La criminalización de la disidencia en Venezuela a través de leyes y reformas constitucionales
Por Anne Headley*
Venezuela hizo la transición a la democracia en 1958 y disfrutó de un gobierno democrático liberal de larga data hasta la década de 1990. Con la llegada de Hugo Chávez como presidente en 1999, se marcó un cambio en el sistema cuando proclamó en su toma de posesión: «Juro ante Dios y mi pueblo que sobre esta constitución moribunda impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la nueva república tenga una Carta Magna acorde con estos nuevos tiempos». La nueva Asamblea Constituyente votó para otorgarse el poder de abolir las instituciones gubernamentales y declarar una emergencia judicial. Como ex militar, Chávez sabía el valor de tener el apoyo del ejército, por lo que instaló a muchos amigos militares en puestos clave. Un gran número de miembros de su familia también ocuparon cargos en la política venezolana, lo que llevó a acusaciones de nepotismo. La Asamblea Constituyente elaboró una nueva constitución, que brindaba protección para el medio ambiente y los pueblos indígenas, garantías socioeconómicas y beneficios estatales, al tiempo que otorgaba mayores poderes al presidente. El mandato presidencial se extendió a seis años y se permitió que un presidente desempeñara su cargo durante dos mandatos consecutivos. Aunque Chávez parecía tener en mente los intereses de los ciudadanos, en realidad estaba apuntalando su propia posición como líder autocrático.
La nueva constitución también sustituyó al Congreso bicameral por una Asamblea Legislativa unicameral y dio al presidente el poder de legislar sobre los derechos de los ciudadanos, promover a los oficiales militares y supervisar los asuntos económicos y financieros. La asamblea dio a los militares un papel obligatorio en el gobierno al facultarlos para garantizar el orden público y ayudar al desarrollo nacional, algo que la constitución anterior había prohibido expresamente. Chávez se hizo cargo de gran parte de los medios de comunicación y apareció en la radio y la televisión con regularidad y controló gran parte de la prensa. En 2000, Chávez controlaba los tres poderes del poder, contaba con el apoyo incondicional del ejército y de partidarios en todas las áreas del gobierno.
Las elecciones de 2006 fueron declaradas «libres y justas» por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Un referéndum en 2009 permitió mandatos presidenciales indefinidos y mandatos ilimitados para todos los funcionarios públicos. Con la constitución reformada a su gusto, el sistema judicial estaba estrictamente controlado y el apoyo del ejército garantizaba que cualquier disidencia pudiera ser rápidamente sofocada. La posición de Chávez como autócrata presidencial sólo se vio truncada por su prematura muerte en 2013.
Tras la muerte de Chávez en 2013, el vicepresidente Nicolás Maduro asumió el papel de presidente. Fue elegido por una mayoría del 1,49% sobre Henríquez Capriles. Capriles impugnó el resultado, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el Estado, lo declaró válido. Con una arquitectura autocrática heredada en su lugar, Maduro se dedicó a consolidar su posición a través de una serie de cambios constitucionales y nuevas leyes para controlar todas las áreas de posible amenaza/disidencia.
Leyes introducidas por el régimen de Maduro:
En el curso de cualquier gobierno se puede esperar que se modifiquen las leyes existentes y se promulguen nuevas leyes. Dado que el gobierno actual ha estado en el poder durante tanto tiempo, se han promulgado muchas leyes. Examinar cada una de ellas excede el alcance de este breve artículo, por lo que se centrará en algunas de las que son particularmente importantes. Debe recordarse que las leyes de un país están subordinadas a su constitución. Deben respaldar las disposiciones de la constitución y anteponer los intereses de los ciudadanos. El derecho penal no debe utilizarse para limitar indebidamente las libertades consagradas en una constitución.
La Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares (2024)
Esta ley pasó a toda velocidad por la Asamblea Nacional y su texto no fue publicado en la página web del gobierno para permitir su discusión pública a pesar de que se trata de una obligación constitucional. Según la Fiscalía General de la República, en los meses previos a la lectura del proyecto de ley, se había producido un aumento de la violencia por parte de grupos políticos de extrema derecha supuestamente vinculados a la líder opositora María Corina Machado, incluidos supuestos planes de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro. La vicepresidente venezolana añadió que frenar el fascismo es una tarea global que “no puede posponerse por el bien de la humanidad”. Con esta “necesidad” en mente, el gobierno redactó una nueva ley.
