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La desinformación online en las elecciones generales de 2018 en Brasil: Problemas y estrategias de combate

  1. Elecciones brasileñas en datos

En Brasil, las elecciones se celebran cada dos años, alternando entre las elecciones municipales (para alcaldes y concejales) y las generales (diputados federales y estatales, senadores, gobernadores de los Estados y presidente de la República). Sin embargo, es curioso que la legislación electoral cambie tanto de una elección a otra. Cada año impar, hay modificaciones en la ley electoral, al punto de que, desde 1997 (año en el que se aprobó la ley ordinaria sobre elecciones actualmente vigente), se puede verificar que hubo más leyes alterando la legislación que elecciones propiamente dichas.

A su vez, la federación brasileña se divide en 5.570 municipios, distribuidos en 26 Estados, el Distrito Federal y la Unión federal, lo que representa 5.595 entes federativos, que están compuestos por, aproximadamente, 70.000 cargos electivos en todo el país. En 2016 había más de medio millón de candidatos compitiendo por las elecciones municipales, mientras que, en las elecciones generales de 2018, fueron computados más de 28.000 candidatos, con más de 147 millones de electores habilitados a votar.

La gestión del proceso electoral brasileño se queda integralmente a cargo del Poder Judicial, que actúa en una estructura federal específica (tratándose de una justicia especializada, la Justicia Electoral, autoridad destacada del resto del Poder Judicial), practicando todos los actos administrativos referentes a la preparación y a la ejecución de las elecciones municipales y generales. Además de eso, cabe a la Justicia Electoral la elaboración de normas sobre las elecciones, que son las resoluciones que deben complementar las leyes aprobadas por el Congreso Nacional, es decir, no hay (o no debería haber) espacio para innovación legislativa, considerando que se trata de una rama del Poder Judicial. Lo único que las resoluciones pueden abordar está justamente en la laguna objetivamente dejada por el legislador ordinario.

También está destinada a la Justicia Electoral la más destacada de sus funciones: el ejercicio de su jurisdicción para la resolución de conflictos jurídicos electorales, acumulando, por lo tanto, las funciones administrativa, normativa y jurisdiccional del proceso electoral brasileño.

La Justicia Electoral, a su vez, está compuesta por 28 tribunales, siendo uno el órgano de cúpula – El Tribunal Superior Electoral – y 27 Tribunales Regionales Electorales, uno en cada estado del país y en el Distrito Federal.

En 2018, fueron destinados a la Justicia Electoral el presupuesto de 8,92 mil millones de reales (aproximadamente 450 millones de dólares estadounidenses), el segundo mayor del país, superado solamente por la Justicia especializada laboral, específica para causas laborales, que recibió cerca de 20,90 mil millones de reales (casi 6 mil millones de dólares estadounidenses).

  • Electores e Internet en las elecciones generales de 2018

Para describir el panorama de las elecciones brasileñas de 2018 en lo que se refiere a los electores, datos apuntados por el Instituto Paraná Pesquisas mostraron que 42,5% de los votantes utilizaron Internet y redes sociales como principal medio para obtener información sobre las elecciones.

Ya en relación con los datos reunidos por el Instituto Datafolha, los electores del entonces candidato Bolsonaro fueron los que más usaron las redes sociales para informarse. Entre ellos, 61% afirmaron leer las noticias enviadas a través de WhatsApp y 40% declararon que compartieron noticias de política por medio del aplicativo de mensajes instantáneos. Dichos números disminuyen un poco si son comparados con los electores de Ciro Gomes (con 46% y 22%) y Fernando Haddad (38% y 22%), respectivamente.

Estos datos también revelan que 57% de los electores de Bolsonaro afirmaron que leyeron informaciones políticas en la plataforma Facebook y que 31% compartieron dicho contenido. Para los electores de Ciro Gomes fueron, respectivamente, 50% y 22%, y dos de Haddad, 40% y 21%.

Este comportamiento de los brasileños en los aplicativos de mensajes instantáneos como el WhatsApp hizo que grupos de mensajes fueran inundados por asuntos políticos, abriendo amplio camino para muchas de las famosas fake news.

Así, un reportaje sobre la relación de las elecciones y de las discusiones y disputas en los grupos familiares mostró que en 2018 había alrededor de 150 tweets mensuales mencionando la expresión “disputa en el grupo de familia”, algo que a partir del inicio de la campaña electoral, en agosto del mismo año, tuvo un incremento de 350% en este dato. Paralelamente, la expresión “salí del grupo de familia” aumentó más de 200% en el periodo electoral. ¿Coincidencia? No es lo que parece.

