Paulo Abrao: La denuncia de HRI registrada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU puede “incrementar la presión internacional para un proceso de restauración democrática” en Venezuela
Jesus Delgado, director ejecutivo de Transparencia Electoral y coordinador de DemoAmlat, entrevistó a Paulo Abrao, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para conversar sobre el avance de las autocracias en América Latina, las irregularidades del proceso electoral venezolano y la denuncia realizada por Human Rights International (HRI) ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Jesus Delgado: sean todos bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a esta entrevista breve, en este caso con Paulo Abrao. Paulo ahora mismo está en una organización que hace advocacy en temas de derechos humanos, pero ustedes seguramente lo recordarán como secretario ejecutivo de la CIDH entre el año 2016 y 2020. Paulo en ese tiempo y en ese cargo, abordó una serie de problemáticas que existían en América Latina en materia de déficit de derechos humanos, violaciones, restricciones, limitaciones de los derechos humanos. Lamentablemente, hemos visto cómo se han profundizado estas limitaciones al ejercicio de los derechos humanos y al espacio cívico en América Latina.
Y en este momento, Paulo quizá ha cobrado un poco más de relevancia por un recurso interpuesto recientemente, en el mes de octubre, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre las elecciones de Venezuela. Como Paulo es conocedor de toda la materia de derechos humanos, quisiera aprovecharlo en su primera intervención para que nos haga un poco un recuento un resumen o un análisis muy breve de cómo ves por la situación de los derechos humanos hoy en día en América Latina.
Paulo Abrao: muchas gracias por la oportunidad, a mí me parece que nosotros tenemos un escenario bastante complejo de deterioro de la institucionalidad democrática en nuestra región, con consecuencias para el ejercicio de los derechos humanos. De manera que hace tiempo que desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero también desde organizaciones importantes que monitorean la calidad de la democracia en nuestra región, se van identificando algunos elementos muy preocupantes y que apuntan a riesgos para la institucionalidad democrática, para el ejercicio de las libertades públicas en la región y que requieren de parte de la sociedad civil organizada, de sectores democráticos, de las sociedades, una capacidad de organización, de resistencia, de denuncia y también principalmente de proposición sobre cómo mejorar el ambiente democrático, cómo acercar las decisiones de los poderes a las legítimas necesidades del pueblo, cómo generar procesos de participación social para permitir un mejor control social de las decisiones de las políticas públicas, las decisiones que tienen impacto en la vida de las personas y cómo también manejar las oportunidades que las transformaciones tecnológicas permiten para aplicarse en esta dinámica de la vida democrática en nuestros países.
Entonces es un conjunto de riesgos, pero también es un conjunto de oportunidades. Se ha observado a lo largo del tiempo este continuo deterioro de la institucionalidad democrática, con el surgimiento de prácticas autócratas en nuestra región, también de una super personalización del ejercicio de los gobiernos, y todo eso tiene que estar en nuestro horizonte como defensores de derechos humanos, defensores de la democracia, como algo que requiere de nuestra parte bastante atención.
JD: Paulo, en las últimas entregas del latinobarómetro hemos visto cómo aumenta el porcentaje de personas encuestadas que estarían dispuestas a vivir bajo un régimen autocrático siempre y cuando se resuelvan sus necesidades fundamentales. Y vemos cómo hay altas demandas, por ejemplo, en Centroamérica y cada vez más en Sudamérica de seguridad y cómo se apoyan más medidas restrictivas de los derechos humanos que son vendidas como medidas de seguridad ciudadana. Y en otras latitudes quizás se ofrecen otras cosas, pero las personas al parecer entienden que la democracia no estaría cumpliendo con su función o no estaría cubriendo sus expectativas y estarían más dispuestas a aceptar medidas o rasgos autocráticos de sus gobiernos. ¿Cómo podemos analizar esto a la luz de los derechos humanos como algo que no se puede negociar, que son inherentes efectivamente al ser humano y que no hay una negociación o quizá una duda entre optar por democracia o por derechos humanos?