Siempre debe recordarse que la ley debe estar redactada con claridad y sin ambigüedades, y debe ser accesible a todos antes de su aprobación. No debe ser susceptible de interpretación arbitraria. Esta ley no cumple estos requisitos.
Según el activista Rigoberto Lobo Puentes el principal problema de esta ley es la forma en que conceptualiza el fascismo. El artículo 4 de la ley establece que el fascismo consiste en:
‘Postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de
origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad, por motivos discriminatorios. Son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chavismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad.
No se trata de un lenguaje jurídico, sino de algo vago, ambiguo y subjetivo. Es polivalente, la antítesis misma de lo que debería ser una ley. Va desde calificar de fascistas determinadas conductas e ideas hasta establecer que esas ideas denigran la democracia y sus instituciones. La ley no define el fascismo, por lo que cualquier crítica a las instituciones, al CNE, al TSJ o al Poder Ejecutivo podría ser considerada fascista y, por tanto, un delito con pena de 8 a 12 años (artículo 22.1).
Examinemos algunos de los artículos para mostrar cómo inciden en cualquier forma de disidencia en Venezuela.
El artículo 4 incluye el conservadurismo moral y el neoliberalismo en la categoría de fascismo. Esto es grave, ya que cualquiera que se encuentre en el amplio mundo de las relaciones sociales puede ser clasificado como “moralmente conservador” y caer dentro del ámbito de aplicación de la ley y ser sujeto a penas de prisión.
Condenar las ideas neoliberales como fascistas tiene graves implicaciones:
1. La difusión del pensamiento neoliberal acarrea penas de 6 a 10 años de prisión (artículo 23).
2. Las organizaciones o asociaciones que se dedican a su estudio pueden ser disueltas (artículo 14)
3. Los partidos que profesen las mismas ideas pueden ser cancelados por el CNE (artículo 15)
4. Los partidos luego pueden ser disueltos por la Sala Constitucional del TSJ (artículo 16).
5. Las reuniones que se convoquen para los simpatizantes de estas ideas están prohibidas (artículo 12) y en caso solo de organizarlas o convocarlas pueden acarrear una pena de 6 a 10 años (artículo 23.2).
La libertad de expresión está consagrada en la constitución venezolana (artículo 57), pero según esta ley en el artículo 11 todos los medios de comunicación, públicos, privados o comunitarios deben garantizar “espacios libres de mensajes de carácter fascista, neofascista o similar”. No deben difundir mensajes que “denigren la democracia, sus instituciones y los valores republicanos”. ¿Qué significa esto y tendrá un poder judicial controlado por el gobierno la palabra final sobre lo que constituye fascismo o denigración, permitiendo así una interpretación completamente subjetiva?
La libertad de asociación está consagrada en la Constitución venezolana en el artículo 52. En directa contravención de la Constitución, el artículo 23 de esta nueva ley prevé la cancelación de partidos políticos de oposición o nuevas organizaciones que defiendan ideas «fascistas» (aún sin definir) e impone penas de 6 a 10 años para quienes promuevan estas organizaciones.
Se están eliminando los derechos básicos de la Constitución para facilitar el silenciamiento y la eliminación de una oposición creíble. Esto lo está haciendo «legalmente» el gobierno, que debería defender la Constitución.
Quienes “financien o apoyen materialmente” a quien promueva lo que se considera fascista pueden ser sancionados con fuertes multas. ¿Qué significa “apoyar materialmente”? Como señala Puentes, un lenguaje arbitrario como este no tiene cabida en los documentos legales. “La conducta a sancionar debe estar descrita de forma clara y precisa”
El artículo 17 de la ley permite la extensión de algo habitual en el derecho venezolano: la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto se entiende generalmente como una prohibición de postularse para un cargo, pero no se aplica si la persona ya ocupa un cargo, como se aplicará ahora con esta ley, lo que afecta la soberanía de los votantes. A cualquier persona procesada en virtud de este artículo se le garantiza «el debido proceso y el derecho a la defensa». Esto no es un consuelo para nadie en Venezuela, donde el poder judicial está en deuda con el gobierno en cuanto a la permanencia en el cargo y los acusados son rutinariamente privados de la representación por un abogado de su elección. En cambio, se les asigna un abogado por el mismo gobierno que los está procesando.
