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“Las mujeres del 11J”: denuncia y solidaridad en América Latina luego de las protestas en Cuba

El pasado 27 de agosto la organización Transparencia Electoral desarrolló un webinar cuyo centro de debate fueron las mujeres cubanas como figuras políticas activas y protagonistas de las protestas del 11 de julio y de los procesos posteriores a las manifestaciones; y las expresiones de solidaridad hacia ellas desde Latinoamérica.

Desde la isla caribeña asistieron las periodistas independientes María Matienzo y Camila Acosta y también por Cuba, pero en el exilio, la abogada y directora ejecutiva de Cubalex, Laritza Diversent.

Las activistas Sara Cuba y Marthadella Tamayo, también invitadas, no pudieron asistir por fallas en la conexión, un tema recurrente gracias a los cortes selectivos de Internet que practica el Gobierno cubano contra las voces disidentes. Sara Cuba logró enviar su ponencia en un video que fue transmitido en el espacio.

Por Latinoamérica, especialmente desde Ecuador y Honduras, compartieron con las cubanas Mónica Banegas, Directora de Haciendo Ecuador y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres y la diputada hondureña Johana Bermúdez.

Las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en más de 60 localidades de Cuba fueron un hecho inaudito en los últimos 62 años. Miles de cubanos tomaron las calles exigiendo reformas sociales y políticas a raíz de la crisis económica y sanitaria del país.

Durante las manifestaciones pacíficas el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien también ostenta el otro cargo más importante de la nación: primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), ordenó, a través de los medios de prensa estatales, la represión de los manifestantes.

Sobre las mujeres detenidas, en el contexto de las protestas, se ejerció mayor violencia policial y estatal que sobre los hombres. Por otro lado, cada hombre apresado tiene también madre, hermanas o esposa en su búsqueda.

Los relatos de la parte cubana en el conversatorio versaron sobre los procesos que han atravesado como entes activos en la sociedad civil independiente cubana y generadoras de cambio social, además del acompañamiento a otras mujeres con familiares detenidos con el fin de lograr la excarcelación de estos.

Para muchas cubanas, cercanas a los arrestados, las detenciones recientes las han posicionado ante una maquinaria represiva que desconocían. La periodista María Matienzo actualmente trabaja junto a otras activistas para ayudar a esas mujeres en los procesos que atraviesan.

El propio 11 de julio estas activistas comenzaron a documentar y trabajar en un listado de detenidos que no cesa de crecer y cuyas fuentes son los familiares, amigos y cubanos liberados. En Cuba la información judicial no es pública.

“Somos muy pocas. La labor que se está haciendo se hace a mano porque no hay acceso a ciertos archivos judiciales que deberían ser públicos o de acceso a los familiares. Las personas que pertenecemos a la sociedad civil independiente no tenemos personalidad jurídica”, comentó Matienzo en su intervención.

“Nosotros estamos viviendo el 11 de julio en un bucle temporal. Nos enteramos a destiempo que las mujeres son enjuiciadas. Nos hemos enterado de procesos porque otra mujer sale de la prisión y nos cuenta. Así hemos podido ver la cadena de violencia que han vivido las mujeres manifestantes”, dijo.

El poder socialista en Cuba ha perdurado por más de seis décadas y las familias cubanas se han fracturado por el miedo.

Matienzo mencionó a Letis Aile Patterson Rodríguez (madre de tres niñas) como un caso específico donde es nulo el apoyo de la familia en la isla. Solo su madre, quien reside, en el extranjero se ocupa del proceso.

“Letis le ha mandado a su madre Madelaine Rodríguez cartas manuscritas para contarle que puede atentar contra su vida” dijo la reportera de CubaNet.

Patterson Rodríguez tienen 27 años y actualmente se encuentra en la prisión del Guatao. Con anterioridad estuvo retenida en el Centro de Investigación Policial de 100 y Aldabó. Ella padece de asma crónica, lo que la convierte en población de riesgo si contrae el coronavirus en la cárcel.

Otra de las cubanas detenidas es la activista pro derechos humanos Lizandra Góngora sobre quien el Estado puede aplicar una sentencia más fuerte por su trayectoria como opositora.

La curadora de arte Salomé García Bacallao publicó este 30 de agosto de 2021 los casos conocidos sobre mujeres acusadas luego de las protestas.

