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Reseña del libro “Así se vota en Venezuela, de la Constituyente de Chávez a la Constituyente de Maduro”

Reseña del libro de “Así se vota en Venezuela de la Constituyente de Chávez a la Constituyente de Maduro”, trabajo realizado por Jesús Delgado Valery, José Enrique Delgado, Leandro Querido y Eduardo Repilloza Fernández, con la colaboración de Eugenio Martínez. Será publicado en el año 2020 por Transparencia Electoral Ediciones.

 

Transparencia Electoral para América Latina está por presentar la segunda entrega de la serie Así se vota, un desarrollo editorial con sello propio que estudió en detalle el sistema electoral cubano en su primera parte, y que ahora se concentrará en Venezuela. Al cumplirse dos décadas desde que el chavismo asumiera el poder, es necesario encarar el análisis de los procesos electorales celebrados bajo este régimen que, a diferencia del cubano, primero se trató de un autoritarismo competitivo para luego convertirse en uno cerrado.

El trabajo empieza con una mirada a la Venezuela moderna, de mediados de siglo XX, desde los inicios del sufragio universal, y repasa la conquista de derechos políticos y libertades fundamentales como el voto femenino, hasta la celebración de las primeras elecciones por voto universal que resultaron en la primera (aunque breve) experiencia democrática del país. Luego, se concentra en detalle en la Venezuela que precedió al chavismo, los 40 años de bipartidismo y democracia representativa encarnada por los partidos que suscribieron el Pacto de Puntofijo tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, en 1958.

El puntofijismo es una etapa de la historia de la República civil venezolana, sobreviviente de golpes y conjuras auspiciadas y alentadas por Fidel Castro, pero también es una representación fiel de lo delicada que puede llegar a ser la democracia. El sistema democrático construido por los sucesores de la Generación del 28 llegó a deponer a un presidente en funciones por cargos de corrupción, pero también dejó pasar 30 años desde su fundación para celebrar elecciones directas para gobernadores. De manera que, aunque son atribuibles a ellos ciertas conquistas, también lo son los errores que engendraron al chavismo. Las deudas que tenía la democracia representativa con los venezolanos no eran menores, y a pesar de sus virtudes y de tener mucho para madurar, expiró drásticamente en 1999 para dar paso a la democracia “participativa y protagónica”.

Pasamos entonces a detallar esa etapa de transición entre una democracia y otra, deteniéndonos en sus definiciones. La democracia representativa o delegativa, hace sencillamente referencia a la forma en la que los ciudadanos eligen ordenar los asuntos públicos, y bajo este régimen la autoridad se delega a representantes que se encargan de gestionarlos en nombre de sus compatriotas. Esta autoridad delegada se confirma o renueva periódicamente, a través de la celebración de elecciones, único momento en el cual –alegan sus detractores—el ciudadano ejerce soberanía. Para el chavismo y los defensores de la democracia “participativa y protagónica”, el ciudadano debía, en teoría, manejar el poder constantemente por diversos medios de participación y contraloría directa, conservando en todo momento esa soberanía y delegando solo algo de autoridad para manejar el Estado. Haciendo uso de una Asamblea Nacional Constituyente unicolor, producto de un modelo electoral que sobrerrepresentó al chavismo, se introdujeron en la Constitución de la nueva República Bolivariana de Venezuela las figuras de referendo revocatorio y aprobatorio, “cabildos abiertos”, “consultas populares” y otras ideas novedosas.