El artículo 23 tipifica como delito la apología del fascismo, pero, como ya se ha dicho, la decisión sobre qué constituye fascismo corresponde al juez. Las personas no pueden saber antes de llevar a cabo un acto si será considerado un acto punible. La ley no es clara.
Lo que resulta particularmente escalofriante es que la ley establece un agravante especial para «cualquier hecho punible» que se considere realizado «por motivos fascistas, neofascistas o de cualquier otra índole, para lo cual deberá aplicarse la pena máxima establecida».
Esta ley es una sucesión de normas penales en blanco que pueden ser rellenadas por los que están en el poder para adaptarlas a la situación y eliminar a las personas u organizaciones disidentes. “No se trata de una ley represiva más: se trata de un cambio en el sistema penal venezolano, que deja a amplios sectores de la población bajo sospecha general y, por lo tanto, sujetos a juicio penal.
Este estado de sospecha general pretende dar un nuevo perfil al enemigo interno, aunque las víctimas sean siempre las mismas, es decir, todos aquellos que son percibidos como adversarios”.
En 2010, el gobierno implementó la Ley de Soberanía Nacional y Autodeterminación, que restringió los fondos para las organizaciones de derechos humanos.
Así, las organizaciones que podrían ofrecer un espacio para que la sociedad civil luchara por sus derechos fueron controladas por el gobierno a través del control de su financiación.
En 2021 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Cooperación Internacional que impuso el registro obligatorio de todas las OSC, controlando así nuevamente su financiamiento. Esta ley fue congelada en 2023, pero ahora está bajo revisión en el Plan Legislativo 2025 del gobierno. “Los activistas temen que el ‘cerco’ contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueda endurecerse aún más con la aprobación de dicha ley, que complementa el esquema de sanciones y control ya establecido en la Ley de Supervisión, Regularización, Acción y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, vigente desde el 15 de noviembre de 2024 con su publicación en el Diario Oficial”. Algunos activistas consideran que este será el último eslabón para el control estatal de la sociedad civil en su conjunto.
Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, califica la Ley de Cooperación Internacional como una que restringe aún más la capacidad de acción autónoma y libre de las organizaciones basadas en los principios del derecho asociativo en Venezuela.
Cualquiera de estas leyes supone una pesada carga para las OSC y las ONG, pero juntas forman un auténtico nudo gordiano de regulación y sanciones.
En 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Control, Regulación, Operaciones y Financiación de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, más conocida como la Ley de ONG. Esta ley es un claro ejemplo de la criminalización de las libertades consagradas en la Constitución. La participación ciudadana y la asociación serán vigiladas y controladas por la policía en todas las reuniones. Aunque la ley parece apuntar únicamente a las organizaciones de derechos humanos, todas las formas organizativas pueden serlo, especialmente si se cree que intentan defender los derechos civiles y políticos y promover el pensamiento crítico o la disidencia. Cualquier intento de promover una línea fuera de la oficial será severamente sancionado. El gobierno tiene un modelo para la sociedad civil, uno que es obediente y manejable; cualquier desviación puede y será eliminada.
Los párrafos anteriores ofrecen una pequeña muestra de las conductas egoístas y draconianas del círculo íntimo de Maduro. Hay escasa consideración por el bienestar de la población y un total desprecio por las normas democráticas establecidas. Esta conducta se ve facilitada por los largos tentáculos de los partidarios de Maduro.
En primer lugar, las elecciones no son libres ni justas. En las elecciones presidenciales de 2024, Maduro se adjudicó la victoria a pesar de que casi todo el mundo reconoce que se cree que el candidato de la oposición, González Urrutia, ha obtenido una clara victoria. Maduro se negó a proporcionar pruebas del recuento y asumió el cargo en enero de 2025 para otro mandato de seis años. Incluso presentar un candidato fue difícil para la oposición, ya que se impidió que tanto Machado como Yoris se presentaran, Machado por «irregularidades» y Yoris porque su solicitud se presentó tarde debido a problemas de Internet en su zona. Estas son las primeras elecciones que se celebran sin un candidato de la oposición que haya sido elegido en la ronda primaria de votación.