Entre ellas Karla Yin Martínez, Yanay Solaya Baruh, Annia Romero Fonseca, Yeralis y Deysi del Cueto, Mayra Taquechel, condenadas a meses de cárcel y cuyas apelaciones fueron negadas; también están en el Guatao “Taimara Samón (madre de un niño), Yaquelín Castillo, Liliana Oropesa, Mariuska Díaz Calvo, Orquídea León Prieto, Mackyani Román Rodríguez, Carla Medina Magaña, Katya Beirut, Mailene Noguera, Alfredo (un chico trans), “la Muma” (una iyawo que no hemos podido identificar), Odett Hernández, Jennifer, Yurema (de quienes no tenemos apellido) y muchas otras cuyos nombres no conocemos”, aclaró la joven en un grupo sobre los desaparecidos.

Matienzo conversó sobre dos menores de edad apresados sin garantías procesales. Uno de ellos es Christopher Lleonart Santana de 14 años y con retraso mental ligero, aún detenido en el Centro de Formación Integral “José Martí”, conocido como “El Combinadito”,  y que confiesa ser golpeado en prisión.

“Contra él se han ensañado y eso nos hace pensar que las condenas están en función del nivel de crueldad del funcionario al que se enfrenten”, contó Matienzo.

El otro menor de edad es Jonathan Torres Farrat de 17 años y detenido el 13 de agosto; desde ese día no ha podido continuar con su tratamiento para la hipertensión. Su novia está esperando un bebé.

Por su lado, Camila Acosta fue detenida durante cuatro días por cubrir como periodista las manifestaciones. Su familia la dio por desaparecida durante 48 horas. Al liberarla le impusieron una medida cautelar de reclusión domiciliaria.

Sobre su detención contó en el webinar que “Compartí celda con varias mujeres. Muchas de las detenidas habían sido golpeadas, una madre y sus dos hijas tenían moretones de la golpiza, tenían un miedo terrible de lo que les pudiera suceder. Otra embarazada con problemas de tensión arterial no fue atendida hasta dos días después de ser detenida”.

Entre las detenciones una de las historias más difundidas fue la de la adolescente de 17 años, Gabriela Zequeira, que en la cárcel recibió amenazas de violación sexual de parte de sus interrogadores.

Sobre ella dijo Acosta: “Estuvo varios días encerrada, siendo interrogada sin ver a su familia. No hay pruebas ni testigos. En un juicio sumario fue condenada a 8 meses de privación de libertad y gracias a las denuncias que se hicieron la soltaron bajo reclusión domiciliaria. Hace poco la enjuiciaron de nuevo y le ratificaron la condena y tiene que cumplirla en casa”.

Especialmente sobre la violencia que sufren las mujeres apresadas habló la abogada Laritza Diversent. Cubalex, la ONG que dirige ha colaborado con periodistas y activistas de la isla para conformar un listado, en crecimiento, de las detenciones y desapariciones. Más de 850 casos se contabilizan en el documento.

Para Diversent las violentaron en todo momento, tanto en el arresto como en el traslado hacia los centros de detención, donde las condiciones higiénicas y de privacidad no son idóneas para una mujer.

“Los arrestos fueron violentos, se vieron a mujeres ensangrentadas y baleadas con balas de goma y hay al menos dos hombres procesados por defender a mujeres, es notorio. No es defenderlas contra otro hombre sino contra grupos de hombres armados (policía) y que entrenados con técnicas de inmovilización y aplicaron excesivamente la fuerza contra ellas.

Decenas de las 174 mujeres que se conocen han sido detenidas son madres. Sus hijos han estado sin ellas el tiempo del encarcelamiento. “No les permitieron llamar a las familias para avisar que estaban presas, esto son técnicas utilizadas para amedrantar y no deben ser empleadas en un proceso penal.

“No solo podemos ver a las que fueron víctimas sino también que detrás de cada hombre detenido hay una mujer o varias buscando y sufriendo, tanto desde Cuba como desde el extranjero.

Muchas fueron amenazadas de que no hicieran las denuncias públicas ni contrataran abogados. Incluso las han detenido cuando han ido a averiguar por ellos”, acotó Diversent.

Mónica Banegas, desde Ecuador, se solidarizó con la situación que viven las cubanas a merced de un régimen totalitario.

Al respecto dijo que experimentan tipos de violencias “mucho peores que las que vivimos en países donde hemos logrado tener alternancia en el poder. Sabemos que Cuba tiene un contexto distinto y me apena escuchar el tipo de violencia que sufren ustedes como mujeres y tan diferentes a las sanciones que viven los hombres”.

Lamentó la inexistencia de leyes orientadas a proteger a las mujeres y a los periodistas del país caribeño.

