La mirada puesta en Nayib Bukele y su política se seguridad. Del carisma y la irreverencia hacia el desconocimiento de la división republicana en poderes, que niega la Constitución y conlleva un giro autoritario.
Hace escasos meses, Latinoamérica observó la asunción en El Salvador de un joven dirigente político, quien se impuso en la elecciones presidenciales, al obtener más del cincuenta por ciento (50%) de la totalidad de los votos válidos, forzando que no fuese necesario ir a una segunda vuelta (ballotage), tal como lo establece la Constitución Nacional Salvadoreña en su artículo 80, primer aparte[1]:
Cuando en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República ningún partido político o coalición de partidos políticos participantes, haya obtenido mayoría absoluta de votos de conformidad con el escrutinio practicado, se llevará a cabo una segunda elección entre los dos partidos políticos o coalición de partidos políticos que hayan obtenido mayor número de votos válidos; esta segunda elección deberá celebrarse en un plazo no mayor de treinta días después de haberse declarado firmes los resultados de la primera elección.
De esta manera Nayib Bukele, candidato del partido GRAN ALIANZA PARA LA UNIDAD NACIONAL (GANA), se imponía con un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y seis (1.434.856) votos, lo que representa el cincuenta y tres punto diez por ciento (53.10 %) del total de votos válidos; donde sus principales adversarios solo obtuvieron las siguientes cifras: ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA (ARENA) obtuvo setecientos setenta mil novecientos cincuenta (770.950) votos, que representan un veintiocho punto cincuenta y tres por ciento (28.53 %) de la totalidad de votos válidos, por su parte el FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL (FMLN), consiguió trescientos ochenta y nueve mil doscientos ochenta y nueve (389.289) votos, equivalentes a catorce punto cuarenta y uno por ciento (14.41%) del total de votos válidos[2].
El presidente Bukele, posee una personalidad carismática e irreverente, contraria a lo que en los últimos tiempos se esté acostumbrado a ver en los máximos representantes del poder ejecutivo de los países latinoamericanos. Bukele logró captar la simpatía de un considerable sector democrático que reclama cambios en las estructuras gubernamentales del país centroamericano. Con un discurso puntual, claro, y crítico hacia la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2019, se convirtió en una de las figuras de mayor impacto asistente a la Cumbre de Presidentes al romper con los parámetros de rigidez y solemnidades de los mandatarios, en el estrado del máximo organismo. Ha sido esa cualidad irreverente la que le ha granjeado un gran número de seguidores importante en el sector juvenil; otra de las actitudes que caracterizan al mandatario es su participación activa en las redes sociales, situación que se observó durante todo el desarrollo de su campaña electoral.
En pocos meses, ha obtenido beneficios importantes para su nación como los acuerdos alcanzados en materia de seguridad y migratoria, suscritos con el gobierno de Estados Unidos. Cabe destacar que logró la extensión por el período de un (1) año del programa de Estatus de Protección Temporal[3] (TPS), con el cual se tiene previsto beneficiar a más de doscientos mil (200.000) ciudadanos salvadoreños. Por otra parte, acordó proporcionar e intercambiar información que pueda ser utilizada en los pases fronterizos con la finalidad de evitar la entrada ilegal al país de personas solicitadas por hechos delictivos (narcotráfico, trata de personas, entre otros) o que deseen cruzar la frontera de forma irregular[4].
El presidente Nayib Bukele, el pasado mes de junio de 2019, dio a conocer su plan de seguridad, llamado “Plan Control Territorial”, el cual tiene por objetivo combatir el grave problema que afronta El Salvador con los grupos pandilleros, especialmente con las Maras, para lo cual el mencionado plan está orientado: 1°) al control de los centros penales, 2°) a impedir el financiamiento del crimen organizado y 3°) a fortalecer los cuerpos de seguridad.
Es importante señalar que de acuerdo a los datos publicados por Human Rights Watch (informe 2019) las Maras tienen presencia, y el control territorial de doscientos cuarenta y siete (247) municipios de un total de doscientos sesenta y dos (262) que conforman el territorio salvadoreño. Allí llevan a cabo múltiples actividades delictivas como: extorsiones, abusos sexuales en contra de mujeres, niños, y miembros de la comunidad LGBT (Lesbianas, gais, bisexuales, personas transgénero), asesinatos, reclutamientos, entre otros[5]; desde luego, toda esta dinámica delictiva trae consigo el desplazamiento de miles de salvadoreños.
