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Resumen semanal #13 del Observatorio Legislativo de Cuba

Para dar cumplimiento a la disposición transitoria decimoprimera de la Constitución aprobada en el año 2019, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) debe aprobar este año un nuevo Código de las Familias (que no se ha actualizado desde el año 1975) que será sometido a referendo y que debe incluir la forma de constituir el matrimonio. 

Durante las consultas públicas previas a la aprobación de la nueva Constitución, surgieron controversias sobre la introducción del Matrimonio Igualitario. Finalmente, en la disposición transitoria mencionada anteriormente, se sancionó que “Atendiendo a los resultados de la Consulta Popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá, en el plazo de dos años de vigencia de la Constitución, iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio”. Mientras que en el cuerpo de la Constitución sólo se hizo referencia al tema en el artículo 52 el siguiente texto: “El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges“

Es así que, para cumplir con las disposiciones de la nueva Constitución, en la aprobación del Cronograma Legislativo 2019-2023 se incluyeron este y otros proyectos tales como la Ley de Tribunales Populares y las modificaciones al Procedimiento Penal, el Código de Procesos y la Ley del Proceso Administrativos, que aún no fueron tratados debido a la suspensión de las sesiones de la ANPP.

En el Acuerdo Número IX-49 de la sesión del día 21 de diciembre del año 2019, publicado en la Gaceta Oficial del 13 de enero de 2020, se determinaron las consideraciones y fechas tentativas para la aprobación de 39 leyes y 31 decretos-leyes. Este calendario se vio modificado por la pandemia y la inactividad de la ANPP, por lo que algunos proyectos quedaron pendientes de aprobación ocho leyes para este año. 

Al margen de los retrasos sufridos por la situación sanitaria, desde un primer momento la decisión de someter el proyecto a una consulta popular generó profundos debates en la sociedad civil y movimientos de activistas LGBTIQ+ de Cuba. 

En primer lugar, debemos distinguir que, entre los proyectos antes mencionados y los demás previstos en el Cronograma Legislativo, solamente la aprobación del nuevo Código de las Familias será sometido a un referendo. Esta decisión generó desconfianza entre los activistas ya que se desconoce cuál es la raíz que lleva a someter este proyecto a consulta popular y no otros. Por lo que la comunidad LGBTIQ+ se ha movilizado bajo el lema “los derechos no se plebiscitan”, ya que no se puede llevar a votación la adopción de un derecho. 

Otra cuestión que generó rechazo en la comunidad está vinculada con la conformación de la comisión a cargo de la redacción del proyecto, integrada por 30 funcionarios designados por el régimen, en la cual no se incluyó a ningún representante de la comunidad LGBTIQ+. Esta situación genera dudas en cuanto a las perspectivas hacia un Código de las Familias realmente inclusivo. Además, este sector llamó la atención en distintas oportunidades sobre la falta de transparencia sobre el mismo. 

Finalmente, luego de meses de silencio, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tras una reunión con los integrantes de la Comisión que tuvo a su cargo la elaboración del nuevo Código, dio a conocer que se publicará una versión preliminar del proyecto. Se trata de la versión número 22 de este proyecto, que avanzará en el proceso de consultas especializadas para luego ser presentado ante la ANPP y sometido a referendo popular. 

Si bien el texto aún no fue publicado, se espera que incluya temas relacionados con el matrimonio igualitario, la reproducción asistida, la intermediación familiar, las vías de comunicación entre los familiares, las variantes de las tutelas de los menores y las personas dependientes y la protección a los niños, adolescentes y adultos mayores en casos de violencia, entre otros, según se precisó a través de medios oficiales.

 

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