Por Edgar Zúñiga*
Reflexión sobre las dificultades para el ejercicio pleno de la democracia en un país que desde 2000 ha visto evolucionar en cada administración federal el problema de la violencia relacionada al narcotráfico hasta tomar las dimensiones actuales. Recuento histórico de las últimas décadas en México. Distintos sucesos violentos que han trascendido sociopolíticamente en el país expuestos grosso modo para centrar la mirada en lo concerniente al crimen organizado —por ejemplo, las desapariciones de personas.
Orígenes de la espiral de violencia
En la historia de México se puede encontrar una gran cantidad de sucesos coercitivos en los que se ha derramado sangre sobre el territorio nacional; estos están relacionados con una diversidad de causas entre las que —por lo menos— se pueden mencionar las siguientes: autodefensa de la población, acciones de liberación, defensa del territorio ante amenazas extranjeras, represiones del Estado y delitos cometidos por organizaciones criminales.
Durante el siglo xx muchos de estos hechos violentos pusieron en tela de juicio el Estado de derecho. Un ejemplo es la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, donde el ejército mexicano asesinó a cientos de jóvenes estudiantes organizados en el Comité Nacional de Huelga, a través del cual exigían de manera pacífica el cese al autoritarismo del Gobierno y, en ese sentido, mayor libertad y autonomía, tanto civil como universitaria.
A partir de este doloso suceso, un sector de la juventud de aquel entonces comprendió que eran necesarios procesos de emancipación vía armada. La hostil respuesta del Gobierno no tardó en presentarse y con ello miles de jóvenes fueron perseguidos, desaparecidos, torturados y/o asesinados a lo largo de todo el territorio nacional. De manera paralela, se hacían cada vez más evidentes las fallas del sistema político mexicano; es decir, la corrupción surgida a partir de un corporativismo, régimen de partido y presidencialismo[1] forjado desde el contexto posrevolucionario.
Esta dinámica en donde cada vez más se corrompía la clase política facilitó la vinculación entre gobernantes y capos del crimen organizado. A través de acuerdos y sobornos con distintos gobernantes, los narcotraficantes pudieron transportar sustancias ilícitas desde el territorio mexicano hacia los Estados Unidos de América. Ejemplos de lo mencionado hay muchos; sin embargo, cabe señalar el caso del Cártel de Guadalajara, organización extinta que fue dirigida por Miguel Ángel Félix Gallardo.
El caso del Cártel de Guadalajara es importante en tanto puede señalarse como uno de los principales antecedentes que ha dado forma a la actual configuración criminal en México. Esta organización, activa en la década de 1980, se caracterizó por incorporar las plazas[2] existentes en las diversas entidades del país y, de esta manera, conformarse como una unión en donde se asociaron los más grandes capos. Esto les permitía ser una organización coordinada en todo el territorio nacional y, en consecuencia, su poder, capacidad de tráfico y negociación con el Gobierno logró alcanzar dimensiones relevantes en el terreno político y público.
La desintegración del Cártel de Guadalajara, ocurrida a finales de los años 80, llevó a que sus exintegrantes formaran sus propias organizaciones (Cártel de Sinaloa, Cártel de Tijuana y Cártel de Juárez), que entre sí han tenido una historia conflictiva por la disputa de rutas y territorios. Asimismo, esta desarticulación desencadenó una cacería a partir de la cual se dejaron ver distintos vínculos entre gobernantes y narcotraficantes; entre los que se puede mencionar el caso de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, quien fue acusado en 1997 por tener vínculos con el Cártel de Juárez (El Universal, 2020).
A grosso modo este fue el panorama de entrada al año 2000, durante el cual se celebraron los comicios que planteaban la transición democrática; en tanto, por primera vez en la historia política de México ganaba un partido que no era el hegemónico. Es decir, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de setenta años, dejaba la silla presidencial y en su lugar el Partido Acción Nacional (PAN) llegaba al poder federal.