Ahora bien, para poder ejecutar las distintas fases del plan, se requería una inversión de quinientos setenta y cinco punto dos millones de dólares (575.2 $), de los cuales ciento nueve (109) millones de dólares se necesitaban para iniciar la ejecución de la tercera etapa del plan, siendo precisamente en este punto donde se ha generado una situación álgida entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo, al negarse los miembros de este último a aprobar un crédito otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica a la nación salvadoreña, el cual sería destinado a la materia de seguridad.
Lo controversial y grave del asunto no radica en la negativa de los parlamentarios, si no en la forma como el primer mandatario manejó la situación. Pensemos que se trató de una falta de tacto político, si se toma en consideración que previamente ha tenido una trayectoria al ocupar el cargo de Alcalde en los Municipios Nuevo Cuscatlán entre los años 2012-2015, y San Salvador 2015-2018, y no de una clara intención que pudiera estar asomando desde ya, y que pareciera enquistada en el ADN de algunos mandatarios latinoamericanos, y es esa tendencia a creerse mesías, salvadores, que a la larga termina en autoritarismo.
Desde luego, esta actitud del Presidente salvadoreño, de inmediato encendió las alarmas en el continente, sobre todo en los demócratas, y muy especialmente en Venezuela, donde precisamente durante años, los parlamentarios del bloque opositor han sido objeto de violencia por parte de personas afectas al gobierno como los llamados colectivos e inclusive de los cuerpos de seguridad del Estado Venezolano. Muestra de lo antes expuesto lo son las detenciones arbitrarias de los diputados Gilber Caro y Edgar Zambrano, ambas realizadas por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). En el caso del diputado Caro, se lo mantuvo incomunicado durante el lapso de dos (2) meses antes de producirse su liberación a mediados de junio. Todo ello en el marco de un clima de tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo, especialmente desde enero de 2019, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumiera el cargo de presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.
Por las razones antes señaladas, no puede ser vista con buenos ojos la reacción del mandatario centroamericano, de hacer acto de presencia en la Asamblea Legislativa en compañía de militares armados, con la intención de amedrentar a sus miembros, porque esa actitud está muy lejos de ser considerada una acción que busque lograr un consenso en beneficio de los salvadoreños. Frente a estos hechos surgen las interrogantes: ¿Se podría alcanzar un consenso bajo las citadas condiciones? ¿Es viable un consenso con armas? Lo dudo.
Este tipo de acciones de parte del presidente Bukele, indistintamente que la aprobación del préstamo resulte beneficioso, que sean ciertas la criticas a los asambleístas -como actuar movidos por sus intereses- deja mucho que pensar, especialmente por sus amenazas y el ultimátum (de una semana) dado para que dieran su aprobación; pero lo que resulta más alarmante es el llamado, si se quiere, temerario de insurrección del pueblo, invocando para ello el artículo 87 de la Constitución Nacional, el cual dispone en su encabezado lo siguiente:
Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de reestablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución.
Se deduce claramente de la norma, que el derecho de insurrección que asiste al pueblo salvadoreño, solo podrá invocarse en caso de producirse una alteración en el orden constitucional establecido, bajo los supuestos allí expresados, desde luego que en el caso que nos ocupa (la negativa de la aprobación del crédito) no parece cumplir con ello.
¿Será que el presidente salvadoreño no recuerda la historia reciente de su país? Olvidó el gran número de víctimas que dejó la guerra civil en El Salvador, desde mil novecientos ochenta (1980) hasta iniciada la década del noventa, donde de acuerdo con las cifras manejadas por la ONU, según informe de la Comisión de la Verdad, el ochenta y cinco por ciento (85%) de los delitos fueron ejecutados por efectivos de la Fuerza Armada salvadoreña, cuerpos paramilitares y los conocidos escuadrones de la muerte[6]. Así mismo es pertinente recordar, de las veintidós mil (22.000) denuncias que fueron recibidas, siete mil ciento setenta y cinco (7.175) se realizaron ante la Comisión, según cifras presentes en el informe, las cuales se detallan a continuación:
Tabla N° 1. Elaborada con las cifras detalladas en el Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador en 1993.
