Paso a paso, la descripción y análisis del proceso de crisis sufrido en el Perú, que a partir del 30 de septiembre vive la anulación de la vida parlamentaria. La perspectiva acerca de la decisión del Tribunal Electoral sobre la demanda competencial, la controversia suscitada y la incidencia del apoyo ciudadano. Al borde de la constitucionalidad y la legitimidad.
Habían pasado dieciocho años en el Perú con gobiernos elegidos democrática e ininterrumpidamente y hablar de un golpe de estado era solo recordar la última ruptura del orden constitucional, perpetrada por Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, quien contó con el apoyo de las FF.AA. y sus tanques para tomar por asalto los edificios de los poderes del estado.
El 30 de septiembre de 2019 el gobierno democrático del Presidente Martín Vizcarra anunciaba a través de un Mensaje a la Nación, “DISOLVER el Congreso de la República”, respaldado por la interpretación jurídica de la Constitución a cargo de abogados constitucionalistas, y el apoyo de diferentes líderes de opinión, sumado a los resultados de las encuestas que le dan “legitimidad” a la medida con un 85% de aprobación[1].
No debería sorprendernos el apoyo ciudadano a este tipo de medidas en Perú. El autogolpe de 1992 tuvo una aprobación de casi el 80% según los estudios de opinión de la época. Esto puede explicarse en nuestra poca tradición democrática producto de los sucesivos gobiernos militares que hemos tenido a lo largo de nuestros casi doscientos años de vida republicana, que han dejado una huella tallada en piedra para nuestra sociedad proclive a los gobiernos autoritarios y no muy afecta a la democracia.
Una muestra de ello son los resultados del estudio realizado por el Barómetro de las Américas[2], que a la pregunta: “¿Cree usted que cuando el país enfrenta momentos muy difíciles, se justifica que el presidente del país cierre el Congreso y gobierne sin Congreso?”, obtuvo el siguiente resultado:
Nuestra Constitución Política de 1993, en su artículo 134 faculta al Presidente de la República a disolver el Congreso en dos supuestos, cuando este haya censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros; el decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso, las cuales se deben de realizar dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución.
El 15 de septiembre de 2017, cuando aún ejercía la presidencia de la república Pedro Pablo Kuczynski – PPK, el Congreso peruano le negó la confianza al Consejo de Ministros que encabezaba Fernando Zavala, quien había recurrido al parlamento a plantear cuestión de confianza ante la amenaza de censura que pesaba contra un segundo Ministro de Educación. 76 Congresistas negaron la confianza al gabinete, el cual tuvo que dimitir de inmediato.
La crisis política actual tiene como punto de partida las elecciones generales del año 2016, donde sorpresivamente PPK le gana la Presidencia de la República a Keiko Fujimori en un ballotage, que de acuerdo a las encuestas una semana antes, lo ganaba la heredera de Alberto Fujimori. Como ocurre en la mayoría de países de la región, conocidos los resultados electorales, las denuncias de fraude no se hicieron esperar y la candidata perdedora no reconoció públicamente el triunfo de su oponente.
Esta derrota de la lideresa de Fuerza Popular en las elecciones presidenciales pasó a un segundo plano rápidamente, debido a que las elecciones congresales realizadas en simultáneo con la primera vuelta presidencial el 2016, le habían dado un triunfo inusual a Fujimori, quien pese a nuestro sistema electoral proporcional –hubo una distorsión producto del diseño de las circunscripciones electorales-, obtuvo 73 escaños de 130 que es el número total con los que cuenta nuestro congreso unicameral.
La significativa mayoría parlamentaria, ha sido cuestionada de ser obstruccionista, basta recordar el primer intento fallido de vacar a Pedro Pablo Kuczynski, por incapacidad moral –pagos por parte de Odebrecht- y el segundo intento que originó la renuncia de PPK a la presidencia de la república, antes de producirse la votación en el Pleno del Congreso, que a toda luz indicaba ser adversa a él.
Es así que el primer vicepresidente Martín Vizcarra, llegó a asumir la Presidencia del Perú el 23 de marzo de 2018, con el respaldo inicial de la bancada congresal de Fuerza Popular, lo cual hacía suponer que el obstruccionismo había llegado a su fin.
Sorpresa para todos fue el mensaje presidencial de Vizcarra el 28 de julio de 2018, quien ante el Congreso en pleno, planteó 4 reformas a la Constitución con ratificación ciudadana vía consulta popular. Una de las reformas proponía la no reelección inmediata de los congresistas, la cual se aprobó en un referéndum el 9 de diciembre de 2018.
