Balance Electoral 2024. Pros y contras de las elecciones en América latina

Por Leandro Querido

El calendario electoral 2024 se ha cerrado en América latina con muchos ingredientes para el análisis. Se han implementado elecciones bajo regímenes no democráticos, en democracias imperfectas, con problemas de debilidad institucional, o sólidas, pero con contextos de alta polarización. Tomamos once elecciones entre generales, consultas populares, locales y judiciales. Entre ellas contemplan alrededor de 335 millones de personas habilitadas para votar. Por lo tanto, dado todo el material que tenemos a disposición para el análisis seleccionaremos un punto a favor y un punto en contra a los efectos de ser sintéticos.

Antes de listar por orden las elecciones describamos el contexto mundial. No son pocos los índices que miden la salud de las democracias que advierten sobre una recesión democrática. Es el caso del informe de Latinobarómetro 2023 por ejemplo, en donde se sostiene que “Las quejas por opciones, pluralidad y soluciones no se expresan verbalmente, pero sí lo hacen en el malestar hacia la política, el alejamiento de los partidos, el abstencionismo, el voto nulo y blanco, y la alternancia en el poder. La recesión de la democracia en tantos países deja a la región vulnerable y abierta a más populismo y regímenes no democráticos y retrasa el proceso de consolidación de las democracias”.

A la falta de resultados en materia de gestión se le debe agregar un contexto de debilidad que es permeable a la presión autocrática de Rusia, China e Irán. Estos actores impulsan una suerte de sharp power que terminan siendo el apoyo determinante para hacer viables las alternativas no democráticas, como lo son los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. 

Pero empecemos con las elecciones. El calendario electoral de 2024 comenzó con la elección general de El Salvador del 4 de febrero. Aquí nos encontramos con uno de los desafíos más grandes para la gobernanza electoral: ¿cómo implementar una elección en un contexto en donde una figura política es abrumadoramente popular y esa situación desmorona a todo el sistema político tradicional, con el sistema de partidos dentro de éste? La Justicia no pudo frenar la efervescencia popular y la Corte Constitucional habilitó a Bukele a ir por otro mandato. No es nada fácil hacer una elección en un escenario tan desequilibrado, en donde se produjo una “cancha inclinada” de hecho, consecuencia de este trasfondo que describimos, el de una popularidad que actúa como un tsunami contra las instituciones preexistentes. Nayib Bukele superó el 84% de los votos, le sacó una diferencia de 79% al candidato opositor del histórico partido del FMLN. El último bipartidismo de América latina reunió apenas el 11% de los votos (el FMLN obtuvo el 6%, y ARENA el 5%). 

El aspecto positivo a destacar se relaciona con la implementación de tecnología para mejorar la participación electoral de los salvadoreños que residen en el exterior, una forma concreta de restituir derechos políticos en un país que obligó a marcharse a muchos ciudadanos por faltas de oportunidades. Con decisión, el Tribunal Supremo Electoral implementó, por un lado, un sistema de voto remoto por internet, por el otro, uno por internet, pero con puestos fijos de votación en el exterior. La participación creció exponencialmente, de 3 mil ochocientos electores en 2019 se pasó a 560 mil. Un porcentaje impresionante si tomamos en cuenta que los niveles de participación en las elecciones generales arañaron el 54% del registro electoral. Esto nos lleva a pensar si El Salvador no podría transformarse en el país del voto electrónico por internet, es decir, trasladar la experiencia del voto en el exterior a todo el país. Otro aspecto positivo ha sido la presencia de misiones internacionales de Observación Electoral. Los negativos los hemos mencionado, un deterioro del estado de derecho relacionado con el intento del gobierno de recuperar el control del territorio a manos del crimen organizado, lo que llevó a la implementación de un estado de excepción.