| Año | Número de denuncias por hechos graves de violencia |
| 1980 | 2.597[7] |
| 1981 | 1.633[8] |
| 1982 | 1.145[9] |
| 1983 | 513[10] |
| 1984 | 290[11] |
| 1985 | 141[12] |
| 1986 | 155[13] |
| 1987 | 136[14] |
| 1988 | 138[15] |
| 1989 | 292[16] |
| 1990 | 107[17] |
| 1991 | 28[18] |
| Total de victimas | 7.175 |
| Autora:Chiquito,2020 | |
¿Será que olvidó por momentos, lo que sucede en otros países latinoamericanos como Venezuela, donde los militares son quienes mueven los hilos del poder?, ¿Dónde las ramas de los poderes públicos (Judicial, Electoral y Ciudadano) a excepción de la Asamblea Nacional han sido secuestradas por el ejecutivo, y continuamente se denuncia violaciones a los derechos humanos?, difícil de creer, cuando el presidente centroamericano durante su campaña y después de asumida la presidencia ha mostrado una sólida oposición frente a sus homólogos de Nicaragua (Daniel Ortega) y Venezuela (Nicolás Maduro)
¿Olvidó el presidente Bukele, la separación de poderes? Esto último claramente establecido en el Título III, de la Constitución Nacional salvadoreña, correspondiente a El Estado, su Forma de Gobierno y Sistema Político, artículo 86, el cual consagra la clásica separación e independencia de poderes en los siguientes términos:
El poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables, pero estos colaboraran entre sí en el ejercicio de las funciones públicas.
Los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
A propósito del Poder Judicial, ya se pronunció al respecto, dando a conocer su decisión a través de un comunicado, donde informa sobre la admisión de una demanda por inconstitucional, decretando a su vez ciertas medidas cautelares, entre las cuales se tiene: 1°) Ordena al presidente Nayib Bukele abstenerse de usar la Fuerza Armada Salvadoreña, con fines contrarios a lo establecido en la Constitución Nacional, y que pudiere poner en peligro el gobierno democrático, representativo y republicano de El Salvador, especialmente la separación de poderes y el pluralismo de su sistema político; 2°) Se le ordenó tanto al Ministro de Defensa, como al Director de la Policía Nacional Civil no ejercer funciones diferentes a la consagradas en la constitución y las leyes; y 3°) El cese de la convocatoria que tenga por objeto llevar a cabo la sesión extraordinaria con el fin de aprobar el préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, así mismo ordena suspender cualquier convocatoria que tenga relación con el tema[19].
El flirteo puede costarle caro al presidente Nayib Bukele. Por más corrupción que pudiera existir en un organismo o institución, quien se considere demócrata no debe hacer uso de los fusiles, tanques de guerras, en todo caso, la única arma son los votos, y en su defecto, los mecanismos jurídicos establecidos en las respectivas constituciones y leyes.
En estos momentos, la sociedad salvadoreña tiene suficiente con los altos índices delictivos[20], como para exponerse al resurgimiento de un conflicto interno, a pesar de seguir presente en su memoria las cicatrices causadas por la guerra civil, las que parecieran no querer borrarse, sobre todo por la polémica causada en los últimos días a raíz de la aprobación de la Ley especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional por parte de la Asamblea Legislativa; ley que por cierto el propio presidente Nayib Bukele vetó por calificarla de inconstitucional, y que ha sido criticada no solo por el ejecutivo, sino también por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos (Cristóbal, Comité de Ex-presos políticos de El Salvador, entre otras), las víctimas del conflicto y la sociedad salvadoreña en general.
Entre los señalamientos que se hace al instrumento legal, por ser considerado una ley de amnistía que vulnera el derecho de las víctimas del conflicto salvadoreño, pueden citarse los siguientes: 1) La mencionada ley establece la conmutación de las penas por razones de edad o salud, así como el establecimiento de medidas distintas a la pena de prisión para aquellas personas que resulten condenadas. 2) El establecimiento del plazo de un año con la finalidad de examinar los hechos denunciados, los cuales, en caso de llegar a confirmarse, se remitirán a tribunales.3) El carácter de reserva que podrá otorgarse a ciertos archivos pertenecientes a organismos públicos, policiales y militares.
