El impacto de las medidas para evitar el contagio pone en evidencia el trasfondo social económico y político de un solo golpe. Emergentes del debate cultural como la violencia de género se hacen visibles allí donde antes era posible escamotearlos. Iniciativa individual y asociacionismo, síntomas de una sociedad civil que comienza a articularse en Cuba como agente de transformación.
A tres meses de confirmar sus primeros casos, el 18 de junio comenzó a regir en Cuba el inicio de la fase de recuperación pos COVID-19, con excepción de las provincias de La Habana y Matanzas. Los datos y declaraciones proporcionados por las autoridades cubanas señalan el escenario de una pandemia “controlada” en términos sanitarios. Especialistas atribuyen el éxito a una estrategia nacional anclada en ciertos condicionantes previos como la atención médica universal, el alto per cápita de médicos, un sistema de atención primaria de salud bien estructurado y un historial previo de enfrentar situaciones de emergencia durante la temporada anual de huracanes (Pérez, 2020), además de la implementación oportuna de medidas de supresión/mitigación, el testing, rastreo y aislamiento de casos. Sin embargo, a poco más de un mes del inicio de la fase de recuperación, la situación epidemiológica parece volver a complicarse en la isla. Una semana después de que se notificara por primera vez cero contagios y la mayoría del país entrara en la tercera y última fase de la desescalada, en el parte oficial del domingo 26 de julio se reportan 37 casos nuevos de coronavirus, la cifra más alta de casos diarios desde el 05 de junio.
Cabría agregar a los factores de éxito, la existencia de una economía y sociedad controladas por el Estado, con un alto control de la información. Esto se ha traducido en un aumento de los mecanismos de represión hacia la libertad de expresión, mediante la aplicación del Decreto Ley 370, bajo el cual periodistas independientes, opositores, artistas, activistas políticos y ciudadanos en general han sido detenidos, amenazados y/o multados con 3.000 pesos (el equivalente a 120 USD, que representan cuatro o cinco meses de salario) por grabar y publicar en redes sociales denuncias de distinto tipo. En paralelo, los medios de prensa oficialistas durante el período más crítico de la pandemia, han recurrido, súbita y reiteradamente, a los “asesinatos de carácter” contra ciudadanos que son acusados, sin proteger su identidad y sin haberse iniciado proceso penal alguno en su contra, de delitos contra la economía del país (robos, malversación, venta ilegal, etc.). Según el abogado Eloy Viera, estos materiales terminan siendo lesivos para los implicados y para una sociedad que continúa reproduciendo y aceptando las actitudes de vigilancia policial que ven premiadas con estos reportajes.
Varios analistas coinciden en que la pandemia llegó a Cuba en medio de una situación donde la combinación de elementos externos e internos, más el efecto acumulado de una crisis estructural, configura un presente de crisis nacional, con perspectivas de profundización (Centro de Estudios Convivencia, 2020; Torres, 2020). La economía de la Isla, según Vidal (2020), ya se encontraba en una situación de máxima fragilidad y ya había usado sus reservas y espacios de política fiscal para suavizar los impactos de la situación previa.
Frente a la crítica situación, recientemente el Consejo de Ministros aprobó una estrategia con el fin de contrarrestar los efectos incrementados por la crisis sanitaria. Lo que se anunció como “Estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19” abarca un amplio rango de temas, la mayoría de los cuales apenas fueron esbozados. Tanto que, muchos de los economistas estiman conveniente esperar a que la estrategia sea formalizada en un documento oficial, antes de hacer un análisis detallado (Monreal, 2020). Llama la atención que no se haya incluido una perspectiva del efecto distributivo que tendrían algunas de las medidas, especialmente las que se pusieron en inmediata ejecución, eliminación del gravamen al dólar y la apertura de tiendas en Moneda Libremente Convertible (USD), especializadas en productos de “gama media y alta”.
