La pandemia ha expuesto lo que cada gobierno de Centroamérica y el caribe ha hecho o no ha hecho para cuidar a la población, ha exhibido las fallas y virtudes de los regímenes y procesos políticos de una región en que los efectos económicos y sociales serán devastadores en el aumento de pobreza y vulnerabilidad. Los viejos autoritarismos del siglo pasado que aún perviven señalan un camino regresivo que la sociedad desea desandar.
Tienes varias décadas trabajando en Centroamérica, ¿Por qué tu interés en la región y que ha cambiado ese tiempo?
Es un gusto tener un espacio para platicar sobre las condiciones de Centroamérica en este contexto en particular. Mi historia con la región centroamericana es una historia más o menos larga. Tengo un interés y perspectiva particularmente regionales; porque usualmente cuando hablamos de América Latina nos concentramos en algunos de los países que son los que tienen el peso más fuerte ya sea en términos políticos, o ya sea en términos económicos.
Estamos hablando de México, Colombia, Argentina, Venezuela y algunos otros. Centroamérica. usualmente queda en un segundo plano, algo que sucede también de forma similar con el Caribe, que está también cerca de nosotros.
Resulta que cuando comencé mi trabajo de investigadora, allá por la década de los ‘90, me tocó participar en algunos proyectos de investigación que analizaban las transiciones políticas de varios de los países centroamericanos hacia la democracia. Luego de los conflictos bélicos que asolaron a la región durante toda la década de los 80 y parte de los 90, ese trabajo me llevó a seguir -desde esa época hasta el día de hoy- el pulso de los procesos políticos en cada uno de los países, pero también de la región en su conjunto.
Hay algunos elementos ahí sobre los que valdría la pena recapitular. En primer lugar, que recientemente en Centroamérica se cerró un arco de tiempo que incluye el 30 aniversario de los acuerdos de Esquipulas. Estos fueron los que abrieron el camino para la construcción de la paz o al menos eso se creyó, en toda la región centroamericana. Tenemos también los aniversarios de los acuerdos de paz, en El Salvador primero y luego en Guatemala, así como el fin de la guerra en Nicaragua.
Pero a lo largo del tiempo, Centroamérica sigue siendo una región, desde mi perspectiva, donde no han terminado de resolverse algunos de los problemas que dieron origen a esos conflictos militares de los 80 y parte de los 90. A la vez, el escenario centroamericano se ha reconfigurado durante los últimos tiempos. Un punto que hay que mencionar es el crecimiento de la población en la región centroamericana: se estima que somos alrededor de 61 millones de habitantes. Esto lo traigo a colación porque un poco más de la mitad de esta población es población joven, todos los países prácticamente estamos en un proceso de transición demográfica. Disponemos de lo que se le llama bono demográfico, para efectos de desarrollo y de políticas económicas. También una mayoría de la población está compuesta por mujeres, todo eso presenta una característica particular para la región y habla de un enorme potencial humano para el futuro.
Sin embargo, los escenarios en términos políticos y económicos realmente no se compaginan con el enorme potencial humano que tiene la región. Pues en Centroamérica todos los países tienen enormes disparidades sociales, con grandes brechas de equidad y concentración de la riqueza. La paz, que se suponía iba a atraer como consecuencia la democracia, es todavía una asignatura pendiente prácticamente en toda la región. Otra característica relevante es que, en términos de seguridad, Centroamérica en general es una de las regiones con los más altos índices de violencia en toda Latinoamérica. E, incluso, en relación con otras regiones del mundo. Hay mucha inseguridad y este tema se ha posicionado como un problema principal para prácticamente toda la sociedad centroamericana durante las últimas décadas.
¿Cómo encuentra el covid-19 a la región? ¿Cuáles han sido las diferentes estrategias desarrolladas por los países?
El manejo de la pandemia tiene muchas similitudes en la región, pero cada país ha hecho un manejo diferenciado del covid-19. Eso tiene mucho que ver con las fortalezas que cada país tiene en relación a su gobierno, que ha sido colocado como un actor clave para el manejo de esta situación a nivel global. Pero también con las condiciones económicas y sociales que hay en cada uno de estos países.