Luego de esto vino una etapa de fuerte tensión entre el Ejecutivo y Legislativo, en la que el Presidente presentó un nuevo paquete de reformas políticas que proponían entre otros temas; la obligación de los partidos políticos de realizar unas elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas; la paridad y alternancia en las listas de candidatos, sobre las cuales el presidente del Consejo de Ministros planteó una cuestión de confianza que el Congreso otorgó mediante una votación favorable a Vizcarra para luego aprobar los proyectos de ley con cambios sustanciales. Se estableció que en 2021 las PASO serían obligatorias sólo para los nuevos partidos, mientras que la paridad y alternancia se implementaría de manera progresiva en 2021, 2026 y 2031, año en que recién se llegaría a la paridad y que fue entendido por el gobierno como una tomadura de pelo.
Habiendo transcurrido un año desde el último mensaje presidencial, el Presidente Vizcarra se dirigió al Congreso para dirigir un nuevo Mensaje a la Nación, en ocasión del aniversario patrio y luego de más de una hora de enumerar las políticas públicas que el gobierno tenía planificado implementar durante el siguiente año, Vizcarra disparó la bala que dejó herido de muerte al Congreso, anunció que presentaría una propuesta de reforma constitucional para recortar el mandato presidencial y congresal, así como el adelanto de las elecciones a abril de 2020. ¡Nos vamos todos! Dijo y se retiró de un hemiciclo en shock.
Las semanas siguientes desataron los debates y mostraron el abrumador respaldo popular a la medida. Un Congreso arrinconado recurrió a la Comisión de Venecia[3] para que absuelva una consulta jurídica que les permita rechazar la iniciativa presidencial.
No se esperó la respuesta pese a que los comisionados fueron recibidos en el Parlamento, al parecer negociaciones políticas de un sector de la bancada fujimorista con el presidente del Consejo de Ministros para aceptar el recorte del mandato llegó a oídos del “ala dura” de la bancada de mayor oposición al gobierno, tal es así que en la Comisión de Constitución del Congreso, de manera súbita, se aprobó archivar la propuesta.
Esta decisión puso en jaque al Presidente de la República, quien como en el juego de ajedrez, contraatacó a sus oponentes con una decisión que a la postre resultó en un jaque mate a la mayoría fujimorista y sus aliados en el Congreso.
En tanto se estaba debatiendo en la Comisión de Constitución del Congreso la propuesta del recorte del mandato y el adelanto de elecciones, en paralelo la mayoría parlamentaria se preparaba para renovar el Tribunal Constitucional. De hecho, la comisión seleccionadora había aprobado la lista con los candidatos invitados fijándose como fecha de su elección el 30 de septiembre de 2019. Tener en cuenta que la elección de un juez constitucional requiere como mínimo 87 votos de un total de 130 congresistas.
Sectores académicos y ONGs progresistas, vinculados a la izquierda peruana contrarias al fujimorismo y aprismo, se opusieron al proceso de selección que se estaba por consumar. El Tribunal Constitucional se encuentra ad portas de resolver un habeas corpus que busca la libertad de Keiko Fujimori, sobre quien pesa una medida de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial, por un plazo de 18 meses que vence en abril de 2020, debido al proceso penal seguido en su contra por los aportes que habría recibido de Odebrecht para financiar su campaña presidencial.
Es así que Martín Vizcarra encontró la salida para contraatacar al Congreso, el cual a través de su Comisión de Constitución le había archivado su proyecto para que se vayan todos el 2020 y se adelanten las elecciones generales.
El presidente del Consejo de Ministros Salvador Del Solar, presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Constitucional en el acápite relacionado a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, con una disposición transitoria que proponía la suspensión del proceso de elección en curso y planteó una cuestión de confianza para que se apruebe la propuesta.
La respuesta del presidente del Congreso de la República Pedro Olaechea no se hizo esperar. Salió ante los medios a denunciar la intromisión del Ejecutivo en una competencia exclusiva del Legislativo, como es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y anunció que el proceso de selección no se detendría y se llevaría a cabo de todas maneras el lunes 30 de septiembre, como se había programado.
El domingo 29 de setiembre el Presidente Vizcarra brindó una entrevista televisiva, en la cual señaló enfáticamente que si el Congreso no suspendía el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, su gobierno iba a considerar como negada la cuestión de confianza planteada.
Es así que llegamos al lunes 30 de septiembre de 2019, fecha que quedará registrada como el día en que el Presidente de la República disolvió el Congreso al amparo de la Constitución o como el día en que se dio un nuevo autogolpe y se disolvió el Congreso de manera inconstitucional. La historia juzgará los hechos.