Teniendo en cuenta el comportamiento de la pobreza y la desigualdad en Cuba en los últimos años, no es difícil prever que se producirá una segmentación mayor de grupos sociales con arreglo a la disponibilidad de una moneda con la que no se pagan los salarios en el país en ninguno de sus sectores económicos (Torres Santana, 2020c). Aquellas personas y grupos que no tengan acceso a USD, cuestión que en Cuba está fuertemente vinculada con la recepción de remesas familiares, quedarán en los márgenes de ese mercado o deberán gestionar su acceso a través de los circuitos informales de compra de dólares.
Frente a una pandemia que parece haber llegado para quedarse por un buen tiempo, las preguntas centrales del Consejo de Ministros deberían girar no sólo sobre la estrategia económica para salir de la crisis –aunque se entiende su urgencia- sino también sobre la sostenibilidad social, entendida como la capacidad de las sociedades y de los sistemas de protección de proveer y sustentar en el tiempo el bienestar de toda la población. En esta línea, los impactos sanitarios y sociales de la pandemia pueden ser una bola de nieve si el bienestar y la protección que se provee son momentáneos, pero también si son exclusivos para algunos. La presente reflexión gira en torno a estas problemáticas.
La pandemia amplifica las desigualdades previas y genera nuevas vulnerabilidades.
Desde el ámbito social, las medidas fundamentales utilizadas durante las primeras fases de la pandemia en la isla han supuesto, como en otros países, un largo confinamiento en el espacio doméstico, interrupción de actividades laborales, suspensión de actividades escolares y de cuidado infantil. Inevitablemente, ello ha venido aparejado de una sobrecarga de cuidados en las mujeres. Está más que documentado que las mujeres cubanas (Torres Santana, 2020a) continúan asumiendo mayoritariamente los cuidados de niños, enfermos y personas mayores y, en consecuencia, la crisis sanitaria ha golpeado con más fuerza a la población femenina, afectando tanto su autonomía económica como su vulnerabilidad social. El avanzado envejecimiento poblacional de la sociedad cubana y el déficit de provisión de servicios que cubra las crecientes demandas de atención profundiza esta crisis (Acosta, 2020).
La pandemia pone en riesgo de caer bajo la línea de la pobreza a muchas personas que previamente estaban en situación de mayor vulnerabilidad. Es cierto que el virus no discrimina en su capacidad de contagio, pero sus impactos sociales no afectan a todos y todas por igual. En los años 80 se emprendieron estudios académicos para calcular el coeficiente Gini en Cuba. En 1986 lo situaban entre 0,22 y 0,25, una de las sociedades más equitativas de la época. En la actualidad ha ascendido a más de 0,40, denotando una sociedad muy desigual (Everleny, 2018). Vale recordar que desde las medidas de ajuste del Período Especial se generó una desconfiguración de la sociedad homogénea e igualitaria instituida entre 1959 y 1990 (Bobes, 2016), siendo el elemento más desestructurante el aumento de la visibilidad de numerosas formas de desigualdad.
La diversificación de los ingresos, los recortes en los productos subsidiados y la nueva política de seguridad social, el descenso tanto de la calidad de los servicios de protección como de los recursos que se transfieren por la vía de la política social (salud, educación, asistencia social, etc.) y la disminución del gasto social han traído consigo la aparición (y estabilización) de una franja de la sociedad que vive en condiciones de pobreza. La población en esta condición aumentó del 6,3 % en 1988 al 20% hacia 2000 en los sectores urbanos y se ha convertido en una franja “resistente y difícil de remover” (Espina, 2014). A pesar de las dificultades para medir la pobreza en Cuba y de la multidimensionalidad del fenómeno, se han hecho esfuerzos para identificar, al menos desde el punto de vista de los ingresos, aquellos grupos que pudieran estar en riesgo. Profesionales de la economía y la sociología han concluido que existe en Cuba una masa significativa de personas con riesgo de pobreza de ingresos (Everleny, 2018; Monreal, 2018 y Espina, 2020). En dicha situación estarían el 41,7% de la fuerza de trabajo estatal, los pensionados y los beneficiarios de la asistencia social. Sumadas las tres categorías, serían 5.753.804 personas, lo que equivaldría, aproximadamente, al 51% de la población cubana (Everleny, 2018).
