La crisis de institucionalidad democrática en Bolivia es un tema de gran relevancia y preocupación para diversos analistas y expertos. En la última edición de la revista #DDA de DemoAmlat, Sandra Verduguez, José María Paz y Claudia Teran, abordan aspectos clave de esta problemática, destacando puntos en común que subrayan la gravedad de la situación en el país.
Los autores coinciden en que la falta de transparencia y la politización de los procesos judiciales y electorales son factores determinantes que afectan la confianza pública y la legitimidad de las instituciones gubernamentales, socavando no solo la legalidad de las decisiones tomadas, sino que también pone en duda la imparcialidad y la equidad de los procesos.
La percepción de que estos poderes están controlados por intereses políticos particulares disminuye la confianza de los ciudadanos en la democracia y en la capacidad del gobierno para actuar en beneficio del bien común.
Participación Ciudadana y Derechos Civiles
Otra preocupación compartida es la vulneración de la participación ciudadana y los derechos civiles. La democracia se fundamenta en la participación activa de los ciudadanos en los procesos políticos y en la garantía de sus derechos. Sin embargo, coinciden en que en Bolivia estos principios están siendo erosionados.
La participación ciudadana se ve limitada por prácticas que desalientan la libre expresión y el ejercicio pleno de los derechos civiles, lo que resulta en un debilitamiento de la democracia.
En el artículo “La preselección de magistrados judiciales y las deficiencias que afectan a la institucionalidad democrática y al Estado de derecho”, Sandra Verduguez se refiere al viciado proceso de preselección de magistrados judiciales en Bolivia, señalando las irregularidades y acusaciones de violaciones a la Constitución que caracterizan este procedimiento.
Además, destaca la importancia del papel de la veeduría ciudadana, que ha sido crucial en la identificación de estas deficiencias y en la lucha por una mayor equidad y transparencia en el proceso de selección de magistrados, una veeduría que ha trabajado arduamente para poner en evidencia las falencias y presionar por cambios significativos que puedan garantizar una selección más justa y transparente.
Por otro lado, Verduguez pone de relieve la escasa participación de mujeres en el proceso de preselección de magistrados, enfatizando la necesidad de mayor inclusión y respeto a los criterios de equidad de género.
Por su parte, José María Paz, en su artículo “Sufragio universal para elegir a las altas cortes en Bolivia: un ejemplo de lo que no se debe hacer”, hace hincapié en la elección de jueces de altas cortes en Bolivia impulsada por el Movimiento al Socialismo (MAS) mediante el sufragio universal, lo que ha generado controversia y problemas de independencia judicial. Históricamente, los jueces eran nombrados por el “rodillo” parlamentario, asegurando su lealtad al gobierno de turno.
Para el autor, la Constitución de 2009 intentó democratizar el proceso, pero resultó en una mayor falta de independencia judicial, con candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa, a menudo manipulada por el partido de gobierno.
Las elecciones judiciales de 2011 y 2017 reflejaron la desconfianza pública, con una mayoría de votos nulos o blancos. Esta desconfianza, junto con la judicialización de la política, ha permitido al poder judicial ser utilizado para perseguir opositores, socavando la democracia.
Para mejorar, José María Paz sugiere renovar las cortes parcialmente y elegir jueces por méritos, experiencia y conducta intachable, en lugar de por sufragio universal.
Por otra parte, la autora del artículo “Elección judicial en Bolivia, ante la urgencia de cumplir con los estándares de Derechos Humanos”, Claudia Terán, destaca problemas como la retardación procesal, hacinamiento carcelario, corrupción judicial y persecución política. Estas deficiencias han demostrado el fracaso de la reforma constitucional de 2009 que estableció la elección de magistrados por voto popular.
Organismos internacionales de derechos humanos han señalado la falta de independencia judicial como un problema estructural y han recomendado a Bolivia reforzar la autonomía e imparcialidad de jueces y fiscales.
Para Terán, que el Tribunal Constitucional Plurinacional haya exigido que la preselección sea regulada por una ley aprobada por una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, demuestra la falta de criterios claros y la discrecionalidad en la evaluación de candidatos por lo que se cuestiona la imparcialidad del sistema judicial.
Además, manifiesta que la dilación en el proceso, afecta los derechos a votar y participar en asuntos públicos.
Para ahondar en estos temas, los invitamos a leer la última edición de la revista #DDA de DemoAmlat.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