PA: el dilema entre democracia y derechos humanos en verdad es un falso dilema. No hay democracia sin derechos humanos. Para el ejercicio de los derechos humanos una condición de posibilidad es efectivamente un ambiente de libertades democráticas. Es verdad que hay un ambiente, una situación de desilusión, una desilusión social, porque muchas de las decisiones que se han tomado desde los espacios de poder no están teniendo la capacidad de cambiar la vida de las personas desde un punto de vista de sus lugares de ejercicio de sus vidas, sus familias, sus casas, sus ciudades, y bien esta insatisfacción social es creciente.
Para mí el tema central es cómo podemos generar una conciencia crítica en la sociedad de que soluciones autócratas son soluciones fáciles, soluciones que restringen el ejercicio de los derechos humanos, pueden tener un efecto inmediato, momentáneo, pero con el tiempo van a acumularse como nuevos problemas, incluso bastante más críticos que los actuales, y que harán con que la crisis que hoy vivimos sea mucho más difícil de superarse. Entonces, me parece que generar esa conciencia depende de una noción de derechos humanos muy clara, donde la gente comprenda que se trata de un tema que es supra partidario, que no es un tema ideológico, que es un tema inherente a la condición humana. Y entonces la importancia del funcionamiento, de la valoración del funcionamiento del sistema internacional de protección a los derechos humanos, en este momento histórico me parece crucial.
Desde la Comisión nosotros habíamos trabajado de manera muy clara esta unión entre la temática de democracia y derechos humanos y fue desde el enfoque de derechos humanos que fuimos a denunciar las condiciones antidemocráticas que se estaban instalando en Nicaragua, en Venezuela, bajo perfil democrático en otros países en los cuales se están condicionando el ejercicio de las democracias a la restricción de los derechos humanos. Y bien, realmente es un gran desafío. Me parece que hay soluciones fáciles. Las democracias están fallando con las personas. Eso genera aún más desilusión.
Entonces, ¿cómo pensar fórmulas, cómo pensar nuevas dinámicas que puedan activar el sentimiento que ha sido muy importante en los años 80 y 90, especialmente en Latinoamérica, en los procesos de redemocratización, en los cuales las personas percibieron y comprendieron que convivir en ambientes democráticos era mejor que vivir en ambientes dictatoriales o autocráticos. Pero esa pérdida de memoria en ese tiempo tiene que ser recuperada y tal vez el ejercicio de la memoria sea una de las armas más importantes que tenemos en nuestras manos para que las personas tengan la condición de identificar que ese pasado ya ocurrió, ya existió en nuestra región de manera bastante cruda, que repetirlo sería un gran error y que no hay que caer en fórmulas fáciles o discursos populistas que sabemos muy bien, la historia ya nos ha demostrado que nos llevan a situaciones de barbarie.
JD: Paulo, ahora ya viniendo más a este momento y a lo que ha convocado esta reunión, esta entrevista, desde International Human Rights, ustedes interpusieron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un recurso para defender los derechos políticos de una persona que no era candidata, específicamente no es como el caso de María Corina Machado, que fue inhabilitada, o Edmundo González, cuyos derechos como candidato ganador de la elección han sido desconocidos, sino de una persona más, como los millones de venezolanos que votaron y su voto fue desconocido, o no pudieron votar porque estaban en el exterior, parte de esa diáspora de 8 millones de venezolanos, y les fue negado su derecho a la participación política.
Cuéntanos un poco en qué consiste este recurso interpuesto por ustedes, cómo funciona este Comité de Derechos Humanos de la ONU y por qué es un recurso que puede ser muy importante y puede sentar precedentes internacionales.
PA: nosotros presentamos esta denuncia junto al Comité de Derechos Humanos, fue una denuncia que se caracteriza por este hecho de que está enfocada desde la perspectiva de los ciudadanos, de cómo sus derechos civiles y políticos están siendo violados en este proceso electoral nebuloso que se instaló en Venezuela, con poca transparencia, sin escrutinio internacional y con muy poca credibilidad sobre sus resultados oficiales.
