Leyes antiderechos: los ataques a la sociedad civil y a la defensa de derechos. Caso Venezuela
Por Yendri Velazquez
La nueva oleada de violaciones al derecho de asociación y al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil se manifiesta en la discusión y aprobación de leyes conocidas como “anti-ONG” en diversos países del continente, incluyendo Paraguay, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México y Venezuela. Este fenómeno representa un ataque coordinado contra los espacios cívicos y los derechos humanos, generando un ambiente hostil para quienes trabajan en defensa de la democracia, los derechos y la justicia social.
La organización Acceso a la Justicia define el derecho a la libertad de asociación como un derecho humano que tiene toda persona de unirse con otros en forma voluntaria y durable para la realización común de un fin lícito. Se trata, entonces, de un derecho humano que consiste en la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos lícitos. La libertad de asociación supone, además, la facultad del individuo de retirarse de una agrupación o de negarse a formarla.
La Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que el ejercicio de este derecho solo puede estar sujeto a restricciones previstas por ley en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
En Venezuela, el pasado 8 de agosto, la Asamblea Nacional, dominada por partidos oficialistas y formaciones políticas cooptadas por el poder, aprobó una ley que atenta directamente contra este derecho. La normativa tiene como objetivo principal obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, imponiendo barreras regulatorias y legales que restringen su acción. Esta ley fue aprobada en un contexto marcado por denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y una creciente persecución política, especialmente tras los comicios electorales en los que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador, ignorando las actas emitidas por las máquinas electorales que reflejaban resultados contrarios.
La “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” establece disposiciones altamente restrictivas que afectan cualquier forma de asociación, limitando gravemente el espacio cívico y robusteciendo los mecanismos de control político en el país. Aunque algunas organizaciones han intentado generar estrategias para adaptarse a esta nueva regulación, la naturaleza profundamente restrictiva de la ley hace prácticamente imposible continuar con labores de acompañamiento a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Detrás de un lenguaje técnico que aparenta estar enmarcado en el Estado de Derecho, la normativa busca reducir la capacidad operativa de una sociedad organizada, eliminando uno de los pocos espacios de contrapeso al poder que aún existen. Esto constituye un ataque frontal a la democracia.
La democracia no puede ser entendida exclusivamente desde la perspectiva electoral. Aunque las elecciones son un componente fundamental, derechos como la libertad de reunión y asociación son pilares esenciales para el funcionamiento de los sistemas democráticos. La vulneración de estos derechos evidencia cómo los regímenes autoritarios se valen de herramientas del Estado de Derecho para consolidar su control, restringiendo la participación ciudadana y silenciando las voces críticas.
Las consecuencias directas de la aplicación de esta ley son la censura y restricción de la libertad de expresión al silenciar las voces críticas sobre la situación de derechos, la reducción del monitoreo de la situación de derechos humanos y los procesos de justicia, la desaparición o reducción de servicios esenciales ante las grandes necesidades humanitarias que se mantienen producto de la crisis por diseño, la pérdida de independencia y control estatal, el efecto intimidatorio y autocensura.
Otro aspecto fundamental que podría verse afectado es la respuesta humanitaria en el país que se basa en el trabajo y las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la prestación de servicios y la articulación entre organizaciones nacionales e internacionales Muchas ONG en Venezuela brindan servicios esenciales en áreas como salud, alimentación, educación y asistencia jurídica, especialmente en el contexto de la crisis humanitaria. Una ley restrictiva como la aprobada y publicada en gaceta hará que estas organizaciones cierren o disminuyan capacidades, agravando las dificultades para las comunidades más vulnerables además del impacto que podría tener en la disminución de la recaudación de fondos de la respuesta humanitaria que ya se ha visto mermada como consecuencia de la propaganda política que invisibiliza las necesidades de la población.
La ley desde la perspectiva de género
Una legislación de este tipo tendrá un impacto particularmente adverso en organizaciones y agrupaciones LGBTIQ+ y feministas debido a las características de su labor y las dinámicas de discriminación que ya enfrentan. En un contexto donde la homofobia, transfobia y el conservadurismo son políticas de Estado este tipo de normativas son medidas que profundizan las desigualdades y la desprotección de derechos que existe hacia poblaciones específicas como mujeres y personas LGBTIQ+.
Algunas de las alertas que debemos hacer es la vinculación de grupos religiosos extremistas antigénero cómplices del cercenamiento de libertades y que han tenido espacio de participación directa a través del Poder Legislativo lo que podría conllevar a una implementación de la norma con mayores obstáculos para las organizaciones que promuevan derechos de estos grupos poblacionales específicos.
- Restricción de la defensa de derechos específicos: las actividades de sensibilización, asistencia legal y apoyo a víctimas podrían ser limitadas, afectando directamente a poblaciones en situación de riesgo en un contexto de mayor propagación y difusión de mensajes de odio y discriminación en espacios oficiales y comunitarios.
- Persecución por promover valores “contrarios a la cultura”: en un contexto dominado por discursos conservadores, las autoridades podrían interpretar de manera arbitraria las leyes para criminalizar las actividades de estas organizaciones, reforzando estigmas y prejuicios.
- Obstáculos al financiamiento internacional: la dependencia de fondos internacionales es una constante para estas organizaciones, pero las disposiciones legales podrían dificultar aún más el acceso a dichos recursos, llevando a su desaparición.
- Mayor exposición al riesgo: la obligatoriedad de registros públicos podría exponer a los miembros y beneficiarios de estas organizaciones a represalias, ataques o estigmatización.
- Pérdida de servicios esenciales: los servicios de acompañamiento legal y psicológicos, programas de atención y acompañamiento a víctimas de violencia así como programas enfocados en salud sexual y reproductiva podrían verse afectados directamente teniendo como consecuencia una población completamente desatendida.
- Intimidación a la comunidad activista: el miedo a represalias podría desincentivar la participación en movimientos sociales, debilitando la lucha por los derechos humanos. Al momento de esta publicación y posterior a la aprobación de la ley ya dos organizaciones LGBTIQ+ han cesado funciones y otras han bajado el nivel de presencia comunicacional para mitigar los riesgos.
- Aumento de violencia y discriminación: sin el trabajo de las ONG, las poblaciones vulnerables estarán más expuestas y sin mayor posibilidad de denuncia contra crímenes de odio basados en prejuicios, violencia de género y discriminación estructural.
La aplicación de esta ley no sólo socava la capacidad operativa de las organizaciones de la sociedad civil, sino que también refuerza desigualdades estructurales y perpetúa las violencias que buscan combatir. La labor de las organizaciones LGBTIQ+, feministas y de derechos humanos en general es crucial para construir un camino robusto hacia la democracia. Su restricción tendrá un impacto devastador en las comunidades a las que sirven y en miles de víctimas de las políticas de violación de derechos por parte del Estado venezolano.
Pero además de la aplicación de esta nueva ley antisociedad, debemos estar alerta a todo el entramado legislativo que se está armando que busca fortalecer la teoría del enemigo interno y que asume culpabilidad antes de cualquier proceso judicial de las voces críticas al poder bajo la etiqueta de “traición a la patria”.
La sociedad civil no debe estar sujeta a control estatal, supervisión excesiva ni regulaciones que comprometan su autonomía. Proteger su independencia es esencial para garantizar la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela.
Referencias