  • Cómo el Derecho y la Justicia Electoral actuaron ante la desinformación online – algunos casos concretos

En el caso de que alguna fake news ofendiera o afirmara hecho delictivo respecto de alguien debido a las elecciones, puede configurarse el delito de acusación falsa o calumnia electoral, además de generar también la posibilidad de multas y del derecho de respuesta y, en algunos casos, la retirada del contenido por la Justicia Electoral.

El Código Electoral brasileño fue aprobado en 1965 y desde su redacción originaria, se dispone en el art. 323 que se constituye en un delito con prisión de entre 2 meses a 1 año, o el pago de 120 a 150 días-multa la divulgación, en la propaganda, de hechos que se sepan no ser verídicos en relación con los partidos políticos o con candidatos, capaces de ejercer influencia sobre el electorado.

Así, desde 2009 la ley electoral establece que se configura como delito la contratación directa o indirecta de personas, con la finalidad específica de emitir mensajes o comentarios en  Internet para ofender el honor o perjudicar la imagen del candidato, de un partido político o de una coalición (Ley n° 9.504/97, art. 57-H, §1°).

Sin embargo, no hay condena reciente con base en ninguno de dichos dispositivos. El art. 323 del Código Electoral exige el elemento “influencia sobre el electorado” en el conjunto probatorio, lo que es una tarea difícil. A su vez, el art. 57-H fue objeto de una demanda solamente en el Tribunal Superior Electoral, en la que se cuestiona si empresarios apoyadores de Bolsonaro actuaron en la contratación de empresas para la activación de mensajes ofensivos al candidato adversario, todavía sin apreciación del Poder Judicial hasta el día de hoy.

La reforma en la legislación electoral de 2017 avanzó aún más en la temática de las publicaciones falsas, en especial ante los perfiles falsos, disponiendo expresamente la prohibición de la divulgación de contenidos de carácter electoral por medio del registro de usuarios de aplicativos y plataformas de Internet con la intención de falsear identidad, establecida en el art. 57-B, §2°, de la Ley General de las Elecciones.

Ante esto, durante las elecciones hubo aproximadamente 450 demandas judiciales debatiendo cuestiones relacionadas a la propaganda electoral, sea positiva (la que habla bien del candidato), sea negativa (la que habla mal del candidato). De estas demandas, solamente 50 se refirieron a fake news, en las que 16 tuvieron éxito parcial o total, con la concesión de los pedidos de tutela de urgencia que determinaba la retirada del contenido digital. En su mayoría, sin embargo, los pedidos fueron negados y uno de los ministros responsables de esta clase de demandas informó que ni todos los pedidos podrían ser concedidos por la Corte, considerando que, en muchos casos, no se extrapolaron los límites de la libertad de expresión, ya que los representantes, según el ministro, “se manifestaron en el ejercicio del derecho de crítica periodística, de forma satírica, postura considerada lícita por la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal”.

Cabe mencionar que, en media, el TSE necesitó cerca de 2 días para analizar los pedidos de tutela de urgencia en dichas demandas.

Aún en el inicio de la campaña electoral, el Min. Luiz Fux, entonces Presidente del TSE, declaró a la prensa que la Justicia Electoral brasileña resolvería el desafío de la desinformación online y que, desde su punto de vista, en el caso de una elección muy influida por las fake news, la Corte podría anular la elección y convocar un nuevo proceso electoral en el país. Para dicha manifestación caben muchas críticas, pues es, al mismo tiempo, también vulnerar la soberanía popular, disminuyendo el valor de la participación ciudadana en la democracia.

Sin embargo, la legislación electoral no dispone sobre esta posibilidad y, como si fuera una trampa del destino, uno de los principales blancos de las fake news fue justamente la Justicia Electoral. Cuando más se acercaba la fecha de votación, más se intensificaba la circulación de videos, fotos, audios y textos con fake news sobre las urnas electrónicas. Dicho contenido involucraba muchas teorías de conspiración que provocaron reacciones desproporcionadas en el país, induciendo a parte de la sociedad a desconfiar del sistema de control de votos.

Así, en esta ola de fake news tuvo su nivel máximo en el momento que la Justicia Electoral divulgó que el candidato Bolsonaro no había conquistado la mayoría absoluta de los votos y, por eso, habría una segunda vuelta. Justo después de esta noticia, el candidato declaró por las redes sociales: “si tuviéramos confianza en el voto electrónico, ya tendríamos el nombre del futuro presidente de la república decidido en el día de hoy”, insinuando, por lo tanto, que él habría sido víctima de fraude electoral, ya que creía que ganaría en la primera vuelta.

