El reciente informe presentado por la Unión Europea (UE) presenta, a grandes rasgos, los principales desafíos que afrontaron los derechos humanos y la democracia a lo largo del 2019 en el mundo y la acción de la UE para poner un alto a estas circunstancias.
Particularmente, en cuanto a la situación de los derechos humanos y la democracia en Cuba, el informe hace hincapié en las reformas introducidas en la nueva constitución y las continuas limitaciones a la libertad de expresión.
Si bien en febrero del 2019 Cuba aprobó mediante referéndum una nueva constitución que, a ojos de la UE, “contiene algunos cambios notables, incluidos los principios del hábeas corpus y la presunción de inocencia” (…) “muchos de los cambios aún requieren una legislación secundaria”. Aun así, recalca que esta constitución “conserva el actual sistema socialista de un solo partido y describe el papel del Partido Comunista de Cuba (PCC) como «la fuerza líder de la sociedad y del Estado». Esta última referencia marca un claro avance en la concepción del sistema político cubano que en 2016 la UE había definido como “una democracia de partido único, en la que se celebran elecciones a nivel municipal, provincial y nacional”.
Por otro lado, adentrándonos al terreno de libertad de expresión, el informe no ha pasado por alto las omisiones a las que fueron expuestos los defensores del “no voto” durante el proceso de consulta pública. Dejando entrever que aun durante 2019 la libertad de expresión, asociación y reunión continúan siendo motivo de restricciones y detenciones arbitrarias, entre los que destaca al caso del líder José Daniel Ferrer. Afirman que “en los últimos meses, ha habido una tendencia a poner a activistas políticos y defensores de derechos humanos bajo arresto domiciliario o les ha impedido abandonar sus hogares”.
También hace mención del efecto generado en la sociedad a partir del acceso a Internet desde el año 2018 con el lanzamiento de los servicios 3G, “fomentando así el acceso de los ciudadanos a la información y dando lugar a una explosión de «reportes de ciudadanos» en las redes sociales”. Sin dejar de lado que más allá de la oportunidad que representa el acceso a la información, existe cierto temor ante la aprobación del Decreto-Ley 370/2018 «sobre la digitalización de la sociedad cubana» que, bien se describe en el informe, “ha generado la preocupación de que podría usarse para restringir los medios independientes”.
Es menester recalcar que si bien se mencionan estas cuestiones, el Informe de la Unión Europea, a diferencia de, por ejemplo, el Informe País sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no profundiza exhaustivamente en la sistemática violación de Derechos Humanos que viven los cubanos desde hace décadas. Ya que, además de las restricciones a la libertad de expresión que sí son mencionadas, no se presenta una diferenciación con respecto a los Derechos Humanos que les son negados históricamente a ciertos grupos de la sociedad cubana.
A este respecto, se hace mención en el Informe de la CIDH a los grupos LGBTI, las mujeres, las personas afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños y adolescentes. Además de dedicar un apartado particular para el análisis de la situación de las personas privadas de la libertad, enfatizando en la situación de quienes se encuentran en prisión por motivos políticos. Análisis que no está presente en el Informe de la UE.
A fin de cuentas, el Informe de la UE demuestra que, si bien se ha avanzado en algunas cuestiones, aún Cuba tiene un largo camino por recorrer para reforzar los derechos humanos y la democracia. Del mismo modo, la organización confirma su disposición y compromiso para fortalecer el progreso en materia de derechos y libertad de expresión a partir del diálogo.