Ahora bien, los Constituyentes que promulgaron la Carta Magna de 1999 dejaron a un lado la descripción y regulación de los métodos de activación, implementación y gestión de estos medios de participación, cuyos resultados y decisiones serían teóricamente vinculantes, y la delegaron a leyes orgánicas y ordinarias emanadas de una rama del poder netamente política: la Asamblea Nacional. Más aún, nos adentramos en cómo los Constituyentes sentaron las bases del sistema autocrático que el chavismo tenía planeado instaurar. Declarándose depositarios del poder originario del Pueblo, se enfrentaron casi de inmediato a los poderes constituidos, disolvieron las Cortes y el Congreso sin siquiera haberse planteado los medios para sustituirlos, y una vez aprobada y promulgada la Constitución, instalaron una Comisión Legislativa Nacional (el “Congresillo”), con la que nombraron a los titulares de los nuevos Poderes Nacionales, incluidos magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia y rectores del Consejo Nacional Electoral, estos últimos encargados de llevar adelante los procesos comiciales para renovar los cargos de elección popular, todo armados solo con un “Estatuto Electoral del Poder Público”.

Entre la juramentación de Chávez en febrero de 1999 y finales del año 2000, se celebraron seis procesos comiciales: un referendo consultivo para aprobar la convocatoria a una elección para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente y refundar el Estado (que ya contenía las bases comiciales sobre las que se elegiría, en apariencia basadas en el principio de representación proporcional); elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente; un referendo aprobatorio de la nueva Constitución; elecciones generales para elegir a todos los cargos de elección popular (divididos en dos procesos); y un referendo consultivo para aprobar la “renovación de la dirigencia sindical” y suspender a los directivos de todas las centrales sindicales del país hasta que se celebraran nuevas elecciones internas. Es decir, casi una elección o consulta cada cuatro meses. El chavismo se escudó en aquel entonces en esto mismo para desacreditar a quien lo acusara de ser autocrático, y todavía hoy hace alarde de la cantidad de procesos electorales que se han realizado desde 1999.

A no confundirse, la celebración periódica de elecciones no es en sí misma sinónimo de democracia, lo que importa es la calidad o integridad de estos procesos y su origen mismo. Chávez a todas luces utilizó la mayoría circunstancial con la que contaba para hacer aprobar todos sus proyectos sin umbrales mínimos de participación. Con alta abstención electoral, una maquinaria partidaria bien aceitada y una oposición desarticulada y desmovilizada, el chavismo avanzó sin perder tiempo en la imposición de un modelo que ve su fin último consumado en la forma de una nueva Asamblea Nacional Constituyente que Nicolás Maduro hizo aprobar e instalar en 2017 sin ningún tipo de referendo consultivo previo y sin fecha de cesación en funciones. De hecho, el régimen chavista desestimó desde un principio a las minorías, refiriéndose a estas como “escuálidos” y “oligarcas”, vinculándolas a las élites del puntofijismo que se habían desconectado por completo de la realidad social del país.

Así se vota en Venezuela desnuda al chavismo desde una perspectiva estrictamente electoral, exponiendo sin interrupciones y en un solo hilo narrativo la estrategia utilizada durante estos últimos 20 años para destruir a la democracia venezolana desde adentro. Se evidencia que Chávez no era un demócrata convencido que se cansó del saboteo opositor a su gestión y se radicalizó tras el golpe de Estado de 2002; sino que al contrario, siempre fue un autócrata con un proyecto de poder –más que de país–, más inclinado a la imposición que al consenso, cuya estrategia se precipitó como resultado de ese 11 de abril. Es después del golpe en su contra que, argumentamos, el chavismo entró en su etapa de autoritarismo competitivo. Mientras que en una democracia se compite en elecciones y cualquier partido puede perderlas; en autoritarismos competitivos se celebran elecciones en los que los partidos de oposición son los que las pierden.

Court-packing, la subversión de la representación proporcional, la manipulación de circunscripciones electorales y de proyecciones poblacionales, son todas estrategias que el chavismo no inventó, pero que sí le sirvieron para bloquear el acceso de la oposición a puestos desde los que podía ser un contrapeso real al ejercicio del poder. Ya para la muerte de Chávez en 2013, las condiciones en las que se le permitía a la oposición participar de procesos electorales eran tales que hablamos formalmente de fraude estructural. Es decir, el sistema democrático estaba tan intervenido por el poder que cada etapa de los comicios (antes, durante y después del acto electoral) veía su integridad comprometida, cada una diseñada o amañada para dar ventaja al oficialismo, conservando condiciones y garantías mínimas para no desincentivar por completo la participación de la oposición.

