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Las marchas en Cuba, una forma de expresión cada vez más frecuente

Las protestas contra el gobierno son ilegales en Cuba y todas las demostraciones públicas deben ser aprobadas y organizadas por el mismo. Históricamente, esta forma de expresión sólo fue válida para el gobierno al momento de celebrar el aniversario de la revolución cubana de 1959, para mostrar su descontento con Estados Unidos, su principal enemigo, y una manifestación anual por los derechos de la comunidad LGBTI organizada por una entidad gubernamental. Sin embargo, son cada vez más las manifestaciones que se llevan a cabo en la isla por grupos independientes. Este fenómeno podría estar adjudicado al cambio de gobernante y a la apertura, parcial, de las comunicaciones a través de internet, que permite una mayor libertad de expresión.  

Pese a que a lo largo de los años distintos grupos opositores obtuvieron el permiso para realizar manifestaciones, como el movimiento disidente Las Damas de Blanco (formado por esposas y familiares de presos políticos) quienes marchan todos los domingos después de concurrir a misa, no es lo más usual. En su mayoría, las manifestaciones llevadas a cabo por grupos independientes, sobre todo si son en contra del gobierno y los “principios revolucionarios”, terminan con la intervención de las fuerzas de seguridad. Esta tendencia parecería empezar a revertirse muy lentamente a partir de este año con la asunción de Miguel Diaz-Canel como presidente.

Este cambio de nombre, y no necesariamente cambio de régimen, trajo, en un principio, un nuevo aire a Cuba. Si bien que el apellido Castro no esté más al frente del gobierno no significa que nos encontramos con el fin del gobierno comunista cubano y el fin de la revolución, sí podemos ver una pequeña apertura política. En los últimos meses se liberó parcialmente el acceso a internet y tuvo lugar la primera marcha independiente autorizada por el gobierno. Aunque estas son buenas noticias, no debemos dejarnos engañar por pequeños gestos y tenemos que ver el panorama ampliado de la situación. 

Tan sólo en los últimos 12 meses podemos mencionar cuatro protestas que tuvieron lugar en La Habana que marcan un cambio en el paradigma de las manifestaciones en el país. Las dos primeras, que tuvieron lugar a mediados de 2018, tienen un tinte político muy marcado, siendo un reclamo directo al gobierno, mientras que las otras dos tratan temas sociales y tuvieron lugar durante este año. 

En primer lugar, en agosto de 2018, una agrupación de músicos contestatarios lanzó una canción como forma de protestas contra un decreto gubernamental. El decreto 349 regula la actividad artística hasta en el ámbito más privado, funcionando como mecanismo de control y censura por parte del Estado. El documento establece nuevos delitos en materia de política cultural, sobre la presentación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte, también pone más limites a los trabajos de artistas. Esta forma de protesta fue la que tuvo mayor impacto en los medios, pero no fue la única. Algunos artistas tomaron las calles para mostrar su descontento, como lo hizo la curadora Yanelis Núñez Leyva, quien se cubrió con excremento humano frente al capitolio exclamando “aquí la cultura cubana está siendo pisoteada” y remarcando la importancia del debate luego de que un grupo de artistas fuera arrestado por manifestarse de forma pacífica en el mismo lugar. Los activistas culturales, Iris Ruiz y Amaury Pacheco, también formaron parte de ese grupo de artistas y fueron los principales coordinadores de las campañas contra el decreto. Aunque se realizaron diferentes marchas y manifestaciones en contra de esta iniciativa, no fue suficiente y el documento entró en vigor en septiembre de ese año. En este caso podemos ver como estos actos comenzaron a tener más lugar en la escena política, más allá de no haber obtenido los resultados deseados. 

La segunda manifestación a la que voy a hacer referencia está relacionada con la nueva Constitución de la República de Cuba. Entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre de 2018 se llevaron a cabo debates populares para discutir la reforma constitucional, la cual incluía en su artículo 68 la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, definiéndolo como “la unión voluntaria consensuada entre dos personas, sin especificar el sexo”. Esta modificación despertó un gran debate entre los distintos sectores de la sociedad, con campañas a favor, por parte del colectivo LGBTI, y en contra, lideradas por la iglesia católica y los evangelistas. En este contexto se dio lo que podríamos llamar una guerra de carteles entre ambos bandos. Todo comenzó cuando cinco congregaciones religiosas cubanas publicaron una serie de afiches donde se mostraban imágenes de una pareja heterosexual con dos hijos alegando que ese es el “diseño original de la familia como Dios la crea”. En respuesta, muchos cubanos activistas usaron las mismas imágenes, pero dándoles una vuelta más, mostrando no sólo parejas conformadas por dos personas de distinto sexto, sino también por personas del mismo sexo e incluso de más de dos personas con el lema “estoy a favor del diseño cubano, una familia muy original”. Esta oposición a la propuesta por parte de los religiosos generó un gran descontento en el sector que lucha por este derecho y se produjeron diferentes protestas. Nuevamente, a pesar de un gran esfuerzo por parte de la sociedad civil y algunos sectores dentro del gobierno por realizar el cambio, el proyecto avanzó sin el articulo 68. 

