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¿Putin a la Corte Penal Internacional?

La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, la comisionada para los derechos del niño, investigados por la deportación y el traslado de chicos ucranianos desde las zonas ocupadas hacia Rusia desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

¿En que se sustenta la orden de arresto?

El viernes 17 de marzo, la Corte Penal Internacional difundió las órdenes de arresto contra Putin y Lvova-Belova con el fin de prevenir nuevos delitos relacionados con la presunta deportación de niños en zonas ocupadas de Ucrania, en el marco de la guerra que comenzó hace un poco más de un año.

A partir del comienzo de la guerra, las organizaciones gubernamentales pertinentes vienen analizando y discutiendo la necesidad de iniciar una investigación penal contra los líderes rusos por iniciar conflictos armados.

Desde el punto de vista del derecho internacional, Rusia como miembro de Naciones Unidas y parte del Consejo de Seguridad de dicha organización, estaría cometiendo un delito basado en el principio de no agresión, el cual dispone: “Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para violar las fronteras internacionales existentes de otro Estado o como medio de resolver controversias internacionales, incluso las controversias territoriales y los problemas relativos a las fronteras de los Estados.”

En este caso, la Corte Penal Internacional, tribunal creado en 2002 por el Estatuto de Roma para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, el cual esta avalado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Este tribunal no tiene competencia jurisdiccional, ya que  Rusia firmó el Estatuto de Roma en el 2000, pero retiró su respaldo en 2016, después de que la CPI clasificara la anexión de la península de Crimea por parte de Moscú como un conflicto armado.

Pero, los 123 países que firmaron el Estatuto de Roma están obligados a ejecutar los mandatos de detención contra Putin y María Lvova-Belova. La detención ocurriría en el caso de que alguno de los dos viaje a alguno de estos países.

Obstáculos para la CPI.

  • Un primer obstáculo que enfrenta la corte es que Vladimir Putin podría invocar cierta inmunidad al ser Jefe de Estado en función, una de las formas de “salvarse” de la orden de arresto sería renunciar al Consejo de Seguridad de la ONU, dado que el mismo seria el único que podría dejar sin efecto esa inmunidad. Pero también es contraproducente el derecho a veto con el que cuenta Rusia.
  • Un segundo obstáculo es la posibilidad remota de que alguno de los imputados sea efectivamente detenido y llevado a rendir cuentas. La CPI, razonablemente, no celebra juicios en ausencia

Las normas y jurisdicciones del sistema internacional son muy ambiguas, ya que se basan en la voluntad de los estados para poder hacerse factibles. En este caso, por un lado, tenemos a la Corte Penal Internacional, la cual busca por todos los medios disponibles hacer justicia por los delitos de guerra cometidos por Putin, el Jefe de Estado ruso, y al mismo tiempo la efectividad de esta orden de arresto traería consigo nuevos aires a institución muy golpeada en los últimos años por alegaciones de ineficacia, discriminación e irrelevancia.

Por otro lado, tenemos a Rusia y su Jefe de Estado, quienes harán lo imposible para no responsabilizarse por los actos cometidos, ya que afirman que las alegaciones contra Putin y Lvova-Belova son totalmente nulas.

Solo quedaría esperar que la cooperación internacional se haga presente en las detenciones pertinentes en los países partes del Estatuto de Roma, dado que es una de las pocas vías, sino la única, que podría hacer efectiva la orden de arresto.