Retos electorales y democracia en Honduras: el rol de la sociedad civil

Por Blanca Stephanie Elvir y Juan Carlo Aguilar Moncada

En América Central, una subregión de América Latina y el Caribe, que según el índice de la Democracia de The Economist haexperimentado un marcado retroceso democrático ( The Economist Intelligence Unit, 2024)1, Honduras se prepara para celebrar sus procesos electorales primarios y generales en 2025. El desgaste que enfrenta la región en cuanto a democracia no se debe únicamente a la calidad de sus elecciones, aunque también existe un importante margen de mejora; se trata, además, de retrocesos en cuanto al conjunto de libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación y cultura política, que mide este índice.

De manera más específica, Honduras se clasifica como un régimen híbrido. Los países en esta categoría se caracterizan por presentar irregularidades sustanciales en sus procesos electorales, entre ellas, la presión que se ejerce sobre los candidatos y partidos de oposición por parte de los gobiernos. Otras características son la corrupción generalizada, la debilidad de la sociedad civil y el estado de derecho, así como el acoso a los medios de comunicación. Por último, en este tipo de regímenes existe una limitada separación de poderes, especialmente manifiesta en la independencia del poder judicial. ( The Economist Intelligence Unit, 2024)

Es en este contexto que surge la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) en 2023. La RDD nace como una iniciativa ciudadana que buscaba influir e incidir de manera sana en las elecciones del fiscal general y fiscal general adjunto a través de un proceso de segundo grado. Al concluir este proceso, los miembros acordaron mantenerse articulados e impulsar esfuerzos conjuntos en materia democrática.

Una de las principales particularidades e innovaciones de esta coalición de organizaciones es su carácter multisectorial, pues ha logrado aglutinar sectores muy diversos; organizaciones de sociedad civil, sector privado, organizaciones de mujeres, jóvenes, de derechos humanos, las universidades privadas, iglesia católica y evangélica. Esta diversidad de actores representa la riqueza de la RDD pues las visiones y capacidades de estos sectores permite desarrollar acciones más efectivas.

En septiembre de 2024, previamente a la convocatoria a elecciones primarias de 2025, la RDD presenta el Observatorio de la Democracia2 (ODD), una plataforma de monitoreo permanente de indicadores clave en cuatro componentes; proceso electoral, estado de derecho, espacio cívico y eficiencia de la democracia. En este sentido, haciendo uso de los datos disponibles en el ODD y otras mediciones internacionales, en este escrito se desarrolla un breve análisis del contexto preelectoral de Honduras, evidenciando los principales desafíos que enfrenta la institucionalidad para garantizar, no solo un proceso electoral que cumpla con principios de integridad, sino en transcender a un sistema que garantice el bienestar y desarrollo a la ciudadanía.

De las Crisis Electorales a la aspiración de Reformas (inconclusas)

El sistema electoral de Honduras se ha configurado en los últimos 40 años a través de diversas reformas, que, como en la mayoría de los países de la región, ha sido el resultado de las negociaciones de las elites políticas representadas en el Congreso Nacional. Como fue señalado en el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación3 (Comisión de la Verdad y la Reconciliación , 2011), este orden político-institucional con un sistema de partidos políticos caracterizado por privilegios y turno en el ejercicio de un poder discrecional y arbitrario, ha limitado la organización y expresión pública de los ciudadanos, y finalmente los procesos electorales justos y limpios.

Según el índice de Percepción de Integridad Electoral que mide once componentes de las elecciones; las leyes que lo regulan, los procedimientos, la distritación electoral, el registro de los votantes, el financiamiento de campaña, el conteo de los votos, los resultados, entre otros, los procesos electorales se han comportado como se ilustra en el gráfico adjunto, en una escala del cero al 100, siendo cero el menos integro y 100 el más integro4.

La crisis post electoral marcada por elevados niveles de violencia que dejó como resultado 22 víctimas fatales según la Misión de Observación Electoral (Mision de Observación Electoral UE, 2017), así como irregularidades en el procesamiento y divulgación de resultados a favor del presidente en ejercicio, quien, por primera vez desde la promulgación de la constitución, concurría a una elección presidencial5, son algunas de condiciones que provocaron este declive en la percepción del proceso.

Con este precedente, las elecciones del 2021 supusieron un avance; alcanzaron un 68.58%6 de participación y se desarrollaron bajo una nueva Ley Electoral que, en algunos términos, fue beneficiosa para el desarrollo del proceso. Si bien las reformas electorales previas a las elecciones de 2021 marcaron un antes y un después, a tres años de la aprobación de la ley y en vísperas de las elecciones 2025, aún quedan reformas pendientes que vendrían a fortalecer la capacidad de responder a los desafíos más importantes que enfrenta el proceso, entre los que se encuentra el financiamiento ilícito a campañas electorales.

Sectores y misiones de observación electoral han presentado más de 50 recomendaciones que podrían mejorar el proceso, entre ellas; la integración de una segunda vuelta, la ciudadanización de las Juntas receptoras de votos y generar las condiciones para prevenir que el financiamiento ilícito logre permear las campañas, entre otras de índole administrativa y técnica.

Sobre esto, el Observatorio de la Democracia ha recogido y monitoreado el avance en su implementación, concluyendo que únicamente 5 han sido cumplidos de manera total y 5 de manera parcial. De manera conjunta, estas recomendaciones tienen el potencial de transformar un sistema electoral con un marco legal-institucional que tiende a favorecer a los partidos en el gobierno.