Violencia como telón de fondo en la transición a la democracia
Como ya se indicó, el año 2000 significó para México el fin de una era de partido único en el poder federal. El candidato electo a la presidencia fue Vicente Fox Quesada (2000-2006), quien se encontró con una visible problemática de narcotráfico y corrupción estatal. Al respecto, decidió debilitar las organizaciones criminales deteniendo a sus líderes; por ejemplo, Benjamín Arellano Félix, pieza clave del Cártel de Tijuana. No obstante, estas detenciones no implicaron un verdadero cambio sociopolítico, sino la reagrupación de los cárteles de la droga y la diversificación de sus actividades ilícitas que se adecuaron “a la nueva coyuntura de fragmentación del poder político a nivel local, estatal y federal” (Fernández, 2017:3).
Para los siguientes comicios, tras una jornada dudosa en la que se ha señalado la existencia de un fraude electoral (Programa de Investigación en SocioFísica, 2006), el candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, llegó al poder federal después de situarse por encima de su principal oponente: Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este expresidente, desde el inicio de su mandato (2006-2012) y como parte de su política de seguridad, decretó lo que denominó “Guerra contra el crimen organizado”; es decir, una confrontación directa con las distintas organizaciones criminales en la que sacó a los militares de los cuarteles para combatirles a fuego cruzado en el espacio público.
Las consecuencias de esta política de seguridad fueron desastrosas, durante todo el sexenio mencionado la población mexicana presenció decenas de sucesos violentos en donde la coerción se presentó en el espacio público a través de balaceras, cuerpos desmembrados, calcinados o colgados en puentes, narcobloqueos y narcomantas. En cifras, estos sucesos dolosos implicaron 121 683 personas asesinadas (Revista Proceso, 2013a) y 26 112 de personas desaparecidas (Revista Proceso, 2013b).
No obstante, para Felipe Calderón los homicidios y desapariciones de personas solo eran daños colaterales de la estrategia de seguridad optadas en su Gobierno, lo cual se traducía en un riesgo necesario que se debía asumir a favor del bienestar público (Ramírez, 2016). En consecuencia, esta autora argumenta que el término “daño colateral” alude a los efectos y costos no previstos en el plan estratégico de la política de seguridad, pero que desde la lógica gubernamental eran considerados necesarios.
En los hechos, hacer uso del término daños colaterales llevó al Gobierno de la República a restar importancia a la muerte de civiles, la mayoría inocentes. Lo que importaba para aquella administración federal era continuar con el enfrentamiento armado dado que este se justificaba no solo como un tema de seguridad nacional y pública (Montero, 2012), sino de salud pública. Para ello, la estrategia mencionada se fundamentó a partir de la argumentación de que México ya no solo era un país de producción y tránsito de drogas, sino también de consumo (Morales, 2011).
No obstante, es evidente el rotundo fracaso de la guerra contra el crimen organizado, en tanto el consumo de sustancias ilícitas ha crecido, la violencia ha aumentado y se ha recrudecido, las organizaciones criminales han diversificado las actividades delictivas que llevan a cabo; han crecido en poderío bélico, se han expandido por todo el territorio nacional y, sobre todo, se han desatado diversos conflictos armados entre los distintos cárteles durante los cuales la ciudadanía ha sido la más afectada.
Al término del sexenio de Felipe Calderón el país quedó sumido en una espiral de violencia sin precedentes. El comienzo del nuevo ciclo presidencial estuvo manchado por las denuncias de fraude electoral (Ackerman, 2020), el segundo consecutivo realizado sobre la candidatura de AMLO. En este caso, el fraude fue orquestado por el Partido Institucional Revolucionario y su candidato Enrique Peña Nieto (2012-2018), mandato bajo el cual la violencia en México se recrudeció aún más.
