El Senado de México, de mayoría oficialista (Morena), aprobó el “Plan B”, propuesta impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que había recibido el pasado 22 de febrero 72 votos a favor y 50 en contra.
Se habla de un plan B ya que es una versión menos controvertida de una propuesta de reforma constitucional que no alcanzo los votos suficientes el año pasado. La anterior buscaba modificar 18 artículos de la Constitución nacional, entre ellos la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Sin embargo, esta reformulación no ha sido bien recibida por los ciudadanos mexicanos, quienes salieron a marchar de manera masiva en disconformidad con las reformas aprobadas.
¿Cuáles son las reformas implementadas por el “Plan B”?
El Plan B de la reforma electoral tiene el mismo objetivo que la propuesta de reforma constitucional, acotar la autonomía de la autoridad electoral y minar su capacidad para desplegar sus funciones y atribuciones con el objetivo de lograr elecciones de calidad.
Las leyes que sufrieron modificaciones son las siguientes:
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
- Ley General de Partidos Políticos
- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
- Ley General de Comunicación Social
- Ley General de Responsabilidades Administrativas
Esos son algunos de los cambios que generan mayor controversia dentro y fuera de las instituciones de gobierno:
- Reestructura significativa en la composición del INE (Instituto Nacional Electoral), reduciendo su presupuesto, su número de trabajadores y cerrando varias de sus oficinas locales.
- Elimina los fideicomisos que permitían al INE retener recursos públicos y permite a los partidos políticos utilizar remanentes de recursos públicos y privados que no usen en un año para financiar siguientes elecciones.
- Restringe el concepto de propaganda gubernamental a aquello que únicamente esté etiquetado en el presupuesto como tal.
- Garantiza la representatividad de grupos vulnerables con acciones afirmativas: los partidos políticos deberán cumplir con cuotas de representación en la postulación de candidaturas a diputados y senadores por ambos principios.
- Facilita el ejercicio del voto en mexicanos residentes en otros países.
- Fortalece la paridad de género: 50% de las candidaturas deben responder a cada género.
- Modifica los lapsos electorales, particularmente se atrasó casi tres meses el inicio de los procesos electorales federales.
- Elimina la Cláusula de vida eterna, que permitía a los partidos políticos de una misma coalición traspasarse votos para mantener su registro.
El futuro del Plan B
Ante el descontento frente a las reformas aplicadas, podemos dejar entrever que los sujetos en discordancia acudirán a instancias jurídicas para dejarlas sin efecto, entre ellas la promoción de la acción de inconstitucionalidad, la defensa del INE a favor de su autonomía a través de la controversia constitucional, el amparo de los servidores públicos en consecuencia de los despidos, entre otras.
Para los críticos de estas reformas, limitar los recursos y capacidad del INE como árbitro electoral debilitará un pilar clave para la joven democracia de México, que apenas supera los 20 años, después de que el régimen de partido hegemónico del PRI se sostuviera durante siete décadas.
Por otro lado, sus promotores afirman que el objetivo primordial es ahorrar en un presupuesto que es exagerado para un organismo autónomo.
La clave estará en saber que pasara con los recursos que puedan llegar a presentarse por los opositores del “Plan B”, pero estos tendrían que ser de manera inmediata, ya que la Corte de México tendría que suspender la aplicación de las reformas antes del próximo 2 de junio, 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Solo cabe preguntarnos: ¿En “Plan B prosperará o será necesario un “Plan C”?
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
