Entender a la democracia como un concepto integral para el actuar político tanto de la clase gobernante como de la misma ciudadanía, es uno de los grandes desafíos para muchos Estados de corte republicanos. Más aun, la participación política es hoy una de las variables que más debería preocupar en aquellos en los que la democracia es una exigencia moral. Ese es uno de los más grandes impedimentos para su plena consolidación, así como también lo está siendo los distintos casos de corrupción en la clase política. Pero, ¿falta de participación y altos niveles de corrupción serán dos variables aisladas?
A punto de cumplir 18 años de democracia ininterrumpida, Perú afrontó: la dimisión de un Presidente; el involucramiento de otros dos en la causa Odebrech; y el suicidio de otro, imputado por presunta comisión de lavado de activos.
Para poder tener en cuenta la realidad del Estado peruano, hay que reflexionar sobre muchas cuestiones que lo caracterizaron a lo largo de su historia. Desde su constitución soberana, se caracterizó por la inestabilidad de su sistema político y la continua y constante irrupción de los procesos democráticos.
Estos procesos forjaron una debilidad institucional que, aún hoy, se encuentra presente en la realidad política e institucional peruana. El principal síntoma (y mas profundo) de esa debilidad es la corrupción. No solo por sus implicancias legales al tratarse de algo ilícito, sino también, por el impacto que genera en la cultura política influyendo, de manera directa, en la percepción ciudadana en cuanto a la confianza en el sistema político y sus componentes.
Números que hablan por si solos
Antes de las elecciones presidenciales del 2006, los indicadores de satisfacción y apoyo democrático eran los más bajos de Latinoamérica. Este dato se arrojado en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2006) sobre la democracia en Perú, nos muestra que el 70,6% de los encuestados decía que “actualmente en Perú la democracia existe pero funciona mal”, y el 24,4%, que “no existe o que no vivimos en democracia”, y sólo el 5% decía que “existe y funciona bien”.
Luego de las elecciones y tras el triunfo presidencial de García, en el reporte de octubre de ese mismo año, el reporte que realizó Latinobarómetro, mostró un aumento exponencial de aprobación saltando del 16% al 57,3%. Aún así, la confianza en el Gobierno sigue por debajo del promedio continental con 37% y lo mismo ocurre con el 42% de confianza en el Presidente sin especificar el nombre.
Pero el contexto actual es mucho más complicado
En el año 2016, la empresa brasilera “ Odebrecht”, admitió ante la justicia norteamericana el pago de $29 millones de dólares en sobornos durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), el recientemente fallecido Alan García Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Sobornos que también estuvieron acompañados de donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos, como presuntamente ocurrió con Keiko Fujimori, quien desde noviembre está en prisión preventiva.
El revuelo causante de estas declaraciones, fue de gran impacto para la dimensión política: La revelación de los vínculos de Odebrecht con Kuczynski provocó en marzo de 2018, su salida del sillón presidencial ante la presión del fujimorismo, que también denunció una presunta compra de votos de parlamentarios para intentar evitar su destitución.
Por otro lado, el más reciente hecho acontecido fue la decisión de suicidarse del ex mandatario García, tras la decisión de la justicia de detenerlo por supuestos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
El impacto de los fenómenos de corrupción “Lava Jato” y “Odebrecht”, constituyó un pendiente de la clase política para con sus propios ciudadanos.
El círculo vicioso de la corrupción, parecería no tener fronteras partidarias, o más bien como expresó el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (“AMNLO”) en Twitter, para lamentar el suicidio del ex presidente de Perú, su alegato a la corrupción como la “nueva peste del mundo”.
No cabe duda que en el actual panorama, es complicado pensar en el ejercicio democrático del poder al tratarse de una situación en que la autoridad de los que mandan está comenzando a erosionar. Por otro lado, también nos lleva a cuestionar no solamente el por qué de su actuar, sino también el rol que cumple la ciudadanía en esta situación. Porque “ser ciudadano” no se agota en el acto electoral, ya que la participación política de diversos sectores en la toma de decisiones políticas, es la acción que permite dar un tinte democrático a un sistema político.
¿Será la falta de voluntad del sujeto de ocupar la cosa pública, el más importante de los problemas de raíz que hacen que la corrupción sea una problemática generalizada? ¿No es acaso al mismo tiempo la corrupción promotora de ese desinterés por la participación, al comenzar a predominar la percepción del apolitismo como virtud? Múltiples interrogantes podrían seguir surgiendo, pero una cosa es clara: la democracia sin ciudadanía, no existe.
Estudiante de Relaciones Internacionales.
Universidad Católica de Santiago del Estero.
