Resumen Semanal #14 del Observatorio Legislativo de Cuba

Este jueves 16 de septiembre, el Parlamento Europeo (PE) trajo al debate la situación de los Derechos Humanos (DDHH) en Cuba, demandando a la Unión Europea la necesidad urgente de aplicar al régimen cubano las sanciones que correspondan tras las violaciones a los DDHH durante las multitudinarias manifestaciones del 11 de julio. El texto aprobado con 426 votos a favor, 146 en contra y 115 abstenciones, indica una profunda preocupación por “el Decreto‑Ley 35 y la Resolución 105, adoptados hace poco, que ofrecen amplias vías legales para criminalizar a las personas que participan en protestas pacíficas legítimas mediante el control de los medios de telecomunicación, dando así paso a nuevos métodos de represión; pide a las autoridades cubanas que actualicen el marco jurídico de conformidad con el Derecho internacional y deroguen el Decreto‑Ley 35 y cualquier otra normativa que restrinja las libertades fundamentales de su ciudadanía”.

Cabe recordar que el pasado junio, el PE aprobó una resolución -impulsada por el grupo conservador del Partido Popular Europeo junto a los liberales y eurodiputados de extrema derecha- en la que señalaron que Cuba “no ha registrado avances concretos” en materia de derechos humanos. Por ello el documento “Pide al Consejo que haga uso de lo dispuesto en la ley Magnitski de la Unión y adopte sanciones lo antes posible contra los responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba”.

Frente a esta situación, el lunes 13 de septiembre la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) realizó una denuncia rechazando la iniciativa del PE para que se trate la situación de los Derechos Humanos en la Isla. Argumentando que “el mismo grupo reducido de eurodiputados que responden a la agenda de Washington ha logrado imponer un nuevo debate sobre Cuba el próximo 16 de septiembre”.

Según la última actualización del registro de Prisoners Defenders, que han recabado información sobre detenidos y condenados desde los comienzos de las movilizaciones del 11J, se registraron al menos 5000 detenidos, 381 convictos y condenados.

Ambas partes, los impulsores de este proyecto como el régimen castrista, cuestionan el cumplimiento del acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con La Habana establecido por la UE en el año 2016. Primordialmente, considerando que en los últimos cinco años no ha habido un avance alineado con la defensa de los Derechos Humanos y las libertades individuales. Contrariamente, la persecución contra activistas y disidentes al régimen pareciera empeorar con el paso del tiempo.

Tras este pronunciamiento, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la ANPP, Yolanda Ferrer Gómez manifestó nuevamente a través de redes sociales el descontento con la aprobación de este documento. “Rechazamos enérgicamente nueva espuria resolución del Parlamento Europeo. Cuba no le concede autoridad moral alguna para pronunciarse, juzgar y mentir sobre asuntos internos que solo competen a nuestro país”.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia de Cuba dió a conocer el texto completo de la versión N22 del nuevo Código de Familias que será debatido en la ANPP para dar cumplimiento a la disposición transitoria decimoprimera de la Constitución aprobada en el año 2019 que establece que “Atendiendo a los resultados de la Consulta Popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá, en el plazo de dos años de vigencia de la Constitución, iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio”.

Entre otras, esta edición del nuevo Código ha incluido en el artículo 2 referente al reconocimiento de las familias, que “Las distintas formas de organización de las familias se crean sobre la base de relaciones afectivas entre parientes, cualquiera sea su naturaleza y entre cónyuges o parejas de hecho afectivas” descartando que las familias se sustentan solo en lazos sanguíneos. En cuanto a la Violencia Familiar, abordada en el Título III, indica que “La violencia familiar implica un desequilibrio de poder y abarca la basada en género, la que se produce contra niñas, niños y adolescentes, contra las personas adultas mayores y contra las personas en situación de discapacidad”, reconociendo como manifestaciones de este tipo de violencia al “maltrato físico, psíquico, moral, sexual, económico o patrimonial, ya sea por acción u omisión, directa o indirecta, en el que agresores y víctimas tuvieron o mantienen relaciones de pareja, y la que se produce entre parientes”.

Además, en cuanto al matrimonio, uno de los temas que generaba cierta incertidumbre entre los miembros de la comunidad LGBTIQ+ al no haber sido incluidos en la conformación de la comisión de trabajo para la redacción del proyecto. En el Título V lo define como “la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto y el amor”. Habilitando que parejas de cualquier sexo y género puedan contraer matrimonio.

Por último, en cuanto a la gestación solidaria: “se autoriza judicialmente cuando en la misma intervengan personas unidas por vínculos familiares, en beneficio de mujeres con alguna patología médica que les impida la gestación o de personas que presenten esterilidad o de hombres solos o parejas de hombres”. También indican que únicamente autorizará judicialmente que la gestación solidaria en por personas no unidas por vínculos familiares, siempre que sean afectivamente cercanas.

Esta edición del Código de las Familias fue puesta a consideración de los ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales que podrán emitir comentarios sobre el mismo a través del mail familias@minjus.gob.cu . Posteriormente, se elaborará una nueva versión del anteproyecto que incluya los resultados arrojados por los análisis de la población que será sometida a aprobación de las diputadas y diputados de la ANPP para luego ser sometida al proceso de consulta popular.