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11J, ¿Qué implican las sanciones de Biden?

Las consecuencias de las manifestaciones vividas el #11J aún persisten no solo en Cuba, también en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden decidió poner en marcha una serie de sanciones a varios funcionarios del gobierno cubano, las primeras medidas coercitivas fueron impuestas -luego de varias reuniones entre funcionarios norteamericanos- el 21 de julio por medio de un comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense Se declaró que, tanto el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Alvaro Lopez-Miera, como el comando “Boinas Negras” que es dirigido por él “han incurrido en graves abusos de los derechos humanos”.

Las sanciones que fueron implementadas desde el Departamento de Tesoro se amparan en la “Ley global Magnitsky”, de responsabilidad por los derechos humanos, esta es una herramienta legal que permite al presidente estadounidense imponer sanciones a ciudadanos que cometan violaciones contra los derechos humanos o actos de corrupción.

En el caso de Cuba fue impuesta para prohibir al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a los miembros del comando viajar hacia Estados Unidos, y también congelar los activos de quienes están acusados de crímenes contra los derechos humanos.

Pese a que pueden parecer graves sanciones, al analizarlas en profundidad, estas son moderadas, ya que no es frecuente que los funcionarios cubanos realicen actividades financieras con norteamérica, como lo menciona él Observatorio de Complejidad Económica del Instituto de Massachusetts. Las principales interacciones financieras y comerciales de Cuba se dan con otros países como China, Rusia, España, Italia y otros. Por último, la prohibición de ingreso se aplica sólo a quienes fueron sancionados, el resto de los ciudadanos pueden viajar con normalidad. Desde la Casa Blanca los voceros anunciaron que estas medidas eran las primeras que tomaría el presidente, fue también el mismo Biden quien por medio de un comunicado advirtió tanto al presidente de Cuba Díaz-Canel como al resto de mandatarios del mundo que estas sanciones serían “solo el comienzo”.

Como era de esperarse, nuevas sanciones no tardaron en aparecer, el pasado 13 de agosto la administración de Joe Biden anunció nuevamente a través de un comunicado del Departamento del Tesoro sanciones contra dos funcionarios, esta vez fueron Romarico Vidal Sotomayor García y Pedro Orlando Martínez Fernández, ambos pertenecientes al Ministerio del Interior de Cuba. También se implementaron sanciones a las Tropas de Prevención Del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de la cual García es jefe, y a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el jefe de esta unidad es Fernández. Sobre estas nuevas medidas Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros sostuvo en el comunicado que “El Departamento del Tesoro seguirá señalando a quienes permitan al gobierno de Cuba perpetuar los abusos de los derechos humanos contra manifestantes pacíficos”.

De ambas rondas de sanciones -tanto las implementadas en julio como agosto- al examinarlas con un poco más de detenimiento, podemos deducir que en principio estas apuntan hacia algo más profundo que una mera limitación financiera o de viaje -que, como ya mencionamos, aplicada a la realidad es moderada- es más bien una exposición política muy específica de los funcionarios y grupos de las fuerzas armadas que amedrentaron a los ciudadanos que se manifestaron el #11J con abusos de las fuerzas de seguridad como encarcelamiento arbitrario, juicios por causas ficticias y violencia -no solo física sino también psicológica- .

El recurso de polarización de una problemática no es nuevo para Estados Unidos, pero si hace repensar si la influencia de una sola potencia es suficientemente para ser replicado por otros Estados.

Cabe destacar que estas sanciones sí son una notable muestra de apoyo hacia los ciudadanos cubanos, que pasaron por violentos episodios impartidos por la MINFAR, PNR, los boinas negras u otra unidad de fuerza. Son muchos los casos de cubanos que por salir a manifestarse terminaron presos y otra parte de esos manifestantes hasta el momento de redactar este artículo continúan desaparecidos. De esto y de todos los actos de violación a los derechos humanos el único autor y responsable es el propio Estado cubano bajo la administración del Partido Comunista dirigido por Raúl Castro y Diaz-Canel.

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