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Misión de Observación Electoral Mexico 2024. Por Transparencia Electoral.

Por Transparencia Electoral.

Transparencia Electoral desplegó una Misión única en su tipo para las Elecciones Generales de México 2024, denominadas popularmente como “Megaelecciones” o “las más grandes de la historia”, debido a que se votaron más de 19 mil cargos en simultáneo. La delegación internacional de visitantes extranjeros estuvo compuesta por 45 participantes de 20 países de las Américas, Europa y Oceanía.

El programa dio inicio con una capacitación en la Ciudad de México para los visitantes extranjeros, dirigida por expertos internacionales y nacionales, y terminó con la observación de la jornada de votación en 8 entidades federativas de México. El despliegue a estas entidades dio inicio el jueves, 30 de mayo, y durante las visitas, los observadores se reunieron con autoridades electorales para conocer los detalles de los preparativos.

Con 99.084.1881 electores habilitados en Lista Nominal, esta elección fue una de las más complejas del continente. A las autoridades electorales tanto federales como locales se les presentan innumerables retos, dentro de los que encontramos la narrativa oficial que busca asignarles un rol de administrador y
espectador, más no un rol de fiscalización.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuentan con ventajas, y es que no solo sus facultades están establecidas en la Constitución y la Ley, sino que con los años se han venido especializando y profesionalizando, hasta construir un importante reconocimiento de la sociedad. Entre sus logros más relevantes se encuentra la Credencial para Votar, denominada popularmente “INE” y que, a falta de un documento único de identidad emitido por otra autoridad federal, sirve no solo para ejercer el derecho al sufragio, sino para trámites de toda índole, como aquellos relacionados a servicios de la banca privada en todo el país.

Un hito que marcó estas elecciones y las convirtieron en un proceso histórico para México, es que por primera vez emergieron entre las dos coaliciones políticas más grandes dos mujeres candidatas a la Presidencia, un paso significativo para la participación política de las mujeres en el país. En este proceso electoral, resultó ganadora la Dra. Claudia Sheinbaum (MORENA).

Actividades de la Misión

Para dar inicio a la agenda, autoridades y expertos que integraban la Misión participaron de dos jornadas de capacitaciones sobre el sistema electoral mexicano el martes, 28 de mayo y miércoles 29 de mayo.

Las sesiones abordaron diferentes temáticas, como el contexto histórico del sistema electoral mexicano, el Género y Política en las Elecciones Mexicanas, y la integridad del proceso electoral mexicano 2024. Durante la jornada se contó con la participación de distintas organizaciones de sociedad civil en México que entienden del tema electoral y Derechos Humanos, que presentaron trabajos sobre la violencia política en las elecciones de México, el estado de la Libertad de Expresión en el país, y las condiciones bajo las que se realiza la Observación Nacional Electoral en el país.

En la última jornada de capacitaciones, se trataron temas como el estado de la protección de datos personales en procesos electorales de México y la región, y el Marco Legal Electoral mexicano, para dotar a los visitantes extranjeros de conocimiento sobre el ordenamiento jurídico que afecta directamente a los procesos electorales en el país.

La votación

El instrumento de votación en México es la boleta única de papel por categoría, aunque en este proceso electoral, en 71 casillas especiales el INE utilizó la urna electrónica (modelo 7.0) para optimizar los tiempos de votación. La urna electrónica busca simplificar el escrutinio y cómputo, y reducir los tiempos de instalación y clausura de casilla, así como el tiempo para obtener los resultados.

Para la Jornada Electoral, el INE instaló 170.858 casillas o centros de votación de 4 tipos: básicas, contiguas, extraordinarias y especiales. Una de las cuestiones que llamó la atención del proceso electoral fue que en las casillas especiales, instaladas solo en algunos centros de votación con el propósito de proveer una alternativa para electores que por algún motivo no pudieran ir a su centro de votación para ejercer su derecho al sufragio. En estas casillas se votó con la urna electrónica diseñada por el Instituto Nacional Electoral, y sólo podían votar hasta 1.000 electores. Esto generó tensión y filas en algunas casillas, dado que, por ejemplo, electores que esperaron a última hora para votar no pudieron hacerlo por haberse agotado los números.

Los electores que residen fuera de México tienen el derecho a votar por los cargos de Presidente, Senador/a y en algunos estados los electores puedan participar también en las elecciones de Gubernatura, Jefatura de Gobierno y Diputación. El 97,19% de los ciudadanos que residen fuera de México está en los Estados Unidos.

En 2024, los ciudadanos residentes en el extranjero contaron con varias alternativas al voto presencial, como la vía postal y la vía electrónica por internet, pero también se habilitó el voto anticipado. Para los votantes que sabían que no podrían o no estarían en condiciones de acudir a una casilla a votar, se estableció el derecho a solicitar el voto anticipado. Esta fue la primera vez que las 32 entidades federativas adoptaron esta modalidad de voto, que se llevó a cabo por vía postal. Al 15 de febrero de 2024 (la fecha final para definir la Lista Nominal de Electores), había un total de 12.354 Personas Solicitantes por el voto anticipado, de los que la mayoría (33%) tenía más de 80 años de edad.

El otro grupo de votantes de los que aplica el voto anticipado es a las personas privadas preventivamente de su libertad (PPL).

En el año 2019, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las personas que se encuentran en un centro penitenciario y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, aplicando así la presunción de inocencia.

Sociedad Civil

En tanto una organización de sociedad civil regional única en su tipo que despliega misiones de acompañamiento y de observación electoral en toda América Latina y algunos países de Europa, Transparencia Electoral otorga un plano central al espacio cívico, monitores electorales domésticos y el trabajo de las organizaciones de sociedad civil que entienden de materia electoral.