Sin embargo, estos reveses tuvieron un efecto unificador en la oposición, que eligió a Urrutia como candidato de unidad.
Se mostró realista sobre el ambiente preelectoral diciendo que “el fraude, la manipulación de votos y las amenazas no son nada nuevo para nosotros”. A pesar de su aplastante victoria, aceptada casi universalmente, ahora vive exiliado en España.
La organización no gubernamental Foro Penal informó que más de 100 personas vinculadas a la oposición fueron detenidas en vísperas de las elecciones presidenciales. Foro Penal afirmó que el alto número de arrestos era una clara indicación de «un plan sistemático» para restringir los derechos de los ciudadanos venezolanos. Las medidas represivas y detenciones de voces disidentes y la manipulación de los votos muestran hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen de Maduro para mantenerse en el poder.
Los párrafos anteriores destacan algunas de las leyes más draconianas promulgadas bajo el manto del chavismo; habrá más. El presidente Maduro anunció un plazo de 90 días para finalizar una propuesta de reforma constitucional que hizo en diciembre del año pasado.
El proceso de reforma sigue una fase de consulta nacional, con aportes de varias comisiones de trabajo. Maduro confirmó haber recibido los documentos iniciales que describen las posibles enmiendas. Las áreas clave en las que se centrará la atención son la ampliación de la participación democrática, la modernización de la economía y la actualización de los principios sociales. El gobierno busca abordar los desafíos económicos de Venezuela y, al mismo tiempo, promover la inclusión y la justicia social.
La Constitución permite reformas iniciadas por la Asamblea Nacional, el Ejecutivo o el 15% de los votantes. Cualquier cambio debe ser aprobado mediante un referéndum nacional. Una vez presentada la propuesta final, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá 30 días para organizar la votación. El CNE está bajo el control del gobierno.
La reforma propone cambios significativos en las estructuras de gobierno y las políticas económicas. Incluye medidas para mejorar la democracia directa y reestructurar los sistemas de gobierno local. Las actualizaciones económicas apuntan a abordar la inflación y las demandas de los trabajadores, como la conversión de las bonificaciones en salarios.
Los críticos sostienen que estas medidas podrían centralizar aún más el poder bajo la administración de Maduro. Esta iniciativa surge de reformas constitucionales previas bajo Hugo Chávez, incluida una reforma de 2009 que permite la reelección indefinida de funcionarios.
Sin embargo, los grupos de oposición siguen siendo escépticos sobre la transparencia del proceso y su posible impacto en las libertades democráticas. Maduro subrayó que la reforma debe reflejar la voluntad del pueblo y fortalecer la soberanía de Venezuela.
Cabe preguntarse cómo puede Maduro esperar impulsar estos cambios. La respuesta no es complicada. En Venezuela se ha desarrollado un proceso cuidadosamente elaborado y prolongado para determinar exactamente dónde reside el poder.
Cuando asumió el poder en 2013, Maduro siguió el ejemplo de su predecesor, Hugo Chávez, quien desde el día de su investidura se dedicó a reformar la constitución y las instituciones gubernamentales. Hizo todos los esfuerzos posibles para que se ajustaran a las normas. Al establecer un sistema unicameral, Chávez y luego Maduro pudieron llenarlo fácilmente con sus propios partidarios y miembros de su familia. El mandato presidencial se extendió a seis años y el número de mandatos permitidos para una sola persona se prolongó indefinidamente. Como solo se permitía la presencia de miembros de partidos de oposición en la cámara, hubo pocos obstáculos.
Cuando un líder democrático convoca elecciones, siempre existe la esperanza de una reelección, pero también el temor de que no se produzca. Una oposición bien organizada y libre podría inclinar la balanza del poder y los ministros actuales quedar relegados a un segundo plano. No es el caso de Venezuela. Allí, cuando se convocan elecciones, el presidente Maduro decide de antemano por qué margen ganará esta vez. La maquinaria de intimidación entra en acción. El ejército es leal al presidente y, por lo tanto, está disponible para reforzar la vigilancia policial habitual de las reuniones.
