Luego de 60 años en el poder, siendo el régimen totalitario más longevo de América, ¿cuál es la situación política del gobierno de Díaz Canel? ¿Es fuerte, débil o intermedia? ¿Por qué?
Depende del punto de análisis. En términos físicos, es decir, de control del Estado, la situación es fuerte: no es el gobierno de un Estado fallido en sus zonas institucionales y de control.
En términos sociológicos y de legitimidad su situación política me parece débil. Para empezar por la incapacidad de reconstruir el consenso social sobre el consenso heredado. La ruptura de este último se ha venido produciendo en los últimos años, pero Díaz Canel no ha tomado las medidas necesarias o no tiene el porte imprescindible en tiempos de crisis para reconstruir ese consenso en una sociedad cambiante. No ha generado, hasta ahora, respuestas apropiadas ni para las necesidades acumuladas, ni para las nuevas demandas de sectores sociales cada vez más sofisticados y que se sitúan ya frente al Estado para reclamarle.
Ahora bien, la mayor debilidad tiene que ver con sus legitimidades. Primero no es visto como un presidente electo, sino designado, es decir como alguien impuesto desde arriba. Lo que es bien interesante porque el traspaso de poder reveló un punto insospechado en Cuba: los ciudadanos quieren elegir. Carente de la legitimidad revolucionaria, que es la que se le reconocía a los Castro, Díaz Canel no cuenta con la legitimidad popular, que es la que viene demandando la ciudadanía cubana para reconocerse en su gobierno. Esto afecta, en segundo lugar, su capacidad para construir un liderazgo, en ausencia de otros dos elementos importantes: la definición de un programa, que garantizaría de otro modo una legitimidad en funciones, y la construcción carismática de la política, condición que forma parte de la legitimidad en la cultura cubana: el reconocimiento por carisma. A distancia sideral de Díaz Canel.
Un tercer punto de débil legitimidad es el proceso constitucional mismo: no abrió una discusión genuina sobre el sistema político. Ni, después de aprobada la nueva Constitución, se observa el paso de un gobierno revolucionario a uno constitucional, lo que le daría a Díaz Canel la oportunidad de ir logrando fortalecer una legitimidad por funcionamiento institucional. Se empeña en gobernar con los métodos, estilos y el lenguaje de una Revolución de la que solo es heredero, y se niega a gobernar a partir de una Constitución que podríamos decir es su parto. El resultado es que se debilita en el único terreno en el que podría ir construyendo su propia legitimidad: el terreno constitucional.
Carente de esas legitimidades, no puede lograr lo que más necesita: reconocimiento tanto interno como externo de un liderazgo político. Podría decirse que el reconocimiento a Díaz Canel es derivado: proviene del reconocimiento efectivo al Estado cubano.
¿Las protestas de la comunidad LGTBI, artísticas, de los que reclaman por el mal trato animal, o los usuarios de internet que piden acceso sin restricciones a un costo más barato, son expresiones de una nueva sociedad cubana a la que el gobierno no sabe o no puede controlar o dar respuestas? ¿Qué reflexión le merece a un historiador cómo usted?
Efectivamente. Mientras la sociedad cubana está en transición en dos direcciones naturales: la modernización, cada vez más sofisticada, y el reencuentro con su propia tradición cultural hecha de múltiples diversidades, la élite se ha quedado en lo que llamo un momento de tránsito en el poder. Transición social y tránsito en el poder cortocircuitan cada vez más. Con una particularidad muy interesante: la sociedad civil está expresando simultáneamente una lucha por el reconocimiento de sus derechos y una capacidad para articular respuestas autónomas a sus necesidades en medio del vacío de respuestas del Estado a esas mismas necesidades. No es que en el espacio público colisionen las respuestas de un gobierno con vocación totalitaria y las respuestas de una sociedad civil imaginativa. El Estado carece de respuestas, aunque sean de factura grosera, donde la sociedad civil tiene un sinfín de propuestas. Ello explica dos cosas: la represión intensa, a ratos dura, del gobierno, y la imitación burda por parte del Estado de las ideas e iniciativas de la sociedad civil. Mi ejemplo favorito tiene geografía en el mapa de La Habana. Quien se aventure por la Avenida 23 desde la calle J hasta la Avenida G, en la zona de El Vedado, La Habana, se encontrará con que los mejores restaurantes o cafeterías, tanto en su dinámica, como en su oferta o diseño estético pertenecen al sector privado, y se sitúan casi frente a frente en el mismo tramo de ese espacio con los restaurantes y cafeterías propiedad del Estado, con su magra oferta y su estética decadente. Una muestra concentrada de lo que ocurre en todo el país.