La implementación de tecnología en los procesos electorales de Venezuela es una pieza clave del trabajo que hemos hecho, y es que ha sido uno de los temas más relevantes y controversiales de la agenda pública en tiempos electorales. Reuniendo reportes de organizaciones que han observado elecciones en Venezuela, como el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, y aportando la experiencia propia como autores y observadores de los mismos procesos, logramos entrelazar la evolución de los sistemas implementados con la progresiva y tortuosa construcción de confianza por parte de todos los actores en dichos sistemas. Dado que la automatización de todas las fases de los procesos electorales fue un factor introducido como producto de una imposición administrativa en el año 2004, y no del consenso, pasaron años y acusaciones de fraude para que la oposición llegara a confiar en el sistema.

Sin embargo, la población general nunca dejó de trasladar la desconfianza que sentía por la actuación de los directivos del Consejo Nacional Electoral hacia el sistema automatizado de votación, esparciendo mitos que desincentivaban el voto opositor y hacían juego a la estrategia del oficialismo. El hecho de que el proveedor más antiguo del ente comicial, Smartmatic cesara operaciones en el país e hiciera público, no solo que no podía avalar las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, sino que tenía razones para creer que los resultados habían sido manipulados, no hizo más que incrementar la desconfianza en la tecnología como facilitadora de sistemas más seguros de votación que el manual. Eugenio Martínez, periodista especializado en elecciones, nos asiste en este tema en un apéndice dedicado exclusivamente al tema de la tecnología en procesos electorales en Venezuela.

Además, detallamos los casos en los que, aun cuando la oposición ganaba elecciones, las perdía. Cuando Chávez perdió el referendo aprobatorio de una reforma constitucional en 2007, se hizo aprobar una Ley Habilitante por la Asamblea Nacional y promulgó una batería de leyes contentivas de las propuestas que habían sido rechazadas en la consulta. Cuando el chavismo perdía elecciones regionales y gobernadores de oposición asumían sus cargos, utilizó la figura de las “Corporaciones de Desarrollo” regionales bajo control del poder central para desviar recursos, llegando incluso a sustraer la administración de autopistas, puertos y aeropuertos de los gobiernos estaduales, aun cuando la Constitución las categoriza como competencias exclusivas de estos. Cuando alcaldes de oposición se negaron a prohibir protestas en las revueltas populares de 2014 y los servicios de aseo municipales se vieron superados por las barricadas improvisadas por los ciudadanos, el Tribunal Supremo de Justicia los destituyó de sus cargos.

El chavismo no se detuvo ante nada para concentrar lo que quedara de poder, y al perder todos los tipos de mayorías de la Asamblea Nacional en 2015 reveló la última faceta del proceso revolucionario: el autoritarismo cerrado o régimen de partido único. Utilizó los poderes constituidos para neutralizar al Congreso hasta que instaló una nueva Asamblea Nacional Constituyente, sin fecha de cesación en funciones, con lo que profundizó la crisis institucional. El Estado venezolano está entonces secuestrado, no por un partido político, sino por una asociación criminal que ya no es capaz de medirse en elecciones libres, lo cual no termina de quitar a los ciudadanos venezolanos el deseo de solucionar la crisis en paz y de vivir en libertad.

 

[author] [author_image timthumb=’on’][/author_image] [author_info]Eduardo Repilloza Fernández

Politólogo por la Universidad Rafael Urdaneta (URU) en Venezuela, Maestrando en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato di Tella en Argentina, y Director de Investigaciones en Transparencia Electoral para América Latina. Fue Coordinador Regional de Contraloría Ciudadana de Súmate, A.C. (Venezuela) y ha sido miembro de Misiones de Observación Electoral en Venezuela y Argentina.[/author_info] [/author]

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