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Resumen semanal #22 del Observatorio Legislativo de Cuba

Finalizado el primer periodo de sesiones de este año de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el parlamento se encamina para continuar con los procesos de control a diferentes órganos estatales, una figura adolescente incorporada en la Constitución del año 2019. El Art. 108 establece como una facultad de la legislatura como el principal órgano de gobierno: “ q) ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado” y “s) conocer, evaluar y adoptar decisiones sobre los informes de rendición de cuenta que le presenten el Consejo de Estado, el Presidente de la República, el Primer Ministro, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y los organismos de la Administración Central del Estado, así como los gobiernos provinciales”. 

Consiguientemente, en el Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la ANPP, a finales del año 2020, se aprobó por primera vez el ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de la Construcción (Micons), y la evaluación del informe de rendición de cuenta del Gobierno Provincial de Sancti Spíritus.

Si bien existen otros órganos que realizan algún tipo de control sobre los órganos estatales, como las Asambleas Municipales o el ex-tribunal de cuentas, actual Ministerio de Contraloría General de la República, debemos recalcar que los planes de acción de este último están sujetos a las directivas del Consejo de Estado. Una vez más es difícil hablar de un programa de auditoría que transmita confianza y transparencia a los cubanos. 

Por otra parte, la idea de “alta fiscalización” en manos del parlamento tiene un doble sentido, en primer lugar se dice que es realizada por el órgano supremo del estado y que, en segundo lugar, está destinada a “órganos que ocupan una posición relevante en la superestructura del Estado”. Ahora bien, ¿Cómo se decide quién rinde cuentas y cada cuanto tiempo ante la Asamblea? la Ley No. 131 «Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba» dispone que “La Asamblea Nacional del Poder Popular, a propuesta de su presidente, aprueba quién le rinde cuenta en sus períodos de sesiones, así como la comisión que se encarga del correspondiente cronograma de trabajo y de la elaboración del dictamen”. Por lo que el control a determinados entes y autoridades públicas está sujeto a las preferencias e intereses de quien presida el parlamento en aquel momento. Aunque esta propuesta debe ser aprobada por el cuerpo legislativo, ya vimos en otras oportunidades que este tiende a ser una voz unánime con escasos criterios de objetividad. 

En cuanto a la periodicidad con que estas instituciones rinden cuentas ante la Asamblea, la misma ley establece que: “El presidente de la República, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República, rinden cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular al menos una vez en la legislatura; los restantes órganos estatales lo realizan cuantas veces esta le interese”. Las legislaturas representan el periodo de mandato de los diputados, cada legislatura dura cinco años, por lo que el presidente o cualquiera de las autoridades antes mencionadas podría rendir cuentas a la Asamblea solo una vez en cada mandato y estaría cumpliendo con lo previsto en las normas. 

En la última sesión de la ANPP, la Comisión de Industria, Construcciones y Energía del Parlamento cubano presentó los resultados del proceso de Fiscalización del Ministerio de Construcción que se había aprobado el año pasado, sin embargo la rendición de cuentas del Gobierno provincial de Sancti Spíritus quedó pendiente para la próxima sesión. 

¿En que se basó este primer ejercicio de la alta fiscalización? De acuerdo a la información que se proporcionó durante las sesiones, se incluyeron reuniones con los consejos de dirección del Micons teniendo en cuenta ciertos aspectos que interesaban al régimen, como el cumplimiento del Plan Económico. En el caso de la fiscalización a Sancti Spíritus, este trabajo se estaría llevando a través de recorridas y visitas de los diputados encargados en el territorio. Se desconoce si estos encuentros y conversaciones con los vecinos se trasladan en algún tipo de encuesta o plataforma para ser trabajados como datos más objetivos.  

De este modo, quedarían pendientes para el próximo periodo de sesiones, la rendición de cuentas del Gobierno Provincial del Poder Popular de Sancti Spíritus y la rendición de cuentas de la gestión del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, aprobada durante el Séptimo Período de Sesiones de la ANPP.

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