América Latina y el Caribe han despertado su espíritu a raíz de una pandemia que sacude no sólo los sistemas de salud a lo largo y ancho de la región, sino también al actual funcionamiento de la democracia en cada uno de los países. Venezuela, ápice de la salud latinoamericana en sus momentos más brillantes del Siglo XX y XXI, hoy libra diferentes desafíos que desembocan en la reflexión y crítica de la piedra angular de su administración: el sistema democrático venezolano.
La Quinta República Venezolana, iniciada con el ex-presidente Hugo Chávez, ha presentado una serie de cambios dentro del sector de salud que buscan garantizar la accesibilidad integral de la población más marginada a este servicio. Anterior a este sistema político, el servicio de salud venezolano se encontraba caracterizado por una notable diferencia socioeconómica entre la ciudadanía, que evitaba la debida dignificación del usuario (Bonvecchio, A. 2011). Hoy, gracias a las reformas implementadas a este sector en 1999, mayores han sido las personas que acceden a un sistema digno de salud pública pero numerosos problemas son los que se presentan de manera progresiva. El escenario de emergencia mundial por el SARS-CoV-2 (COVID-19) es prueba viviente de ellos.
Desde el inicio del brote en Venezuela, las cifras oficiales de contagios han sido centro de críticas sociales, políticas e intergubernamentales, representando un nuevo eje de desestabilización integral en el desarrollo del país. De acuerdo con las cifras más recientes del Ministerio del Poder Popular para la Salud (14/06/2020), en Venezuela se encuentran 2,978 casos acumulados, ubicándose como el 15º país de América Latina con más presencia de este virus en su demografía (Statista. 2020). Organismos internacionales, como Human Rights Watch, instituciones médicas internacionales, como Johnson Hopkins Hospital, y expertos de la salud en Venezuela, ponen en duda la veracidad de estos informes, debido a las constantes amenazas que reciben los trabajadores de la salud por parte del gobierno para no publicar las cifras reales, así como el silencio comprado de familias contagiadas, con fines de no agravar la situación sanitaria-administrativa del país.
Debemos destacar, además, que en Venezuela no existe una Ley de Acceso a la Información Pública, en donde toda ciudadanía pueda tener acceso oportuno a la información oficial y detallada. Esta implementación al actual sistema político venezolano se considera necesaria y urgente debido al principio de transparencia de la información epidemiológica que debe prevalecer en todo Gobierno para realizar un eficaz combate el aumento progresivo de contagios, así como contrarrestar la paranoia social que se suscita en torno a ello.
La actual crisis sanitaria dentro del territorio venezolano representa un parteaguas para analizar la crisis democrática presente en los últimos siete años; período donde se perpetua un sistema político dominante que reprime al protestante, silencia al servidor público y desatiende a la ciudadanía. Sumado a la falta de imparcialidad dentro del poder electoral venezolano, la falta de ejercicio del auténtico poder legislativo, así como la influencia ejecutiva en las decisiones del poder judicial, esta crisis deja al desnudo a la fallida “revolución bolivariana” que presenta una carente capacidad de resolución de los conflictos internos y de otorgamiento de recursos efectivos hacia sus entidades federativa para la atención del COVID-19.
La democracia en Venezuela se encuentra atentada por una pandemia anterior a la que vivimos actualmente en América Latina: La pandemia del autoritarismo. Esta pandemia reclama actos urgentes para el restablecimiento de una democracia nacional que no trasgreda los principios de libertad y protección ciudadana, donde no se traicione al pueblo y no impere el egoísmo internacional en su proceso. La democratización nacional debe presentarse como una vía contraria a las medidas coercitivas implementadas por sistemas opresores, sin manipular el sentimentalismo nacional y velando por la preservación de los derechos inherentes de todo ser humano.
Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Presidente del Grupo Estudiantil “Hagámoslo Bien. Capítulo Universitario”, miembro de la Comisión de Formación Política de la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos Mexicanos A.C. – capítulo Nuevo León, y promotor de la Cultura de la Legalidad y respeto a los Derechos Civiles y Políticos entre la ciudadanía.