El efecto sobre la sociedad brasileña de dicha declaración fue casi automático. Muchas reacciones, algunas de carácter violento, alcanzaron principalmente a los funcionarios públicos y voluntarios que habían trabajado en el día de la votación. Hay relatos de violencia verbal y física en contra de funcionarios de la Justicia Electoral en el día de la votación de la segunda vuelta, por ejemplo.

Para ilustrar la gravedad de la situación, hay un video en el que un elector se dirige a una urna electrónica y, al digitar el número de Bolsonaro, sale un mensaje de que su voto sería anulado y, como inconforme, creyendo que estaba ante la prueba de lo que las fake news estaban divulgando, empezó a filmar y agredió a la voluntaria que trabajaba para la Justicia Electoral. Este video tuvo su inmediata viralización.

Con todo, es suficiente que se vea el vídeo para percibir que el elector había digitado el número de su candidato en el momento equivocado y que, por eso, la urna electrónica informaba que el voto sería anulado. El número no era correcto para aquel cargo específico. Sin embargo, el elector, sin percatarse de su propio error, creyó que aquella situación era la prueba de que las urnas electrónicas habían sido intervenidas en contra de su candidato a la presidencia. Es decir, en el lugar de leer y revisar dónde estaba digitando el número, él prefirió creer que había descubierto un fraude en las urnas.

  • Otras iniciativas elaboradas para el combate a la desinformación

No parece posible medir el verdadero impacto de las fake news en las elecciones brasileñas, considerando que ellas fueron abundantes y alcanzaron, además de la Justicia Electoral, los dos principales candidatos a la presidencia y diversos candidatos a otros cargos.

En este sentido, hubo muchas iniciativas para contener la ola de fake news, como el proyecto “Comprueba”, muy similar al “Verificado” que se realizó en las elecciones mexicanas. El proyecto fue coordinado por la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (ABRAJI) y formado por una coalición que reunió 24 organizaciones de los medios en todo el país, a partir de una iniciativa del First Draft, un proyecto del Centro Shorenstein de la Harvard Kennedy School.

Otro evento importante en las elecciones de 2018 fue la adopción de más transparencia en las plataformas, como Facebook. La red social creó una Biblioteca de Anuncios y se comprometió a dejar disponible por 7 años todos los anuncios electorales con sus informaciones sobre pago y contratación.

Además, se verificó también la aproximación de Facebook con la Justicia Electoral. Hubo diversos encuentros entre representantes de los tribunales electorales y los de la red social para planear procedimientos ágiles para cumplir decisiones judiciales sobre fake news y otros problemas típicos del período de campaña electoral en Internet. Dicha actuación en conjunto permitió más efectividad para las decisiones de la Justicia Electoral.

Google también actuó participando de audiencias públicas en el Tribunal Superior Electoral y en diversos eventos con jueces electorales, lo que facilitó el cumplimiento y efectividad de las decisiones judiciales electorales.

Por lo tanto, es posible observar un trabajo de cooperación entre las plataformas digitales, prensa y la Justicia Electoral que indica que el desafío de la desinformación online exige un abordaje multidisciplinar y multisectorial, resultando, quizás, como la mayor lección de las elecciones brasileñas de 2018 que nadie, ni el Tribunal Superior Electoral, será capaz de resolver por sí solo un problema que, al fin y al cabo, es de todos.

*Ana Claudia Santano es Profesora del programa de posgrado (máster y doctorado) en Derechos Fundamentales y Democracia, del Centro Universitario Autónomo de Brasil, UniBrasil, en Curitiba, Paraná, Brasil. Doctora y maestra en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad de Salamanca, España.

Se encuentra en una estancia postdoctoral en la Universidad El Externado, de Colombia. Profesora de derecho constitucional, electoral y parlamentario en diversos cursos de grado y posgrado en Brasil y en el exterior. Coordinadora regional de Transparência Eleitoral Brasil, vinculada a la Transparencia Electoral.

*Diogo Rais es Profesor de Derecho Electoral de la Universidad Presbiteriana Mackenzie São Paulo, Brasil. Doctor y maestro en Derecho de Estado por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Coordinador de los libros: Fake News: a conexão entre a desinformação e o direito; y Direito Eleitoral Digital, ambos publicados en 2018 por el editorial Revista dos Tribunais (Thomson Reuters). Miembro fundador de Transparência Eleitoral Brasil. 

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