Desde el 1 de diciembre del 2018 el panorama político de México cambió trayendo un aire diferente. El fundador del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), López Obrador, ganó con una mayoría absoluta las elecciones presidenciales, proclamándose ganador con un número de sufragios tres veces más que los obtenidos por el centroderechista Partido Revolucionario Institucional (PRI). Convirtiéndose así en el candidato con mayor respaldo popular en la historia de las candidaturas presidenciales mexicanas.
Se podría decir, entonces que la democracia se hizo presente una vez más en Latinoamérica, pero resulta sostener que no basta solamente con ello. La democracia va más allá del procedimiento electoral en el que gana el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos, tiene que ver, más que nada, con un sistema social que no se limita al mero acto de votar, sino que se tiene que manifestar en cada decisión política que implique la inclusión de los sectores minoritarios en el sistema político.
Dentro de estos sectores minoritarios encontramos a los grupos económicos dueños de los medios masivos de comunicación, que más de allá de incluirlos, los gobiernos se sienten presionados a buscar que les sean funcionales. Estos cumplen un rol preponderante a la hora de marcar la agenda política y en la influencia de la opinión pública para garantizar la estabilidad del sistema y, así la gobernabilidad.
Las ideas del nuevo gobierno, como bien lo dijeron durante su campaña electoral, tienden a garantizar la igualdad de oportunidades a través de políticas orientadas al desarrollo social, que no solamente va a mejorar la calidad de vida de las personas, sino también van a tratar de alcanzar el bien común. Pero esto resulta insuficiente en un país donde, históricamente, fueron los medios de comunicación el factor de presión más importante a la hora de legitimar o deslegitimar al gobierno, dependiendo si éste responde o no a sus intereses económicos.
En este contexto, para el gobierno mexicano actual es todo un desafío reconfigurar la dinámica del sistema político. Un sistema en el que la ideología juega un papel preponderante, al ser diferente a la anterior, se espera la aprobación o desaprobación de la sociedad. Pero, esta aprobación no solamente se da en la praxis, sino, también en la percepción de las políticas públicas a través de la influencia de los medios.
Algunas medidas ya tomadas por el gobierno, como la estatización de servicios, recorte a los salarios más altos de los empleados públicos y el aumento de los más bajos, como también la petición a todos los funcionarios públicos a declarar sus bienes obligatoriamente hicieron que el pueblo mexicano no pierda la confianza en tan poco tiempo. No obstante, esto resulta no ser suficiente debido al control que tienen los grupos de presión sobre la opinión pública. La manera en la que las políticas van a ser comprendidas por la sociedad será lo que decida si éstas son o no provechosas, al ser en su aceptación donde se va a reflejar realmente el éxito del funcionamiento del nuevo sistema político. Inevitablemente, el control de esta comprensión lo tienen los medios.
A lo largo de la historia fue difícil para los gobiernos anteriores mantener su gobernanza con una relación tan distante con los medios masivos, en el que la crítica se hacía presente en cada decisión política y a la hora de establecer la agenda se ponían trabas irreparables. Desafortunadamente, el gobierno de López Obrador no se salva de ello. Algunos periodistas lo acusan de querer limitar la libertad de expresión y prensa, lo cual resultaría un principio que va contra de lo democrático y que podría poner en juego la gobernabilidad del mandatario, desestabilizando al sistema porque por más de que las políticas públicas respondan a las demandas de buena forma, si los medios no lo muestran así, entonces nunca funcionaron realmente. No obstante, el gobierno mismo describe estas confrontaciones como una dinámica sana que debería ser normal para cualquier líder elegido democráticamente. Lo cual es totalmente cierto al vivir en una sociedad de intereses heterogéneos donde el disenso, es natural.
Desgraciadamente, con solo 6 meses de mandato no se puede hablar todavía de una democracia plena. Hace falta ir analizando el curso de la relación con ciertos grupos de presión y la aprobación de las respuestas del sistema político a las demandas del pueblo mexicano, y si la calidad de las mismas resultan beneficiosas o no. Es necesario mantener cierta prudencia a la hora de tomar las decisiones porque si bien no se puede responder a los intereses de determinados grupos, ir muy en contra de estos podría causar la pérdida de la legitimidad y la caída del gobierno.
Por el momento, el panorama promete ser alentador y se espera que la relación con estos prospere porque el resultado de esto es poner al gobierno del AMLO en una situación muy comprometedora, en la que la pregunta no tiene que ser a quién beneficiar sino cómo beneficiar a todos sin poner en riesgo la estabilidad del Estado.