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La Inequidad como Factor Electoral

La desigualdad socioeconómica ha sido uno de los factores fundamentales que explica las últimas convulsiones políticas, resultados electorales y escenarios futuros en las próximas campañas electorales en América Latina, Estados Unidos de América, y Europa. El año 2019 estuvo caracterizado por movilizaciones sociales y protestas masivas en contra de modelos económicos excluyentes en países como Ecuador, Chile, y Colombia. Igualmente, en Bolivia, Puerto Rico, y Perú el reclamo ciudadano se canalizó en contra de la desigualdad de oportunidades de participación política representada en un partido hegemónico, corrupción generalizada, y la partidocracia respectivamente.

Las primarias presidenciales del Partido Demócrata en Estados Unidos para definir qué candidato enfrentará a Donald Trump tiene como uno de sus principales protagonistas a Bernie Sanders quien con un discurso reivindicativo en favor de los trabajadores y la clase media americana polariza el escenario político contra el 1% más rico que concentra la riqueza en el país. Siguiendo la misma lógica, el ascenso de alternativas populistas y nacionalistas de diferentes vertientes ideológicas en Europa como el Frente Nacional y la Francia Insumisa en el país Galo, Podemos y Vox en España, Syriza en Grecia, o UKIP en Inglaterra representan una reacción frente a la globalización que ha generado asimetrías económicas, migratorias, culturales, financieras, y comerciales.

Por consiguiente, posicionar a la inequidad socioeconómica y política no solo como un problema de política pública nacional, regional e internacional; sino como un factor transcendental en los procesos electorales que se avecinan es indispensable. Ergo, este reconocimiento no es tema ideológico o doctrinario en favor de la ‘izquierda’, la socialdemocracia, el socialismo del siglo XXI y en desmedro del capitalismo, la ‘derecha’, o el liberalismo dado que estas tendencias políticas han demostrado ser idénticamente ineficaces para resolver este problema estructural. Las causas y los efectos político-electorales de la inequidad no son ideas abstractas sujetas a debate, sino hechos incuestionables.

Por ejemplo, según OXFAM el 1% de la humanidad concentra tanta riqueza como el 99% restante, 10 empresas del mundo obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de 180 países juntos, 100.000 millones de dólares anuales pierden los países en vías de desarrollo por razones de elusión y evasión fiscal. Además, según el Banco Mundial, América Latina tiene 8 de los 10 países con mayor desigualdad a nivel global, el 20% más rico de la población en países como Colombia, Brasil y México concentra más del 50% de la riqueza, y la región en promedio tuvo 0,54 de Índice GINI en 2018.

Por lo tanto, las organizaciones y líderes políticos que no canalicen sus discursos, propuestas, y estrategias electorales en torno a la desigualdad social, económica y política están condenados a jugar un rol testimonial en las próximas contiendas electorales. Sin embargo, la inequidad como factor político-electoral puede ser configurado a través de dos vertientes con consecuencias diametralmente opuestas en términos de respeto a los derechos humanos, vigencia de un sistema democrático, y prosperidad económica.

La primera alternativa se centra en la construcción de un enemigo político que es posicionado como el responsable de la inequidad socioeconómica y política. Esta construcción populista puede ser de derecha como bien lo ha demostrado Bolsonaro al estigmatizar a las minorías étnicas, los migrantes y la globalización. O, en su defecto, de izquierda como el Kirchnerismo que volvió al poder con un discurso anti-FMI, anti-oligárquico, y contra el capital financiero nacional e internacional ‘vende patrias/gorilas’. Esta vertiente claramente propone como solución al nacionalismo o chauvinismo para hacer frente a las desigualdades estructurales de la globalización.

En contraposición, la alternativa política y electoral que debe ser construida debe sustentarse en generar instituciones, políticas y acuerdos tanto nacionales, regionales, como internacionales para gobernar la globalización. De esta manera, se promoverá la consolidación de sus beneficios económicos, comerciales, y tecnológicos; así como el control y regulación de sus efectos más dramáticos como es la desigualdad de oportunidades. Solamente a través de la construcción de una globalización inclusiva las alternativas políticas democráticas podrán hacer frente a los extremismos chauvinistas y antiglobalistas en un contexto de inequidad estructural.

Finalmente, la vigencia del respeto a los derechos humanos, las libertades, de la democracia liberal, el Estado de derecho y la prosperidad económica recae en reconocer a la desigualdad como un problema político y plantear soluciones reales. Si las fuerzas democráticas, especialmente en América Latina que es una región caracterizada por democracias inestables, ignoran o ceden este problema a los extremismos les estarían entregando la clave electoral para acceder al poder. En consecuencia, los cimientos civilizatorios, anteriormente mencionados, que son las bases sobre los cuales se asienta cualquier proyecto para salir del subdesarrollo seguirían en eterna disputa. Esto último ha sido una de las causas históricas que explican la pobreza, desigualdad y precariedad institucional en la región más inequitativa del mundo.