De hecho la élite conoce este proceso de nuevas dinámicas y por tanto de nueva dimensión social. Su reconocimiento se puede ver en la nueva Constitución, en la que se narran ciertos derechos y ciertas garantías, se establece una relación menos totalitaria entre ciudadanos y Estado, y se debilitan las referencias ideologizantes, excepto en los artículos que se imponen a la arquitectura constitucional desde el partido comunista. Es precisamente la incapacidad del gobierno de vivir y actuar de acuerdo a la nueva Constitución del Estado lo que demuestra el abismo entre los ciudadanos y la elite y, más significativo, la obsolescencia del régimen, ahora sí un régimen de facto políticamente, que intenta gobernar. En puridad, que domina a través de la represión más descarnada.
¿Hay una desconexión política, en términos de sistema de representación entre esa nueva sociedad y el sistema político?
Definitivamente. El sistema de representación sigue oscilando entre lo totalitario, refrendado por el artículo 5 de la Constitución, y lo corporativo, casi estamental, con la presencia en el parlamento de los órdenes revolucionarios: los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, entre otras, que fueron organizaciones creadas y conectadas umbilicalmente a la llamada Revolución. La representación parlamentaria responde a esta estructura, matizada con algún que otro religioso, donde se confunde la militancia comunista con la pertenencia corporativo-estamental. El resultado es que una minoría de militantes comunistas, el 8% de los electores, o más o menos un millón de habitantes, se arrogan el derecho de representación de una sociedad diversa y plural de 11 millones. Dos anomalías cubanas en una: la definición ideológica del Estado y la dominación de la mayoría diversa por una minoría compacta dentro de una minoría difusa. En algún otro lugar lo formulé así: mientras la sociedad se descomuniza, el Estado se recomuniza.
El régimen de los Castro construyó una red de apoyos a nivel regional muy importante que le sirvió de sustento durante mucho tiempo a atravesar situaciones difíciles. ¿Cuál es el estado de esa red actualmente? Hago referencia a OEA, ONU, UE, CELAC etc. ¿La crisis de la Venezuela de Maduro cómo afecta a esta red?
Dos éxitos ha tenido el gobierno cubano a lo largo de estos 60 años en este campo: instalar la industria de la propaganda y, vinculada a ella, desarrollar una burocracia, meticulosamente trabajada, en política exterior. Aquí son casi funcionarios prusianos. Ellas fueron concebidas y pensadas, eso sí, para un mundo fijo e inmutable, montado en el eje de la Guerra Fría, y que ahora muestran muchas dificultades para orientarse en un mundo cambiante, menos fijo. Y mutable.
Eso hace la diferencia según los contextos. Frente a la OEA, con todos sus mecanismos institucionales, su Carta Democrática y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la diplomacia cubana ha sido fallida. Por lo que el gobierno ha optado por darle la espalda aun cuando fue readmitido allí en 2010. El caso de la OEA es interesante porque quien fue expulsado en 1962 fue el gobierno, no el Estado. Sin embargo, por la importancia que en la OEA tienen las reglas democráticas y los derechos humanos, el gobierno cubano ha preferido no entrar ni siquiera para influirla desde dentro, teniendo la posibilidad de hacerlo dado que la OEA reconoce al Estado cubano.
¿Por qué? Más allá de la política hay una razón estructural clave: el gobierno cubano sabe que no puede tener éxito en los organismos internacionales que implican la cesión de soberanía democrática por parte de los Estados. Por eso ha tenido éxito y construido redes sólidas en la ONU, con todos sus organismos, la CELAC, que ha sido un intento malogrado de circunvalar y destruir a la OEA, con y dentro del ALBA y con otras organizaciones como el Movimiento de los No Alineados o el Grupo de los 77. Allí donde los Estados son los únicos actores legítimos, el gobierno cubano se siente y trabaja cómodo, casi vestido con polos.
