La participación política de las mujeres a nivel nacional y subnacional muestra en México los avances alcanzados luego de un largo camino aún por recorrer cuyos ejes centrales son la paridad transversal de género y la lucha contra la violencia política sobre las mujeres.
Por María del Mar Trejo Pérez*
Antecedentes
El 13 de enero de 1916 en el Teatro Peón Contreras de la ciudad de Mérida, Yucatán, se inauguraba el Primer Congreso Feminista en México. Durante cuatro días, 617 mujeres de distintos estados de la República Mexicana estuvieron en ese recinto. En ese foro, se debatieron cuatro temas que fueron señalados en la convocatoria emitida en ese momento por el general Salvador Alvarado, quien era gobernador de Yucatán. Ese congreso fue presidido por Matilde de Paullada y participaron, entre otras, Aurora Molina, Hermila Galindo Carranza, Elena Torres, así como Amparo Evia, Josefa Osorno, Candelaria Torres, María Concepción Muñoz y María de la Luz Escalante.
Ese congreso fue significativo en la historia del país al sentar las bases de la lucha por los derechos de las mujeres mexicanas. Constituye un antecedente para que en el Congreso Constituyente de 1916-17 se propusiera el derecho al voto pasivo y activo de las mujeres, el cual como finalmente se sabe, no fue incorporado en ese momento a la Constitución, sino hasta 1947 a nivel municipal y en 1953 a nivel nacional. Además, en ese congreso se discutieron temas sobre la liberación económica, social, política de la mujer, y definió para la historia y para la legislación mexicana significativos procesos de inclusión social y jurídica para las mujeres en Yucatán, con impacto nacional.
Como bien lo mencionan Alejandre y Torres (2016: 86), se enfrentó la resistencia al cambio incluso entre las mismas mujeres, debido a que se encontraban en un proceso de reconocimiento de su plena condición ciudadana. También hay que destacar la tenacidad de esas mujeres que lograron el voto pasivo en Yucatán, con la elección como diputadas de Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Dzib, y como regidora Rosa Torre (Rosado, 2018: 188).
Haciendo eco a la historia del Primer Congreso Feminista, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C. (AMCEE), la Red Cívica Mx, la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI), y Las Constituyentes Mx, convocaron a las mujeres mexicanas que desearan participar en el Primer Congreso de Mujeres Políticas, que se celebró el pasado 8 de septiembre de 2021 en Mérida, Yucatán, en el mismo lugar emblemático, el Teatro Peón Contreras y dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres. Más de mil seiscientas mujeres de diversos espacios de la vida pública, mujeres tomando decisiones trascendentales en México, se dieron cita en ese evento, tal como sucedió hace 105 años, pero esta vez para tratar cuatro temas fundamentales: paridad transversal de género, erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres y construcción de ciudadanía de las mujeres.
Marco jurídico
El marco jurídico que reguló los temas que se trataron en el congreso fueron las convenciones y tratados internacionales como, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Belém Do Pará), y la Plataforma de Acción de Beijing.
A nivel nacional, el fundamento jurídico se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que reconoce como principio democrático la Paridad de Género, así como la reforma electoral del 13 de abril de 2020 sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Hay que mencionar que el Acuerdo CG/51/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por el que se aprobaron los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales incorporaran los criterios de la iniciativa denominada “3 de 3”, misma que consiste en que ninguna persona puede ser candidata para un cargo de elección popular, cuando cuente con antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento y/o sentencia ejecutoria como:
- Deudor de pensión alimenticia,
- Agresor sexual incluyendo el acoso y hostigamiento sexual, y
- Agresor contra las mujeres por razones de género en el ámbito familiar.
Es importante destacar que Latinoamérica se encuentra en camino hacia la inclusión paritaria de las mujeres en los procesos democráticos, independientemente de las ideologías que se encuentren en juego, por lo que los sistemas electorales deben garantizar el concurso en igualdad de las mujeres en los comicios (Bareiro y Soto, 2019: 756)
Desarrollo del congreso
Estar sentadas en donde estuvo Elvia Carrillo Puerto, donde estuvo Hermelinda Galindo, y donde estuvieron mujeres que nos abrieron la brecha a las mujeres, conlleva a rememorar y continuar la lucha iniciada por ellas. El Teatro Peón Contreras, con sus múltiples usos como centro cultural y de espectáculos en la metrópoli yucateca, también recuerda cómo las mujeres se reunieron en la segunda década del siglo XX para sentar las bases de la lucha por sus derechos y hacer valer su dignidad como seres humanos. En el siglo XXI, esa lucha continúa. Ningún régimen que se diga democrático puede serlo, sin la participación sustantiva de las mujeres, en igualdad de condiciones y libres de todo tipo de violencias. Para lograrlo es indispensable el cumplimiento de las responsabilidades convencionales y constitucionales de las instituciones del Estado mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos entre los que se incluyen los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como el principio de corresponsabilidad para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencias que vulneren su integridad, sus derechos y libertades.
