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Sociedad civil en Cuba, los límites a la participación política

Un análisis superficial del concepto de sociedad civil, nos permite comprender que ella es la base de cualquier sistema político, quien eleva sus demandas a los partidos políticos, a los gobiernos y al Estado y estos responden. 

Viéndolo de esta forma, en Cuba sí existe una sociedad civil: los habitantes de la isla votan referéndums, eligen algunos representantes y participan en organizaciones sociales y políticas.

La dirección política de Cuba, reconoció recién en 1996 que existían organizaciones no gubernamentales. En la nueva constitución que los cubanos votaron a principios de este año se reconoció formalmente su existencia, aunque en ninguna parte del texto constitucional se utiliza la expresión sociedad civil, sino que meramente se hace alusión a ella.

Esto nos da un primer indicio de que la cuestión es más profunda que el solo hecho de decir si existe o no. Existe, está claro, pero ¿de qué modo?

El modelo de estado que mantiene Cuba, es uno en el que se confunde y fusiona el Estado Nacional con el Partido Comunista –partido único, vale aclarar-. Las consecuencias de esa falta de separación de las identidades que cada uno de ellos ocupa dentro del sistema político quiebran la lógica del sistema representativo y lo pone en las antípodas de los países en los que los partidos políticos son el espacio en que se encuentran representadas las voces de los diferentes sectores de la sociedad. 

La principal consecuencia es que, por ejemplo al leer las publicaciones de los medios de comunicación afines al régimen comunista o escuchar los dichos de los representantes del Estado, observamos que la concepción predominante es que existen dos sociedades civiles, dentro de un solo pueblo. Una, la que se identifica como la “Sociedad Civil Socialista Cubana” –siguiendo las palabras de Raúl Castro en el V Congreso del PCC- y la otra es la “Sociedad Civil Independiente”. La primera es afín al régimen y “construye el socialismo junto al Estado revolucionario”, la segunda es un híbrido entre sociedad y “traidores a la patria”, desterrados de la vida social y política como si de la polis griega estuviéramos hablando.

Afirmamos así que en Cuba existen organizaciones de la sociedad civil opositoras al régimen comunista. Pero a contrapelo de lo que ocurre en cualquier democracia moderna y, lejos de contar con la protección del Estado para ejercer sus derechos y libertades, cuando en Cuba existen organizaciones de la sociedad civil que se oponen al régimen estas son difamadas por medios oficiales, sus miembros perseguidos políticamente, son tildados de “traidores”, “financiados por gobiernos extranjeros”, etc. 

Pero, pensando en abstracto y no específicamente en Cuba, ¿acaso todos los movimientos opositores que surgen dentro de un Estado son necesariamente financiados por gobiernos extranjeros por el solo hecho de ser opositores? ¿Todo aquel que esté en desacuerdo con el gobierno de turno es un traidor a la patria? ¿Por ser opositor debe alguien ser difamado, hostigado y perseguido?

La respuesta es bastante sencilla: no. He ahí la gran deuda del Estado cubano y la dirigencia del Partido Comunista de la isla con su sociedad civil. La posibilidad de ejercer las libertades y los derechos que les son garantizados a sus ciudadanos en los tratados internacionales de Derechos Humanos que ellos mismos han rubricado.

Si bien se ha avanzado en cuanto al reconocimiento de derechos con respecto a la información y la participación y las nuevas tecnologías de la comunicación brindan el espacio propicio para que quienes desean alzar su voz encuentren un canal, los métodos de control y represión por parte del Estado se actualizan conforme avanza la tecnología y también, conforme toman fuerza las acciones disidentes. 

En gran parte de Cuba todavía, y lamentablemente, se respira en el aire la idea de que ser un disidente al régimen es ser un delincuente. 

Pero, por suerte, cada vez son más los cubanos que deciden defender sus derechos y organizarse fuera del control estatal y crece cada día el número de los isleños que reconocen que los delincuentes no son ellos, sino el Estado cubano que les niega sus derechos humanos a la libertad de reunión y asociación y a la organización en sindicatos para la defensa de sus intereses. 

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