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Resumen Semanal #21 del Observatorio Legislativo de Cuba

¿Qué dejó el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX Legislatura?

Como mencionamos en el último reporte semanal del Observatorio Legislativo de Cuba, el parlamento sesionó por primera vez en lo que va del año 2020. En este proceso se ratificaron 25 Decretos-Leyes aprobados por el Consejo de Estado (órgano facultado para sesionar y adoptar decisiones durante los periodos de receso de la ANPP), entre ellos el Decreto-Ley No. 31 de Bienestar Animal y las legislaciones relacionadas al trabajo por cuenta propia.

En un debate limitado en términos de criterios y argumentos, también se trataron los proyectos pendientes según el cronograma legislativo previsto: Ley de los Tribunales de Justicia, sobre la actualización de normas que regulan las tareas de la actividad judicial relacionada con la organización de tribunales, su jurisdicción y competencia, requisitos de los magistrados y demás jueces, como los procesos para su elección y revocación; El Código de Procesos,  de acuerdo al tratamiento de los procedimientos para la tramitación y solución de los asuntos en materias civil, familiar, mercantil, del trabajo y la seguridad social; Ley del Proceso Administrativo, establece los principios que rigen el proceso administrativo; y por último, Ley del Proceso Penal, adaptándose a las disposiciones de la reciente Constitución, pretende consolidar el orden interno a partir de la garantía y la protección de derechos. 

Además se presentaron una serie de denuncias en contra de “acciones subversivas impulsadas por el gobierno de los EEUU” asumiendo que los medio hegemónicos han reproducido información que pretende difamar la situación en cuanto a la represión y detenciones arbitrarias.

Otro punto que mencionamos fue el cuasi irónico homenaje al personal de salud, siendo que tanto médicos como ciudadanos reclamaron por meses una mejora en el servicio y en la dotación de insumos para los tratamientos. 

Pero, como no podía ser de otra manera, el parlamento evidencia la estrecha participación del Partido Comunista de Cuba en los asuntos públicos. En primer lugar, el parlamento decidió respaldar y acompañar la Actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026 y  la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, ambos aprobados durante el 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba. Asumiendo además que se trata de “documentos cruciales para el devenir futuro de la nación”. Esta tarea habría sido encomendada durante el 8vo Congreso del PCC y reafirma el carácter de “dirigente superior de la sociedad y del Estado” otorgado en la Constitución del 2019. 

Por otra parte, en su discurso de clausura del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura, Miguel Diaz Canel rindió cuentas sobre su gestión al frente del régimen y apuntó nuevamente contra quienes, a su juicio, buscan desestabilizar el orden público. 

En cuanto a la pandemia, el presidente afirmó que “se han ejecutado significativos gastos en exceso al presupuesto para enfrentar la COVID-19, la protección de los trabajadores y de la población en general”. Paradójicamente, ante un aumento en los casos de Covid-19 los médicos reclamaron en reiteradas oportunidades a través de redes sociales y medios no oficiales la mejora en las condiciones de trabajo en los hospitales. A cambio, algunos de estos médicos fueron removidos de sus centros de trabajo. Además, justificó en ello el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y electricidad, asumiendo que esos recursos fueron puestos a disposición para hacer frente a la pandemia. Estimó que “tan solo en servicios de salud y material gastable en la atención a la COVID-19, se invirtieron unos 300 millones de dólares”. 

Siguiendo las líneas de la denuncia contra “acciones subversivas impulsadas por el gobierno de los EEUU”, Díaz-Canel aseguró que “el Gobierno de los Estados Unidos utiliza sin pudor los privilegios de los que disfruta su Embajada en nuestro país”, que “funcionarios diplomáticos estadounidenses se reúnen frecuentemente con los cabecillas contrarrevolucionarios. Les brindan orientación, estímulo, apoyo logístico y de manera directa o indirecta financian sus actividades”. Lejos de considerar la posibilidad de un pueblo cansado de las arbitrariedades del régimen, decidido a movilizarse por sus derechos, el régimen continúa apelando al entrometimiento de Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba. 

Dada la proximidad a la marcha del 15N convocada por el grupo Archipiélago para exigir el cese de la violencia en la isla, no sorprenden las palabras de Díaz-Canel al referir que: “Una manifestación deja de ser pacífica en el momento en que los participantes acudan a ella con la intención de alterar la normalidad de la vida comunitaria, la paz social, con la pretensión de subvertir el orden constitucional y posicionarse como discrepancia al socialismo, y más aún, cuando todo ello se hace siguiendo un guión conectado con los intereses políticos de un gobierno extranjero que mantiene hace seis décadas una guerra económica contra nuestro país”. En busca de deslegitimar la convocatoria y criminalizar a quienes tengan la intención de participar.

Por último, reconoció el trabajo realizado mediante las consultas especializadas para el desarrollo del Código de las Familias que será llevado a referendo legislativo. Sin embargo, cabe resaltar que en la conformación de la comisión de trabajo no fueron convocados los miembros y activistas de la comunidad LGBTQ+, una rama fundamental en lo que será la aplicación de este código. Por ello, distintos movimientos cubanos enviaron a través de las consultas una serie de consideraciones y sugerencias que esperan ser incluidas en el proyecto que se presente a la Asamblea.

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