La pandemia llegó a Centroamérica temprano, a inicios del mes de marzo de este año. Los primeros países que presentaron casos fueron Costa Rica, Panamá y El Salvador; después se extendió a otros países de la región. En algunos países como El Salvador se comenzaron a adoptar medidas desde antes de que se presentara el primer caso. Por ejemplo, algunas de las disposiciones del gobierno salvadoreño se comenzaron a adoptar en febrero de este año, mucho antes del primer caso que se presentó el 16 de marzo. En otros países como Costa Rica también se adoptaron más o menos al mismo tiempo. Todo esto creó algunas condiciones para el manejo en todos estos países. El caso de Nicaragua aparece, según estadísticas oficiales, como uno de los que menor cantidad de casos reporta. En términos generales -y esto lo veremos más adelante- tiene que ver con la manera específica en que el gobierno nicaragüense ha manejado el tema desde marzo.
Lo que revela la situación de la pandemia -y las políticas estatales o las políticas de gobierno que se han manejado en los diferentes países- es que hay un conflicto abierto en la región centroamericana entre los viejos autoritarismos que nos llegan desde el siglo XX y las diferentes formas y sociedades que andan por un cambio social y político más democrático. Lo que cada gobierno ha hecho en este contexto específico muestra las falencias y las virtudes de los regímenes y procesos políticos de la región. Entonces, me gustaría reseñar más adelante algunas de los elementos más relevantes en cada uno de los países.
Vamos a ese punto. Uno de los casos más dramáticos en la región ha sido Nicaragua ¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia en ese país?
Si lo analizamos desde la contraposición entre autoritarismo y democracia, obviamente el régimen y el gobierno que tienen los rasgos más autoritarios son los de Nicaragua, con Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, respectivamente, a la cabeza de la presidencia y vicepresidencia del país. El país presenta desde antes una grave crisis política, que a estas alturas ya ha alcanzado otras dimensiones de la vida en el país, tanto en la parte económica, cómo en la humanitaria.
Entonces la pandemia llega como una situación de emergencia, una crisis sanitaria que se traslapa con esta otra crisis que el país venía arrastrando desde el año 2018. La decisión de Ortega y Murillo ha sido adoptar una política que he calificado como política necrófila; porque ha hecho exactamente todo lo contrario a lo que recomiendan los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Esto ha significado promover actividades públicas que significan aglomeración de personas, como ferias y carnavales; mantener las actividades deportivas y abiertas las escuelas. No han querido mandar a los empleados públicos a hacer teletrabajo o disminuir las actividades que no son esenciales en el país. Tampoco han querido realizar campañas de prevención y de información a la población.
Una de las cosas más críticas que han hecho durante estos meses es que han prohibido al personal de salud el uso de equipos necesario para prevenir el contagio. De tal manera que a estas alturas hay un número importante de médicos y personal de salud contagiado y fallecido a causa del coronavirus. Además, hasta el mes de julio, 12 médicos especialistas, algunos de ellos en la rama de la de las enfermedades respiratorias, han sido despedidos e incluso expulsados de los centros hospitalarios por órdenes del gobierno al más alto nivel. Hay, como dije, una política necrófila.
Al principio se habló de que el gobierno estaba adoptando la misma estrategia de Inglaterra y de Suecia, de inmunidad de rebaño. Después se habló de que las razones eran económicas. De hecho, Daniel Ortega, en sus escasas comparecencias públicas, ha dicho que la pandemia es una enfermedad de los países capitalistas, que el país no se puede paralizar económicamente. Sin embargo, no se ha tomado ninguna clase de disposiciones que permitan lidiar con los efectos económicos y humanitarios que a estas alturas está teniendo sobre la población.
Hay una política deliberada del gobierno de ocultar información, por ejemplo, los datos reales. No se ha querido hacer pruebas: en el momento de ascenso de la curva de contagios hubo 26.000 kits de pruebas dentro del país que fueron donados por un organismo financiero regional, y no fueron utilizados por el gobierno para prevenir y detectar la realidad de los casos. Se están ocultando los datos de la cantidad de personas que han fallecido en los centros de salud, la capacidad de los centros hospitalarios, la infraestructura y recursos humanos disponibles.
Los efectos económicos y sociales de la pandemia van a ser inevitables porque el gobierno se ha negado reiteradamente a adoptar ninguna clase de medidas para mitigarlos. Con ese panorama, realmente el régimen de Ortega y Murillo es en Centroamérica la encarnación más
cruda de los viejos autoritarismos. La expresión más grave de ese remanente que todavía tenemos del siglo pasado.
