En los últimos días el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Juan Esteban Lazo Hernández, convocó oficialmente al Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura, a partir del día miércoles 14 de julio. El centro de debate estará concentrado en el Palacio de Convenciones en la ciudad de La Habana, mientras que los diputados de las demás provincias estarán presentes a través de videoconferencia.
Según el cronograma está prevista la aprobación de una serie de propuestas normativas presentadas por el Tribunal Supremo Popular, vinculadas al proceso judicial que pretenden complementar la Constitución de la República de Cuba aprobada en 2019, que en su décima disposición transitoria establece que: «El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en el plazo de dieciocho meses de entrada en vigor de la Constitución, presenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto de nueva Ley de los Tribunales Populares, ajustado a los cambios que en la presente Constitución se establecen, así como las propuestas de modificaciones a la Ley de Procedimiento Penal y Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, que correspondan».
Son cuatro los proyectos de ley sujetos a tratamiento: la Ley de los Tribunales de Justicia, pretende la actualización de las normas de que regulan las tareas de la actividad judicial relacionada con la organización de tribunales, su jurisdicción y competencia, requisitos de los magistrados y demás jueces, como los procesos para su elección y revocación; el Código de Procesos, comprende el tratamiento de los procedimientos para la tramitación y solución de los asuntos en materias civil, familiar, mercantil, del trabajo y la seguridad social; la Ley del Proceso Administrativo, este tipo de procesos se encamina en una vía independiente de los planteados previamente y establece los principios que rigen el proceso administrativo; y la Ley del Proceso Penal, adaptándose a las disposiciones de la reciente Constitución, pretende consolidar el orden interno a partir de la garantía y la protección de derechos.
Estos cuatro proyectos fueron analizados durante una serie de sesiones de trabajo por regiones donde se plasmaron las dudas y recomendaciones sobre los proyectos. Además, fueron puestos a consideración de la ciudadanía a través de líneas de correo electrónico en cada caso, donde los cubanos podrían enviar recomendaciones sobre los proyectos.
En este sentido, diferentes grupos de activistas y medios de comunicación han presentado informes donde detallan los principales puntos a tener en cuenta sobre algunos de estos proyectos. El Grupo de Expertos de Monitor Legislativo-Diario de Cuba formuló una serie de cuestiones que se deben advertir en el debate del Proyecto de Ley del Proceso Administrativo y en el Proyecto de Ley del Proceso Penal. A propósito del primero, remarcaron la necesidad de que se cree una Ley que regule en términos generales los actos administrativos, así como se debe regular también «la actuación, reglas, facultades, transparencia, modos de rendir cuenta ante el pueblo, límites y régimen sancionador a los que estarán sometidos la máxima estructura del Partido Comunista de Cuba». Además destaca los aspectos negativos de que se excluya de la aplicación de esta normativa a los asuntos militares o de defensa nacional, las relaciones exteriores o las políticas monetarias.
En segundo lugar, en relación con la Ley de Proceso Penal, el proyecto dispone que se abandona el concepto de peligrosidad social, adoptando el de lesividad social, de este modo «restringe el ámbito de aplicación del derecho penal a acciones realmente dañosas, reforzando la visión de que se trata de un derecho de última ratio». Otro tema a tener en cuenta es el Habeas Corpus, que de acuerdo al proyecto presentado, queda sujeto a la voluntad del tribunal la posibilidad de que se de inicio o no a la investigación para que se libere a un acusado.
De allí que la gran incógnita a formular es si las reformas judiciales que se aprueben en este periodo de sesiones tendrán un certero beneficio para la sociedad civil o meramente son una respuesta a los intereses del gobierno cubano.
Entre otras actividades, el Presidente de la ANPP se reunió con el Ministro de Construcción, René Mesa Villafaña para coordinar la presentación de los resultados de la fiscalización del Ministerio de Construcción (MICONS) que deberán exponerse también en el próximo periodo de Sesiones Ordinarias del mes de julio.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