Donde la lógica de los Estados prevalece, como en la ONU, el gobierno ha logrado desplegar una poderosa red de complicidades y apoyos, reforzada por la lógica de la Guerra Fría local y que ha podido internacionalizar a partir del conflicto que sostiene con los Estados Unidos en razón del Embargo. Donde la lógica de la soberanía, los derechos humanos y la ciudadanía se abre paso, el éxito de estas redes es menor, como ha venido sucediendo en las diferentes Relatorías de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en las que el gobierno viene confrontando serios obstáculos para imponer su agenda, visión y narrativa.
Hay otro tipo de redes más informales que han sido más exitosas: las redes de tipo ideológico retroalimentadas (Foro de Sao Paulo) por el mito eternizado de la llamada Revolución Cubana y por el antinorteamericanismo global de narrativa también mítica: David contra Goliat. Estas redes siguen gozando de buena salud y proporcionan excusas y narrativas para cubrirle las espaldas internacionalmente al gobierno cubano, dentro de organismos y acuerdos globales en los que las exigencias democráticas y de respeto a los derechos humanos son parte de las reglas. Ahora mismo la Unión Europea y Cuba avanzan en un mecanismo de Diálogo Político y de Cooperación que incluye principios y cláusulas democráticas y de derechos humanos. Pero en la práctica estas se suspenden como durante mucho tiempo estuvieron suspendidos los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton. En ambos casos, la suspensión de las exigencias democráticas o de las sanciones están concebidas con el mismo propósito: potenciar el comercio y ofrecer salidas excusables al gobierno cubano. En este sentido, los intereses de la economía global funcionan como otra red de protección que el gobierno cubano se encarga de fortalecer desde la diplomacia y desde sus redes diversas de apoyo: en un caso vendiendo una cartera de inversiones a potenciales inversionistas, y por otro forjando alianzas contra el embargo con empresarios y legisladores estadounidenses. La estabilidad es un activo tan fuerte como la ideología. El empresariado y la izquierda carnívora coinciden en una red globalizada.
El régimen insiste con echarle la culpa al bloqueo de EEUU sobre todos los problemas que afectan al país. ¿Esto es así? ¿Qué balance hace de la gestión Trump con relación al tema Cuba?
La transferencia de la culpa por los fracasos estructurales ha sido un rotundo éxito de percepción por parte del gobierno cubano. Pero la percepción instalada no responde ni a la lógica ni a los hechos demostrables. Durante cerca de 30 años el gobierno cubano recibió más de 30.000 mil millones de dólares desde la ex Unión Soviética, lo que incluye transferencia de tecnología, parte de aquella condonada en 2018. En solo 17 años, recibió de Venezuela mucho más, alrededor de 40.000 millones. Al Club de Paris, Cuba le estaría debiendo 15 mil millones de dólares; al Club de Londres alrededor de 1,4 millones; 6 mil millones a China; 996 millones a Japón; 972 millones a Brasil; le debía, el 70% condonados, 486 millones a México, y a Argentina, esto por solo mencionar algunos acreedores, le está debiendo 1.9 mil millones de dólares.
El sitio Cubafacts.com, eliminado de la Internet desde 2016, ofreció un estimado de la deuda externa cubana por países desde 2010, que yo invitaría a consultar en otro sitio, foresightcuba.com, donde está disponible.
¿Por qué ofrezco todas estas cifras? Para mostrar en números que un país endeudado tiene problemas económicos por una de, o por todas estas razones. Por pésima administración, por una desorientada colocación de capitales o por incapacidad del modelo para generar rentas y ganancias a partir de la inversión facilitada.
En rigor, la mayor parte de esa deuda es comercial, lo que revela otro hecho bien conocido: Cuba ha comerciado con todo el mundo, excepto con los Estados Unidos; lo que tendría otra lectura si atendemos a la lógica argumental del gobierno cubano: o bien la relación comercial importante es con los Estados Unidos, en lo que coincidirían muchos países, o bien la relación comercial con el resto del mundo es conceptualmente marginal, con lo que no estaría de acuerdo nadie. En este segundo caso, el gobierno cubano estaría infravalorando la importancia y las potencialidades de la economía mundial en favor de los Estados Unidos, lo que se convierte de hecho en una manera de culpar a este último por el no pago de la sustanciosa deuda que Cuba tiene con la mayoría de los países. Es como decirle a Argentina que no le paga la deuda por culpa del embargo norteamericano.