¿Cómo ha pasado en otros países?
El caso de El Salvador ha generado muchas preocupaciones en los últimos meses. El país tiene al frente a un hombre que viene del sector privado, un hombre joven que tiene un año de haber asumido el cargo. Estamos hablando de N. Bukele, un político que se ha destacado porque rompió la hegemonía que los partidos -Arena de derecha y el FMLN de izquierda- tenían en el sistema político salvadoreño. Partidos que tenían un juego de alternancia política en el gobierno, durante el último tiempo.
Bukele se ha proyectado como un líder joven, muy popular por el uso que hace de las redes sociales, particularmente twitter. Tiene alguna experiencia política porque anteriormente fue alcalde de San Salvador y también de una localidad que se llama el Nuevo Cuscatlán. Desde que llegó a la presidencia, sin embargo, adoptó un estilo bastante autoritario, entremezclado con cierto populismo para manejar los asuntos del gobierno.
Cuando estalló la pandemia existía una situación de crisis y tensiones entre los poderes, que por momentos parece agravarse. Por ejemplo, ha existido un conflicto muy fuerte con la asamblea legislativa a causa de la prórroga del estado de emergencia y de una ley especial para la suspensión de una serie de derechos constitucionales. Para la atención de la emergencia Bukele prorrogó las dos medidas a través de decretos presidenciales, cuando le correspondía a la asamblea legislativa realizar esa prórroga. En el conflicto también ha intervenido la Corte Suprema de Justicia.
Otra de las decisiones controversiales o reñidas con los derechos humanos fue la relacionada con la disposición del uso de las fuerzas militares y policiales para detener y confinar a quienes quebraran la cuarentena domiciliar impuesta en el país. Se crearon centros de detención y de aplicación de cuarentena para las personas detenidas, y la autorización del uso de la fuerza letal militar y policial en contra de las pandillas o maras.
Todos vimos las fotografías, que causaron tantísimo impacto, donde aparece una gran cantidad de pandilleros recluidos en los centros penales salvadoreños sentados sin guardar la distancia física que se ha recomendado. Algunos con mascarilla, otros sin mascarilla. Ese tipo de fotografías fueron difundidas precisamente por el gobierno salvadoreño, cuando anunció la decisión de mezclar en las mismas celdas a los integrantes de una pandilla y otra, una decisión que revierte disposiciones anteriores de hace más o menos una década.
Bukele también ha tenido conflictos con otros sectores sociales, por ejemplo, con la prensa salvadoreña. Durante todo este tiempo ha generado tensiones con algunos medios y algunos
periodistas independientes. Pero también ha tenido contrapuntos fuertes con el comité para supervisar los fondos de apoyo a la emergencia por la pandemia, que fue un comité constituido por la asamblea legislativa cuando se aprobó la ley o el estado de emergencia. En general, la gente muestra confianza y aprueba con un alto porcentaje el estilo de gobernar y el tipo de gestión que está haciendo. Se trata de un autoritarismo nuevo, revestido de modernidad.
En el intermedio entre los autoritarismos y las democracias tenemos los casos de Guatemala y Honduras. En Guatemala tenemos un gobierno que arrastra una enorme falta de legitimidad desde antes de la pandemia, dentro de un sistema político muy gelatinoso, con fuerte influencia de los poderes fácticos y el narcotráfico. El gobierno actual representó un leve giro hacia la derecha respecto al anterior, con un presidente que tiene muy baja legitimidad y se enfrenta a la situación de emergencia con una institucionalidad de muy baja capacidad de actuación.
Además de los contagios, uno de los puntos más críticos tiene que ver con las denuncias de corrupción y el uso de las fuerzas policiales para sofocar demandas de sectores vulnerables
de la población, que requieren apoyo. El gobierno adoptó medidas de prevención y de contención de la pandemia de manera bastante temprana y de alguna forma eficientes, pero la capacidad institucional no es la adecuada para implementarlas. Eso, junto con la baja legitimidad del gobierno, realmente ha creado una situación bastante complicada.
En el caso de Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández también arrastra una grave
crisis de legitimidad. Desde hace varios años, por su estilo autoritario y su compromiso con los sectores más conservadores del país, así como por las irregularidades en los procesos de reelección, Honduras no ha borrado todavía el efecto del golpe de estado que ocurrió en 2009. Este sentó un precedente gravísimo en toda Centroamérica y, particularmente, en el país.
