Desde el pasado domingo 12 de julio, se sucedieron en Cuba una seguidilla de acontecimientos que marcaron lo que fue una de las más grandes protestas en los últimos 60 años, que se replicaron en diferentes puntos del territorio al grito de “patria y vida”. En las calles, el pueblo cubano exige libertad, acceso a servicios básicos: alimentos, electricidad y salud. Por la suba de contagios de Covid-19, el sistema de salud ha colapsado y hace meses médicos y ciudadanos denuncian a través de redes sociales que es necesaria una mejoría en el abastecimiento y las condiciones de trabajo en los hospitales y centros de salud.
Luego de las masivas marchas que se registraron, la respuesta inmediata del régimen castrista fue la represión contra los manifestantes y el corte del servicio de internet en diferentes ciudades. Pese a ello, cubanas y cubanos permanecieron en las calles exigiendo libertad.
Por su parte, el presidente Díaz-Canel, lejos de llevar tranquilidad a la ciudadanía y garantizar el respeto a los Derechos de expresarse libremente, dio luz verde para que las fuerzas de seguridad del Estado se enfrenten violentamente a los manifestantes.
La magnitud de las detenciones arbitrarias, requirió que diferentes organizaciones de la sociedad civil comenzaran a llevar un inventario de los detenidos y desaparecidos. Si bien no existe al momento una cifra exacta –ya que no se cuenta con información oficial-, diversos grupos de activistas y defensores de los Derechos Humanos, como el Movimiento San Isidro y Cubalex han publicado una lista de más de 200 detenidos, aunque en otros comunicados, como el del Consejo para la Transición Democrática, aseguran que ya serían más de 5000 detenidos en todo el país. Este trabajo fue llevado adelante gracias a las denuncias de los familiares de los detenidos en redes sociales.
Con la intención de apaciguar el impacto, incluso internacional, de las imágenes de represión violenta que trascendieron, el gobierno cubano anunció una serie de medidas que de alguna manera buscan dar respuesta a las problemáticas que se plantearon durante las marchas y sobre las cuales se viene reclamando hace meses. Una de ellas fue la suspensión de “carácter excepcional” al límite de entrada de alimentos y otros productos que escasean en la isla, como medicamentos, en forma de equipaje. Esto significa que quienes ingresen a la isla podrán llevar consigo este tipo de productos, sin ningún tipo de arancel aduanero en cuanto a la cantidad a partir del 19 de julio hasta el 31 de diciembre.
Sin embargo, estas medidas fueron calificadas como “migajas” por los manifestantes, ya que paralelamente a través del medio televisivo Hacemos Cuba, la Fiscalía y el Ministerio del Interior comunicaron las acciones legales que se tomarían contra los manifestantes. Según informaron en diferentes medios independientes, los detenidos podrían ser juzgados por “delitos de desorden público, instigación a delinquir, robo con fuerza, resistencia, atentado, lesiones, desacato, daños a la propiedad y propagación de epidemias.”
Un tema a tener en cuenta es que, en una de sus declaraciones, la coronel Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de la Investigación Criminal del MINIT, confirma que se detuvo a manifestantes durante las protestas pacíficas. Pero, como indicamos anteriormente, no se proporcionó desde el ministerio una cifra exacta que pueda dar cuenta de la cantidad de detenidos. Además, aseguró que en cada caso se ha informado a las familias de los detenidos el lugar en el que se encuentran, aunque fueron muchos los casos en los que se denunció el desconocimiento del paradero de detenidos. Como consecuencia a esto, surgió la necesidad de los activistas de crear un registro propio de detenidos y desaparecidos.
Según Liznay María Mederos Torres, fiscal de la dirección de procesos penales de la Fiscalía General de Cuba, aún se está investigando la participación en cada caso, para evaluar y definir las penas y sanciones que correspondan para cada uno de los detenidos. Afirmando que la condena puede ser aumentada hasta en la mitad de lo que se establece para el delito imputado.
Paradójicamente, al día de hoy no ha existido un pronunciamiento de la Asamblea Nacional sobre los sucesos que sacudieron a la Isla, solo se han publicado una suerte de notas de opinión que enjuician la actitud de los disidentes en intentan reavivar la vigencia de la revolución en el pueblo cubano.
Por otra parte, hasta el momento, la ANPP tampoco ha propuesto una fecha para la realización del Séptimo Periodo Ordinario de sesiones de la IX Legislatura que fue suspendido, dónde además estaba previsto que se traten las reformas al Código Penal a partir del cual serán juzgados los detenidos.
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