También en Centroamérica, a principios de marzo, se hicieron las elecciones regionales en Nicaragua, donde Daniel Ortega, un histórico referente de la izquierda de América latina, llevó al país a un régimen dictatorial aún peor que el del propio Anastasio Somoza. Elecciones sin garantías, sin observación electoral internacional, en un contexto de violación a los derechos humanos y represión. Transparencia Electoral ha elaborado un reporte a distancia en donde se concluyó lo siguiente: que el proceso electoral regional se encuentra viciado y al servicio del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que controla totalmente al Consejo Supremo Electoral; que este organismo no es neutral. Las elecciones en Nicaragua están viciadas por la falta de transparencia e imparcialidad del CSE desde 2008; los partidos políticos que participan del proceso no tienen posibilidades de ganar una elección. Que estos participan en el proceso electoral regional como colaboradores del FSLN. En otras palabras, son partidos satélites que encubren un fraude electoral evidente. En definitiva, la situación electoral ha sufrido un deterioro tan alarmante, entre otras causas, por la calidad del padrón electoral, el control absoluto del FSLN a lo largo y ancho del sistema electoral, desde la cedulación hasta cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). En este país, no existe ningún mecanismo ni organización (todos fueron eliminados) que vaya a auditar el proceso electoral regional. Nicaragua se encuentra a la deriva autoritaria y hoy el gobierno es una ficha en el tablero mundial de China y Rusia, ha perdido todo vestigio de soberanía política gracias a la ausencia de elecciones auténticas e íntegras. Desde 2006 hasta la actualidad Nicaragua ha pasado de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo a secas. Todo este pasaje se encuentra reflejado en el libro del académico nicaragüense y ex preso político José Antonio Peraza, “Así se vota en Nicaragua”, libro que puede descargarse de manera gratuita en versión e-book.

La siguiente elección se realizó en Ecuador, el 21 de abril y se trató de un referéndum y una consulta popular relacionada con la crisis de seguridad que atraviesa el país. Lo interesante para resaltar es que el Consejo Nacional Electoral hizo una nueva elección en tiempo récord confirmando su capacidad institucional para dar respuestas desde la gobernanza electoral a las crisis políticas recurrentes en el país relacionadas con la “muerte cruzada” decretada en mayo de 2023 por el presidente Guillermo Lasso, que en los hechos implicaba la disolución de la Asamblea y una convocatoria a elecciones generales y, luego, como agravante, se perpetró el magnicidio del candidato Villavicencio en plena campaña electoral ocurrido en agosto de ese mismo año. La autoridad electoral pudo dar respuesta ante un escenario de mucha gravedad institucional. 

El 5 de mayo se llevaron a cabo las elecciones generales en Panamá. Con el 77% de participación, obtuvo la presidencia José Raúl Mulino con el 34% de los votos, candidato del ex presidente condenado por corrupción Ricardo Martinelli. Esta elección ha pasado inadvertida desde el punto de vista técnico, lo cual habla bien de las autoridades electorales del país centroamericano. 

Unos días más tarde, el 19 de mayo, se realizaron las elecciones generales en la República Dominicana. Aquí uno no puede dejar de resaltar el inmenso trabajo que en materia de fortalecimiento institucional democrático ha hecho este país ubicado en una isla que comparte con un estado fallido como Haití. Elecciones libres, autoridades idóneas, competencia multipartidaria y resultados confiables y respetados. Parece fácil lograr esto, pero no lo es, si no miremos a otra isla que está a unos pocos kilómetros de distancia, Cuba, en donde desde 1959 se ha tomado un rumbo distinto y desde esa fecha hasta ahora no se ha producido ni una elección democrática dado que ha optado por un régimen totalitario de partido único que llevó a este país a una crisis total y hoy se encuentra en una larga agonía y decadencia. La República Dominicana y Cuba son dos países que deberían despertar interés en los especialistas que utilizan el método comparativo, y entre los aspectos a comparar, el capítulo de la institucionalidad democrática debería ser uno de los más destacados. ¿Qué debería estar en la agenda de la autoridad electoral dominicana para las próximas elecciones? Sin dudas la respuesta pasa por evaluar la implementación de iniciativas que aumenten la participación electoral. En las elecciones generales pasadas la participación apenas llegó al 54% del registro electoral.   

