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Resumen semanal #11 del Observatorio Legislativo de Cuba

Una vez más queda en evidencia como indiscretamente, los efectos de la pandemia parecen impactar en forma dispar en la tarea legislativa del régimen cubano. Por un lado, desde el día 6 de julio la Asamblea Nacional del Poder Popular ha postergado el Séptimo Período Ordinario de Sesiones en su IX Legislatura previsto para el 14 de julio, sin tener hasta el momento noticias de su reprogramación. Esta sesión prometía dar lugar al tratamiento de una serie de proyectos de gran importancia en materia de derechos, más allá de las limitaciones que en ellos se han observado. Entre ellos la Ley del Proceso Penal, la Ley de los Tribunales de Justicia; el Código de Procesos; y la Ley del Proceso Administrativo. 

Sin embargo, la crisis sanitaria y el colapso del sistema de salud no parece haber alcanzado otros aspectos de la tarea legislativa, coincidente con los objetivos e intereses del régimen. Aunque la ANPP no encontró la forma de llevar adelante ni siquiera de manera virtual las sesiones de la Asamblea Nacional que debiese reunirse al menos dos veces al año, el Consejo de Estado ha aprobado recientemente una serie de decretos leyes que fueron mencionados en las entregas que preceden a este resumen semanal, entre ellos la reforma al Sistema Tributario, el Decreto-Ley sobre las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia, entre otros. 

A estas iniciativas, se han sumado recientemente el Decreto-Ley 35 publicado en la Gaceta Oficial No 92 del 17 de agosto, con el objetivo de Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la Revolución; y los Decretos-Leyes: 41/2021 “De la creación del Instituto de Información y Comunicación Social”, 42/2021 “De la Reorganización del Sistema de Planificación Física y la creación del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo”, y 43/2021 “De la Misión del Ministerio de Educación Superior”. 

En líneas generales, el Decreto-Ley 41/2021 deroga el hasta ahora Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), suplantandolo por el Instituto de Información y Comunicación Social (IICS). La creación de este instituto no deja de ser otro esfuerzo del régimen cubano por incidir y vigilar lo que se comunica a través de diferentes medios, especialmente en las plataformas digitales. Luego de las manifestaciones del 11J, las redes sociales y los medios independientes se convirtieron en el principal punto  de observación del gobierno para evitar que una situación similar se les pudiera adelantar. Si algo marcó el desenlace de estas protestas es que el régimen no pudo anticipar lo que pasaría. 

De por sí, el ICRT era funcional a los intereses de la propaganda política y mediática del Gobierno. Pero uno de los temas que más llama la atención en la redacción de este proyecto se encuentra en el Artículo 2 donde expresa lo siguiente: “Crear el Instituto de Información y Comunicación Social como Organismo de la Administración Central del Estado que tiene la misión de conducir y controlar la Política de la Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubano…”. La incorporación de la palabra controlar en lo que entraña el objetivo principal de este órgano, deja plasmado de manera explícita las vagas intenciones del gobierno por abrirse al diálogo. En todo caso, es una declaración abierta de control dictatorial de los medios de difusión radiotelevisivos.

Posteriormente, en el programa Mesa Redonda autoridades gubernamentales se han pronunciado sobre la creación de este instituto, argumentando que el mismo es el producto de años de trabajo. Recurrentemente, dejaron entrever que la comunicación es tomada principal y únicamente como una herramienta para el fortalecimiento del proyecto estatal.  Si bien Humberto Juan Fabián Suárez, vicepresidente de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), refirió que este instituto es una vía “para favorecer el diálogo y el consenso de la sociedad cubana”, debemos resaltar que entre las actividades que no están habilitadas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia según el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, se encuentran las actividades relacionadas con la producción y distribución de información, lo que abarca desde la producción audiovisual independiente, hasta el trabajo de las agencias de noticias privadas. 

Estos proyectos continúan en la línea del  fortalecimiento unidireccional de la comunicación del Partido Único, mientras se restringe el trabajo del periodismo independiente en la isla.

 

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