Las constituciones, en su esencia, están diseñadas para ser los documentos fundamentales que garanticen los derechos de los ciudadanos y regulen el poder de los gobiernos. Sin embargo, en contextos autoritarios, las modificaciones constitucionales pueden ser utilizadas como herramientas para legitimar la represión y violar sistemáticamente los derechos humanos. En lugar de proteger las libertades, estas reformas otorgan al Estado mecanismos legales para sofocar la disidencia y consolidar el poder en manos de una élite gobernante.
Uno de los ejemplos más recientes y evidentes de esta práctica es el caso de Cuba, donde la Reforma Constitucional de 2019, en lugar de expandir los derechos y libertades, reforzó el control del régimen sobre la sociedad cubana.
Como se analiza en el artículo «Cuba: Reforma constitucional y derecho a la manifestación» de Hilda Landrove, disponible en la nueva edición de la revista #DDA de DemoAmlat; la nueva Constitución incluyó derechos que, en la práctica, no han sido implementados o regulados de manera efectiva, mientras que otros artículos, como la cláusula de irrevocabilidad del socialismo, otorgan al gobierno justificación legal para reprimir cualquier intento de cambio político.
El reconocimiento del derecho a la manifestación en el Artículo 56 de la Constitución cubana parecía ser un avance hacia una mayor libertad de expresión y protesta. Sin embargo, la falta de una ley que regule este derecho ha permitido al gobierno interpretar términos como «orden público» de manera discrecional, utilizando este vacío legal para reprimir las manifestaciones pacíficas, como las del 11 de julio de 2021. La ambigüedad del concepto de «seguridad colectiva» ha sido usada repetidamente para sofocar la oposición y criminalizar a aquellos que intentan ejercer sus derechos.
Las consecuencias de reformas constitucionales con fines represivos.
Cuando las constituciones se modifican con fines represivos, los ciudadanos quedan desprotegidos y los derechos humanos se ven gravemente vulnerados. Algunas de las consecuencias más comunes de estas modificaciones son:
- Legitimación de la violencia estatal: Reformas como la cláusula de irrevocabilidad del socialismo en Cuba otorgan al Estado una licencia para reprimir violentamente cualquier forma de protesta o disidencia.
- Desaparición de espacios de participación política: En estos contextos, los derechos a la manifestación, la libertad de expresión y la participación política se convierten en meras formalidades, ya que la ley se utiliza para restringirlos y no para protegerlos.
- Criminalización de la oposición: Las modificaciones constitucionales permiten al Estado castigar a los opositores políticos bajo cargos fabricados, como «desorden público» o «sedición», convirtiendo cualquier acto de protesta en un delito grave.
- Consolidación del poder en manos de una élite: Estas reformas eliminan cualquier posibilidad de alternancia en el poder, garantizando que un grupo reducido de personas mantenga el control del Estado sin tener que rendir cuentas a la ciudadanía.
La Reforma Constitucional de 2019, lejos de ofrecer una verdadera apertura hacia más libertades, ha servido como un escudo para que el gobierno cubano continúe ejerciendo su control totalitario. Al consagrar términos ambiguos como «orden público» y «seguridad colectiva», la Constitución permite al régimen reprimir la disidencia bajo el manto de la legalidad. La cláusula de irrevocabilidad del socialismo refuerza aún más este control, cerrando cualquier posibilidad de reforma democrática.