En Venezuela, el chavismo, proyecto político, ideológico y social llevado a cabo desde 1998 por Hugo Chávez, llegó al poder como una suerte de socialdemocracia, con el fin de alcanzar la justicia social. Este plan se fue degradando hasta convertirse un proyecto totalmente autocrático, que fue realizando reformas progresivas para acrecentar su poder y cercenar las libertades de los habitantes.
Este proceso de restricciones no solo se fue dando en el ámbito político, sino que se fue promoviendo al ámbito cívico a través de la restricción y el cercenamiento del espacio de actuación de partidos políticos, gremios, sindicatos, medios de comunicación y otros grupos organizados de la sociedad civil.
Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de ONG.
El 24 de febrero de 2023 el parlamento venezolano aprobó, en primer debate, la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” que tiene como finalidad, imponer requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin fines de lucro, cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio.
Más de 400 asociaciones y miembros de la sociedad civil se manifestaron en contra de dicha ley mediante un comunicado difundido el 11 de febrero del corriente año.
En el comunicado declaran que si la ley se aprobara “se despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional”.
¿Qué propone el proyecto de ley?
La más reciente regulación aplicaría requisitos adicionales, además de los requerimientos básicos del Código Civil, para el funcionamiento y creación de organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin fines de lucro.
Dentro de un análisis del proyecto de ley, se pueden dilucidar diferentes aspectos y disposiciones que afectan de manera negativa el accionar y existir de las diferentes organizaciones.
En primer lugar, varias disposiciones del proyecto de ley afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión, recogidos en los artículos 52 y 57 de la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos que vinculan a Venezuela.
Uno de los puntos que genera más controversia es el artículo 13, ya que dispone implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las desviaciones de los sujetos de la presente ley que comprometan la soberanía nacional o el normal desenvolvimiento de la asociación civil. Estas disposiciones darían lugar, posiblemente, a un control policial o de inteligencia, donde estarían bajo el control del régimen constantemente.
Otro punto de gran polémica es el artículo 15, destinado a mencionar las prohibiciones, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:
- Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos
- Realizar actividades políticas
- Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República
- Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana
Entre los muchos aspectos que suscitan preocupación para las ONGs, hay que destacar la prohibición de realizar actividades políticas, ya que no está definido qué se entiende como actividad política, lo que llevaría a impedir el accionar de dichas organizaciones.
En el caso de llevar a cabo alguna de estas prohibiciones, se estipula que mediante autoridad competente se tomarían medidas proporcionales y adecuadas para la organización, estas podrían implicar suspensión de actividades, así como la disolución de oficio.
En síntesis, lo que busca este proyecto de ley no es limitar o restringir a las ONGs, sino su desaparición mediante un proceso paulatino, a través del cual se librarían de estos grupos de presión que muestran la realidad venezolana y disputan la narrativa oficial.
La segunda votación para sancionar la ley está pendiente y no tiene fecha, pero se espera que este proyecto no sea aprobado, debido a las preocupantes consecuencias que esta ley podría generar.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
