Los casos de Cuba, Nicaragua o Venezuela dejan claro que elecciones y democracia no son sinónimos. En los regímenes autocráticos también se celebran elecciones, ya sea para purgas internas o para dar la apariencia de un proceso democrático ante actores locales y foráneos.
En el caso de Cuba, este 2022 ha sido un año electoralmente especial. Comenzó con una consulta popular sobre el Código de las Familias celebrada entre febrero y abril, siguió con el referendo para su aprobación el pasado 25 de septiembre, y continúa con las elecciones a delegados para las asambleas municipales del poder popular, la instancia asamblearia en la que, al menos en teoría, cualquier persona puede postularse.
La primera vuelta se celebrará el 27 de noviembre, y la segunda el domingo 4 de diciembre, en los casos de aquellas circunscripciones en las que ningún/a candidato/a hubiera superado el 50% de los votos válidos.
De acuerdo a la Ley Electoral (2019) el paso previo a esta instancia son las asambleas de nominación. El Consejo Electoral Nacional (CEN) anunció el pasado 17 de octubre y con solo cuatro días de anticipación que estas se celebrarán entre el 21 de octubre y el 18 de noviembre. De ellas deben resultar las/os candidatas/os que se elegirán el 27 de noviembre.
Entre las particularidades del sistema electoral cubano está el hecho de que no hay campaña electoral tal y como se conoce en otros países, incluso en los autocráticos. Esto responde en gran medida a que se trata de un régimen de partido único, por lo que no hay competencia. En vez de campaña, lo que sucede es que “una vez nominados los candidatos a delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular, se exponen sus fotos y biografías en lugares públicos por un período no menor de quince (15) días, previo al día de las elecciones”. Esto deja en manos de las comisiones de candidaturas, controladas por las organizaciones de masas que responden al Partido Comunista de Cuba, la elaboración de las biografías. En los raros casos en los que ha habido postulaciones de personas independientes o no alineadas al gobierno, las biografías han sido diseñadas para desacreditarles. Por ejemplo, en el año 2015 logró postularse Hildebrando Chaviano, reconocido por no estar identificado con el gobierno. Su biografía decía “…pertenece a grupúsculos contrarrevolucionarios… escribe para sitios financiados por organizaciones radicadas en el extranjero que también financian sus viajes”.
Aunque la legislación establece que cualquier persona “que cumpla los requisitos establecidos” puede ser postulada en las asambleas de nominación, lo que dice la experiencia es que el gobierno cubano, a través de las organizaciones de masas subordinadas al Partido Comunista de Cuba (PCC) y/o de la Seguridad del Estado, no permiten que las personas independientes consigan postularse.
De acuerdo a Leandro Querido en “Así se vota en Cuba”, en el proceso electoral de 2017-2018 “para impedir la postulación y selección de candidatos independientes de diferentes organizaciones de la sociedad civil a delegados a las asambleas municipales entraron en acción los representantes de ‘las organizaciones políticas, sociales y de masas’ afines al gobierno cubano, y los organismos de seguridad. Entre las acciones emprendidas se contabilizaron hechos que fueron desde no informar con oportunidad y anticipación las fechas de celebración de las asambleas de barrio hasta la utilización de la amenaza e intimidación, y campañas de descrédito, logrando que muchos de los aspirantes se inhibieran de asistir y/o proponer sus nombres. En el caso de los ciudadanos que decidieron seguir adelante con sus aspiraciones, apesar de las presiones e intimidaciones, fueron objeto de la acción de los organismos de seguridad del gobierno que los seguían, perseguían e incluso secuestraban, llegando inclusive a utilizar para ello las citaciones policiales, la privación arbitraria de la libertad por varias horas, obstáculos para su libre tránsito y cerco en sus casas, y hacerse presente en los sitios donde se realizaban las Asambleas de Nominaciones, logrando su propósito de intimidar a los electores, con el fin de que se abstuvieran de votar por los candidatos independientes”.
Según Manuel Cuesta Morua, integrante del Consejo para la Transición de Cuba (CTC) y que en ese momento lideraba la plataforma #Otro18, “ninguno de los candidatos más visibles pudo postularse, aunque algunos mantuvieron el anonimato y de esos todavía no sabemos. La posibilidad de que se midieran en las urnas fue intervenida por el Estado. No se les permitió asistir a la asamblea, las autoridades convirtieron la asamblea en acto de repudio e implicaron a algunos candidatos en procesos penales”.
Por su parte, el coordinador de la plataforma opositora Candidatos por el Cambio (CxC), JulioAntonio Aleaga Pesant, luego de que cerraran las asambleas de nominación informó “que de los 650 candidatos independientes (entre su plataforma, #Otro18, el Partido Autónomo Pinero y otros) monitoreados ‘ninguno logró ser nominado’.”
Para dejar claro que se trata de una estrategia implementada desde lo más alto del poder, recordemos que en el 2017 y ante la aparición de distintas organizaciones que pretendían postular candidatos independientes, el actual presidente Miguel Díaz Canel, en aquel momento ejerciendo el cargo de primer vicepresidente, expresó: “seis proyectos que están orientados a las elecciones del 2018, que buscan postular a gente contrarrevolucionaria como candidatos a delegados al Poder Popular para que puedan salir delegados. Si salen delegados, llegan a la Asamblea Municipal (…) Sería una manera de legitimar dentro de la sociedad civil a la contrarrevolución (…) ahora estamos dando todos los pasos para desacreditar eso”.
La organización Observadores de Derechos Electorales (ODE), denunció que durante las asambleas de nominación pudieron documentar “violencia política expresada en causas penales, amenazas, regulaciones de salidas del país para impedir la participación en talleres de capacitación en materia electoral brindadas por la cooperación internacional, visitas a tribunales electorales de diversos países de América Latina, reuniones de incidencia con parlamentarios. Decomiso de la propia Ley Electoral, a quienes servían de facilitadores del conocimiento dentro de la Isla como parte de la Incidencia local. Impedimento por diferentes vías de la participación de los candidatos independientes el día previsto para la realización de las asambleas, incluso de que pudieran salir de sus casas. Además, anticiparon repentinamente las fechas del desarrollo de las Asambleas de Nominación, al conocer de la ausencia temporal de algunos de los aspirantes independientes, quienes se encontraban fuera del territorio nacional por amenaza a su seguridad física. También fueron acosados e intimidados dentro de los centros de trabajo o estudios, lo cual fue extendido a sus familiares. Y la utilización del chantaje, porque a muchos se les dijo que de insistir en presentarse se les impediría viajar fuera del país. Agrega que según informaciones brindadas por las tres organizaciones de la sociedad civil que pretendían participar en los comicios electorales contaban con 650 posibles candidatos.”
Dados estos antecedentes, queda claro que más allá de lo que establece la legislación, en la práctica el régimen cubano impide la participación política de las personas independientes, y resguarda todas las instancias de representación a aquellas que son fieles al PCC y a sus intereses.
Por lo tanto, y salvo alguna apertura extraordinaria por parte del régimen, o de una estrategia exitosa de candidatos independientes para no ser identificados en las asambleas de nominación, es de suponer que los electores y las electoras que asistan a las urnas el próximo 27 de noviembre se encontrarán en la boleta a candidatos/as que hayan pasado el filtro de la lealtad al partido.
