La crisis política por la que está atravesando Perú nunca se vio antes tan polarizada como en estos últimos días tras la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso y la respuesta del mismo, liderado por la oposición, de calificar la decisión de ilegal, haciendo juramentar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, del partido Aprista de Alan García, como nueva jefa de Estado que, tras su renuncia duraría 24 horas.
Esta decisión desencadenó grandes cuestionamientos hacia Vizcarra y hacia el congreso en torno a la legalidad de las decisiones que se fueron superponiendo entre estos dos poderes, lo que inevitablemente terminó por cuestionar la autoridad misma de las personas que detentan el poder en dichas instituciones.
Si consideramos el artículo 134 de la Constitución de Perú el cual faculta al presidente de disolver el Parlamento en caso de que el Poder Legislativo le niegue dos veces la cuestión de confianza, ¿podríamos decir que la decisión de Vizcarra es inconstitucional?
En primera instancia debemos tener en cuenta que, como Vizcarra reemplazó a Kuczynski tras su dimisión, en calidad de parte del mismo gobierno, este quedaba facultado a tomar esta decisión si es que el Congreso le negaba la confianza a su Gabinete en una ocasión. Pero la cuestión de fondo no se torna del todo alrededor de las interpretaciones del texto constitucional, sino que recae sobre la importancia de lo que se estaba discutiendo en el Congreso: El ejecutivo, había presentado esta cuestión de confianza con respecto del proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional. Pero sin embargo el Congreso decidió seguir con la agenda preestablecida de la sesión, es decir, elegir primero a los miembros del TC y luego analizar la cuestión de confianza planteada. La interpretación de tal situación por parte del presidente fue dar por hecho que, con la votación del magistrado, la cuestión de confianza le había sido rechazada y, mientras el presidente comenzaba con su intervención pública para anunciar como se iba a proceder ante los hechos, el Congreso votó otorgándole la confianza.
Es esta interpretación tacita por parte de Vizcarra por lo que muchos consideran que su decisión deja mucho que desear con respecto a la legalidad de la misma, dado que no hubo un rechazo de cuestión de confianza. Pero si se debe reconocer que este “atraso” del debate fue claramente intencional por parte del congreso, dada la relevancia de que esta decisión iba a tener en el juego en el escenario político peruano: pensar en el nombramiento de un nuevo magistrado para el TC, implica también pensar en Keiko Fujimori (quien se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero) e implica también pensar en que el fujimorismo es mayoría parlamentaria en el Congreso, el cual está compuesto por solo una cámara.
¿Qué es entonces lo que realmente está en juego detrás de estas disputas entre dos de los poderes de la república?
Podemos decir que, lamentablemente, una vez más cuestiones políticas quedan en manos del poder Judicial. Es lamentable porque al fin y al cabo el futuro de la democracia peruana terminará por depender de un poder que no está facultado para hacer política. Es importante que entendamos que este órgano no solo va a juzgar causas de corrupción o determinar por constitucional o inconstitucional cierto accionar, sino que dado el contexto peruano hoy tiene el poder de colaborar o no a la estabilidad y de la democracia en Perú. El Tribunal Constitucional, como máximo órgano de interpretación de la Constitución peruana, tendrá que dirimir si Vizcarra actuó correctamente al disolver el Congreso.
Pero también lo cierto es que, mas allá del pronunciamiento que vaya a hacer el TC, los peruanos deben replantearse a quienes realmente elijen para gobernarlos y que la única forma de ayudar a la democracia en este terrible escenario es, nada mas y nada menos que involucrarse en lo que le es propio, y hacer política.
Finalmente esta coyuntura nos hace replantar ciertas cuestiones con respecto a las bases de forma de gobierno plateada: ¿Cómo aplicar los principios republicanos de check and balance entre los poderes del Estado cuando los mismos están cuasi dominados por una clase política que constantemente busca resguardarse y aprovecharse de la investidura publica para mantenerse en la impunidad?
Estudiante de Relaciones Internacionales.
Universidad Católica de Santiago del Estero.