Esto pone sobre la mesa otros puntos interesantes que tienen una implicación política e histórica. Se supone que la revolución cubana se hizo con dos propósitos orgánicamente vinculados: romper la dependencia histórica de los Estados Unidos y superar el modelo capitalista representado precisamente por los Estados Unidos. Culpar al enemigo histórico y al enemigo conceptual por los problemas que sobrevendrían en el futuro es como culpar a las peras por no parir olmos. A la larga, estaría significando que culpas al capitalismo por no alimentar al socialismo y al imperialismo por no sostener a la colonia. Todo un sinsentido que no deja de asombrar en toda su inmadurez política.
Ahora bien. Técnicamente no se puede achacar los problemas estructurales de la economía de un país a sus problemas comerciales con un segundo país. Porque, ¿cuál es el efecto político en la práctica? Estimular al adversario a que siga aplicando la receta.
Si el gobierno cubano se queja de los Estados Unidos, entonces Trump cree que fortaleciendo la política de acoso y derribo va a lograr sus objetivos. ¿Hasta dónde el embargo ha afectado la economía cubana? Hasta ninguna parte. ¿Hasta dónde el embargo ha impedido al gobierno cubano adquirir determinados bienes y servicios en los Estados Unidos? Hasta donde los norteamericanos lo han prohibido. Pero no poder adquirir determinados bienes y servicios en un país no implica daños a una economía si está en capacidad de adquirirlos en un tercer país. Para adquirir bienes hay que contar con recursos. Otra cosa es que no cuentes con recursos para adquirir bienes en ninguna parte.
Y aquí hay un dato curioso. La ley Helms-Burton contaba con dos tipos de excepciones. Una acaba de desaparecer, los Títulos III y IV, y la otra se mantiene: la posibilidad del gobierno cubano de adquirir en los Estados Unidos bienes preciados por la propaganda oficial: alimentos, medicinas y equipos médicos.
En realidad el Embargo no tiene alcance donde no puede afectar: en la estructura y matriz económica de Cuba, supuestamente orientada a y desde el socialismo, y no existe donde puede dañar: en la comercialización de bienes y servicios que están exceptuados de sanción.
Es cierto que las recientes políticas de Trump tienen efecto sobre la capacidad de la economía cubana por su impacto en el turismo, más recientemente sobre los suministros de petróleo venezolano, y sobre la disuasión a potenciales inversores. Pero esto solo pone en evidencia tanto los problemas estructurales del modelo económico como la incompetencia en el diseño de la economía y en la gestión de cuantiosos recursos manejados históricamente. También una falta de imaginación política. A la altura de 60 años, el diseño de la economía cubana debió contemplar una variable permanente en la política exterior estadounidense que viene desde los años 60 del siglo pasado, y que se convierte en ley desde 1996.
La crisis de la economía cubana es completamente endógena. Nada tiene que ver con el Embargo. Siempre recordaré que, hasta 1993, Fidel Castro sostenía la idea de que si el embargo no existía, habría que inventarlo. Constituía un hecho político de doble beneficio: alimentaba el nacionalismo duro, necesario para el control político interno, y sufragaba el liderazgo antimperialista global, de enormes réditos mundiales. Para Estados Unidos significa un gesto, inútil desde mi perspectiva, a favor de la democracia en Cuba.
¿Está preparada la sociedad cubana para un nuevo “período especial”, ese eufemismo oficial para llamar a una nueva etapa de escasez y crisis? ¿Hay que suponer que el escenario actual es un escenario de bonanza para los cubanos?
No. La sociedad cubana no soportaría otro período de recrudecimiento de su crisis endémica. Estamos acostumbrados a vivir con estándares normalizados de pobreza, pero si fuéramos llevados al límite de nuevo en una sociedad más abierta al mundo, y que ya acumuló la experiencia de los 90, se rompería el precario equilibrio social en el que vivimos.