La sesión del Pleno del Congreso estuvo fijada para comenzar en horas de la mañana, es así que cuando estaba por darse inicio a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar, luego de forzar la puerta que se la habían cerrado, ingresó al hemiciclo para sustentar la cuestión de confianza que había planteado. En un principio se intentó evitar que el ministro se dirigiera al Pleno, pero finalmente lo hizo y de manera enérgica sustentó su propuesta que incluía la suspensión de la elección del Tribunal Constitucional, sobre la cual hizo cuestión de confianza y se retiró del parlamento.
Pedro Olaechea, presidente del Congreso, apoyado por varias bancadas, entre ellas la fujimorista, decidió que primero se elegiría a los miembros del Tribunal Constitucional y por la tarde se debatiría y votaría la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo.
Se empezó el proceso de elección a pesar de las protestas de las dos bancadas de izquierda, quienes abandonaron sus curules para pararse frente a la mesa directiva con carteles de protesta, negándose a participar de la votación. En ese ambiente de tensión el presidente del Congreso puso a votación al primer candidato, quien resultó siendo su primo, el cual en una votación confusa logró los 87 votos requeridos; acto seguido se sometió a votación a un segundo candidato, el cual no logró la votación mínima para ser electo y se suspendió la elección hasta el día siguiente.
Las horas siguientes fueron de incertidumbre, el Congreso no había aceptado la propuesta del Ejecutivo de suspender la elección del Tribunal Constitucional, por lo que se especulaba sobre la reacción que iban a tener en Palacio de Gobierno.
De acuerdo con el artículo 86 literal c) del Reglamento del Congreso que tiene fuerza de ley, la cuestión de confianza “Será debatida en la misma sesión que se plantea o en la siguiente”; en tanto el literal e) del referido artículo establece que “Si la cuestión de confianza es presentada por el Presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto, y ésta le fuera rehusada, se producirá la crisis total del Gabinete Ministerial, aplicándose la regla prevista en el literal b) precedente”.
Durante la tarde se reanudó la sesión del Pleno del Congreso para debatir la cuestión de confianza planteada por el ministro Salvador del Solar; las intervenciones de los congresistas se fueron dando una a una hasta que llegó el momento de la votación, la cual por mayoría aprobó otorgar la confianza solicitada por el Ejecutivo; sin embargo, en simultáneo el Presidente Martín Vizcarra dirigía un mensaje a la nación en el cual señalaba que ante la elección del Tribunal Constitucional que en la mañana había llevado a cabo el Congreso, el Ejecutivo consideraba que se había producido una negación fáctica de la cuestión de confianza que había planteado el gobierno, por lo que anunció su decisión de disolver el Congreso de la República, amparado en lo dispuesto por la Constitución.
Horas después se publicó en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo que dispone la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones de congresistas para que completen el periodo, fijándose como fecha de elección el 26 de enero de 2020.
Lo que ocurrió después quedará para la anécdota, el Congreso calificó la medida de disolución como inconstitucional y en la misma noche del día 30 suspendió del cargo al Presidente Vizcarra por incapacidad temporal, asumiendo la Vicepresidenta Mercedes Araoz, quien al día siguiente dimitió.
A quienes tildaron la medida de Vizcarra como un golpe de estado se les increpó que no estábamos ante el escenario de 1992 en la cual Fujimori apoyado por las fuerzas del orden cerró el Congreso.
Sin embargo, debemos anotar que ni bien se hizo el anuncio de la disolución del Congreso, la Policía Nacional cerró las vías de acceso al palacio legislativo, restringiendo el acceso de los parlamentarios y en la misma noche del día 30, en las redes sociales de la Presidencia de la República se publicó una fotografía del Presidente con los jefes del Ejército, Marina, Aviación y Policía Nacional, quienes habían acudido al Palacio de Gobierno a brindarle su respaldo.
El presidente del Congreso disuelto ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, para que sea este órgano constitucional autónomo, encargado del control de la Constitución el que dirima si la disolución decretada por el Presidente Vizcarra, basada en la negación fáctica de la cuestión de confianza, es constitucional o no.
Mientras se discute si se debe admitir a trámite la demanda competencial, pues el gobierno aduce que para su interposición el Pleno del Congreso – que a la fecha está disuelto- lo debe aprobar; el proceso electoral convocado para el 26 de enero de 2020 sigue su curso de acuerdo al cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones.
El Tribunal Constitucional peruano debe admitir la demanda competencial y emitir una sentencia sobre el fondo de la controversia, si no lo hace o resuelve después de que se lleven a cabo las elecciones de enero, la decisión de Vizcarra quedará con un manto de duda sobre su constitucionalidad.
[1] https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-10/opinion_data_octubre_2019.pdf
[2] https://www.vanderbilt.edu/lapop/peru/AB2016-17_Peru_Country_Report_Final_W_031918.pdf
[3] https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?Language=19&year=all
José Manuel Villalobos Campana. Abogado especialista en derecho electoral.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