En México el panorama no ha sido el mejor. El 2 de junio se realizaron unas mega elecciones para elegir presidente, senadores y diputados en un contexto de violencia política que a esta altura parece que se ha naturalizado. Según el Informe sobre Violencia Política del Laboratorio Electoral se trató de las elecciones más violentas de la historia de México. Esto ha afectado al sistema electoral desde muchos aspectos siendo uno de los más importantes el de la participación electoral; según el informe mencionado “En los 17 municipios donde registramos la mayor cantidad de agresiones, hubo una disminución promedio de 7% en la participación respecto de la elección de 2018. La mayor reducción la tiene La Concordia, Chiapas con -38,57%, y el mayor aumento Guanajuato, Guanajuato con 10%”. El saldo en materia de crímenes políticos es estremecedor, se registraron asesinatos de 13 candidatos, 17 precandidatos y 11 aspirantes durante el proceso electoral.

Este tema no ha sido abordado ni por las autoridades electorales, ni por las fuerzas de seguridad, ni por el gobierno federal. En cambio, la agenda de la gobernanza electoral se abocó a temas de menor significancia con respecto a este. Además, de este tipo de violencia se registró otra a la que podríamos denominar violencia institucional. Esta ha sido caracterizada por dos situaciones, una de ellas por la prepotencia y el avasallamiento del poder ejecutivo en lo que respecta a su vínculo con la autoridad electoral. En sus apariciones matinales el presidente Andrés Manuel López Obrador acosó de modo reiterado al ex titular del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero este acoso no ha sido solo discursivo, a través de una política de ahogo presupuestario se puso en entredicho el funcionamiento de los organismos electorales locales denominados OPLES. Otra situación de notoria violencia institucional se vinculó con la utilización de recursos públicos para apoyar a la candidata del partido de gobierno y ahora presidente Claudia Sheinbaum. En definitiva, se terminó imponiendo una cancha inclinada que afectó seriamente la competitividad del proceso electoral y que recuerda a etapas pasadas en donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era el partido dominante que obturaba la competencia partidaria genuina.  

De México nos vamos a Venezuela. El 28 de julio se desarrollaron una de las elecciones presidenciales más trascendentes de este país. Sin riesgo a equivocarme podemos asegurar que se trató del fraude electoral más rudimentario que se haya realizado en la historia contemporánea de América latina. En Bolivia 2019 intervinieron servidores fantasmas para manipular los resultados a través del sistema de totalización de datos, algo un tanto más sofisticado, en esta oportunidad el Consejo Nacional Electoral sólo anunció los resultados a través de la lectura de un papel realizada por parte del titular del organismo Elvis Amoroso. Una desprolijidad pocas veces vista. Los resultados oficiales sostenían que Nicolás Maduro había obtenido el 52% de los votos y el candidato opositor, Edmundo González el 43%. Todo esto sin respaldo documental de ningún tipo. La presión fue creciendo y toda la comunidad internacional democrática exigió sin suerte que el CNE mostrará las actas que emiten las máquinas de votación. En el medio de este escándalo la oposición pudo superar un clima de represión y violación de derechos humanos, presentarse en cada mesa de votación instalada en el país, y hacerse de las actas en algo más de un 80% del total. Se trató de un trabajo de control electoral partidario de ribetes épicos. Este caso deberá ser estudiado en un futuro cercano porque el control electoral partidario es un aspecto trascendental de los procesos electorales y en muchas ocasiones los partidos no lo pueden ejercer incluso en sistemas abiertamente democráticos. En el caso de Venezuela, a través de un liderazgo extraordinario como el de María Corina Machado, se logró convocar a muchos ciudadanos a los llamados “comanditos” y desde allí y jugándose la vida pudieron hacerse de ese valioso documento que es el acta de escrutinio de mesa y mostrarle al mundo el escandaloso fraude que se había perpetrado. En el portal creado por la oposición se digitalizaron las actas de los comicios y los resultados han sido muy diferentes a los oficiales: Edmundo González obtuvo el 67%, con 7.119.768 votos, frente al 30% con 3.225.819 votos de Nicolás Maduro.

Transparencia Electoral elaboró un reciente Informe sobre los 20 años del voto automatizado en Venezuela y allí se destaca que “las características de este sistema han cobrado relevancia ya que gracias a su trazabilidad y auditabilidad la oposición democrática ha desmontado la narrativa oficial y demostró en tiempo récord la victoria contundente de Edmundo González a través de la publicación del 83% de las actas de escrutinio”.