Estamos en un escenario de bonanza potencial para los cubanos, que se vive como muestra en una elite. Y esa potencialidad es la que, por otra parte, no admitiría la repetición del ciclo. El dato esencial es que, de hecho, muchos cubanos no han salido del “periodo especial”, donde otros, los menos, se han beneficiado de las aperturas que se dieron por presión a partir de los años 90 del siglo pasado. Lo que nos dejaron esos años fue una latinoamericanización tardía de Cuba con una clara estratificación social donde se redistribuyen, concentran y ocultan las desigualdades en los estratos más bajos.
¿Qué balance hace del proceso de reforma de la Constitución? ¿Cumplió alguna expectativa de parte de la sociedad?
El balance es a largo plazo positivo. A corto, negativo. Positivo, no por el proceso de reforma en sí mismo, que se dio de espaldas a la ciudadanía, sino por lo que incorpora respecto de la Constitución anterior.
Esta es en muchos sentidos la Constitución de los 33, por el número de personas que actuaron como constituyentes no electos por el pueblo. En esencia es el Estatuto del partido comunista convertido por la fuerza del status quo en Ley fundamental. Lo interesante es que, en esa operación desde arriba, el partido comunista se vio obligado a ajustarse a los tiempos, e introduce en la Constitución una serie de derechos y garantías homologables con la mayoría de las constituciones de la región. Esto la hace una Constitución híbrida que en la medida que concede, retrocede. Ahora existe por primera vez el derecho a la manifestación pacífica, y también por primera vez el partido comunista se autoproclama de manera explícita como partido único.
Eso genera tensiones y contradicciones de orden constitucional que deben y pueden ser corregidas por la acción ciudadana, constitucionalmente legítima. En un nuevo contexto donde va creciendo poco a poco la cultura legal y constitucional de los ciudadanos. En este sentido la reforma constitucional desde abajo puede y debe comenzar donde terminó la reforma constitucional del partido comunista.
Estas contradicciones están teniendo ya una consecuencia escandalosa. Después de aprobada y puesta en vigor, la Constitución está dejando cada vez más claro que estamos entrando en un régimen de facto. Mejor dicho. La pretensión de seguir gobernando en nombre de la Revolución convierte al gobierno en uno anticonstitucional. De manera que su comportamiento los coloca ante el dilema de seguir siendo un régimen revolucionario, y por tanto ilegítimo, o convertirse en un gobierno legítimo desde su nuevo régimen constitucional, que no es el del Estado de Derecho, pero sí el del Estado de legalidad.
La nueva Constitución coloca en una situación bien compleja al gobierno. O la respeta, y entonces Cuba empieza a entrar en una nueva dimensión social y política, o la irrespeta. Justamente lo que está haciendo desde el 10 de abril cuando entró en vigor. Y que no la respete significa que ella contiene espacios interesantes, cuya concesión pone en serios problemas un concepto y referencia inconstitucional por excelencia: la hegemonía impuesta del partido comunista.
Flota a partir de aquí una pregunta: ¿puede el partido comunista cubano gobernar desde reglas? De la respuesta depende su pretendida legitimidad total. Una Constitución no es otra cosa que un conjunto de reglas. Como las del tránsito.
¿Y sobre la nueva ley electoral que nos puede decir?
Esta tensión se refleja exactamente en la nueva ley electoral. En términos democráticos supone un retroceso. Hay funcionarios en la línea de representación que serán propuestos desde la Presidencia: los/as gobernadores/as, máximos representantes de las provincias. En la vieja ley electoral se mantenía la ficción de que los máximos representantes en cada provincia, los/as presidentes/as de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, eran propuestos de entre los diputados al interior de las Asambleas mismas y votados allí. Ficción porque era y es el partido comunista en cada nivel quien toma la decisión definitiva, pero toda ficción abre un juego participativo que alimenta cierta ilusión democrática. Ficción e ilusión terminan, y siguiendo la vieja línea de acción de mandato imperial, el poder máximo designa ahora los poderes regionales, del mismo modo que ese poder máximo es designado desde más arriba. Todo lo demás es la ratificación de lo que se define en otra parte.