Algunas de las decisiones previas más controversiales tienen que ver con la creación de una policía militar. Esta causó malestar entre la policía nacional civil en Honduras, pero además está integrada por militares que no tienen ningún tipo de preparación ni de manejo en las situaciones de orden público o de seguridad ciudadana. Lo que ha incrementado los casos de violaciones a los derechos humanos.
El punto más crítico en relación con el manejo de la pandemia en Honduras tiene que ver con el uso corrupto de los fondos disponibles para la emergencia por funcionarios públicos. El país tiene una cantidad significativa de casos de coronavirus, el sistema hospitalario está en un punto crítico. Hay médicos que han renunciado y otros que han sido también despedidos por denunciar este tipo de situaciones. El gobierno ha utilizado a la policía para sofocar algunas protestas y reclamos en ciertas localidades del país.
En el caso de Costa Rica, nos vamos moviendo un poco más hacia el extremo más democrático de la región. Es un caso muy particular, no sólo por su historia, por su tradición democrática y por las condiciones que tiene el país, la diferencia que tiene respecto al resto de Centroamérica; sino porque el manejo inicial que tuvo de la pandemia fue realmente admirable. Algo importante a valorar es cómo la inversión y las características de este estado de bienestar que ha construido Costa Rica han rendido sus frutos. Hay un sistema de salud robusto que ha podido manejar adecuadamente la emergencia dentro del país. El gobierno comenzó tempranamente a adoptar medidas de prevención, identificaron los focos de contagio y se tomaron medidas específicas en esos lugares. Se reforzó la infraestructura y los recursos de salud en diferentes localidades y se comenzaron a adoptar una serie de medidas económicas para mitigar los efectos de la pandemia en los sectores de población con bajos recursos. La ciudadanía ha sido realmente muy consciente y muy respetuosa de todas las disposiciones que ha tomado el gobierno para manejar la situación.
No obstante, con el desgaste del tiempo y la flexibilización de las medidas de prevención y de emergencia la situación se ha visto agravada por momentos. La zona norte, y las condiciones migratorias de la frontera con Nicaragua suponen un reto con el incremento de casos y se han tenido que adoptar medidas específicas. Una preocupación fuerte está sobre todo en la parte económica porque sí hay una gran cantidad de sectores, sobre todo sectores vinculados con el turismo, el comercio y los servicios, que han sufrido mucho durante este periodo de la pandemia.
Por último, en Panamá, el gobierno dispuso también de manera bastante temprana medidas de prevención y de contención para el contagio desde que se presentaron los primeros casos. Sin embargo, es uno de los países de la región que tiene una de las cantidades más altas de contagios y también de personas fallecidas. El actual presidente estaba recién llegado a la presidencia cuando estalló la pandemia. Llegó en medio de una situación política complicada por los juicios y las denuncias de corrupción que han involucrado al menos a tres ex presidentes. Existe una gran falta de legitimidad y falta de confianza hacia el ejecutivo de parte de la población, y él no ha logrado recuperar eso ni aún en el contexto de la pandemia.
Hay un debate abierto en relación a cuáles son las medidas convenientes y necesarias para manejar esta situación específica de la emergencia en el país. Pero también está resurgiendo la crisis política entre la presidencia y el legislativo. Y una serie de decisiones que estaban en curso quedaron en suspenso, estas afectaban a todo el sistema de seguridad social en el país
¿Podrían encontrarse similitudes o puntos en común en el manejo de la pandemia en la región? ¿Qué rol juegan los mecanismos regionales de integración y la sociedad civil?
Quiero resaltar que, si bien cada país ha tenido un manejo específico de la emergencia, este ha hecho emerger las falencias de la democracia -con los matices y las especificidades de cada país- y muestra la tensión entre esos viejos autoritarismos y los procesos de cambio democrático que se desean en Centroamérica.