En este escenario, el rol de la asistencia social es vital para contener el empobrecimiento y proteger a los grupos vulnerables (Torres Santana, 2020b). Para la atención de estos grupos existe en Cuba el llamado Sistema de Atención a la Familia (SAF), mediante el cual 76.000 personas mayores de bajos ingresos reciben comida elaborada y a precios subsidiados. Sin embargo, su alcance, calidad e impacto son modestos. La propia Ministra de Trabajo y Seguridad Social declaró recientemente que el concepto de núcleo vulnerable –criterio para recibir la atención- ha tenido que ampliarse durante la pandemia del COVID-19 y, por lo tanto, no estará asociado solamente a personas que tengan ingresos insuficientes (Alonso et al., 2020).
Se agregaron aquellos que no están en condiciones de trabajar ni tienen posibilidad de ayuda familiar. La Ministra ha dicho que se incorporará a madres con hijos con discapacidad severa, así como ancianos que viven solos y personas con movilidad restringida que se encuentran encamados. En síntesis, de los 112.000 núcleos vulnerables beneficiados bajo este concepto por la Asistencia Social, se aumentó la cifra bajo ese régimen a 606 945 durante la pandemia. El problema con estas medidas en materia de grupos vulnerables es si son suficientes y adecuadas para afrontar un panorama como el actual, que amenaza con prolongarse en el tiempo y al que se superponen varias crisis.
La pandemia refuerza el patrón de vulnerabilidad en Cuba.
Torres Santana (2020b) señala la conformación de un patrón de vulnerabilidad social en el país. Estaría conformado, sin pretender exhaustividad, por las familias monoparentales con jefatura femenina, las familias negras y mestizas, obreras, con baja calificación e instrucción, familias residentes en barrios marginales, comunidades en tránsito y, en general, territorios con desventaja social o riesgo medioambiental. Las familias negras y mestizas son además minoría en los sectores de empleo con mejores oportunidades de crecimiento, así como entre los receptores de remesas (Hansing y Hoffmann, 2019).
El patrón incluye además las familias vinculadas al sector estatal de la economía sin otras fuentes de ingresos, extensas y con miembros dependientes, donde la persona a cargo del hogar está privada de libertad y existen hijos pequeños, familias en situación de violencia agravada, y hogares unipersonales de adultos mayores o personas con discapacidad. Para algunas personas, varias de estas condiciones o variables se superponen y agravan su condición de vulnerabilidad. En síntesis, las poblaciones en riesgo se han venido ampliando.
Atendiendo a las características de la pandemia del Covid-19, hay un conjunto de personas y grupos que, ya sea por condiciones previas a la crisis o como efecto del impacto de la misma, se encuentran o transitan hacia una situación de mayor vulnerabilidad. A pesar de no contar con indicadores actualizados que permitan un monitoreo público de los efectos de la crisis sobre determinados grupos en Cuba, podemos anticipar que, tanto por los criterios médicos, como por las medidas epidemiológicas y las reformas económicas aumentarán las personas que requerirán de mayor atención y apoyo.
Al considerar los criterios médicos, se ha definido fundamentalmente a las personas mayores y con determinados padecimientos crónicos como las más vulnerables frente al contagio. La letalidad estimada por razón de este virus en las personas mayores de 60 años es más alta que en cualquier otro grupo etario. En el caso de Cuba, este rasgo es particularmente preocupante debido al avanzado envejecimiento poblacional (20% de la población mayor de 60 años). En efecto, el grupo de 60+ concentra el 85,7% de los fallecidos en la isla (Covid19CubaData).
Atendiendo a las medidas epidemiológicas para contener el contagio (o impedir un repunte) como el confinamiento en los domicilios, el distanciamiento social, la paralización parcial de la economía (pérdida de empleos, disminución de envío de remesas, etc.), suspensión de clases, etc., se agregan otros grupos que aumentan su vulnerabilidad. Dentro de las propias personas mayores, cabe considerar como más vulnerables aquellas que viven solas, que representan en Cuba el 17,4% (221.425 personas mayores). Para este grupo, el acceso a la alimentación y los medicamentos se hace especialmente difícil, así como las condiciones de salud mental, debido al aislamiento aún mayor al que deben someterse durante la pandemia.