En este sentido, la Misión sostuvo encuentros e intercambios con actores interesados y distintas organizaciones de sociedad civil durante el despliegue, como Laboratorio Electoral, Artículo 19, Fundación MOCE, México Vigila, Alerta Democrática y el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral.

En líneas generales, estos actores y organizaciones de sociedad civil se mostraron verdaderamente preocupados por algunos aspectos del proceso electoral mexicano. Las organizaciones que llevan a cabo tareas de observación electoral, como Fundación MOCE y México Vigila, aseguraron no haber tenido problemas para acreditarse. La Misión constata que el proceso de acreditación, tanto de observadores nacionales como de visitantes extranjeros, fue sencillo y funcionó sin contratiempos ni limitaciones de ningún tipo, lo que demuestra la apertura del Instituto Nacional Electoral y Organismos Públicos Locales Electorales.

Entre diciembre de 2023 y junio de 2024, el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) publicó cinco informes de integridad electoral de las elecciones que recogen distintas etapas y denuncias públicas sobre el proceso. La organización denunció aspectos clave: el riesgo de que la inequidad con la que inició la contienda electoral fuera un factor determinante en el desarrollo de las campañas; que todos los actores políticos incumplían de manera sistemática las reglas electorales; que las autoridades
electorales contaban con una capacidad operativa limitada, al no estar adecuadamente integradas, y había una potencial pérdida de capacidad de arbitraje político; y que el crimen organizado estaba cada vez más cerca de los procesos electorales.

Además, la misma organización señaló “faltas a la integridad”, debido al “involucramiento directo y sistemático” del Presidente de la República durante la campaña electoral, persistiendo en sus acciones aún cuando se realizaron múltiples denuncias y las autoridades electorales impusieron sanciones, vulnerando el principio de neutralidad que conlleva su cargo. Además, hizo uso de recursos públicos para favorecer al partido y la candidatura oficial, sobre todo debido al uso de las conferencias “mañaneras”, un espacio institucional utilizado con fines políticos.

La violencia que se vivió durante todo el proceso electoral, y que amenazó directamente a los actores políticos, impidió hasta cierto punto el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de parte de la ciudadanía. Aún con la implementación de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral por parte de las autoridades, la elección se vio marcada por un aumento de agresiones, amenazas y atentados contra candidatos y candidatas de todos los partidos políticos, y funcionarios públicos.

Protección de Datos de los Electores

México cuenta con un marco legal sólido para la protección de datos personales, especialmente en el contexto electoral. Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), el país demuestra un compromiso importante para salvaguardar la privacidad de sus ciudadanos. Compromisos internacionales, como el Convenio para la Protección de las Personas respecto del Tratamiento Automatizado de Datos Personales11, refuerza el enfoque global adoptado.

En este contexto, el papel predominante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), delineado por la Constitución mexicana, ayuda a solidificar la supervisión y ejecución de normas cruciales para la preservación de la integridad en todas las fases del proceso electoral, desde el registro de votantes hasta el sistema de votación y la ciberseguridad.

En cuanto al ámbito político, las regulaciones son meticulosas, asegurando que los partidos políticos y otros participantes en las campañas electorales estén sujetos a las mismas reglas de protección de datos personales aplicables a las entidades privadas. Este enfoque uniforme resalta el compromiso de preservar la privacidad en todos los niveles del proceso electoral.

En términos de seguridad del registro de votantes, la presencia de códigos únicos en las credenciales es un mecanismo eficaz para evitar el acceso no autorizado. Las campañas periódicas de actualización y las auditorías periódicas fortalecen aún más la defensa contra posibles violaciones de la protección de datos.

A pesar de la falta de información sobre consultas periódicas por parte de la autoridad nacional, la subordinación del tratamiento de datos personales al ordenamiento jurídico pone de relieve un
compromiso del país y las autoridades electorales en esta área.

Conclusiones

De manera que México tiene aspectos clave y preocupantes que mejorar, pero en un contexto en el que rige el Estado de Derecho, autoridades electorales con fuertes precedentes y facultades, y con actores políticos que reconocen los resultados. La Misión de Transparencia Electoral, en un comunicado del día
3 de junio de 2024, expresó que esperaba que se puedan mejorar aspectos relacionados con las respectivas facultades legales y constitucionales de las autoridades electorales, y con el presupuesto otorgado a estos organismos para hacer frente a todos los retos que por su naturaleza deben enfrentar.
Asimismo, se expresó preocupación por la ola de violencia que vivió el país durante la campaña electoral, y por los hechos que se suscitaron a días, e incluso a horas, previo a la jornada electoral, como los asesinatos de los candidatos José Alfredo Cabrera en el estado de Guerrero el jueves, 30 de mayo; Jorge Huerta Cabrera en el estado de Puebla el viernes, 31 de mayo; e Israel Delgado Vega en el estado de Michoacán el sábado, 1 de junio.

Se instó al Estado mexicano y todas las autoridades pertinentes a que asuman con la mayor seriedad esta delicada situación, que sin lugar a dudas afecta la integridad y calidad de los comicios, al comprometer los derechos políticos de todos los ciudadanos. Finalmente, es vital que se respeten tanto las reglas del juego establecidas en el marco constitucional y la legislación electoral mexicana, como la autoridad que ejercen el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en lo relativo a los procesos electorales. En este sentido, el Ejecutivo debe cesar en sus reiteradas intervenciones de la campaña electoral, y en el uso de recursos públicos a cargo de la Presidencia para llevar a cabo proselitismo político.