La Ley de ONG permite controlar todas las reuniones y asociaciones ciudadanas y sancionar a quienes faciliten o apoyen reuniones. La Ley de Cooperación Internacional restringe aún más la capacidad de acción autónoma y libre de las organizaciones. La Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares permite sancionar a quienes realicen actos que se consideren de apoyo al fascismo o al neofascismo, aunque no existe una definición establecida de estas doctrinas, lo que resulta conveniente porque cualquier cosa puede ser etiquetada como fascista o neofascista.
El Poder Judicial
Estas leyes, por vagas y maleables que sean, son aplicables en Venezuela porque el poder judicial no es libre. Está controlado por el gobierno en clara violación del principio de separación de poderes. ‘La toma de control del sistema judicial por parte del chavismo comenzó tan pronto como llegó al poder. En agosto de 1999, la recién creada Asamblea Constituyente creó la Comisión de Emergencia Judicial para investigar el desempeño de los jueces de la Corte Suprema, el Consejo de la Judicatura y alrededor de 1.200 jueces nacionales. Cecilia Sosa, la presidenta de la Corte Suprema en ese momento, consideró que la Comisión era inconstitucional. La Asamblea Nacional (AN) aprobó una ley especial para designar a los jueces titulares del nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Creó un tribunal de sólo quince legisladores, en su mayoría partidarios del chavismo.’ Esto le dio poder al gobierno y facilitó la represión de la disidencia.
En enero de 2024, el gobierno designó a Caryslia Beatriz Rodríguez como presidenta del Tribunal y de la Cámara Electoral. Rodríguez es una simpatizante del gobierno muy franca que se postuló y ocupó cargos públicos bajo la fórmula del PSUV en Caracas. Rodríguez, una chavista acérrima, ha declarado repetidamente su lealtad a Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¡Esta es la persona que dirigió la investigación de los resultados de las elecciones de 2024!
En 2016, Maduro sorprendió al país al declarar un estado de emergencia renovable por 60 días que otorgaba al ejército y a la policía poderes adicionales para mantener el orden y que aumentaba la capacidad del presidente para eludir a la legislatura.
La Constitución venezolana protege la independencia judicial al exigir que los jueces sean seleccionados mediante concursos públicos y removidos únicamente mediante procedimientos sancionados por la ley. Sin embargo, Venezuela niega a sus jueces una de las garantías más básicas de la independencia judicial: la inamovilidad en el cargo. La gran mayoría de los jueces del país tienen nombramientos provisionales o temporales. La precariedad de sus puestos los hace más vulnerables a las presiones externas destinadas a influir en su aplicación de la ley. Solo el 20% de los jueces tienen nombramientos permanentes y el 80% restante ocupa puestos temporales o provisionales. La falta de inamovilidad en el cargo expone a los jueces provisionales a presiones externas injustificadas y socava la independencia judicial.
El poder judicial, en todos sus niveles, produce las conclusiones que el gobierno desea, pero no respeta los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución y su aquiescencia a la línea gubernamental permite la criminalización de la disidencia. No actúa frente a los abusos flagrantes del poder gubernamental.
El gobierno ha «reformado» la constitución para adaptarla a sus propios intereses. Ha promulgado leyes para alcanzar sus propios objetivos y mantener su dominio sobre sus ciudadanos en todos los ámbitos de la vida. Tal como están las cosas, parece inexpugnable. Ha colocado a oficiales de alto rango del ejército en puestos de poder, asegurando así la fuerza necesaria para controlar cualquier protesta física. Ha llevado causas civiles a tribunales militares sin respetar los estándares básicos de justicia. Apoya al régimen por completo, asegurando así una posición de riqueza y privilegio para sus oficiales de más alto rango.
La disidencia se controla en Venezuela a través de vías “legales”.
*Licenciada en criminología y derecho por la Open University de Reino Unido. Magíster en Derechos Humanos por la Queen’s University Belfast.