El Congreso de las Mujeres Políticas fue un evento histórico. Por las circunstancias de la pandemia, se llevó a cabo de manera presencial y virtual. Se reunieron para participar legisladoras locales y federales electas y salientes; senadoras, gobernadoras vigentes y electas, alcaldesas, síndicas y regidoras tanto en funciones como electas, activistas, académicas, colectivas, consejeras electorales en el ámbito local y federal, magistradas electorales locales, regionales y federales, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y organizaciones universitarias, sindicalistas y todas las ciudadanas interesadas en el fortalecimiento de los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Los objetivos principales
Primero: se analizaron las experiencias que se obtuvieron durante el Proceso Electoral Ordinario Concurrente 2020-2021 con la aplicación, desde lo local, de la legislación electoral y de las acciones afirmativas relacionadas con la postulación en paridad transversal de las candidaturas a cargos de elección popular, su impacto en la integración de los órganos gubernamentales, los avances logrados y la detección de las áreas de oportunidad para maximizar el principio de paridad transversal que propicie el empoderamiento de la mujer en los asuntos políticos. Hay que señalar que Freidenberg y Alva (2017:24) menciona que la construcción de reglas de juego que regulen las candidaturas en el marco de la igualdad de género, si bien es cierto que ayudan a romper las condiciones estructuradas arraigadas de la cultura patriarcal, es sólo la punta de la historia, por lo que es necesario indagar otros factores que impidan a las mujeres acceder a los cargos públicos.
Segundo: se estudiaron las experiencias recabadas durante el Proceso Electoral Ordinario Concurrente 2020-2021 sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, los avances en la garantía para las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de toda violencia, así como la identificación de las áreas de oportunidad para la prevención, combate y erradicación de la violencia política en razón de género. En este tema, se destacaron las acciones afirmativas implementadas por cada instituto electoral local, las dificultades que se enfrentaron para aplicarlas y la resistencia que hubo dentro y fuera de los mismos. Como señala Vásquez Muñoz (2021: 90) con la reforma del 13 de abril de 2020, el Estado mexicano logró avances sustanciales, existe el pendiente de homologarla en diversas entidades federativas y armonizarla en las diferentes instituciones y organismos públicos.
Tercero: se impulsaron acciones estratégicas para contar con un marco jurídico federal y local que garantice, en un futuro inmediato, requisitos obligatorios de elegibilidad, idoneidad y probidad para quienes ocupen cargos públicos en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, así como en los órganos públicos autónomos. Estas personas no deben contar con antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento y/o sentencia ejecutoria por violencia familiar, incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia sexual y/o violencia de género en cualquiera de sus modalidades. La violencia política hacia las mujeres, en algunos casos, es una extensión de lo que viven en su hogar, en sus relaciones conyugales o en su vida comunitaria (Vargas y Palazuelos, 2019: 208).
Cuarto: se buscó propiciar la integración y colaboración de las funcionarias, especialistas y demás personas que participan o se interesan en la educación cívica, la participación ciudadana, la construcción de ciudadanía, la democracia y los procesos político-electorales con la intención de fomentar el desarrollo de actividades educativas, culturales, artísticas, científicas y tecnológicas en materia de educación cívica, participación ciudadana y construcción de ciudadanía, así como el estudio científico, el análisis legislativo, el desarrollo organizacional de las instituciones, la participación comunitaria y la especialización profesional en las mismas materias. Mediante la construcción de ciudadanía, se promueve la equidad de género y la igualdad en el ejercicio de derechos de todos los sectores de la sociedad, incluyendo, de manera preferente a los grupos en situación de vulnerabilidad. En este orden de ideas, Arjona Ordaz (2018: 146) pone en la mesa el que se ha dejado la formación ciudadana en manos de otras instancias y que es prioritario formar a una ciudadanía que puedan ser elegibles para ocupar puestos de trabajo en el gobierno y de elección popular. Las mujeres, como integrantes de la sociedad, deben participar activamente en el espacio público, ya sea de manera directa o siendo representantes de la ciudadanía en general.
A manera de conclusión
La presencia de la mujer mexicana en el entorno político es fundamental y procura con su actuar político ser abierto, a fin de consolidar en México la democracia. En el avance y progreso social, actualmente la mujer es más libre, más independiente y más fuerte, con una vida productiva pública digna y respetada, consciente de su gran y noble papel en la sociedad. Hoy más que nunca la presencia de la mujer en el bien social y en el progreso colectivo se siente y triunfa. La paridad de género se está entendiendo y se está consolidando.