Banegas esgrimió un grupo de acciones que consideró se pueden consolidar desde la región para extender redes de apoyo a las cubanas.

“Tenemos que crear redes de sororidad”, afirmó. Según Banegas la manera de solidarizarse fuera de Cuba es a través del “Acompañamiento en denuncias, apoyo en la lucha social y causas, creer en los casos que presentan y ser empáticas, contribuir a la participación política de las mujeres y capacitar, orientar y formar sobre violencia de género y protocolos para combatirla”.

A su vez, Johana Bermúdez como diputada hondureña se sumó al llamado de Banegas y aportó que

“Como parte de la sororidad con nuestras hermanas cubanas está crear un espacio de conciencia donde las mujeres, desde diferentes escenarios de participación, tengamos claro que tenemos mucho en común y que al final debemos definir quién accede al poder y que nosotras podemos ser prioridad en la agenda política. Reiteramos nuestra solidaridad por nuestras hermanas en cuba”, concluyó.

Matienzo ante las propuestas de solidaridad pidió que ayudaran a difundir desde sus espacios las denuncias que realizan las mujeres cubanas.

“No tenemos plataformas mediáticas que lleguen a todo el mundo, el único valor que tenemos es nuestra profesionalidad y seriedad en el trabajo.

Estoy pidiendo un voto de fe para que nuestra voz se escuche. Necesitamos que se hagan eco de nuestras denuncias”.

 

Mujeres cubanas: desprotegidas por la ley

En Cuba no existe una Ley Integral contra la Violencia de Género ni ninguna otra que proteja a las mujeres de los abusos machistas y del Gobierno, ni siquiera refugios para víctimas. La desprotección es total, incluso cuando el 53.2% de la composición del parlamento cubano es femenino.

Desde el 21 de noviembre de 2019 un grupo de feministas cubanas presentaron ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) la solicitud de una Ley Integral contra la Violencia de Género. El Gobierno les ha pedido que esperen hasta el 2028, año en el que están agendadas las próximas disposiciones jurídicas a aprobar por la ANPP.

Matienzo consideró que, aunque más de la mayoría del parlamento cubano está integrado por mujeres “no es un logro para nosotras. No se pronuncian por políticas públicas encaminadas al beneficio de las mujeres o a la equidad de género”.

Las diputadas cubanas son miembros de la única organización legal de mujeres, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Varios reportes en las redes las ubican como líderes de los actos de repudio contra mujeres activistas.

“Esas mujeres siguen reproduciendo los patrones machistas, racistas y clasistas del poder totalitario”, aseguró Matienzo.

La Secretaria General de la FMC, Teresa Amarelle Boué, es a la vez militante del PCC, funcionara del Gobierno y la dirigente de una supuesta organización de la sociedad civil.

“Ella no utiliza esa posición de poder en favor de las mujeres, sino que apoya la política de un grupo político que esta comandado por hombres”.

Al cierre de 2020 se reportaban en Cuba 28 feminicidios. En lo que va de año la cifra es de 27. Estas estadísticas no son reflejadas por la prensa oficial, solo por plataformas feministas como YoSíTeCreo en Cuba y La Red Femenina de Cuba y la prensa independiente.

Las declaraciones enviadas por Sara Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión, explican como la violencia machista ha crecido en la nación a raíz de la pandemia y que el Estado ignora los llamados de ayuda en este sentido.

“Desde 2018 se ha revolucionado una ola feminista en Cuba por parte de la sociedad independiente y se han establecido estrategias para comunicar la violencia. En el caso de la Alianza y de la Red Femenina han redireccionado su trabajo a la aprobación de una ley que proteja a las mujeres a raíz del incremento de los casos de feminicidio y que este sea tipificado en la legislación cubana”.

La Alianza Cubana por la Inclusión ha enfocado su labor en tres peticiones fundamentales:

  1. Capacitación de los funcionarios que atienden las denuncias de las mujeres víctimas.
  2. La tipificación del feminicidio como delito en el Código Penal cubano vigente.
  3. Actualización de una data real de feminicidios y violencia de género.

“Este tipo de violencia aquí tiene su especificad, somos el blanco de calumnias que atentan contra nuestra integridad moral, somos víctimas de acoso político y cibernético, de violencia vicaria, detenciones arbitrarias, se nos hasta quita el derecho al trabajo y en 2021 se ha hecho más visible”, narró.

Desde el observatorio de la Alianza se han identificado desde enero hasta agosto unos 312 casos de violencia política contra mujeres opositoras; unas 182 han sufrido violencia institucional.

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