De manera que esta mirada desde los ciudadanos nos permite exactamente generar una sensibilidad adicional a la comunidad internacional respecto al derecho que cada uno de nosotros tenemos a un ambiente democrático transparente, a elecciones que sean libres, a la capacidad de recurrir judicialmente cuando hay alguna situación incompatible con las leyes o con los derechos humanos, e incluso en este caso el ejercicio del derecho al voto de un ciudadano, un derecho que está asegurado en la Constitución venezolana, pero que en la práctica no se permitió ejercerlo durante estas últimas elecciones. Entonces, dar ese enfoque desde la perspectiva del pueblo, de las personas, también ayuda un poco a evitar una politización de un proceso, pero de cierta manera tiene mucho que ver con las propias delegaciones de la oposición, porque la oposición también ha sido restringida en sus derechos durante este proceso electoral.
Entonces, esperamos que ahora el trámite de esta denuncia sea registrado formalmente por el Comité de Derechos Humanos. Nos ha sido notificado este registro y fue mucho más que un simple registro y apertura de un caso que ahora va a tramitar allá, porque el comité admitió nuestra solicitud de otorga de medidas provisionales para determinar al régimen de Venezuela que preserve todas las actas electorales, la integralidad de toda la documentación del proceso electoral, porque la oposición tiene en sus manos las actas locales, que incluso demostrarían la victoria de la oposición. Entonces la preservación de estos documentos son condiciones de posibilidad para afirmar la garantía de estos derechos que están siendo violados.
El sentido fundamental de esta denuncia es que se puede decir que en este momento las elecciones presidenciales en Venezuela están bajo una revisión de un organismo formal internacional que va a pronunciar todavía sobre el mérito de las alegaciones. Y en caso de confirmar que las violaciones que nosotros estamos denunciando realmente están en desacuerdo con las normas internacionales, tratados y normas de derechos humanos, eso va obviamente a resultar en una declaración formal de un organismo internacional de la legitimidad del proceso electoral en Venezuela. Ya hay todo un campo de denuncias respecto a los procedimientos al resultado a su credibilidad desde un punto de vista estrictamente electoral estamos ahora agregando también una dimensión de afectación a los derechos humanos porque de la violación a los derechos democráticos y los humanos, nosotros ahí tenemos una caracterización que es muy fuerte en el sentido de que estas elecciones no fueron legítimas y en la medida en que ese proceso ocurre, eso refuerza también la comunidad internacional que todavía sigue sin reconocer el resultado electoral y exigiendo la apertura integral de las actas electorales con escrutinio internacional para verificar realmente quién ganó estas elecciones desde un punto de vista no estrictamente oficialista.
Quizá el efecto político que en el tiempo esta denuncia podrá tener, este caso que ahora se tramita en un organismo internacional, resultará en incrementar la presión internacional para un proceso de restauración democrática dentro del país, de un proceso de transición democrática tan necesaria para que Venezuela y el pueblo de ese país puedan volver a vivir en un ambiente de libertades públicas.
JD: Paulo, antes de terminar, ¿hay antecedentes de medidas de este tipo que se hayan introducido ante el Comité de Derechos Humanos en cuestiones de temas electorales o violación de derechos políticos?
PA: en materia de derechos políticos, sí, y que, consecuentemente, tienen que ver con los aspectos electorales. Me acuerdo particularmente de un caso brasileño. En 2018, el presidente Lula da Silva había sido detenido y los tribunales habían impedido su postulación presidencial y, por lo tanto, él recurrió a ese mismo Comité de Derechos Humanos y también ganó una medida cautelar que determinaba su derecho a participar del proceso electoral. Las autoridades brasileñas en su momento no dieron cumplimiento a la decisión de las Naciones Unidas en ese sentido. Y él no participó y enseguida nosotros conocemos toda la historia de todo lo que ha pasado.
Entonces no es la primera vez y efectivamente este es el espacio adecuado y necesario para reivindicar los derechos civiles y políticos. Mi expectativa es que el Comité de Derechos Humanos, ante tantas evidencias y tantas pruebas que están dadas, deberá dar causa a las alegaciones, pero hay que acompañar el proceso del diálogo de la comunidad internacional. Un flanco adicional, se abre un camino adicional para que tengamos las condiciones, por lo menos en el ámbito internacional, de generar esperanza a la gente, de permitir que la gente siga creyendo que todavía es posible vivir en una democracia dentro de Venezuela. Entonces, esperamos contribuir en este proceso y efectivamente lograr éxito en favor de la resistencia a los derechos de las personas del país.