El 6 de octubre se realizaron las elecciones municipales en Brasil. Se trató de unas elecciones muy importantes dado que se definió el control del territorio. Se eligieron los prefeitos (alcaldes o intendentes) de 5569 municipios. 

Si bien hay datos positivos como por ejemplo un aumento del porcentaje de candidatos indígenas y mujeres que han sido elegidos como alcaldes, también se han registrado muchos hechos de violencia y, además, todavía la autoridad electoral federal no ha reconstruido su vínculo institucional con partidos de la oposición, puntualmente con el partido Liberal del ex presidente Jair Bolsonaro. Este vínculo fundamental que debe tener toda autoridad electoral con todos los partidos que integran el sistema de partidos se ha roto con hechos de público conocimiento cómo el desempeño de Alexander de Moraes en el caso Lula, quien estando, este último, procesado y condenado por corrupción se le otorgó la elegibilidad luego de un proceso judicial muy poco prolijo. Desde ese momento y luego de los resultados de la última elección presidencial, con intentos de toma de Congreso en Brasilia incluido, el vínculo institucional entre la máxima institución electoral federal y uno de los principales partidos políticos se encuentra aún roto. En un sistema electoral en donde se utiliza un instrumento de votación que no emite respaldo físico la confianza institucional es fundamental, por lo tanto, en la agenda del TSE de Brasil debería estar la prioridad de reconstruir la relación con los partidos políticos y asumir un rol menos protagónico y sesgado. En la jerga futbolística se dice con sabiduría que el mejor árbitro es el que al cumplir su función lo hace de manera desapercibida. 

Veinte días después en América del sur se realizaban otras elecciones municipales, en este caso en Chile. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países en los que se vota un día domingo, en Chile las autoridades vienen implementando desde la pandemia una votación desarrollada en dos días. En este caso se votó el sábado 26 de octubre y el domingo 27. Se eligieron los representantes, alcaldes y concejales, de las 345 municipalidades que conforman el país. Pese al nivel de violencia que se advirtió en el estallido de 2019 Chile aún conserva esa institucionalidad democrática consolidada en la etapa post pinochetista. Al igual que en Brasil la lectura política que se hace luego de estos resultados es que los partidos de gobierno de izquierda han hecho malos desempeños. Desde el punto de vista procedimental esta elección se encuadra en el historial de elecciones de un país que supo tomar el camino del fortalecimiento institucional, con muy buenos niveles de participación, sin exclusión de candidatos, con un árbitro imparcial y con buenas condiciones de competitividad. 

Para ir cerrando el cronograma electoral nos encontramos con las elecciones presidenciales de Uruguay, uno de los países que lideran el Índice de Democracia de The Economist. 

Como nos tiene acostumbrado este país se dio un nuevo escenario de alternancia política sin sobresaltos. Yamandú Orsi, del Frente Amplio, será el próximo presidente. En una segunda vuelta se impuso por poco margen sobre el candidato del partido Nacional, Álvaro Delgado por 4 puntos porcentuales, 49% a 45%.

Cada vez que uno analiza este proceso electoral nos surge una pregunta: ¿un sistema electoral que funciona no es susceptible de cambios y reformas? Uruguay ha implementado algunas reformas. Una de las más importantes se realizó en los 90, cuando determinaron las elecciones internas para definir candidato único a la presidencia, implementar la segunda vuelta y separar las elecciones de los cargos nacionales con los departamentales. Todo parece indicar que fueron buenas reformas. Por lo tanto, el razonamiento de “no tocar nada porque todo funciona” es relativo. Quizá este país se deba una reforma electoral, que sobre la sólida base en la que reposa el sistema electoral, busque modernizar algunos aspectos del mismo. Igualmente, Uruguay tiene lo que falta en el hemisferio: alternancia, competitividad, una cultura política que penaliza a los violentos, una autoridad electoral confiable, partidos con identidad, libertad de prensa y expresión y una ciudadanía activa y movilizada. No es poca cosa en el marco recesivo democrático que caracteriza al mundo.

