Existe en México, como en todo el mundo, un debate en torno a la pandemia de Covid-19 y la necesidad frente a este escenario de detener o reanudar la marcha de los calendarios electorales. Los políticos y los liderazgos que ejercen están nuevamente en la mira de todos los actores globales.
La presidencia de Manuel López Obrador y sus conductas marcadamente populistas se encuentran acorralados entre las demandas institucionales de la oposición política, y gran parte de la ciudadanía, y la necesidad de tomar medidas efectivas frente a la pandemia de Covid-19. En esa respuesta debe además ser eficiente, pues el contexto económico local e internacional no dan margen para intervenciones desacertadas sobre la economía.
En cuanto a la gestión del poder ejecutivo, la llegada de la pandemia a México ha puesto en foco nuevamente el excepcionalismo con el que su gobierno analiza el escenario local: convencidos de una aparente “fortaleza” de la población para soportar la enfermedad, las medidas de prevención llegaron tarde, un mes después del anuncio del primer caso, entre mensajes del presidente invitando a la ciudadanía a “cuidarse” y, en el que fue quizás uno de los momentos de mayor repercusión, a “abrazarse para esperar la llegada del virus”, y que cuando la situación escalara, “ya veremos qué hacer”.
Esta actitud contrasta con el ritmo que han tomado otros gobernantes de la región, a excepción de Brasil quizás, para prepararse para transitar la pandemia. Cualquiera de los caminos que hayan elegido, y sin juzgar la efectividad de estos, han coincidido en intervenir en forma temprana.
Las generalidades en las políticas aplicadas por la Secretaría de Salud, limitadas a la fijación de una “Jornada Nacional de Sana Distancia” (aislamiento) y atender el estado deficiente del sistema de salud público, ha obligado a las autoridades locales a complementar con políticas propias, lo cual ha resultado en una reapertura dispar del territorio, que se traduce en la actualidad en incertidumbre en la planificación del futuro inmediato.
En el aspecto institucional, dos cuestiones han tomado el centro de la agenda pública en las últimas semanas: Las elecciones pautadas para el año 2021 y las estimaciones pertinentes a la pandemia.
Las primeras fueron puestas en agenda por la duda sobre la viabilidad de su celebración, en tanto continúe la situación de emergencia sanitaria y la disparidad en la reapertura del territorio.
Desde el gobierno ya han manifestado su intención de celebrarlas, no sin dotar esta decisión del paternalismo populista a través de L. Obrador, que puso en agenda la amenaza de fraude por parte de la oposición, ante lo cual aseguró que será él mismo “el guardián de la elección”.
Estas declaraciones han despertado la reprobación de partidos políticos opositores, que le han espetado en respuesta la pertenencia de esa potestad a la ciudadanía, y que además ven en Lopéz Obrador un jefe de Estado irresponsable desde que, semanas antes, respondiera al movimiento #AmloVeteYa declarando que renunciará “si la ciudadanía me lo pide”.
Si bien la oposición no defiende particularmente al presidente, sí han expresado su preocupación por el precedente que podría fijar, y la incertidumbre que sumaría al escenario local si tuviese que afrontar el día después de la pandemia con la dificultad extra de un cambio de presidente.
En cuanto al manejo de las cifras del Covid-19, ha sido la OPS que ha suscitado sospechas sobre las estimaciones acercadas por el gobierno mexicano sobre la situación. Las mismas informaban que al día 24 de junio, pese a reportar 196.847 contagiados y 24.324 decesos, la situación se encontraba “controlada” y ya pensaban en la reactivación económica de sectores claves como el Distrito Federal. Contrarios al optimismo del gobierno, la OPS alerta sobre el crecimiento de las cifras en la semana anterior y la posibilidad de experimentar un rebrote sin control, lo que llevaría a un período de al menos dos años para volver a controlar la situación y “volver a la normalidad”.
Las políticas populistas y los liderazgos con tonos relajados y “de amigotes” de los que L. Obrador hace gala en conferencias no han sido en el pasado las mejores herramientas contra las crisis económicas. La falta de transparencia en las cifras informadas por parte del poder ejecutivo contribuye a la preocupación de la sociedad civil mexicana y los organismos internacionales de salud, pues conducen a las inevitables preguntas que se ciernen sobre los gobiernos populistas al poner el foco sobre las estadísticas: ¿Existe un error en la medición sobre la que se toman decisiones de políticas públicas? ¿Se trata en cambio de un ocultamiento de las cifras reales? A largo plazo, ¿Qué resulta más dañino para la gestión pública?
Estas preguntas se tornan vitales para conocer el futuro inmediato de México, pero recuerdan también viejos debates que aún no se han cerrado. La dicotomía entre la necesidad de instituciones fuertes o líderes carismáticos para garantizar el gobierno no ha encontrado aún una síntesis que las reconcilie y sigue constituyéndose en una fórmula infaltable en la lógica populista: Todos los partidos políticos esgrimen y exigen desde la oposición institucionalidad, pero acceden al poder a través de la demagogia y se sostienen sólo por el carisma.
Populismo o pandemias, ¿Qué resultará más dañino para los mexicanos?
Tesista de Ciencia Política por la USAL. Colaborador voluntario en IEERI.