Este retroceso del proceso electoral, a contrapelo de la democratización electoral en todo el mundo, lo que no significa per se fortalecimiento de la democracia, se afianza con el mantenimiento de las Comisiones de Candidatura, que constituyen una usurpación de la soberanía en toda regla: un cuerpo nombrado en otro lugar, no propuesto, electo o votado por el soberano, lo sustituye en el proceso de proponer candidatos en los niveles más decisorios de poder.
El único avance en la nueva ley electoral es el de darle carácter permanente a la Comisión Nacional Electoral, que sigue supeditada a la Asamblea Nacional y la reducción del número de diputados que de 605 se reducirá a poco más de 400.
Lo peor de estas regresiones es que se producen en el mismo momento en el que se recupera parte del paradigma republicano. Luego de más de medio siglo, Cuba vuelve al modelo y a la figura del presidente de la República con régimen parlamentario. Y el paradigma republicano es inconcebible sin la idea de elecciones de casi todos sus funcionarios y de voto popular directo. Regresar a la República y limitar la electividad de funcionarios es casi una contradicción en los términos, que se hace acompañar de otra más: el mismo órgano, la Asamblea Nacional, que elige Primer/a Ministro/a es el que elige Presidente/a de la República, vaciándola doblemente: por totalización ideológica y por falta de legitimidad popular. Como la Constitución, la nueva ley electoral exige una renovación. También desde abajo.
¿Qué les diría a los que todavía insisten o creen qué en Cuba hay una democracia porque hay elecciones periódicas?
Primero que las elecciones periódicas no son aquí elecciones libres. Segundo, que en unas elecciones democráticas se requieren otras condiciones que hacen a la democracia, porque también las elecciones pueden secuestrar a la democracia, como ha sucedido en Venezuela. Tercero, que no se debería confundir elecciones con votaciones. Las primeras exigen cierto grado de pluralidad, las segundas no. Cuarto, que hoy por hoy una democracia requiere integralidad: soberanía ciudadana activa, participación plural, transparencia informativa, participación de medios de prensa plurales y diversos, observación electoral reconocida, reconocimiento y respeto a las minorías, observancia de las libertades fundamentales reconocidas y respetadas, e imperio de la ley. Nada de eso existe en Cuba.
¿Cómo imagina una transición democrática en su país? ¿Qué escenario de mínima y de máxima imagina?
La imagino como un proceso gradualmente inclusivo de actores plurales a través de reformas y canales institucionales y constitucionales, basado, fundamentalmente, en la soberanía y participación ciudadanas. Esta inclusión gradual se acompaña de otros procesos: deliberación ciudadana y pública, y posibilidad de expresión también pública del disenso.
Le doy más importancia a la transición institucional y constitucional que al diálogo mismo, que ha sido un componente esencial en muchas transiciones pacíficas a la democracia, porque una democratización exitosa debe enfatizar los pilares más sólidos de cualquier democracia: la cultura y la base institucional del proceso. Los diálogos, necesarios como son, tienden por si solos a fortalecer los pactos de elite, imprescindibles desde luego para los climas de confianza y tolerancia que demanda una transición, pero insuficientes para la estabilidad de la democracia misma.
Lo que hacemos desde la Propuesta2020 es potenciar los factores institucionales y constitucionales de la transición junto a la acción de cambio.
El escenario de máxima: elecciones libres, democráticas, pluralistas y con observación internacional a partir del reconocimiento constitucional al pluripartidismo. La escala temporal de los escenarios depende de la combinación de factores presentes y de los diseños estratégicos que se hagan. Un escenario máximo puede iniciarse como un planteamiento específico dentro de un escenario de mínimas. La trasparencia de objetivos puede empezar a movilizar actores desde cualquier fase inicial.
Usted recorre el continente cómo un líder de la oposición política. Conoce muchos países de la región. ¿Cuál ha sido el costo para Cuba y sus ciudadanos al perder el rumbo democrático?