El Estado de Derecho y la Centralización del Poder en Honduras

En el entendido casi generalizado que el mero desarrollo de elecciones no va a determinar la calidad de la democracia en una sociedad determinada, la Red por la Defensa de la Democracia, sobre la base del monitoreo realizado en el ODD ha identificado diversos hechos que en los últimos meses han afectado el cumplimiento de los principios del Estado de Derecho y que, sin lugar a duda, erosionan la democracia en el país.

Frente a una corrupción casi generalizada que ha evoluciona do y se ha convertido en un complejo sistema criminal, la institucionalidad encargada de impartir justica se ha visto incapaz de reducir los índices de impunidad, es así que la aspiración ciudadana de que se instale un mecanismo capaz de coadyuvar a la investigación y judicialización de casos de delitos por corrupción de alto impacto, con el apoyo de Naciones Unidas ha sido latente en Honduras desde 2019 con la salida de la Misión
contra la Corrupción.

El partido Libertad y Refundación que asumió la administración en 2021 retomó esta exigencia ciudadana, como muchas otras, en su programa de gobierno. Si bien el proceso de negociación para la firma del acuerdo que regularía la instalación de una Comisión de similares características entre Naciones Unidas y
Guatemala demoró un aproximado de nueve meses7 , en Honduras se ha extendido por más de dos años nueve meses. La dilación de este proceso se debe, en importante medida, a la incapacidad del Congresos Nacional de generar las condiciones normativas para la operación del mecanismo de manera autóno-
ma e independiente, pues desde Naciones Unidas se ha presentado un informe que detalla las reformas que se requieren.8

De las nueve medidas que contempla el informe de Naciones Unidas como requisitos previos a la instalación del mecanismo, el Congreso de Honduras únicamente ha realizado tres durante el periodo de negociación. De esto, es importante mencionar que se incluye la derogación y o modificación del Decreto Ley 004-2022, conocido como “ley de amnistía”. Esta disposición otorga “amnistía general e incondicional” incluso por delitos con tra la administración, a quienes fueron funcionarios y empleados públicos del periodo 2006-2001 durante el gobierno de Manuel Zelaya, esposo y asesor presidencial de la actual presidenta de la Republica.

Esta situación constituyó el inicio de una tendencia a la centralización del poder, que a tres años de gobierno ha dejado como resultado la toma de decisiones arbitrarias y carentes de contrapesos, este es el caso del nombramiento de la candidata del partido oficial como secretaria de defensa 7 días antes de la convocatoria a elecciones primarias, donde las fuerzas armadas ostentan funciones por mandato constitucional.

En conclusión, el contexto previo a las elecciones en Honduras se enfrenta a desafíos que afectan no solo la calidad de sus procesos electorales, sino también la estabilidad de la democracia en general. A pesar de ciertos avances, como las reformas electorales de 2021, las reformas pendientes y la falta de implementación de medidas clave siguen representando un obstáculo significativo en el fortalecimiento del Estado de Derecho. La transición de gobierno, lejos de permitir el funcionamiento independiente de los poderes del Estado, atraídos a la centralización del poder, lo que ha generado es una percepción de perpetuar la impunidad, alimentada por la corrupción.

En este contexto, la sociedad civil, a través de iniciativas como la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) y su Observatorio de la Democracia, juega un papel crucial, primero, en generar información de calidad para que la ciudadanía cuente con herramientas para la construcción de una opinión informada, perotambién de incidir en la toma de decisiones que respondan a los intereses ciudadanos.

Referencias

1. Economist Intelligence Unit. (2024). Democracy Index 2023, Age of Conflict. Recuperado de https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/
2. Para más información sobre el Observatorio de la Democracia y navegar en la plataforma: https://rddhn.org/observatoriodelademocracia/
3. Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2011). Informe de la Comisión de la Verdad y reconciliación 2011, Hallazgos y Recomendaciones: Para que los hechos no se repitan. Tegucigalpa. Recuperado de https://www.oas.org/es/sap/docs/DSDME/2011/CVR/Honduras%20-%20Informe%20CVR%20-%20RECOMENDACIONES.pdf
4. Garnett, Holly Ann; James, Toby S.; Caal-Lam, Sofia, (2024), Perceptions of Electoral Integrity, (PEI-10.0), https://doi.org/10.7910/DVN/FQ5ECC Harvard Dataverse, V1, PEI_10 Election External.xlsx [PEI_10 Election External]
5. Misión de Observación Electoral UE. (2017). Informe Final sobre las Elecciones Generales. Recuperado de: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/373041878-moe-ue-honduras-2017-informe-final.pdf
6. Consejo Nacional Electoral (CNE). Elecciones Generales 2021. 28 de noviembre, escrutinio general. Disponible en: https://resultadosgenerales2021.cne.hn:8080/#resultados/PRE/HN
7. Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala (CICIACS) (“Acuerdo CICIACS”), Nueva York, 7 de enero de 2004, https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/iniciativas/Registro2954.pdf.
8. Padilla, Emy (13 de diciembre 2024). Expertos de la ONU solicitan derogar artículos 4 y 8 de “Ley de Amnistía” entre otras condiciones para instalar la CICIH. Criterio HN. https://criterio.hn/expertos-de-la-onu-solicitan-derogar-ar-ticulos-8-y-4-de-ley-de-amnistia-entre-otras-condiciones-para-instalar-la-cicih/