Desde el inicio del gobierno de Peña Nieto la legitimidad hacia este y su Gobierno era casi nula. Aunado, conforme pasaron los años de su mandato, la administración que precedía quedó manchada por diversos sucesos en los cuales se evidenció la existencia de una estructura política corrompida, así como una crisis en materia de Derechos Humanos. Al respecto, cabe señalar la aprobación de 11 reformas constitucionales de corte neoliberal realizadas durante los primeros veinte meses de su gestión.
Para ello, el Gobierno federal entrante y su partido, el PRI, realizó un acuerdo con quienes se supone eran sus rivales políticos, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el objetivo de ser mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar estas iniciativas de ley que beneficiaban de manera directa al sector privado nacional e internacional. Este acuerdo fue denominado Pacto por México y, sobre todo, concretizó la Reforma Educativa; es decir, las bases político-institucionales para comenzar procesos de privatización de la educación pública.
Si bien este paquete de reformas estructurales se concretó a partir de su aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, varios sectores de la sociedad mexicana durante todo el sexenio manifestaron su desaprobación a dichas reformas. Ante estas expresiones de inconformidad, la respuesta del Gobierno siempre fue la violencia política, por ejemplo, las diversas represiones sufridas por los maestros de educación pública organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en las cuales llegó a haber civiles asesinados (Redacción-Tele Sur, 2016).
Por ende, es cuestionable la legitimidad de este proceso supuestamente democrático, dado que el ejercicio político para la aprobación de las reformas esconde represión, un fraude electoral federal, acuerdos en favor de un reducido sector de la población y la nula apertura al diálogo con la ciudadanía.
De manera paralela, y como ya se mencionó, en la administración de Peña Nieto la violencia continuaba siendo una problemática presente. Al respecto, Hernández (2017) aseveró que, de acuerdo con los datos oficiales, los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto sumaron 234 996 homicidios dolosos (120 935 y 114 061, respectivamente). Más aún, entre 2016 y 2017 se experimentó un incremento de 10.5% de las ejecuciones a manos del crimen organizado, lo cual posicionó a México entre los diez países más violentos del mundo.
Aunado durante este período presidencial se ejecutaron crímenes de lesa humanidad a mano de las fuerzas armadas nacionales; entre los cuales, los más significativos fueron el caso de Tlatlaya y el de Ayotzinapa. En el primer caso, ocurrido el 30 de junio de 2014 en la comunidad de Tlatlaya, estado de México, los militares asesinaron a 15 civiles (Zepeda, 2014). Por otra parte, la noche del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada, es decir, la privación de su libertad en donde elementos policiacos y del ejército participaron en la ejecución del delito (Gilly, 2014).
Hasta el momento, la impunidad es algo que distingue estos casos. Respecto a Ayotzinapa, el Gobierno en turno realizó una investigación cuyos resultados fueron presentados en cadena nacional con el título de Verdad Histórica. En esta se afirmaba que los estudiantes habían sido secuestrados por policías municipales y entregados a integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, para luego ser llevados por estos a un basurero ubicado en Cocula, Guerrero, donde serían incinerados. Sin embargo, las indagaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha señalado que la “versión oficial” del gobierno mexicano es falsa (GIEI, 2015).
La versión oficial de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas reflejó de manera más nítida el discurso empleado por aquella administración oficial en torno a la violencia y las desapariciones de personas. A diferencia del mandato anterior, el gobierno de Peña Nieto ya no usaba el término guerra contra el crimen organizado, pese a que la violencia en toda la geografía nacional persistiera. En cambio, se asumía la existencia de una problemática en materia de seguridad, pero esta era atribuida a fallas de las administraciones municipales y, por ende, se justificaba la intervención militar en el espacio público, lo cual en términos concretos implicó la militarización del país.
En los comicios de 2018 el triunfo fue para el candidato del partido de izquierda (Movimiento de Regeneración Nacional, Morena) Andrés Manuel López Obrador, quien venía de haber sufrido dos fraudes electorales consecutivos. La victoria de Morena suponía para grandes sectores de la población una esperanza política que trascendiera en mejores condiciones de vida. En ese sentido, esta percepción de la ciudadanía no era algo casual dado que durante años AMLO construyó una imagen en torno a él mismo como el líder carismático capaz de llevar a cabo cambios verdaderos. No en vano su eslogan político ha sido el siguiente: “Morena, la esperanza de México”.
