La inexistencia de datos oficiales ciertos y fidedignos, de estadísticas confiables que den cuenta de la realidad atraviesa todos los órdenes de la vida en el régimen cubano que en ese mismo gesto de negación de la realidad hace converger la complicidad del Estado con la violencia sobre la mujer.
A pesar de que existe un interés desde la sociedad civil independiente cubana en cuanto a la prevención y eliminación de la violencia de género en Cuba, la defensa de los derechos de las mujeres en la isla no es prioridad de todos. El régimen cubano, que alega garantía de igualdad y no discriminación, intenta minimizar o esconder la prevalencia de la vulnerabilidad de la población femenina y sus desventajas en relación con los hombres. Sin embargo, la defensa por la igualdad, la libertad y la democracia es un objetivo común entre los defensores de los derechos humanos en la isla.
Las mujeres defensoras de los derechos humanos –y hablamos de las defensoras de los derechos de la mujer y de las activistas que piensan diferente a la ideología del Partido Comunista– día a día se enfrentan a estereotipos de género y a un machismo arraigado en las instituciones y sociedad cubana que domina cada paso de sus vidas, sea cual sea su ideología o posición política.
Por más de 60 años, el régimen cubano ha impregnado en la conciencia de los hombres y mujeres de la isla la idea de que en Cuba sí hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y de que no existe violencia hacia las mujeres. Sin embargo, a pesar de que no existen cifras oficiales de femicidios, es común encontrar en las redes sociales y los medios independientes cubanos casos de femicidios, que obviamente la prensa oficial no visibiliza. Según Mariela Castro Espín, Directora del Centro de Educación sexual (Cenesex), la falta de violencia hacia las cubanas es uno de los “efectos de la revolución”, tal declaración queda opacada ante las publicaciones de la prensa independiente en la isla, donde se reportaron 1086 mujeres cubanas muertas entre los años 2010 y 2017. Asimismo, las declaraciones de Castro Espín generaron disgusto y crítica desde la sociedad civil independiente, especialmente entre las defensoras de los derechos de la mujer.
Por primera vez en 2019 comenzó a circular en las redes sociales la alarmante declaración del Gobierno de Cuba en el primer Informe Nacional sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que el régimen reconocía la existencia de femicidios en la isla, dando a conocer la cifra de “0,99 femicidios por 100.000 adolescentes y mujeres cubanas de 15 y más años”. Ese momento fue un indicio en cuanto al reconocimiento de los femicidios, así como una premura de visibilizar la violencia hacia la mujer dentro y fuera de Cuba. Lo que se criticó de esta cifra, por parte de la sociedad civil independiente, es que los datos ofrecidos por el régimen cubano no estaban actualizados, tampoco que había un desagregado de las víctimas de feminicidio por provincia u origen racial, y que existía un subregistro en la cifra de casos presentados en el informe.
Otro indicio de apertura para la prevención y eliminación de la violencia de género en Cuba surgió cuando fue aprobada la vigente Constitución de La República, en 2019, que dispone en su artículo 43 que: “El Estado propicia la plena participación de la mujer en el desarrollo del país y la protege de cualquier tipo de violencia”. En aquel momento las mujeres defensoras de los derechos humanos pensamos que luego de las reformas políticas necesarias entraría en vigencia una ley que sancionaría la violencia de género, y que se tipificaría como un delito el femicidio dentro del Código Penal cubano. Tras no haber respuestas por parte de las autoridades cubanas con respecto al tema, y al continuar viviendo bajo un machismo y un régimen que en la práctica no parece interesarle los derechos de la mujer, resulta casi imposible que se reconozca el femicidio como un delito dentro de la norma jurídica cubana y menos que en la práctica las mujeres en Cuba se sientan seguras de no ser víctimas de violencia de género.
No obstante, las ganas de exigir el respeto a la vida de las mujeres impulsó, en 2019, a un grupo de mujeres de la sociedad civil cubana a presentar una solicitud de Ley Integral de Género. Lamentablemente, la solicitud fue pospuesta para ser analizada en el año 2022. Así queda demostrado que al actual régimen cubano no le interesa en realidad los derechos de las mujeres, y para la que, en Cuba, no existe un antídoto que ayude a que las mujeres vivan en una sociedad libre de violencia.
Otra de las violaciones a los derechos de la mujer se ve reflejada en la persecución constante hacia las mujeres de la sociedad civil independiente, aquellas que defienden y promueven el respeto a los derechos humanos. Ellas son acosadas y hostigadas por el régimen cubano, que en reiteradas ocasiones ha hecho uso de la fuerza y la injusticia para desestabilizar los esfuerzos de la sociedad civil cubana y desalentar a los activistas cubanos comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos, la igualdad, la libertad y la democracia. Las mujeres de la sociedad civil independiente están en constante peligro de violencia política e institucional. Sufren amenazas, detenciones arbitrarias y acoso. Su vulnerabilidad ha sido visibilizada por organizaciones internacionales. Algunas cifras que podemos resaltar son las que publicó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Según el Observatorio[1], en el primer trimestre del 2019 ocurrieron 836 detenciones arbitrarias. Llama la atención que solo en el mes de marzo hubo 252 personas detenidas por razones políticas: 156 eran mujeres disidentes y solo 96 eran hombres; visiblemente las mujeres cubanas fueron más hostigadas.
También es preocupante el acoso psicológico que sufren las mujeres defensoras de los derechos humanos, una de las formas más hostiles de la violencia de género. Son víctimas directas de las fuerzas represivas de la Seguridad del Estado (SE), quienes perpetúan y organizan bajo el anonimato mítines de repudio. También hacen que circulen calumnias asociadas con la vida privada de las mujeres, con el objetivo de dañar su dignidad. En muchos casos los agresores son mujeres que responden a los intereses del régimen cubano. Esto evidencia que existen desigualdades políticas en el sector femenino, por lo que no podemos decir que vivimos en una sociedad democrática que respeta los derechos de todos sus ciudadanos.
La nula protección del Estado cubano hacia organizaciones que defienden los derechos humanos y los derechos de la mujer, o hacia organizaciones de mujeres no acordes al sistema autoritario y partido único, da muestra de la falta de respeto por los derechos humanos y la democracia persistente en la isla. Por ello, urge que la sociedad civil independiente ponga en agenda la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el acompañamiento y defensa de la labor que realizan las defensoras de los derechos humanos y de las mujeres activistas. Por último, también resulta inminente la unión de todos los movimientos u organizaciones de mujeres en Cuba para contribuir y fortalecer la defensa y promoción de los derechos de la mujer.
[1] Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Más de 250 detenciones arbitrarias en Cuba en marzo, 836 en el primer trimestre de 2019. Publicado el 18/04/2019. Disponible en: https://observacuba.org/mas-de-250- detenciones-arbitrarias-en-cuba-en-marzo-836-en-el-primer-trimestre-de-2019/.
[author] [author_image timthumb=’on’][/author_image] [author_info]Sara Delgado
Integrante de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer (Redamu) y miembro de Cuba Independiente y Democrática (CID), ambas organizaciones de la sociedad civil independiente cubana. Licenciada en Educación y defensora de los derechos humanos.[/author_info] [/author]
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