Lo cierto es que esto último ha generado nuevamente un clima de tensión entre ambos poderes-Legislativo y Ejecutivo-, donde todo parece indicar que la palabra final recaerá en la Corte Suprema de Justicia, tal como debe ocurrir en todo país democrático, donde exista una clara separación e independencia de poderes.
[1] Constitución Nacional de la República de El Salvador. Asamblea Constituyente, 20 de diciembre de 1983
[2] Cifras reflejadas en el Acta de escrutinio final de la elección de Presidente y Vicepresidente de la Republica de El Salvador para el período 2019-2024: https://www.tse.gob.sv/elecci%C3%B3n-2019/acta-escrutinio-final . Fecha de acceso: 27de febrero de 2020.
[3] Es un beneficio que otorga el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a un país extranjero, por circunstancias que impiden a los nacionales de ese país que puedan retornar al mismo de forma segura. Dentro de las circunstancias o condiciones especiales por las cuales se otorga, se tienen las siguientes: 1°) Por desastre natural, 2°) guerra civil y 3°) Otras de naturaleza extraordinaria y temporal. Cabe señalar que quienes resulten favorecidos con el otorgamiento del TPS, no podrán ser detenidos por razón de estatus migratorio. En los actuales momentos son diez los países que gozan de este beneficio, dentro de los cuales se encuentran tres naciones centroamericanas: Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
[4] Bukele logra ampliar un año más el acuerdo migratorio con Estados Unidos: https://elpais.com/internacional/2019/10/28/america/1572291491_933947.html . Fecha de acceso 13 de febrero de 2020
[5] Informe de Human Rights Watch 2019 sobre El Salvador: https://www.hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/337304 .Fecha de acceso 27 de febrero de 2020
[6] Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador 1993. “De la locura a la esperanza” – IV. Casos y patrones de violencia. A-Panorama General de los casos y patrones de violencia. p.41: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/informe-de-la-locura-a-la-esperanza.htm . Fecha de acceso 28 de febrero de 2020
[7] Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador 1993. “De la locura a la esperanza”–Introducción, mandato y cronología. p. 22: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/informe-de-la-locura-a-la-esperanza.htm . Fecha de acceso 28 de febrero de 2020
[8] Ibíd. p.23
[9] Ibíd. p.25
[10] Ibíd. p.28
[11] Ibíd. p.30
[12] Ibíd. p.31
[13] Ibíd. p.32
[14] Ibíd. p.34
[15] Ibíd. p.34
[16] Ibíd. p.37
[17] Ibíd. p.38
[18] Ibíd. p.39
[19] Sala, le ordena a Bukele no utilizar a militares y policías para fines políticos: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/sala-constitucional-crisis-asamblea-legislativa-nayib-bukele-demanda/685263/2020/ . Fecha de acceso 28 de febrero de 2020
[20] Cabe resaltar que según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, presentado el 8 de julio de 2019, El Salvador es el país centroamericano con la mayor tasa de homicidios con un sesenta y dos punto uno por ciento (62.1%), seguido de Honduras con un cuarenta y uno punto siete por ciento (41.7%), siendo Nicaragua el país de la región con la menor tasa con un ocho punto tres por ciento (8.3). https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html . fecha de acceso: 2 de marzo de 2020
[author] [author_image timthumb=’on’][/author_image] [author_info]Andreina Chiquito Rivero
Abogada, egresada de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), Magíster en Derecho Mercantil (URBE), Doctora en Ciencias Políticas (URBE), Post Doctora en Estado, Políticas Públicas y Paz social. Profesora de postgrado: Doctorado en Ciencias Políticas (URBE). Ejerció el cargo de Asesora de Vicepresidencia del Consejo Legislativo del Estado Zulia (2007-2008). Fue docente de pregrado en la Escuela de Derecho de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en las cátedras de: Filosofía del Derecho, Fundamentos de Derecho Público, y Fundamentos Sociales y Políticos del Derecho. Correo: acr4880@hotmail.com[/author_info] [/author]
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