Su propuesta política ha sido denominada Cuarta Transformación (4T), la cual hace referencia a los cambios constitucionales presentes en la historia de México; es decir: la Constitución de 1824, producto de la victoria de guerra de independencia ante los españoles; la Guerra de Reforma entre conservadores y liberales, en la cual tras la victoria de estos últimos se promulgó el constituyente de 1857; y la Constitución de 1917 que actualmente rige a México, producto de la Revolución mexicana de 1910. En ese sentido, AMLO ha sostenido que su Gobierno implicará una cuarta transformación política, ahora por la vía pacífica y en pro de las y los mexicanos más necesitados, dado que esta propuesta tiene como objetivos primordiales el combate a la corrupción y la disminución de la pobreza.
No obstante, a tres años de la actual administración, Sodi (2021) sostiene que la corrupción ha aumentado tanto en número como en su importe. Unido a ello, el Gobierno de la 4T no ha sido capaz de reducir la violencia, sino lo contrario; hasta mayo de 2021 el Sistema Nacional de Seguridad Pública había iniciado 72 892 expedientes por homicidio, con 86 370 víctimas (Vela, ).
Para cerrar este breve recorrido histórico, cabe señalar que las cifras en cuanto a desaparición forzada no son alentadoras, en tanto, desde diciembre de 2018, año de la toma de posesión de AMLO, en México han desaparecido 21 546 personas (Martínez, 2021). En ese sentido, Arista y Flores (2021) sostienen que hasta marzo de 2021 en este país existen 85 053 personas desaparecidas, cantidad que es similar al total de personas que viven en Isla de la Juventud, Cuba (Oficina Nacional de Estadística e Información, 2019).
La democracia en jaque ante la vinculación entre actores y la violencia
La situación que vive México es preocupante, así como lo es la postura por la cual ha optado la administración federal en turno; es decir, culpabilizar a Gobiernos anteriores de la problemática de violencia e inseguridad actual. Si bien es cierto que la violencia ha sido un sello característico de los últimos sexenios, el actual Gobierno no puede eludir su responsabilidad en lo acontecido desde el inicio de su mandato. Esta postura trasciende en negar la realidad vivida en el país; con ello, es imposible echar a andar políticas que aborden soluciones en esta materia.
Ahora bien, es importante considerar que las soluciones no vendrán de un día para otro, en tanto la violencia es una problemática histórica que está entrelazada en procesos de corrupción estatal, así como de acumulación por desposesión. En este punto, el papel del crimen organizado es fundamental dado que históricamente ha sabido negociar con integrantes de la clase política al grado de —en varios casos— colocarse por encima de las administraciones federales.
Ejemplo de lo anterior ha sido constatado en infinidad de casos en donde las policías municipales han sido cooptadas por células de organizaciones criminales. Sin embargo, no se puede dejar de lado que, de manera paralela, estos grupos criminales operan con cierta complicidad de los poderes estatales y federales.
Tal es el caso del estado de Jalisco, donde el gobernador de esta entidad, Enrique Alfaro, ha sido señalado por tener vínculos con el crimen organizado (Hernández, 2018). Asimismo, para la jornada electoral realizada en junio de 2021, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, ubicado en la entidad mencionada, de 13 partidos existentes solo tres registraron candidaturas y de estos, dos tuvieron que renunciar debido a amenazas del crimen organizado. Esto llevó a una elección de un solo candidato y, por si fuera poco, el Gobierno estatal declaró que en este municipio no existían problemas de inseguridad (Redacción-Milenio, 2021).