Las personas en situación de discapacidad, que representan el 5% de la población, según el Censo de 2012, es otro de los grupos que experimenta mayor vulnerabilidad en este tipo de situaciones, en las que se les dificulta el acceso a medicamentos, ayudas técnicas o servicios regulares de terapia o rehabilitación. De particular preocupación son aquellos que se encuentran encamados, por la necesidad de cuidados permanentes. Es importante hacer notar que en la atención a este sector sigue predominando un modelo biomédico y asistencialista, y las normativas y políticas aún no incorporan las nuevas clasificaciones internacionales en la medición de la discapacidad en Cuba (Revuelta, 2017). Es además el país con menos información estadística disponible sobre este sector en la región, por lo que puede suponerse que los impactos de la pandemia sobre este grupo presentan subregistro.
Otro grupo altamente vulnerable y de muy escasa atención es el llamado “deambulantes” (IPS, 2020). Las cifras sobre las personas que se encuentran en “situación de calle” o “sin hogar” no han sido actualizadas desde el Censo de 2012. Sin embargo, se sabe que una proporción significativa de ellos son personas mayores. Según el Censo, de las 1.108 personas que vivían en las calles, en su gran mayoría hombres, 467 tenían 60 años y más. Las cifras no indican la distribución de esas personas por provincias. A partir de 2015 se estableció un protocolo de actuación para la admisión, diagnóstico, atención y reinserción social de personas sin hogar en La Habana. Sin embargo, se han reportado innumerables dificultades de gestión y mala atención en los centros habilitados para la atención a dichas personas.
Por su parte, las mujeres, junto con las niñas y adolescentes, suelen aumentar sus niveles de vulnerabilidad en contextos de crisis sanitaria y social. Por un lado, la sobrecarga de cuidados. Sabemos que en Cuba cerca del 68 % de las personas que proporcionan cuidado a las personas mayores son mujeres y la mayoría tiene más de 50 años (ONEI, 2019). Muchas de ellas, también mayores, experimentarán una carga mayor de cuidados y, en consecuencia, episodios de mayor estrés emocional y físico. Hay que considerar, además, la situación de aumento de precarización laboral y desempleo de las trabajadoras domésticas y de cuidado. Las medidas de confinamiento y aislamiento social conspiran contra sus fuentes de trabajo. Por su parte, las trabajadoras de la salud, un sector altamente feminizado, aumentan su vulnerabilidad debido al mayor riesgo de contagio, el estrés laboral y las afectaciones a la salud mental. También están las trabajadoras por cuenta propia, quienes se han enfrentado a situaciones de mayor desprotección laboral, por cuanto no han sido consideradas en las medidas de protección salarial y de apoyo al cuidado familiar durante la pandemia.
Las medidas de confinamiento domiciliario han impactado profundamente en la violencia de género, aumentando los incidentes que tienen lugar, sobre todo, en los espacios domésticos. Previamente a la crisis sanitaria, las encuestas en Cuba registraban que el 39,6 % de las mujeres declaraba haber sido víctima de violencia al interior de las relaciones de pareja en algún momento de su vida (ENIG, 2016). En lo que va de pandemia, se han registrado 11 feminicidios, según la plataforma de apoyo a las víctimas de violencia de género en Cuba (YoSíTeCreo). Entre otras medidas, la mayoría de los países cuenta con servicios de atención telefónica, tanto gubernamentales como de la sociedad civil para atender a las mujeres agredidas. En Cuba estos servicios son deficitarios o prácticamente inexistentes y la respuesta del gobierno ha sido lenta e insuficiente.
