Nicaragua: La ONU confirmó que se cometieron crímenes de lesa humanidad.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su régimen cometieron crímenes de lesa humanidad en 2018, según el Grupo de Expertos de Derechos Humanos (GHREN) de la ONU. El hecho ocurrió durante una secuencia de protestas sociales, las cuales fueron reprimidas por balas de alto calibre por la policía y los grupos paramilitares.

El informe, presentado el jueves 2 de febrero en Ginebra (Suiza), insta a la comunidad internacional a actuar de manera oficiosa para ejercer una acción penal y juzgar a los responsables de tales crímenes. Además, no solo prueba la efectiva realización de los crímenes de lesa humanidad, sino también que señala al Estado y le atribuye responsabilidades específicas.

¿Cuáles fueron los crímenes de lesa humanidad cometidos?

Los presuntos abusos, entre los cuales podemos mencionar: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Según CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), estos delitos dejaron 342 víctimas fatales, pero el Gobierno de Nicaragua reconoce oficialmente 198 muertes en el contexto de las protestas. Sin embargo, atribuye la responsabilidad a las personas que participaron en las protestas, que caracteriza como un “intento de golpe de Estado”.

También cabe mencionar que han incurrido en avasallamientos a los derechos humanos como la privación arbitraria a la nacionalidad y el derecho a permanecer en el país, medida llevada a cabo en febrero a 222 presos políticos excarcelados y deportados a Estados Unidos, y a otros 94 disidentes, por lo tanto, estas personas están en situación de apatridia, es decir que no tienen una personalidad jurídica reconocida. Dicho en otras palabras, les han quitado la nacionalidad, y por lo consiguiente, tienen dificultad para ejercer derechos básicos, como lo son, la salud, la educación, libertad de movimiento, derecho al voto, entre muchos otros.

Según el informe publicado por la ONU, las violaciones y abusos a los derechos humanos perpetrados desde abril de 2018 no son un fenómeno aislado, sino producto de un proceso dinámico que implica el desmantelamiento de la separación de poderes y las garantías democráticas; una fuerte concentración de poder en las figuras del presidente y vicepresidente de la República; y la confusión entre el Estado y sus instituciones, y el partido gobernante.

Estos factores permitieron a las altas autoridades gubernamentales instrumentalizar los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, a fin de desarrollar e implementar un marco legal diseñado para reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a los opositores reales o supuestos