El costo ha sido altísimo. En todos los campos. Se suele decir que en 1959 Cuba tenía un alto nivel de desarrollo en América Latina, solo por detrás de Argentina. Se ilustra esto con la paridad cambiaria de la época, casi uno a uno con una ligera tendencia al alza respecto del dólar estadounidense. A mí me gusta ilustrarlo con otro dato: las reservas monetarias de Cuba en 1959 eran de 552 millones en dólares de la época.
Culturalmente perdimos también. Cultura como modos de percepción y comportamiento, con su reflejo en las conexiones cívicas de la sociedad, y cultura como expresión y creación estéticas. La pérdida no se debería medir por lo que tenemos, todo a pesar del régimen, sino por lo que era posible, todo gracias a nuestra tradición.
Como experimentación de modelos hemos perdido mucho más. Estamos transitando del capitalismo al capitalismo habiendo perdido infraestructura y known how económico, gracias a la aplicación de un modelo de subdesarrollo deliberadamente elegido por un grupo de mentalidad y actitudes premodernas en nombre del socialismo.
Hay capacidad intelectual potenciada en ciertas áreas del conocimiento: la medicina es el ejemplo, pero esta capacidad solo refleja las potencialidades que se perdieron en otros campos. La arquitectura es mi carrera frustrada y cuando uno mira la planta arquitectónica acumulada en Cuba, no solo en La Habana, tiende a pensar en lo que nos perdimos.
El enfoque del rumbo democrático perdido con el que comienza la pregunta me parece sutil e importante. Cuba nace por y para la libertad. No es una nación primero étnica que luego se moderniza. Es lo contrario. Nace con un rumbo claro hacia la democracia en la que las prácticas económicas, cívicas, culturales y políticas se van corrigiendo en contraste con sus ideales y valores: tolerancia, inclusión, diversidad, pluralidad, prosperidad, respeto, democracia y pluralismo son los ideales que marcan el rumbo, con independencia de nuestras prácticas muchas veces contrarias a los ideales fundacionales.
Justo lo que ocurrió a partir de 1959 fue una inversión: las prácticas contrastantes que ejercíamos en el duro bregar histórico hacia aquellos ideales, se convirtieron en los valores. La intolerancia, el irrespeto, la incivilidad, la exclusión y la pobreza como virtud han llegado a ser hoy por hoy los ideales. La práctica tradicional elevada al rango de valor-país y de valor-nación.
La consecuencia ha sido una incapacidad para completar nuestro proyecto de nación, perdiendo en el proceso el proyecto de país que sí teníamos. Nación y país no son la misma cosa, como se sabe, y ambas dimensiones viven hoy su momento de mayor precariedad.
Y último pero no por último, perdimos el rumbo hacia un patriotismo republicano que venía reequilibrando sus déficits nacionalistas y que a estas alturas nos habría llevado al punto de balance necesario: un nacionalismo endógeno, algo propio de las islas políticas, aunque geográficamente somos un archipiélago, suavizado por la condición abierta de Cuba, la modernización de ciclo veloz que siempre nos caracterizó y la diversidad cultural de raíz occidental que está en el fundamento constitutivo del país. La gracia y tolerancia del cuerpo que tanto fascina a los extranjeros que nos visitan es reflejo de una mezcla y tolerancia interior a la cultura, distorsionada por un modelo político y cultural impuesto.
Cuba no es excepcional en el Caribe y en América Latina, acaso solo diferente en un hemisferio conformado por las diferencias. Lo excepcional en Cuba es la corrupción de un modelo monárquico instalado a contrapelo de nuestra tradición cultural. Este exotismo político tiene una expresión anticonstitucional: el partido único y la referencia icónica y extravagante a dos extranjeros en un texto que se pretende cubano.
Pero está claro que Cuba camina al reencuentro de Cuba. A retomar su rumbo democrático. Dolorosa pero inevitablemente.
Manuel Cuesta Morúa. Nació en La Habana el 31 de diciembre de 1962. Se graduó en Historia en la Universidad de La Habana en 1986. Trabajó con otros activistas y organizaciones en la recogida de 35 000 firmas para la elaboración de una Carta de Derechos y Deberes de los Cubanos en 2003. Actualmente, junto a otras organizaciones y ciudadanos, coordina la Plataforma Nuevo País, una alternativa plural basada en el ciudadano que busca refundar el proyecto de nación y el modelo político cubano.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