Los migrantes internos en La Habana, esto es, todas aquellas personas que se encuentran en situación irregular, son otro de los grupos con mayor vulnerabilidad. Suelen ser personas cuyas condiciones de vida están previamente precarizadas desde el punto de vista habitacional y de recursos económicos (no cuentan con libreta de abastecimiento ni acceso a red de protección social). Los “migrantes recientes” pueden estar en peores condiciones, puesto que cuentan con menos posibilidad de haber consolidado redes o empleo. Vale recordar que las mujeres dentro de este grupo corren mayor riesgo, puesto que la migración interna en Cuba está feminizada; o sea, más mujeres se encuentran en esa situación, según los datos de la última encuesta sobre migración del 2016. De las casi 129.000 personas que se consideran migrantes recientes, las mujeres son aproximadamente el 55 % (ONEI, 2018).
La agencia como respuesta frente a la crisis: la incipiente sociedad civil cubana se organiza y responde.
La vulnerabilidad también depende de la capacidad de respuesta y adaptación con que cuentan las personas, hogares o comunidades, ante cambios o situaciones externas y/o internas que afecten su nivel de bienestar y el ejercicio de sus derechos. Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas son importantes para determinar el grado de vulnerabilidad con que enfrentarán los efectos de un evento o situación particular.
Pese a su incipiente accionar y reconocimiento (Chaguaceda y Cilano, 2020), desde la sociedad civil en la isla (iglesias, proyectos comunitarios, agrupaciones profesionales), así como desde el sector cuentapropista, han emergido numerosas iniciativas de intervención y ayuda hacia la población más vulnerable afectada por la pandemia. Algunas incluso han conseguido hacer alianzas con el Estado, a través de los consejos de defensa. En una breve revisión y sistematización de los anuncios que circularon por redes sociales, la información publicada por la prensa independiente e información solicitada a residentes en la isla, se pudo apreciar, en primer lugar, una multiplicidad de servicios ofrecidos que van desde el reparto de alimentos, la confección de mascarillas, la elaboración de productos de higiene, pasando por el acompañamiento a personas mayores solas, los servicios de orientación psicológica a través de aplicaciones móviles o de ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica a través de líneas telefónicas y redes sociales.
En cuanto al tipo de actores participantes, se constató una variedad en el tipo y objetivo de las organizaciones que se movilizaron ofreciendo servicios o ayudas concretas. Así se encontraron organizaciones animalistas, de mujeres, del movimiento LGTBQ+, proyectos comunitarios y barriales, organizaciones religiosas, asociaciones profesionales, entre otros. La capacidad de agencia y espontaneidad en las convocatorias y anuncios fue otro de los rasgos, así como la rápida identificación de necesidades, probablemente resultado de la mayor cercanía y vínculo con la comunidad. Las alianzas, tanto con el sector privado como el sector estatal, aunque incipientes fueron meritorias y demandan ser estudiadas y difundidas.
Los grados de flexibilidad para adaptarse a las distintas necesidades y la capacidad de respuesta y sintonía con las demandas locales parecieron ser elementos de éxito en las distintas iniciativas. Carecemos, sin embargo, de datos más sistemáticos sobre la cobertura y alcance de estas acciones, aunque sabemos que se extendieron por distintas provincias del país. No obstante, la agencia y potencialidad de este creciente tejido social, es escasamente reconocida, estimulada o apoyada por el gobierno, perdiendo con ello una oportunidad significativa de colaborar con otros actores en la disminución de los efectos sociales de la crisis sanitaria. La estimulación y fomento del asociacionismo ha venido demostrando cada vez más su necesidad y valía.
Referencias
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[author] [author_image timthumb=’on’][/author_image] [author_info]Elaine Acosta
Doctora en Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad de Deusto (Bilbao), Máster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos (Chile) y Licenciada en Sociología por la Universidad de La Habana. Es investigadora visitante en el Centro de Investigación de Cuba de la Universidad Internacional de Florida y codirectora del Programa de Investigación Interdisciplinaria sobre Atención, Familia y Bienestar. Sus áreas de estudio son el envejecimiento de la población, la migración internacional y las políticas de bienestar.[/author_info] [/author]
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