Las mujeres nos hemos fortalecido gracias a los nuevos tiempos que nos han abierto nuevas y mejores oportunidades. Esa lucha no ha sido fácil, no ha sido corta. La lucha de las mujeres mexicanas por obtener derechos políticos plenos ha sido de muy largo plazo con el objetivo inicial de romper ese cerco de exclusión de la vida política y pública para poder ejercer en plenitud el derecho al voto libre y secreto, de ser consideradas como ciudadanas de un país que se encontraba en plena transformación política y social, que tuvieron que esperar para que la CPEUM garantizara sus derechos político-electorales como ciudadanas. Pasaron otras décadas para abrir una grieta entre los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de esos derechos, que aún hoy seguimos luchando por erradicar.
En el Congreso de las Mujeres Políticas 2021 se fue más allá. Se habló de la participación de las mujeres, no solo en el derecho al voto y a ser votadas, sino también en esa participación de la ciudadanía, esa participación ciudadana que no consiste solo en asistir a una urna a votar, sino que se hace para exigir a las autoridades respetar todos los derechos de las mujeres; ya no se trata de obtener dádivas, sino el reconocimiento pleno y la garantía de ejercer la ciudadanía. En eso se ha avanzado.
Las mujeres unidas estamos construyendo una identidad de naturaleza política, compartiendo un objetivo común desde la condición de género y nos integramos como un factor político determinante en la vida política del país, con el peso que ello implica para las instituciones de cada entidad federativa como consejeras electorales, magistradas, servidoras públicas, legisladoras, regidoras, presidentas municipales, activistas, integrantes de colectivos, pero sobre todo como ciudadanas de un país que exige un cambio en las condiciones de las mujeres que nos reunimos en el Teatro Peón Contreras y quienes participaron en los espacios virtuales para ejercer nuestros derechos políticos y electorales libres de cualquier tipo de violencia política en razón de género.
Ser mujer no significa que tengamos opiniones y expectativas uniformes e idénticas. En las mujeres existe una gran diversidad de opiniones, de proyectos y de ideales. Todas nos desempeñamos en distintos contextos en donde se debe privilegiar el diálogo y el consenso, y además se debe fomentar la sororidad, sin importar la diferencia de opiniones o de ideales. Al igual que hace 105 años, los acuerdos que se tomaron en las mesas de trabajos tendrán una trascendencia en la agenda conjunta por la defensa de las garantías y derechos político electorales de las mujeres. La participación política de las mujeres a nivel nacional y subnacional se vio reflejada y quedó plasmada en este pacto reivindicado por las mujeres políticas en México. Esas conclusiones ya fueron presentadas en la Cámara de Diputados y en el Congreso del Estado de Yucatán.
El largo camino recorrido en la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, ha dado identidad y la oportunidad de hacer historia, enlazando el gran ejemplo de entrega de incontables mexicanas durante más de cien años, con el compromiso y convicción de sentar precedentes para que todas las mujeres disfruten plenamente todos sus derechos fundamentales y político-electorales, construyendo procesos políticos significativos en México.
Bibliografía
Alejandre Ramírez, G.L. y Torres Alonso, E. (2016). “El Primer Congreso Feminista de Yucatán 1916. El camino a la legislación del sufragio y reconocimiento de ciudadanía a las mujeres. Construcción y Tropiezos.” Estudios Políticos. 9(39). 59-89.
Arjona Ordaz, A. (2018). El reto de formar ciudadanía verdaderamente activa que participe en la solución de sus propios problemas y los de su comunidad. En IEPAC (Coord.) Ciudadanía y Educación Cívica. Ser y hacer de la Democracia. Mérida: IEPAC. 113-148.
Bareiro, L. y Soto, L. (2019). Representación Política de las Mujeres. En D. Nohlen, L. Valdés y D. Zovatto (Comp.) Derecho Electoral Latinoamericano. México: FCE. 728-756.
Freidenberg, F. y Alva Huitrón, R. (2017). Las reglas impactan: impulsando la representación política de las mujeres desde las leyes electorales en perspectiva multinivel. En F. Freidenberg (Ed.) La representación política de las mujeres en México. México: UNAM. 45-81.
Rosado, Rosado G. (2018). La lucha de las mujeres por la democracia. En IEPAC (Coord.) Ciudadanía y Educación Cívica. Ser y hacer de la Democracia. Mérida: IEPAC. 173-198.
Vargas, G. y Palazuelos, S.G. (2019). Violencia política contra las mujeres: el precio de la paridad en México. México: MXP.
Vásquez Muñoz, T.C. (2021). La alianza interinstitucional en la armonización de los marcos legales y normativos con enfoque de género y erradicación de la violencia política en razón de género, en el año del Covid 19 en México. En A. Hipólito Durán y G.N. Morales Martínez (Coords.) Pandemia y nuevos paradigmas en la función pública y electoral”. Villahermosa: AMCEE. 81-92.
*María del Mar Trejo Pérez. Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC). Maestra en Ciencias de la Educación, Diplomada en Derechos Humanos de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas y en Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. Licenciada en Derecho y Licenciada en Educación Preescolar. Integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C. (AMCEE), de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI) y de la Red de Mujeres Líderes de las Américas. Asociada de la CAOESTE.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
