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Resumen semanal #6 del Observatorio Legislativo de Cuba

En la última semana, luego de las manifestaciones pacíficas que comenzaron el 11 de julio, no existen indicios de que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) esté volcando sus esfuerzos para concretar el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones previsto para el 14 de julio, que fue suspendido con vagas justificaciones, ya que se apuntó hacia la situación sanitaria en la Isla aunque los encuentros estaban programados para realizarse de manera virtual.

Lejos de retomar sus actividades, la ANPP se dedicó por completo a desacreditar las denuncias y acusaciones realizadas por diferentes órganos y personalidades internacionales tras las detenciones arbitrarias contra los manifestantes. Con este objetivo la Comisión de Relaciones Internacionales y a través de su presidenta, la diputada Yolanda Ferrer Gómez lanzaron una serie de comunicados para “difundir nuestra verdad ante la inmensa y brutal operación político-mediática contra Cuba, orientada y financiada desde los Estados Unidos”.

De este modo, la Asamblea se suma a los órganos estatales que pretenden omitir y desatender las demandas del pueblo cubano que salió a las calles, reduciéndolos a una pantalla orquestada por Estados Unidos y medios masivos de comunicación.

Si bien algunos de los principales temas que resonaron durante las protestas concuerdan con una creciente demanda de ayuda humanitaria frente a la escasez de alimentos, medicamentos y otros servicios básicos, la represión advirtió como nunca antes la necesidad de poner un límite sobre la vulneración a los derechos de libertad de expresión, asociación y manifestación consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las limitaciones a expresarse libremente, son consecuentes con la baja participación en la vida pública que los cubanos tienen permitido. Por lo que las manifestaciones desvistieron ante organizaciones internacionales, una vez más, la necesidad de que Cuba lleve adelante elecciones libres. Actualmente, en la isla la vida política de los ciudadanos está reducida a elegir entre los candidatos designados por las Asambleas de Nominación de Candidaturas, donde son propuestos los aspirantes a ocupar un cargo en las Asambleas Municipales. En los últimos tiempos, se ha impedido de diversas formas la participación de disidentes en estas instancias de decisión, de modo que nunca ha sido electo un candidato independiente.

Hoy el régimen cuenta con una normativa diseñada a la medida de sus intereses. Al día de hoy, el sistema electoral cubano contemplado en la Constitución de la República aprobada en el 2019 y la Ley N°37 – Ley Electoral, no admiten la participación política de los ciudadanos. En el Art. 5 de la Constitución se reconoce como único partido al Partido Comunista: “El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

La democracia permite una convivencia respetuosa entre fuerzas políticas que representan ideas distintas, otorgándole al ciudadano la posibilidad de elegir libremente entre una diversidad de candidatos a quien mejor lo represente.

Con pocas probabilidades de buscar puntos de encuentro o cierta tolerancia hacia la disidencia, el régimen avanza contra quienes decidieron manifestarse y cuestionar sus decisiones. En los últimos días comenzaron los juicios por “desorden público” a algunos de los detenidos durante las manifestaciones, incluso sin que los acusados contaran con la defensa de un abogado, según informaron medios locales.

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