Asimismo, es importante considerar el vínculo que ha habido entre clase política, crimen organizado y empresarios, donde los primeros crean leyes ad hoc para la privatización de recursos y bienes públicos, al mismo tiempo que los segundos llevan a cabo acciones delictivas con lujo de violencia, así como crímenes de lesa humanidad en comunidades y zonas económicamente estratégicas; los terceros, materializan proyectos privados en las zonas que han sido fuertemente golpeadas por la violencia (Zúñiga, 2020).
Para Fazio (2016), las políticas estatales que han sumido al país en una espiral de violencia responde a una lógica de dominación de espectro completo; es decir, una política de control caracterizada por la combinación de objetivos comunes en las esferas de lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural, y, a partir de ello, logra materializar esta dominación bajo la lógica desordenar-destruir-reconstruir-reordenar.
En el caso de las desapariciones de personas, Mastrogiovanni (2014) ha señalado que el sentido profundo que encubre la problemática de las desapariciones forzadas puede ser rastreado a partir de una mirada geopolítica. Desde esta perspectiva, señala la existencia de estrategias de terror en las zonas ricas en recursos naturales, territorios que han sido controlados por el crimen organizado a partir de prácticas coercitivas relacionadas con el despojo de estos espacios para facilitar procesos de privatización.
La situación hasta aquí expuesta pone en tela de juicio la efectividad del Estado mexicano hacia con la ciudadanía, en tanto una de sus principales razones de ser es brindar seguridad a la sociedad y, como se ha mostrado a lo largo de este texto, en México la inseguridad ha sido una constante durante las últimas décadas. Asimismo, el Estado mexicano ha optado por la democracia como forma de gobierno y esta encuentra un fundamento importante en el desarrollo de un ejercicio capaz de llevar a cabo la voluntad del Estado a partir del involucramiento de la ciudadanía en la vida política (al menos a través de la representación).
En ese sentido, la democracia en México como forma de gobierno que facilite llevar a cabo la voluntad del Estado no ha resultado en un ejercicio político capaz de lograr la seguridad de los ciudadanos. Suceden elecciones electorales, una tras otra, y en cada una llegan candidatos con promesas para solucionar las problemáticas más sentidas de la población —entre ellas la violencia—, y los resultados entre las distintas administraciones son similares: la coerción, las muertes y las desapariciones; estas últimas si no aumentan, se mantienen.
Los gobernantes y legisladores hacen caso omiso de las propuestas de colectivos y organizaciones de la sociedad civil que, obligados por la violencia, se ven en la necesidad de ejercer lo político para construir alternativas a la problemática que viven. Tal es el caso de los colectivos de familiares de personas desaparecidas —en su mayoría conformados por mujeres—, que a partir de la impunidad estatal ante las desapariciones han decidido buscar a sus seres queridos de manera independiente.
Quienes buscan a sus seres queridos experimentan procesos de subjetivación política, en tanto se desmarcan de la identidad tradicional asignada desde los marcos hegemónicos a las mujeres, para poco a poco irse convirtiendo en expertas en materia jurídica, forense y de derechos humanos. En su quehacer político, estas mujeres buscadoras de sus seres queridos han sufrido amenazas del crimen organizado, al mismo tiempo que han incidido políticamente a través de procesos de conflicto con los gobernantes.
Es de esta manera como se ha logrado promulgar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada; sin embargo, en sus distintas adecuaciones estatales los Gobiernos de las entidades han mostrado negativas para aterrizar esta iniciativa de ley. Esto se ha traducido en procesos de desencuentro entre el Gobierno y los familiares de personas desaparecidas. En el caso del estado de Jalisco se tradujo en un retraso de treinta y un meses para que el Gobierno de la entidad aprobara la ley en lo local (Franco, 2021). Por ello, es evidente un continuo clima de conflicto que deja ver no solo el ejercicio de lo político por parte de los sujeto/as sociales, sino que este se lleva a cabo a partir de las fallas y faltas estatales.