Realmente, en este contexto de la pandemia los países centroamericanos prácticamente han lidiado solos y por su propia cuenta con la situación. Ha habido dos encuentros (virtuales) de los presidentes del SICA, uno que ocurrió más o menos en marzo y luego uno hace unas semanas. Ellos han estado en comunicación permanente, pero lo que se conoce públicamente son solamente estos dos encuentros. Nicaragua y Costa Rica sostuvieron también en el mes de marzo una reunión bilateral en la frontera, donde acordaron una serie de medidas -que no conocemos públicamente en qué consisten- y hubo foto oficial del encuentro entre las dos delegaciones de gobierno. Pero las disposiciones relativas al manejo de la pandemia las han tomado de manera más o menos individual. Un incidente que se produjo recientemente en la frontera con Costa Rica, y que afectaba el transporte de mercancías, obligó también a un cierto entendimiento y a un acuerdo entre los países centroamericanos para facilitar el transporte de carga. Costa Rica había establecido una serie de medidas de prevención bastante fuertes para que lo que venía circulando a través de la región no influyera en la curva de contagio.
En relación a la sociedad civil y la pandemia, más allá del SICA, en realidad no ha habido todavía un esfuerzo coordinado, hasta donde yo conozco, de sociedad civil, en términos regionales para enfrentar esta situación. Sé que en varios países hay esfuerzos e iniciativas. Nicaragua es una de las que tiene una gran cantidad de iniciativas ciudadanas para lidiar con la pandemia. Pero en términos regionales realmente no hay todavía nada.
La sociedad nicaragüense, que es bastante bien organizada, y está en abierta oposición al gobierno, ha desarrollado un sinnúmero de iniciativas. Estas incluyen la creación de un comité científico multidisciplinario, integrado por reconocidos especialistas de la medicina y de otras ciencias, convertido en la referencia más importante frente a la pandemia. También organizaron un observatorio ciudadano que hace el monitoreo de los casos, sobre la base de un enfoque que se conoce como vigilancia comunitaria. Ellos llevan un punteo lo más aproximado posible de la cantidad de contagios y la cantidad de fallecidos, dónde están los focos de contagio, etcétera.
Algo que me parece sumamente admirable son lo que yo llamo las cadenas de solidaridad, que son grupos de vecinos que se han organizado para entregar kits de higiene a las personas más vulnerables. La iglesia católica ha sido una de las más activas en esto; y más recientemente, al menos 12 comunidades indígenas que tienen sus propias formas de gobierno han dispuesto sus propias medidas de prevención y contención, aún en contra de lo que dice el gobierno central.
Creo que, si bien hasta ahora ha habido políticas nacionales muy específicas para lidiar con la pandemia, los efectos sobre Centroamérica van a requerir respuestas regionales más que las que ya se han adoptado en otros momentos, y mucho más allá del SICA. Porque la mayoría de los países centroamericanos dependen enormemente de las remesas familiares, y allí hay una afectación que viene no solo de las condiciones propias de la región, sino de ese efecto rebote global. Eso significa que vamos a tener mucha más población en pobreza y vulnerabilidad.
Centroamérica también promovió en las décadas anteriores la industria del turismo como un rubro económico fuerte. Eso está ahora caído; se habla de las “burbujas de turismo”, pero eso es algo que realmente no sabemos si va a funcionar bien para la región. Sobre todo, cuando tenemos situaciones en las que el resto de los países puede adoptar medidas paliativas en términos económicos, pero tenemos, por ejemplo, un caso como el de Nicaragua que va a representar una complicación para el resto de los países. Porque no va a permitir algunas medidas de alcance regional y porque va a afectar a sus países vecinos. Creo que, ante esos desafíos, los liderazgos políticos – en especial los presidentes centroamericanos dentro del SICA- van a tener que dibujar un plan y una serie de medidas regionales.
[author] [author_image timthumb=’on’][/author_image] [author_info]Elvira Cuadra
Socióloga nicaragüense con más de veinte años en la investigación sobre los procesos de pacificación y construcción de paz; análisis de conflictos; seguridad y derechos humanos; jóvenes y cultura política. Sus estudios se centran en Nicaragua y Centroamérica. Formó parte de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) para Centroamérica y el Caribe. Posteriormente, se desempeñó como coordinadora de investigaciones en el Centro de Investigaciones de la Comunicación y más tarde fungió como directora ejecutiva en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). A lo largo de su carrera ha colaborado con prestigiosas organizaciones académicas y de cooperación como: la Fundación Arias para la Paz y el Progreso; UN-LIREC; The Woodrow Wilson Center; la Fundación Friedrich Ebert, entre otras. Es autora y co-autora de ensayos y libros sobre los temas relacionados con sus investigaciones.[/author_info] [/author]
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
