La marcha convocada para el 15 de noviembre por el movimiento “Archipiélago” intentó ser llevada a cabo pese a la prohibición impuesta por el gobierno de Miguel Diaz-Canel, quien el mes pasado declaró a la marcha como presuntamente ilegal.
Desde el movimiento “Archipiélago” se enviaron desde diferentes ciudades solicitudes al Gobierno[1] para realizar una marcha pacífica, en ellas se detalló el motivo de la marcha, en la cual se pediría más respeto a los Derechos Humanos y libertad para los presos políticos “en pos de la resolución de nuestras diferencias de la manera pacífica y democrática”.
Luego de declarar la marcha como ilegal, y ante el firme compromiso de los cubanos y cubanas de salir a las calles vestidos de blanco el 15 de noviembre, la administración de Diaz-Canel decidió emprender nuevas medidas de coerción.
En los días previos a la marcha, desde el 12 de noviembre, comenzaron con retenciones domiciliarias, es decir, las fuerzas de seguridad del estado vigilaron los domicilios de ciudadanas y ciudadanos identificados por el régimen como activistas opositores.
Otra de las medidas utilizadas contra los activistas y opositores que quisieran participar de la marcha fueron los clásicos actos de repudio, en los cuales personas afines a la revolución asisten a los domicilios particulares de los mismos con el objetivo de insultar y hostigar durante horas a los disidentes.
Desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos[2] (OCDH), organización independiente que lleva informes y registros de los casos de violaciones de los Derechos Humanos que se comenten la isla, informaron que durante los días del 12 al 15 de noviembre, se llevaron a cabo “122 retenciones domiciliarias con vigilancia policial, 62 citaciones a estaciones policiales, 50 amenazas, 87 detenciones, 14 actos de repudio y 35 cortes de los servicios de internet”.
Llegado el dia de la marcha, ante las retenciones, apresamientos arbitrarios y amenazas impartidas por el gobierno a la población, la convocatoria a la marcha se vio frustrada, la mayoría de los participantes solo pudo aplaudir desde sus hogares, en un aplauso que fue visto como el último recurso para poder manifestarse.
Sin embargo, hubo algunas personas que pudieron salir a las calles de blanco, entre ellos varios adolescentes, quienes al caminar por las calles fueron detenidos por las fuerzas de seguridad y llevados a cárceles o centros de menores. Este fue el caso de Raniel Rodríguez de 16 años, quien fue detenido y llevado a una “Escuela de Formación Integral” una especie de centro militar de reeducación, donde fue retenido por dos días, pero gracias a los reclamos por su liberación consiguió volver con su familia.
Por último, desde el medio “Cubalex” junto a “Justicia 11J”[3] denunciaron que 71 personas fueron arrestadas al intentar asistir a la marcha.
Con estas medidas coercitivas y violentas, el Gobierno pudo asegurarse el control de las calles, frustrando cualquier intento de manifestación y libertad de expresión que pudiese ocurrir. Claro que estos amedrentamientos contra derechos y libertades fueron tomados por el oficialismo cubano como una victoria.
Según el medio oficialista CubaDebate[4], el presidente Miguel Diaz-Canel se refirió a la marcha como un “plan desestabilizador dirigido por Estados Unidos y la contrarrevolución, que querían un baño de sangre en Cuba”, agregando además que desde la perspectiva del presidente para esta marcha “no existía ambiente político que favorece (…) ni disponían de un mínimo de apoyo social para realizarla”.
A través del comunicado y las acciones emprendidas por el gobierno cubano, no es difícil entender que este tuvo que usar la violencia y el amedrentamiento para frenar a las cubanas y cubanos que no buscaban “un baño de sangre”, sino que solo deseaban lograr -por medio de una marcha pacífica- mayor respeto a sus derechos humanos y la libertad de los presos políticos. Pero, en un régimen como este, no hay lugar para ningún tipo de disidencia, porque la única respuesta que encontrará el pueblo es represión y silencio.
No obstante, -y pese a que el régimen se niegue a escuchar al pueblo y a la violencia que pueda impartir- en el imaginario colectivo de la sociedad cubana, desde las manifestaciones del 11 de julio, algo cambió y sus reclamos deberán ser escuchados, porque el pueblo ya ha demostrado que la violencia no es suficiente para silenciarlos y que sus reclamos aún siguen vigentes, a la espera de una respuesta, para la cual están dispuestos a continuar levantando sus voces.
Referencias
[1] “Cuba un pais con una constitucion que carece de validez” Demo Amlat, recuperado el 17/11/21 de https://demoamlat.com/cuba-un-pais-con-una-constitucion-que-carece-de-validez/
[2] “OCDH reclama la liberación de los prisioneros políticos y de conciencia en Cuba” Observatorio Cubano de Derechos Humanos”, recuperado el 17/11/21 de https://observacuba.org/ocdh-reclama-liberacion-prisioneros-politicos-conciencia-cuba
[3] “Marcha del 15 de noviembre, lista de detenidos”, Cubalex, recuperado el 19/11/21 de https://www.facebook.com/ONGcubalex/photos/a.1481619745388008/3025460441003923/
[4] “Cuba: el otro 15 de noviembre” CubaDebate, recuperado el 18/11/21 de http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/18/cuba-el-otro-15-de-noviembre/
Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Voluntaria en una ONG que promueve la interculturalidad y la paz entre los pueblos del mundo y el entendimiento internacional, a través de sus programas de intercambios culturales.