Reflexiones finales: de la deuda del Estado a la construcción de alternativas
El panorama descrito dificulta un cabal ejercicio democrático, en tanto existen decisiones asumidas sin considerar lo que piensa y siente la ciudadanía, y más aún, acuerdos que se toman a partir de la violencia. Ahora bien, la violencia vivida en México lleva a pensar más allá de la efectividad de la democracia; es decir, en las condiciones sociopolíticas y económicas para su pleno ejercicio, y por tanto, en la efectividad y pertinencia del Estado.
Para ello, cabe pensar de manera sensible, situarnos en un contexto donde cualquier persona, en cualquier momento y lugar puede ser desaparecida o asesinada sin que ello implique un suceso (delito) que trascienda en lo social, en tanto, la problemática al mismo tiempo que en lo institucional queda impune, socialmente se va normalizando. La situación es grave, las instituciones no resuelven y la violencia aumenta.
En consecuencia, se erige una interrogante que será necesaria resolver a través del involucramiento de la sociedad en un contexto en donde las mismas condiciones de coerción influyen en la poca participación de las personas en la construcción de alternativas: ¿Cómo salir de esta espiral de violencia cuando los Gobiernos están involucrados en ella y cuando las organizaciones criminales cada vez son más fuertes en incidencia política, capacidad económica y fuerza armamentística?
Sin duda, son algunas de las interrogantes que nos dan vueltas a quienes vivimos en México, y más, a quienes han sido víctimas directas de algún homicidio o desaparición. Hasta el momento, la experiencia señala que desde los gobernantes no vendrán las soluciones; no obstante, los colectivos de familiares de personas desaparecidas han enseñado la importancia de la incidencia política, no abandonar la construcción de marcos legales que ayuden en el proceso de búsqueda de justicia en un país impune. El reto es grande, conflictivo y riesgoso, sin embargo, precisa del involucramiento de académicos y periodistas coordinados con quienes han sufrido algún delito o acto coercitivo y que a partir de tal experiencia han decidido buscar alternativas.
Ante el contexto dado, no solo existe el riesgo-posibilidad de practicar una democracia directa, sino de ejercer lo político más allá de los marcos formalmente instituidos.
Referencias:
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Fazio, C. (2016). Estado de Emergencia. De la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto. Grijalbo.
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Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). (2015). “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, en https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/ResumenEjecutivo-GIEI.pdf.
Hernández A. (2018). “Enrique Alfaro ha sido señalado desde hace muchos años”, en https://aristeguinoticias.com/1007/mexico/enrique-alfaro-ha-sido-senalado-desde-hace-muchos-anos-anabel-hernandez-video/.
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Zúñiga, G. (2020). “Acompañar(se) y buscar para encontrarles: lo subjetivo como móvil de lo político en el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco”. Tesis de maestría en Ciencias Sociales. Universidad de Guadalajara.
[1] Por corporativismo se comprende el carácter que tomó el Estado mexicano después de la Revolución de 1910-1917, el cual consistió en la integración de varios sectores sociales, políticos y económicos en el poder estatal, y a partir de ello asegurar la estabilidad política. Cabe señalar que los representantes de cada sector difícilmente eran movidos de sus cargos. A partir de esta dinámica se afianzaba un presidencialismo, es decir, una virtud implícita con la que contaba el presidente de la República en turno, a partir de la cual decidía quién sería su sucesor. De esta manera, se aseguraba un régimen de partido único en el poder.
[2] Para Resa, una plaza es “un ámbito territorial sobre el que algún individuo o un grupo de personas mantienen el monopolio de la actividad de producción y comercio de drogas en estrecha colaboración con las autoridades policiales en la zona, que son las que les otorgan esa licencia temporal a cambio de una cantidad fija o variable de dinero y otros activos inmateriales” (2003: 1).
*Licenciado en Psicología y maestro en Ciencias Sociales con orientación en Estudios Sociopolíticos por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como psicólogo clínico e investigado el trauma psicosocial de la violencia urbana, así como lo subjetivo y lo político en la búsqueda realizada por familiares de personas desaparecidas.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
