que resulta importante no detener los esfuerzos realizados mediante el actuar colectivo. Se trata de un trabajo constante, a través del cual podremos consolidar y fortalecer la gobernabilidad democrática mexicana.

Referencias

Astudillo, C. I. (2018). “El derecho electoral en el federalismo mexicano”. Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, Secretaría de Gobernación, Universidad Nacional Autónoma de México.

Bobbio, N. (1989) La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Fondo de Cultura Económica, México.

Bobbio, N. et al. (1988). “Estabilidad política” Diccionario de Política, Siglo XXI, México.

Camuo, A. (2016). Gobernabilidad y democracia. México: Instituto Nacional Electoral.

Etzioni, A. (1979). Organizaciones modernas (1964), Uteha, México.

Ocampo, I. (2021). Fueron asesinados 39 candidatos en este proceso electoral. 11 de junio de 2021, de Alcaldes de México Sitio web: https://cutt.ly/Fn8IjOl

Puerta, M. I. (2010).  El debate entre los modelos de democracia representativa y participativa. Valencia: Asociación de Profesores Universidad de Carabobo.

Rivera, J. (2019). La importancia de las instituciones. Excelsior. Recuperado desde: https://cutt.ly/7n8IYbY

SIL (s/f) División de poderes. Recuperado desde: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=89

 

Por

Juan Manuel Carvallo Azcue. Maestrando en administración pública por el Colegio de Veracruz, Licenciado en negocios internacionales por la Universidad Veracruzana. Se desempeña en la función pública estatal como Subdirector de Coordinación Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz.

Juan Carlos Cerdán Ramírez. Maestrando en administración pública por el Colegio de Veracruz, Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Se desempeña en la función pública como Asesor de Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Alejandro Córdoba Hernández. Maestrando en administración pública por el Colegio de Veracruz, Licenciado en Derecho y en música con especialidad en violín, por la Universidad Veracruzana. Se desempeña en la función pública estatal como Ejecutivo de proyectos de logística en la Secretaría de Educación de Veracruz.

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