Directamente relacionado con esta temática, el 11 de mayo de 2019 se produjo en La Habana una marcha de la comunidad LGBTI reclamando “por una Cuba diversa”. Fue convocada por activistas independientes a través de las redes sociales, participaron un centenar de activistas y es considerada la protesta más grande realizada en Cuba sin autorización del gobierno desde lo sucedido en Maleconazo en 1994. En palabras de Luz Escobar, periodista independiente y fundadora del diario digital 14 y medio, “nunca antes se había organizado la sociedad civil de manera espontánea y exitosa”. Entre los participantes no solo había miembros de la comunidad LGBTI, también brindaron su apoyo simpatizantes y familiares de los manifestantes. Este acontecimiento es una consecuencia de la cancelación de la “Conga Cubana contra la Homofobia y la Transfobia”, primero alegando la crítica situación económica del país y luego argumentando que elementos opositores al sistema pretendían deslucir la esencia de la manifestación, que era organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), el cual es dirigido por Mariela Castro Espín, hija del expresidente Raúl Castro Ruz. La determinación de suspender el evento llegó a menos de un mes de que se proclamara la nueva constitución de Cuba, la cual dispone de un referendo en menos de dos años para definir el matrimonio igualitario. Al no ser autorizada por el gobierno, que la consideró un acto disidente e ilegal, los manifestantes sufrieron las represiones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.  

El acceso a internet permitido por el gobierno durante los últimos meses fue una herramienta con doble utilidad. Por un lado, sirvió como plataforma para convocar y difundir la manifestación de manera espontánea y sin estar asociada a una figura concreta, de esta manera es una convocatoria de la masa que lucha por los derechos de la comunidad LGBTI y es más difícil para el gobierno identificar al líder para poder poner un freno. Por otro lado, se usó para denunciar y cuestionar lo sucedido con las fuerzas de seguridad, la represión y los arrestos. Así lo hizo la activista gay Mirna Rosa Pabón, quien fue de las primeras en llegar al Parque Central, “si la palabra marcha hace ruido, vamos a caminar, a pasear en este día que se supone era la Conga. Nos suspendieron la Conga, pero no el derecho a expresar, en paz y sin violencia, que queremos que se nos respete”. También Yasmani Sánchez Pérez, uno de los organizadores de la manifestación quien fue encarcelado por las fuerzas de seguridad declaró “queremos demostrar al mundo que somos un grupo que pelea por sus derechos y exige que nuestras garantías sociales se den y se otorguen. Necesitamos nuestros derechos constitucionales honrados”. 

Por último, el 7 de abril de este año (día del perro en Cuba), tuvo lugar la primera marcha independiente autorizada por el gobierno. A pesar de ello, fue vigilada por efectivos de la policía. Ese día, los Cubanos en Defensa de los Animales (CEDA) pedían por una ley de protección animal. Al igual que la ley por el matrimonio igualitario, las autoridades dicen estar trabajando, pero nunca llegan a concretarse. Podríamos decir que es un pequeño paso hacia la libertad de expresión, pero no todo es lo que parece. Es irónico que la primera marcha independiente autorizada fuera para pedir por los derechos de los animales y no por los derechos humanos y reclamar por la violación de estos por parte del castrismo. La incógnita es ver si podría ser el inicio de este tipo de eventos y permitirá pedir por mayores libertades, o si es una estrategia del gobierno para mostrarse más abierto y democrático, pero sin dejar de marcar los límites y las temáticas a abordar. De acuerdo con el medio de comunicación Diario de Cuba, el funcionario que autorizó la marcha fue destituido el 21 de abril, por lo tanto, en un principio, me inclinaría por la segunda opción. 

Estas cuatro manifestaciones muestran el forcejo de la sociedad civil con el régimen castrista por sus derechos. Pese a que vemos mínima evolución en cuanto a la libertad de expresión en ciertos aspectos, en muchos otros esta brilla por su ausencia. Queda en evidencia que el oficialismo está dispuesto a autorizar manifestaciones pacificas que no sean organizadas por el gobierno pero que depende enormemente del tema a abordar. En los dos primeros casos se opuso firmemente, hubo arrestos e intimidaciones, al ser áreas donde flaquea y no puede permitirse ese tipo de demostraciones. En cambio, en temas sociales y que puede controlar con facilidad, se lo ve más dispuesto a aceptar que la sociedad civil se proclame a favor de algo en público, eso sí, en un determinado encuadre. 

Por el lado de la sociedad civil, esta adquirió una herramienta muy valiosa en los últimos meses, que es internet y el uso de redes sociales. Nada está 100% libre de injerencia del Estado, pero, a pesar de eso, los cubanos pueden organizarse y expresarse de una manera sin precedentes. El acenso de estas plataformas a nivel mundial demostró ser de gran utilidad para combatir los regímenes en Estados dictatoriales o autoritarios, el caso más resonante fue el de la primavera árabe en 2011, y Cuba no es la excepción. Si bien la penetración de internet fue mucho más lenta que en el resto del mundo, alcanzó un escalón sin retorno, generando un espacio autónomo. 

Entonces, en este tire y afloje entre el gobierno y la sociedad civil hay mucho en juego. Miguel Díaz-Canel autoriza marchas independientes y el acceso a internet en los hogares, pero con muchas restricciones dando una falsa sensación de apertura. La sociedad civil puja por obtener cada vez más libertad de expresión y reclama por sus derechos humanos. La gran pregunta es qué lado de la balanza pesa más. Por lo expuesto a lo largo del escrito, creo que la apertura, tanto social como política, es inevitable y los ciudadanos de la isla tienen cada vez más recursos para hacerla posible. Es el momento de aprovecharlos al máximo para lograr el quiebre y cumplir su meta. 

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