Por último, tuvimos las elecciones judiciales de Bolivia del 15 de diciembre. El hecho de elegir a los jueces a través de elecciones fue un recurso impuesto por un Evo Morales presidente que quería eliminar el estado de derecho y la división de poderes. Aprovechando el control del proceso electoral que tenía su partido, el MAS, decidió trasladarlo al Poder Judicial. Es la misma razón por la cual AMLO en México implementó una iniciativa similar: controlar la justicia a través de una maquinaria electoral entre hegemónica y dominante. Claro, los tiempos cambiaron y ahora Bolivia no se encuentra en 2009, cuando en el mejor momento de Evo Morales se reformó la Constitución para imponer estos cambios. Desde ese momento se hicieron tres elecciones, 2011, 2017 y la que estaba prevista para 2023 se hizo recién en diciembre de 2024. El Informe de Transparencia Electoral denominado “Elecciones Judiciales en Bolivia: no hay democracia sin justicia” da cuenta de un nivel de rechazo del 78%, compuesto por algo más de un 20% de abstención, un 15% de voto en blanco y un 42% de voto nulo. Además, el 76% de las candidaturas estaban ligadas al partido oficialista y esta misma organización partidaria movilizó a electores durante la jornada electoral. El resultado ha sido el descrédito de la Justicia a partir de la extrema partidización. Esta última elección se realizó en un contexto muy complejo, con una pugna violenta entre dos facciones del oficialismo, con la dura disputa entre el ex presidente Morales y el actual presidente Arce, y como si fuera poco una crisis económica caracterizada por la escasez de combustible, gas y divisas. La ciudadanía boliviana le ha dado la espalda a esta elección.

Mientras tanto, entre medio de todas estas elecciones, el Consejo Electoral Nacional de Cuba ha realizado elecciones en distintos municipios para reemplazar bajas en los Consejos Municipales y Provinciales. No hay información oficial al respecto, pero se sospecha que el trasfondo de estas sustituciones tiene que ver con las masivas deserciones de los propios adherentes al régimen y con las purgas internas que hay en muchos distritos en donde han sufrido la crisis energética y alimentaria.

Concluye así un recorrido, no exhaustivo, pero sí representativo, por lo que ha sucedido en materia electoral en América latina. Así se mueve el hemisferio, con distintas velocidades y en distintas direcciones, a veces con marcados retrocesos y otras veces con imperceptibles avances. Así es la naturaleza de la gobernanza electoral. Cuesta mucho construirla, con poco se la lesiona.  

Referencias

1. Informe Latinobarómetro 2023, “La recesión democrática en América latina”. 
2. Chaguaceda, Armando y la influencia de Rusia en www.demoamlat.com https://demoamlat.com/dossier-rusia-en-latinoamerica-miradas-expertas-a-una-grave-coyuntura/ 
3. China y Latinoamérica: influencia autoritaria y resiliencia democrática. Gonzalez Marrero, Claudia y Chaguaceda, Armando. GAPAC, 2024. http://gobiernoyanalisispolitico.org/china-y-latinoamerica-influencia-autoritaria-y-resiliencia-democratica/
4. ¿Cómo opera Irán en América latina? Informe de Diálogo Político, 2024 https://dialogopolitico.org/agenda/iran-america-latina/ 
5. Uno de los estudios preliminares sobre este fenómeno ha sido elaborado por el National Endowment for Democracy y publicado en 2017: https://www.ned.org/sharp-power-rising-authoritarian-influence-forum-report/
6. Informe de Transparencia Electoral sobre Elecciones Regionales Nicaragua 2024. https://transparenciaelectoral.org/blog/informe-preelectoral-elecciones-regionales-nicaragua-2024/ 
7.  Informe Final Violencia Electoral en México, proceso electoral 2023, 2024. Laboratorio Electoral. https://laboratorioelectoral.mx/leerdocumento/Informe_Final_de_Violencia_Electoral_en_Mexico_Proceso_2023-2024
8.  Informe de Transparencia Electoral sobre los 20 años del voto automatizado en Venezuela. https://transparenciaelectoral.org/blog/transparencia-electoral-presenta-el-informe-20-anos-del-sistema-automatizado-de-votacion-en-venezuela/ 
9. Informe de Trasparencia Electoral Elecciones Judiciales en Bolivia: no hay democracia sin justicia. https://transparenciaelectoral.org/blog/elecciones-judiciales-en-bolivia-no-hay-democracia-sin-justicia/